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Foro biodiversidad y servicios ecosistémicos

Foro 2018

 

 

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Planteamiento previo, para el PND 2013 – 2018

CeIBA, 2012. Fortalecer el desarrollo sustentable: una prioridad nacional.
Propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, A. C.  México
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1. Ecosistemas terrestres, servicios ambientales y seguridad alimentaria

El aprovechamiento del territorio nacional, para que sea sustentable, exige la aplicación de criterios estrictos de planeación y gestión territorial, definidos mediante ordenamientos ecológicos que consideren la compleja articulación de los espacios urbano y rural y la acentuada diversidad ecológica y cultural que caracteriza al país.

Los ordenamientos deben definir las áreas que por sus características biológicas y ecológicas puedan destinarse a la conservación de la naturaleza bajo esquemas de manejo con distinto grado de restricción de uso, como son las Áreas Naturales Protegidas (ANP), las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), el manejo forestal sustentable o el ecoturismo; las que pueden transformarse para actividades agropecuarias sustentables o para asentamientos humanos; así como las que deben ser restauradas.

La racionalización del uso del territorio requiere esfuerzos ciudadanos y públicos que impulsen las decisiones ante los grupos de interés que operan y/o presionan para actuar con una perspectiva de corto plazo, en la lógica de las ganancias económicas inmediatas y donde prevalece el interés privado por encima del interés público.

A escala local, es necesario impulsar o fortalecer ordenamientos y reglas de manejo definidas y monitoreadas de acuerdo a condiciones y perspectivas de propietarios, comunidades, gobiernos y otros actores.

1.1 Gestión de los ecosistemas naturales para la mejora de los servicios ambientales y la protección de la biodiversidad

En México ha avanzado la noción de que los ecosistemas naturales generan servicios ambientales necesarios para el desarrollo y el bienestar social; sin embargo, la insuficiente valoración económica de dichos servicios permite la transformación de los ecosistemas o su sobreexplotación, para dar paso a actividades productivas que destruyen o deterioran esos ecosistemas. Aunque la información oficial dice que ha disminuido el ritmo de la deforestación, la cobertura forestal de los ecosistemas naturales sigue disminuyendo por centenas de miles de hectáreas anuales y la degradación y fragmentación forestal son tan relevantes como la propia deforestación. La erosión y pérdida del hábitat natural continúan colocando a numerosas especies en diversas categorías de riesgo y disminuyendo la calidad de los servicios ambientales.

Uno de los servicios ambientales más evidentes y claramente percibido por toda la sociedad es el recurso hidríco. Sin embargo, su valor como bien ecológico, social y económico está poco comprendido y no incluido de manera integrada en las políticas públicas. Por ello, más del 15 por ciento del agua que demandamos en el país no se renueva, los acuíferos están sobreexplotados, las principales cuencas contaminadas y se pierde entre 40 y 60 por ciento del agua destinada a la agricultura por la mala infraestructura de riego.

Las presiones asociadas a grandes proyectos e intereses económicos, como son las derivadas del turismo convencional, la acuacultura, la infraestructura mal planeada y mal realizada, las urbanizaciones descontroladas o enfocadas a fraccionamientos inmobiliarios y a la minería, así como el abandono de obras de control de la erosión y la agricultura intensiva, son especialmente severas en ecosistemas tropicales, manglares y diversos tipos de humedales, entre otras áreas gravemente amenazadas tanto por los cambios de uso del suelo, como por los efectos del cambio climático.

Afortunadamente, en los últimos quince años se ha avanzado sustancialmente en el desarrollo de instrumentos e instituciones orientados a la conservación de espacios naturales de alta importancia biológica y ecológica, con esquemas de manejo de menor o mayor restricción de uso.

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) se ha consolidado paulatinamente y se han diagnosticado las áreas que aún no están bajo algún estatus de protección. Sin embargo, las nuevas ANP que se decretan no van acompañadas de los recursos humanos, económicos y financieros necesarios para su manejo y persiste un serio rezago que impide su plena atención. La falta de oportunidades para los habitantes legítimamente establecidos dentro de las ANP genera conflictos y se desaprovechan los beneficios de estar dentro de ella, o incluso de ser dueño de terrenos ubicados en los límites de la poligonal.

Aunque existe casi una centena de solicitudes de creación de nuevas ANP, la falta de capacidades institucionales no permite responder a esta demanda, perdiéndose oportunidades de ampliar la superficie bajo algún régimen de conservación. Un importante número de comunidades indígenas y propietarios privados aspiran a certificar áreas protegidas, pero la falta de estímulos y atención desalientan estas iniciativas que complementarían al SINAP. Igualmente, falta el reconocimiento y mejorar la gestión de las zonas bajo cuidado especial y de baja utilización dentro de áreas forestales que tienen un manejo regular.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha llegado al límite de sus capacidades con la estructura actual y debe ser fortalecida. El marco normativo está disperso y presenta aspectos muy frágiles que no corresponden a la utilidad pública que tiene el patrimonio natural nacional. Las autoridades de procuración de justicia ambiental están rebasadas y gozan de poca credibilidad, por lo que impera la impunidad en la aplicación de justicia ambiental. Los mecanismos de participación social no son los idóneos, o bien carecen de los respaldos institucionales apropiados, por lo que se pierde la oportunidad de aprovecharlos como sitios de formulación de políticas públicas, foros de planeación u órganos de consulta. Para la mayoría de los pobladores de las ANP, éstas no constituyen modelos de desarrollo y producción rural sustentable.

Las UMA, por su parte, alcanzaron 35 millones de hectáreas en quince años, gracias a la vasta tradición mexicana de uso de la biodiversidad, así como a la publicación y aplicación de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), que propicia beneficios para los dueños de la tierra y así promueve la conservación de las especies y los ecosistemas de los que dependen. Sin embargo, el desarrollo de las UMA ha sido sesgado hacia actividades cinegéticas en el norte del país mientras que otras actividades y regiones se mantienen rezagadas debido a la falta de capacidades técnicas y de fomento para el desarrollo tecnológico, a la dificulatad organizativa y a los ”costos de transacción” originados en una pesada sobreregulación. Cambios paulatinos en el marco jurídico de vida silvestre despojaron a este instrumento de su dimensión territorial y el arreglo institucional actual no tiene una instancia encargada de la coordinación y el fomento.

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ha instrumentado de manera creciente esquemas de operación que promueven la valoración de los servicios ambientales y la restauración; pero la descoordinación entre el área de fomento producitvo y la de normalización, hacen que tanto la integración como la intensificación del manejo forestal sustentable, sea insuficiente.

Los programas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) son, sin duda, instrumentos que pueden funcionar eficazmente para evitar que los ecosistemas se sigan deteriorando. No obstante, encaran dos dificultades fundamentales: primera, los montos destinados al subsidio por hectárea son limitados y están en franca desventaja con otros instrumentos de subsidio del Gobierno Federal, particularmente aquéllos que promueven las actividades agropecuarias, lo que contradice y dificulta el cumplimiento de sus propósitos; y segunda, el período de cinco años durante el cual quedan protegidos los predios con cobertura vegetal, no termina con certeza en la formulación y ejecución de programas de manejo que garanticen la sustentabilidad de su apropiación. De hecho, una respuesta frecuente de los dueños de la tierra, al finalizar el quinquenio dentro del PSA, es que fraccionan y venden sus predios. Otras limitantes de este programa son su desarticulación con iniciativas de producción sustentable, su enfoque anti-productivo, y la falta de atención a los aspectos de regulación y capacidades locales. A la fecha, los PSA son fundamentalmente un subsidio que se suma a la parálisis creciente de las economías locales. La producción sustentable no debiera ser vista como contraria a la prestación de servicios ambientales.

En atención a esta circunstancia, en los terrenos con cobertura vegetal compacta se deberán privilegiar los pagos por servicios ambientales en oposición a procesos que impliquen el cambio de uso del suelo, lo que desde luego obliga a reconocer la preeminencia de los criterios de la autoridad ambiental, pues responden a un interés público superior al del desarrollo agropecuario convencional. En otras palabras, en un ejercicio de transversalidad, los instrumentos de subsidio vinculados al pago por servicios ambientales deberán siempre privar y tener un monto por encima de los que promueven el cambio de uso del suelo y la deforestación, independientemente de los montos autorizados para cada uno de ellos. En su defecto, hay que aplicar desestímulos, como podrían ser multas severas, impuestos, prohibiciones expresas y una eficiente vigilancia ambiental.

La formulación de programas de manejo de los predios sujetos a PSA debe iniciar desde el año uno de su incorporación al programa y tienen que ser vinculantes, en el sentido de que –a partir del año cinco–, se asuma el compromiso de ejecutar los programas de manejo aprobados, destinando entonces a ese propósito la aplicación de los instrumentos de subsidio aplicables, en un acuerdo formal y corresponsable con las comunidades propietarias de la tierra.

En materia agropecuaria ya existen programas con contenido ambiental y las acciones de promoción productiva comienzan a revisar sus contenidos en el mismo sentido. Sin embargo, esos avances son incipientes y no son sistemáticos; falta coordinación institucional y la obligatoriedad de las orientaciones ambientales en el quehacer de estas instituciones de fomento.

Por otra parte, es necesario identificar los espacios de conectividad entre las ANP para potenciar su valor ecológico y económico como elemento de control ante la creciente fragmentación de los ecosistemas naturales. Las incipientes acciones orientadas a la inducción de prácticas sustentables de manejo productivo de las tierras, contenidas en la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras y los avances empíricos obtenidos en instrumentos como el Corredor Biológico Mesoamericano-México (CBMM), los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) y sus herederos, el programa de microcuencas y otras experiencias de manejo integral sustentable del paisaje, deben expandirse, desarrollarse y, en su caso, recuperarse.

Para fortalecer la gestión integral de las cuencas es necesario contemplar dos dimensiones: una, la gestión integral del recurso hídrico tal y como lo marca la ley (que no se cumple), en donde todos los sectores vinculados al agua deben participar en la planeación del manejo de la cuenca; y la otra, la coordinación de todos los sectores –más alla de los responsables institucioneles del agua–, que intervienen en una cuenca. Ello requiere de planes de manejo integrales por cuenca articulados con el ordenamiento ecológico.

Además, es necesario medir mejor los distintos cuerpos de agua, superficiales y subterráneos, para definir los volúmenes que deben dejarse de extraer para mantener el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos a largo pazo, es decir, medir el gasto ecológico.

Se debe promover más la coordinación y concurrencia de todos estos instrumentos e instituciones con la participación de los gobiernos locales, los agentes productivos y los dueños de la tierra, para lo cual se requiere, de nueva cuenta, la adecuación jurídica correspondiente.

Es importante desarrollar, documentar y evaluar diversas formas de manejo sustentable de los ecosistemas para contar con mayores y mejores elementos en el momento de tomar las decisiones; y al mismo tiempo, para generar un entusiasmo fundado por las estrategias y los instrumentos para el cuidado de los ecosistemas tanto en los agentes responsables de las políticas públicas, como en los dueños de las tierras.

Se deben crear políticas públicas de alcance nacional con el principio rector de atención especial a las zonas de alta biodiversidad que no están bajo ningún instrumento de protección ambiental, pero en las que, por su riqueza biológica, se requiere ordenar el desarrollo de las actividades económicas con criterios de manejo y conservación sustentables.

México es uno de los pocos países megadiversos del planeta por lo que tiene bajo su resguardo una alta diversidad genética, de especies y de ecosistemas; ésta constituye la base natural de nuestro desarrollo, es el patrimonio natural con el que contamos.

El Estado mexicano y la sociedad tenemos la obligación de proteger y saber utilizar esta riqueza biológica para garantizar el futuro de nuestra seguridad alimentaria, la conservación a largo plazo de los recursos genéticos, el equilibrio de los ecosistemas, la armonización de nuestros paisajes y, en una palabra garantizar una mejor calidad de vida para todos.

Principales vertientes de cambio para la conservación y el incremento de los servicios ambientales:

  1. Mejorar la información sobre el estado y gestión de los ecosistemas, el acceso por parte del público, y su utilización en la toma de decisiones.
  2. Fortalecer sustantivamente a la CONANP dotándola de mayor autonomía administrativa, recursos económicos, humanos y materiales suficientes, y un marco jurídico sólido.
  1. Consolidar e integrar la conservación de los ecosistemas fuera de las áreas naturales protegidas, con la mejor coordinación de los instrumentos de manejo (PSA, UMA, corredores biológicos, manejo integral de cuencas y otros) y los programas productivos y de política social.
  2. Fortalecer los programas de pago por servicios ambientales y hacer las adecuaciones que sean necesarias para que puedan transitar de la política del subsidio en la que ahora se encuentran, a la política de fomento del desarrollo de proyectos productivos sustentables que conlleven la conservación de los ecosistemas forestales.
  3. Proteger los ecosistemas naturales vinculados al ciclo del agua; promover el manejo integral de las cuencas en donde concurran todos los sectores que inciden y forman parte de ella; y desarrollar las metodologías y los instrumentos necesarios para limitar la extracción del recurso hídrico a la capacidad de renovación de los cuerpos de agua.
  4. Realizar un esfuerzo sistemático para la integración activa e informada de las comunidades locales en la conservación de los ecosistemas, los recursos naturales y los paisajes de su región; al mismo tiempo que deben hacerse evidentes los beneficios que brinda la conservación –a través de sus diversos mecanismos y aplicación de recursos–, en las condiciones de vida de las poblaciones y en el fortalecimiento de las instituciones comunitarias y locales.

1.2 Manejo de los ecosistemas para el bienestar de las comunidades y la seguridad alimentaria

Los enormes desafíos que plantea el incremento en la demanda de alimentos y otros bienes y servicios de los ecosistemas por parte de la creciente población humana, obliga a desarrollar vías para asegurar estos servicios en un horizonte de largo plazo, al tiempo que se mejoran los servicios ambientales de esos ecosistemas.

Las malas prácticas de manejo, aplicadas de manera reiterada, han provocado que dos tercios de las tierras de nuestro país estén erosionadas o presenten diversas formas de degradación física, química y/o biológica, lo que reduce su capacidad productiva y limita las funciones de regulación de los paisajes rurales, en términos del funcionamiento de las cuencas o la captura y almacenamiento de carbono. De igual forma, el mal uso del agua para riego ha provocado la sobreexplotación de más de la cuarta parte de los acuíferos.

Los esquemas tecnológicos convencionales presentan limitaciones que se observan en la drástica caída de la productividad en la producción agrícola intensiva y el incremento de deterioro ambiental. Por otro lado, las agriculturas familiares, que dejaron de ser objeto de interés público, generalmente arrojan una producción magra.

La ganadería pastoril se desarrolla de manera desordenada, desaprovechando el potencial productivo de las tierras de pastoreo y desatando, también, procesos de degradación como resultado del sobrepastoreo. La degradación de los pastizales, así como la erosión y la compactación del suelo, vuelve vulnerables las tierras ante la sequía y reduce la capacidad de captura y almacenamiento de carbono en los suelos, la infiltración hídrica y la conservación de la biodiversidad. México depende de las importaciones en cerca de la mitad de su abasto alimentario, en el contexto de un mercado internacional en el que es poco probable que los precios sean estables.

La actividad forestal se encuentra en condiciones críticas: ha alcanzado un déficit comercial de 75 por ciento del consumo aparente, lo que significa la mitad del déficit comercial nacional. Más de dos terceras partes de la superficie aprovechable económicamente está fuera de esquemas de manejo técnico, tanto para aprovechamientos maderables como para la utilización de recursos no maderables o unidades de manejo ambiental; los rendimientos productivos alcanzan no más de la cuarta parte de su potencial; la competitividad nacional desciende persistentemente frente a la de otros países y es muy escasa la integración local de cadenas de valor que pudieran proporcionar oportunidades de empleo y riqueza a los habitantes de extensas zonas que, a falta de motivos para el fortalecimiento de las comunidades, mayoritariamente dueñas de las tierras forestales, son abandonadas y quedan a merced de la ilegalidad o el crimen organizado.

Esos desafíos son aún mayores cuando se agrega la inminente necesidad de adaptación a los efectos del cambio climático. Sus efectos adversos agudizan la sequía y la escasez hídrica, los incendios forestales, las plagas y enfermedades de los bosques, los pastos y los cultivos; así como profundizan la intensidad y la incidencia de las catástrofes hidrometeorológicas.

Para que la seguridad alimentaria sea sustentable, la cadena alimentaria debe ser vista como un todo, desde el consumo hasta la producción, las relaciones entre cada eslabón de la cadena y entre los ciclos de producción y consumo de los productos básicos. Desde esta perspectiva, la soberanía alimentaria es posible, lo cual no sucede si se plantea solamente desde la óptica de producción agrícola. El diseño de políticas e incentivos, que necesariamente deberán ser multisectoriales, tendrá que considerar:

  • el acceso de toda la población a los alimentos básicos;
  • la definición de superficies aptas y con la calidad ambiental necesaria para la producción, donde se apliquen las mejores prácticas ambientales, se garantice mantener las tierras sanas, se use el agua de manera racional y eficiente, se diversifique el uso de la biodiversidad y se disminuya el uso de los insumos contaminantes;
  • la reactivación de la economía de los pequeños productores facilitando su acceso a capital, activos públicos y condiciones adecuadas para las actividades productivas, lo que incluye el control de las cadenas productivas en las que su producción esté inserta; considerando el contexto de apertura comercial en cuanto a la exposición de la planta productiva nacional a prácticas como la producción insustentable, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo migrante y el control monopólico del conocimiento o de la diversidad genética;
  • una relación más equitativa entre los distintos actores en cada etapa de la cadena;
  • la armonización de las prioridades regionales; el control de la especulación financiera;
  • la orientación de los subsidios a quienes verdaderamente los necesitan y evitar efectos sociales o ambientales indeseables;
  • destinar de manera prioritaria el uso de la tierra agrícola a la producción alimentaria antes que a la producción de biocombustibles y bienes no alimentarios.

Contamos con un marco jurídico que auspicia arreglos intitucionales multisectoriales; independientemente de la forma que éstos adopten, serán efectivos siempre y cuando la seguridad alimentaria sustentable sea verdaderamente una prioridad nacional.

Existen muestras muy significativas, aunque minoritarias, del potencial de desarrollo sustentable basado en fortalezas como son la riqueza de la biodiversidad y la agrobiodiversidad; la existencia de vastos conocimientos tradicionales y capacidades nacionales para generar conocimientos básicos y tecnologías; una infraestructura importante, susceptible de rehabilitación y mejora; diversas formas de capital social reflejadas en organizaciones de gran potencial empresarial y de interlocución; y en arreglos locales para la gobernabilidad. Ejemplos de ello son la aplicación extensiva de nuevas estrategias de fertilidad de suelos basadas en la biofertilización, esquemas silvopastoriles de ganadería y manejo de fauna, empresas forestales comunitarias con alto grado de integración de valor agregado, manejo sustentable del agua y planeación y manejo integral por microcuencas.

Para generalizar experiencias como estas contamos con fortalezas en la existencia de condiciones naturales favorables, en múltiples experiencias sociales, en instrumentos de política pública o en el acervo y capacidad de generación de conocimiento; e incluso, en un marco normativo adecuado, –aunque no aplicado del todo–, que se plasma en la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable.

También es favorable la creciente comprensión de la importancia que tiene la perspectiva territorial y con una visión integral, que sustituya al limitado enfoque sectorial y que propicie acciones adaptadas a las muy diversas condiciones locales y regionales. La visión de manejo integral de cuencas, expresada en la legislación y en los programas, es un claro ejemplo de estos avances, aunque su concreción es aún muy precaria.

En condiciones cada vez más exigentes, es apremiante el ordenamiento efectivo de los territorios para su uso adecuado. Para ello es primordial promover prácticas sociales de construcción de instituciones locales de gobernabilidad y arreglos institucionales que ya están esbozados en instrumentos como los organismos de cuenca, los consejos de ANP, las unidades forestales regionales, los distritos de desarrollo rural y el propio orden del municipio libre; instrumentos que, actualmente dispersos, tienen que concurrir y ordenarse de manera que soporten las transformaciones que requiere el campo.

El Estado mexicano destina cantidades sustanciales de recursos financieros al campo; en los últimos años ha habido un avance al incorporar criterios de sustentabilidad en los instrumentos de fomento productivo y al desarrollar otros criterios específicamente destinados al incremento del mérito ambiental de la producción, a la integración territorial y a la mejora de la gobernabilidad local. Se necesitan mecanismos para hacer que estos recursos tengan mejores rendimientos sociales, ambientales y productivos.

Es capital alcanzar eficacia; cambiar de los esquemas de transferencias para activos privados a la generación de activos públicos, propiciando un efecto distributivo progresivo; orientar los programas primordialmente hacia el fomento de la eficiencia productiva con opciones sustentables para el manejo de los recursos naturales. Por su parte, los esquemas de pago por servicios ambientales, deben escalarse y armonizarse para lograr efectivamente la inducción de prácticas sustentables de manejo a corto, mediano y largo plazos, a la vez que han de sumarse como factor de impulso a la producción, en vez de desalentarla.

En cuanto al agua para riego, las mejoras en la infraestructura deben servir para disminuir el volumen de agua que se extrae de los acuíferos, evitar su sobreexplotación o recuperar aquellos sobreexplotados; por lo que el líquido que se ahorre no debe utilizarse para incrementar la superficie de cultivo.

El acceso a recursos financieros y manejo de riesgo en condiciones favorables es una limitante para emprender iniciativas productivas sustentables, particularmente en cuanto a las condiciones de las garantías y el financiamiento de los cultivos forestales, que requieren de esquemas que consideren los plazos de maduración de los proyectos.

Después del proceso de minimización del Estado, urge corregir el rezago en el suministro de activos y servicios públicos de infraestructura, conocimiento y ambiente de negocios. Las prioridades en infraestructura deben incluir: la actualización y desarrollo de los caminos rurales, mediante esquemas probados de cogestión con las comunidades locales; el almacenamiento de alimentos que pueda reducir las mermas y permitir la formación de reservas estratégicas; la tecnificación del riego con criterios sustentables; la electrificación creciente con fuentes alternas que permita superar el uso de motores de combustión interna en lugares aislados; las telecomunicaciones y el acceso a la información y el tráfico de datos.

Podemos aprovechar la gran capacidad académica construida, y fortalecer la generación y transmisión de conocimientos básicos, tradicionales y aplicados, considerando que éstos son un bien público, exento de conflictos de interés; que pueden ser complementados, minoritariamente, con el desarrollo de investigación privada. El ambiente de negocios, deteriorado por el deficiente cumplimiento de la ley y por el dominio de extensos territorios por el crimen organizado, debe urgentemente mejorarse mediante la procuración efectiva de un Estado de derecho y, a partir de ello, desarrollar esquemas de acceso a información, estandarización, manejo de riesgos, mejora contractual y arbitraje, que reduzcan los riesgos y los costos en las transacciones.

Contamos con un marco jurídico y normativo desarrollado, aunque disperso, frecuentemente contradictorio y, sobre todo, de aplicación limitada. Es momento de sistematizar la abundante producción jurídica de los últimos quince años, para homogeneizar definiciones, prioridades y conceptos; simplificar las disposiciones jurídico–normativas; evitar duplicidades y contradicciones; de manera que sea más sencillo, barato y cierto para los particulares sujetarse a la ley, que conducirse fuera de ella; y más eficaz y viable para la autoridad la procuración de su cumplimiento.

El uso del territorio debe planearse para evitar el incremento de la presión y el deterioro del capital natural y limitar la extensión de la frontera agropecuaria; con estrategias que se hagan cargo de la complementariedad urbano-rural, de tal modo que las ciudades compensen, o paguen con más eficiencia y equidad, los servicios ambientales que generan las áreas rurales a favor de aquellas, y no sólo los productivos.

La selección de usos del territorio y de las prácticas adecuadas de manejo requiere del conocimiento detallado de la composición y las aptitudes de ese territorio en específico. Esto debe hacerse procurando la ubicación de los cultivos y del ganado de acuerdo con las nuevas condiciones causada por el cambio climático, particularmente la disponibilidad de humedad. En la orientación de la política forestal se debe buscar el equilibrio entre las plantaciones, la conservación y la producción en bosques, con una clara prioridad en el uso forestal sustentable que beneficie a las comunidades, incluyendo la incorporación de nuevas áreas al manejo forestal regular.

Las principales vertientes de cambio en el manejo de los territorios rurales deben incluir:

  1. La generación de un esquema de ordenamiento en múltiples escalas coherentes que paute los criterios de uso de los territorios y la aplicación de recursos públicos; que simplifique la aplicación de la normatividad; y que proporcione certidumbre en las actividades y las inversiones.
  2. Alcanzar un grado razonable de seguridad en la producción y distribución de los alimentos y productos estratégicos, tanto a nivel nacional, como regional y comunitario; para lo cual hay que contar con un Programa Especial de Seguridad Alimentaria Sustentable y crear una Comisión Inersecretarial de Seguridad Alimentaria y Producción Rural Sustentable.
  3. La reactivación de la economía forestal mediante el equilibrio adecuado entre plantaciones, conservación y producción en bosques; que dé claramente prioridad al uso forestal sustentable que beneficie a las comunidades y que incorpore nuevas áreas al manejo forestal comunitario con fines de producción sustentable.
  4. El incremento sustancial de la productividad mediante sistemas tecnológicos que disminuyan el consumo de agua y energía; reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero; y eviten los efectos degradantes sobre las tierras y el ambiente.
  5. Abordar y formular de manera integrada las políticas para la producción alimentaria con las políticas de energía y de recursos hídricos.
  1. La disminución sustancial del rezago en la provisión de activos públicos productivos, así como la falta de condiciones para el desarrollo de la producción en el campo y de servicios a la población.
  2. La integración intersectorial efectiva en el desarrollo con perspectiva territorial, a través de: la armonización de programas de fomento, otros instrumentos de política y el marco jurídico y normativo, así como la mejora y cumplimiento de este último; la concurrencia intersectorial efectiva en todas las escalas; la creación de capacidades locales y la participación social corresponsable. Todo ello guardando un equilibrio entre los propósitos de desarrollo social, producción económica y mejora ambiental.

 


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