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Política ambiental en México, debilitada

Llamado urgente a fortalecer la política ambiental y sus instituciones

Desde hace décadas se ha señalado que el deterioro y la degradación de los ecosistemas pone en riesgo nuestro futuro, que el desarrollo, o es sustentable o simplemente no es desarrollo, y que la prosperidad no es posible cuando los servicios ambientales se encuentran tan alterados que ya no proveen adecuadamente los flujos vitales que requerimos como sociedad.

También durante varias décadas nuestro país ha desplegado considerables esfuerzos para formular y aplicar estrategias ambientales con políticas e instrumentos específicos: construir un marco jurídico sólido, crear instituciones y organismos especializados, formar servidores públicos, profesionales e investigadores, establecer alianzas públicas y sociales y, en general, contar con una plataforma sólida de capacidades para enfrentar amenazas que no son hipotéticas sino hechos constatados que, además, se agravan.

El fortalecimiento de las políticas para la protección ambiental es una tarea nacional constante que no debe retroceder ni estancarse, menos aun cuando se acumulan nuevos factores y presiones que suponen mayores riesgos para el sustento de nuestro desarrollo. Según datos del INEGI, apenas invertimos en protección y manejo sustentable una quinta parte del costo de la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales.

Nos encontramos en un entorno nacional muy crítico, dominado por la desigualdad, la desconfianza en las instituciones, la tensión ciudadana y el desaliento social. Lamentablemente, ese marco se ha extendido a la política ambiental nacional y de las entidades federativas, en las que se aprecian pérdidas de la orientación, el ímpetu, y en ciertas áreas, retrocesos muy preocupantes.

En el debilitamiento de las políticas ambientales se alcanza a ver una cortedad de miras, una visión limitada que de hecho volvió a los tiempos en los que se creía razonable subordinar la protección ambiental a las urgencias del crecimiento económico.

A pesar de que la expansión productiva que se registra en el país es baja en general, en algunos sectores es acelerada y conspicua, como en la minería a cielo abierto, la expansión descontrolada de las ciudades o grandes obras de infraestructura, actividades que avanzan sobre áreas de alto valor ecológico y de gran importancia para los servicios ambientales.

A esa orientación distorsionada se agrega también, como telón de fondo, la baja prioridad política otorgada a la sustentabilidad del desarrollo. Salvo en algunos momentos, cuando la magnitud de los daños provoca notoriedad, la política ambiental se advierte aislada, sin presencia activa en las prioridades nacionales. Parecería una actitud deliberada para confinarla a un papel pasivo, para que no interfiera en las políticas económicas.

Adicionalmente, la política ambiental también está aquejada por decisiones prácticas en las que no se respeta el incipiente servicio profesional de carrera y muchos profesionales de la gestión pública se ven orillados a dejar sus funciones a pesar de que las evaluaciones y la fama pública demuestran su buen desempeño y su compromiso sostenido durante muchos años en el servicio. Diversas áreas de la administración se ven afectadas por la discontinuidad, que acarrea costos significativos y visibles.

La renovación continua de equipos es necesaria y justificada, pero carece de sentido cuando no tiene razones técnicas y cuando los reemplazos no cuentan con las aptitudes y las capacidades, o se basan en el cumplimiento de compromisos derivados de alianzas que quizá tengan sentido en la política, pero no en el ejercicio de la función pública.

A esta situación se suman los riesgos del ajuste presupuestal. Como en prácticamente todo el sector público, el gasto ambiental en general, y no sólo el ramo 16, acarrea insuficiencias y distorsiones históricas en sus recursos económicos, y en los hechos carece de soporte firme. El proceso de revisión con el que se construyó el presupuesto de 2016 fue superficial y apresurado, y se perfila una reducción general de 18 por ciento, y de 30 por ciento en la inversión, ya deducida la inflación.

Algunos organismos, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), no han logrado superar la precariedad, carecen de personal suficiente, los sueldos de los responsables de las áreas naturales protegidas y sus equipos de campo están muy por debajo de lo que corresponde a sus funciones, no cuentan con la infraestructura ni el equipamiento adecuados y, ante responsabilidades cada vez mayores, continúan con una estructura sumamente frágil. En este y en otros casos existen exiguos márgenes para el ajuste. Para 2016 se aprobó una reducción de 26 por ciento en el presupuesto de personal de la CONANP, lo cual podría significar el despido de casi el 30% de la base operativa en las áreas protegidas de un país considerado megadiverso. Afortunadamente, el presupuesto global del organismo aumentará 13 por ciento, pero se tendrá que hacer mucho más con equipos que ya se encuentran saturados en su carga laboral.

Las instituciones ambientales no pueden estar al margen de la realidad económica, y de hecho existen espacios considerables de mejora en efectividad, pero lo cierto es que vienen operando en la indigencia si se considera que tienen bajo su responsabilidad una tarea que es, literalmente, vital para el presente y el futuro de México.

Ya en la actualidad hay temas de política ambiental muy afectados y aletargados, entre los que, a título de ejemplo, se pueden mencionar el ordenamiento ecológico del territorio, la desertificación y degradación de tierras, la gestión de las sustancias y productos químicos, la investigación aplicada para mejorar la gestión, la atención de mares y costas, la atención de las dimensiones ambientales de la pesca, entre otros. Incluso algunos programas han desaparecido o reducido al mínimo su capacidad en el presupuesto de 2016, como el programa de forestería comunitaria o de cadenas productivas de la CONAFOR, o el fortalecimiento de la gestión de los estados y municipios. Otros, como el impulso de los sistemas y servicios de información, o la vigilancia del cumplimento de la legislación, demandan apoyos sustanciales para su despliegue cabal.

Las instituciones y políticas ambientales enfrentarán exigencias aún más intensas que las actuales, y con en esa perspectiva deberíamos calibrar la necesidad de fortalecerlas. No podemos actuar con parsimonia: el costo de no reaccionar ahora será notoriamente mayor en un futuro inmediato.

Aun con el actual comportamiento económico tan mediocre, el crecimiento significará nuevas presiones por recursos naturales, cambios de usos del suelo y otras amenazas. La población seguirá creciendo y demandando servicios en un panorama de mayores vulnerabilidades y de una pobreza que no se reduce. Ello obliga a una política ambiental activa, convergente con la prosperidad y el bienestar y, por eso mismo, más comprometida con la preservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales sin los cuales no conseguiremos el desarrollo genuino.

Recientemente México adoptó en la ONU una nueva agenda global de desarrollo de 2015 a 2030, positivamente permeada por la sustentabilidad, con un gran reto para lograr políticas económicas y ambientales integradas, que crucen las estrategias de desarrollo urbano, renovación energética, seguridad alimentaria y desarrollo territorial, entre otros campos de acción.

En biodiversidad, producción alimentaria sustentable, cambio climático y otros grandes temas aglutinadores seguimos adquiriendo compromisos vinculantes que demandarán un esfuerzo renovado y una mayor atención pública. Más aún, México será, en 2016, la sede de la 13° Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica. Todo esto exige una política interna más proactiva y con mayor visión de futuro, no solo operaciones de imagen diplomática.

En la participación ciudadana, también se impone una intervención más activa, que puede partir de un compromiso gubernamental por activar los espacios existentes, por involucrarlos en las decisiones estratégicas y en el seguimiento de las políticas. Existen capacidades ciudadanas que demandan oportunidades efectivas de participación.

Con los antecedentes que tenemos en México, es urgente pasar a una participación ambiental ciudadana de alta intensidad y bien organizada.

Al mismo tiempo, como país tenemos en agenda la necesidad de respetar y proteger los derechos humanos asociados al ambiente, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que marcan la Constitución y los tratados internacionales, y que en realidad suponen una nueva forma de diseñar y realizar políticas públicas, orientadas a garantizar y cumplir derechos. Sin el cumplimiento de los derechos ambientales están en riesgo otras garantías, como las de salud y alimentación. Los derechos de las comunidades deben ser tutelados efectivamente ante nuevas presiones derivadas de la reforma energética.

Lo anterior debe ser visto como un acicate para fortalecer las políticas y las instituciones, para ponerlas a la altura de la exigencia que supone el futuro cercano y colocarlas al nivel de los retos nacionales y globales. Las capacidades ya conseguidas son el punto de partida, pero deben ser consolidadas y mejoradas, con mayor involucramiento, con una atención más acuciosa y una más alta prioridad política y presupuestal en las agendas de las autoridades. No es una tarea solo del Poder Ejecutivo, es una responsabilidad del Estado en su conjunto. En el legislativo se debe responder con responsabilidad y perspectiva, no con inmediatismo y reformas aisladas. En el judicial, urgen avances rápidos y sistemáticos hacia la justicia ambiental.

No pongamos en más riesgo ni continuemos vulnerando el esfuerzo nacional histórico colectivo y los aprendizajes que tanto le han costado a México en materia ambiental.

Quienes nos adherimos a este pronunciamiento tenemos diversas experiencias en la protección ambiental y en la promoción del desarrollo sustentable. Nos motiva un compromiso manifiesto y genuino con el fortalecimiento de la política ambiental, y con sinceridad aportamos nuestros puntos de vista en esta tarea. Viendo al futuro es indispensable adquirir un compromiso de largo plazo y aplicarlo de inmediato.

Diciembre de 2015

Nombre Apellidos Organización Observaciones
Alejandro Mohar Ceiba
Alicia Matretta Ceiba
Ana Ortiz Monasterio Ceiba
Antonio Azuela de la Cueva Ceiba
Antonio Díaz de León Ceiba
Bernardo Baranda Ceiba
Édgar González Gaudiano Ceiba
Elisa Castro Ceiba
Elsa Cadena González Ceiba
Emma Prieto Ceiba
Éric Castañares Ceiba
Érica Cdomínguez Cervantes Ceiba
Fernando Tudela Abad Ceiba
Francisco Urzúa Ceiba
Froilan Esquinca Ceiba
Gabriela Quiroz Cázares Ceiba
Germán González Dávila Ceiba
Isabel García Coll Ceiba
Itzchel Nieto Ruíz Ceiba
Izarelly Rosillo Pantoja Ceiba Añadir que existen 1500 sitios contaminados por RSU y RP y solo uno ha sido remediado
José Antonio Arjona Iglesias Ceiba
Juan Manuel Núñez Ceiba
Julia Carabias Ceiba
Leticia Merino Ceiba
Margarita Collazo Ortega Ceiba
Mario Huacuja Ceiba
Martha Bañuelos Ceiba
Paloma Mora Arjona Ceiba
Porfirio Álvarez Ceiba (confirmará si firman también Consorcio de instituciones de investigación de marina del golfo y caribe, 33 universidades e institutos)
Rafael Obregón Viloria Ceiba corregir Silvicultura comunitaria y añadir referencia a CONAFOR
Rafael Robles de Benito Ceiba
Rafael González Franco Ceiba
Remón Carlos Torres Ceiba
Ricardo María Garibay Ceiba
Rocío Luz Cedillo Álvarez Ceiba
Rosa Elena Montes de Oca Ceiba
Rosalva Landa Ceiba (79) añadir debilitamiento de política hídrica CNA
Rosaura Cadena González Ceiba
Salvador Anta Fonseca Ceiba (81) modificar Silvicultura Comunitaria (en vez de forestería comunitaria)
Sergio Graf Montero Ceiba
Sergio Madrid Ceiba
Sophie Ávila Ceiba
Valeria Towns Ceiba
Vicente Arriaga Ceiba
Víctor Sánchez Cordero Ceiba
Yosu Rodríguez Aldabe Ceiba
Helena Cotler CONABIO
María R Cao de la Fuente CONABIO
Ulyses Huesca Tercero CONABIO referencia: Vicente Arriaga
Sergio Madrid CCMSS (aparece esta segunda vez por el CCMS)
Lucía Yolanda Alonso Olvera CEAE gob.df Centro de educación ambiental Ecoguardas

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