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Ley forestal: realidades o mitos

Respuesta al presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Forestales

Muchas gracias a todos los que han apoyado a favor de un proceso de consulta y revisión serio y constructivo. Los senadores dejaron para septiembre el dictamen de la ley y eso da tiempo para hacerlo. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido noticias de cómo realizarán esto los legisladores. Seguimos bregando con toda convicción porque eso suceda.

Por Gonzalo Chapela y Mendoza

El 20 de septiembre de 2016, Alma Lucía Arzaluz Alonso, diputada del Partido Verde Ecologista Mexicano, presentó una iniciativa para derogar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en vigor y sustituirla por una nueva LGDFS. Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y turnada a la de Senadores, en donde se encuentra bajo revisión.

La Red Mexicana de Organizaciones Campesinas y Forestales (MOCAF), el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Reforestamos México AC, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y otras organizaciones campesinas y de la sociedad civil se inconformaron por el procedimiento (sin ventilar públicamente tan importante reforma a la ley forestal) y por considerar que la mayoría de los avances de trabajos previos de revisión de la ley vigente (de 2003) no se habían incorporado, así como por encontrar retrocesos, especialmente los que se refieren a la mutilación del Consejo Nacional Forestal (CONAFO) y al Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano (CMFFM).

Las organizaciones hicieron más de 200 propuestas para mejorar esta iniciativa de ley y solicitaron suspender el proceso de dictamen y aprobación de la nueva ley, hasta que fuera abierto un proceso de consulta pública y discusión de la misma, con el distintivo socio-digital #LeyForestalAConsulta.

En este orden de cosas, el empresario forestal Martín Jesús Cuanalo publicó recientement en su blog (http://vita.org.mx/) su perspectiva en este debate, en la cual resume las opiniones de la legisladora que presentó la iniciativa, así como de los funcionarios de la CONAFOR que han promovido, desde su origen, la reforma. El Ing. Cuanalo ha apoyado intensamente la aprobación inmediata de la iniciativa; es actualmente presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Forestales (asimilada a la Sociedad Agronómica Mexicana, parte de la Confederación Nacional Campesina); también es dueño de la consultora (INyDES), que hace trabajos para la CONAFOR.

Con la intención de contribuir a un debate informado, en la columna izquierda del cuadro siguiente transcribo el artículo de Cuanalo y, en la columna derecha, consigno comentarios y respuestas a sus afirmaciones, que corresponden a los posicionamientos de las organizaciones que hemos solicitado consulta pública para revisión al proyecto de nueva LGDFS.

Texto del artículo de MJ Cuanalo

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Respuestas y comentarios

Mitos sobre la Ley Forestal

Está en discusión la aprobación de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), y se han alzado voces en contra y a favor de que sea aprobada esta nueva ley. Sin embargo se han creado muchos mitos tratando de desprestigiar este proyecto y es importante que sean declarados, para que no se basen decisiones en mentiras, para que el público no se deje engañar y no sea manipulado.

No estamos en contra de que sea aprobada pero no sin consulta suficiente y pública y tampoco sin muchas mejoras que proponemos.

No es necesario hablar de mentiras, engaño y manipulación podemos o no tener razón, pero eso es otra cosa y lo que pedimos es un debate transparente con argumentos y sin prejuicios.

•Se privatizarán los bosques.

Es la peor mentira. La Ley no toca ningún tema de reforma agraria y además todos los bosques de México tienen dueño, en su mayoría ejidos y comunidades.

No hemos dicho eso.

•Es obligatorio que haya consulta.

No es obligatorio que en una Ley reglamentaria como está se tenga que basar en consulta pública.

No hemos dicho que sea obligatoria una consulta pública, sino que resulta dañino no realizarla cuando se trata de un proceso de tan importantes consecuencias.

•No hubo consulta.

El proyecto de Ley forestal se basa en el trabajo de tres años del Consejo Nacional Forestal (CONAF), en donde hubo múltiples foros de consulta y talleres en todo el país.

Fueron más de tres años de trabajo del CONAF. El texto de la iniciativa no es el que éste aprobó. No hubo ninguna consulta ni información pública previa y la iniciativa fue presentada sorpresivamente. Además, existen nuevos elementos que es necesario incorporar.

•La Ley es diferente de la propuesta del CONAF.

El proyecto de Ley se basa casi en su totalidad en el proyecto que diseñó el CONAF en donde están representados todos los sectores del medio forestal. De hecho los miembros del Consejo se han manifestado, en su mayoría, a favor de que se apruebe ya la nueva Ley.

Ninguno de los representantes de las organizaciones que están en contra de la ley son forestales. Los profesionales forestales de distintas organizaciones están a favor la nueva ley.

El comparativo de textos muestra diferencias sustanciales en diversos temas identificados.

No todos los consejeros se han manifestado por aprobar en sus términos. La mayoría no lo conocen, otros han declarado que están de acuerdo con revisarla y consultarla y el consejero de OSC no consultó, ni representa la opinión de las OSC acreditadas, al menos en este asunto.

Los ingenieros agrónomos forestales no son los únicos profesionales forestales. No es requisito ser ingeniero agrónomo forestal para tener una opinión válida sobre una ley ni para tener conocimiento de la problemática del sector.

La mayoría de los profesionales forestales y de los ingenieros agrónomos forestales no conocen la propuesta de reforma a la ley; no todos están a favor de que se apruebe en sus términos y sin más consulta.

Es incorrecto, sectario y de poca altura el argumento que descalifica a todo aquel que no sea ingeniero agrónomo forestal.

•Las plantaciones forestales son malas.

Las plantaciones forestales comerciales se establecen solamente en áreas degradadas, son una gran alternativa de desarrollo económico y quitan presión sobre los bosques naturales. Algunos expertos señalan que posiblemente industrias de la madera en el extranjero dan financiamiento a la campaña en contra de la Ley para no permitir que crezca en México el mercado forestal. Recordemos que México compra el extranjero 7000 millones de dólares al año en productos forestales.

No hemos dicho que las plantaciones comerciales sean malas.

Es temeraria la acusación del financiamiento de empresas extranjeras. Corresponde al acusador la carga de la prueba.

Al margen: la mayor parte de las importaciones son celulosa de papel para destintar y otros productos. Podemos fijar la cifra en 2,000 millones de dólares, lo que es también demasiado e inconveniente.

•Todas las organizaciones campesinas están en contra de la nueva ley.

Es mentira, importantes organizaciones de silvicultores, y de la sociedad civil han firmado pronunciamientos a favor de que se aprobada la nueva ley.

No hemos dicho eso. Más bien, la mayoría de los productores desconocen el proceso y sus contenidos.

Es conveniente y necesario difundir los elementos y puntos de discrepancia para que sirva este debate como forma de apropiación del marco normativo.

•Los legisladores no quisieron escuchar las propuestas de las organizaciones que se oponen.

Mentira, las organizaciones fueron recibidas con sus propuestas en diversas ocasiones por Diputados y por Senadores. Pero parecería que hay una postura necia de que forzosamente deben de quedar las cosas como ellos quieren.

Reconocemos que los legisladores recibieron las propuestas específicas que sostenemos y que unas cuantas fueron incorporadas al proyecto de ley.

Pero consideramos que la mayoría de las propuestas son necesarias e insistimos en que se incorporen, a través de una discusión con bases y argumentos y no con descalificativos (como los de este comentario).

•La CONAFOR será juez y parte en la Gestión Forestal y eso es malo.

Falso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) seguirá conservando toda la parte normativa de la Gestión Forestal y permisos de aprovechamiento de los recursos forestales. Igualmente seguirá siendo la SEMARNAT la entidad responsable del cambio de uso de suelo en terrenos forestales. La CONAFOR, que tiene una mayor estructura operativa y especializada, se encargará de revisar, autorizar y dar seguimiento a los planes de manejo forestal sustentable y a los permisos de aprovechamiento forestal. Esto permitirá que sea mucho más fácil la gestión y menos complicada la tramitología para las comunidades forestales. La tramitología y la complicada gestión forestal son una de las principales causas del abandono de la producción silvícola.

No nos pronunciamos sobre ese punto específico, pero sí advertimos un cambio en concentración de poder (puede o no ser bueno) y reducción de control social (esto sí lo reclamamos).

A la vez, debe señalarse la duda razonable en tres sentidos:

a)      La legalidad de que la CONAFOR ejerza los actos de autoridad que le otorga la Minuta

b)     La capacidad instalada para cumplir nuevas tareas, cuando el proyecto de ley desmantela áreas operativas estratégicas

c)      La conveniencia, o no, de un diseño que integra regulación y fomento productivo.

•Hay miles de firmas de organizaciones y de indígenas en contra de la Ley.

No se han presentado firmas autógrafas en ninguna de las Cámaras Legislativas, se reunieron firmas en contra de la Ley en una plataforma digital en la que no se puede confirmar el origen de los firmantes, ni su autenticidad.

Hay miles de firmas de ciudadanos a favor de transparentar el proceso y mejorar sus contenidos, no simplemente en contra de la ley. No estamos en contra, sino a favor de darnos la oportunidad de una mejor ley y de incorporar a la discusión a los interesados.

 •Han salido artículos de prensa donde comunidades silvícolas temen perder sus recursos.

En esos artículos a nombre de comunidad silvícolas, no ha salido nunca un silvicultor hablando en contra de la Ley, han salido los mismos protagonistas de asociaciones civiles que están en contra.

 

Sería bueno conocer cuáles son esos artículos para poder opinar. Nosotros no decimos tal cosa.

 •La nueva Ley pone en riesgo los bosques.

Falso, la Ley es clara y precisa con respecto a la conservación y restauración de los bosques y fomenta el uso y aprovechamiento sustentable.

La propuesta de ley puede y debe mejorarse, lo que contribuiría a una mejor protección de nuestros bosques.

 •Se debilita la vigilancia forestal y se ignora a la PROFEPA.

La Ley establece muy claramente cuáles serían los cosas violatorios y además señala a la PROFEPA como la entidad responsable de hacer valer la Ley. Organizaciones han señalado que este instrumento debería indicar todas las actividades de PROFEPA, pero recordemos que ésta tiene su propia reglamentación y tiene que hacer valer varias leyes relacionadas con el ambiente y no sólo ésta.

No hemos dicho que se debilite la vigilancia forestal, ni que se ignore a la PROFEPA.

Lo que se reclama es que el texto no incorpora suficientes y adecuadas disposiciones para fortalecer el combate a la ilegalidad, entre las cuales algunas están destinadas, justamente, a fortalecer a la PROFEPA.

 •Se afectan los derechos de los indígenas y de los dueños del bosque.

La Ley es clara y precisa sobre los derechos de los indígenas, además señala de manera clara que los dueños del bosque serán los beneficiarios de los servicios que los bosques generen.

Sí se afecta el derecho a la participación plena y efectiva, informada previa, al mutilar atribuciones del CONAF y del Comité mixto del Fondo Forestal.

Nuestro reclamo es por las deficiencias en las disposiciones para hacer efectiva la protección, en el ámbito de la ley, de los derechos humanos, en el contexto de la reforma de 2011. 

 •Se perderán bosques.

Uno de los objetivos principales de esta Ley es la conservación de los bosques y evitar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Establece sanciones para quien dañe un bosque para cambiarlo, y obliga a los dueños a que sean restaurados después de un incendio en lugar de que se dediquen a otra actividad. Esta Ley busca que deje de crecer la frontera agrícola en terrenos forestales.

 

No hemos afirmado que se perderán bosques, pero hemos presentado múltiples propuestas para combatir la ilegalidad y evitar el cambio de uso del suelo forestal.

 

Esta iniciativa de ley, aprobada por la Cámara de Diputados y en espera de revisión y aprobación, en su caso, por la Cámara de Senadores, no debe aprobarse. Hemos detectado más de 200 fallas deficiencias, además de múltiples retrocesos respecto de la ley anterior. Además, el proyecto de decreto presenta problemas en los siguientes temas:

Derechos: más allá de una declaración, no considera la protección de derechos, en el ámbito de aplicación de la ley, acorde con la reforma constitucional de 2011: suprime el Sistema de Salvaguardas y omite colocar en lugar prioritario el tema en objetivos, prioridades y asuntos de interés público y, después, en disposiciones específicas.

Participación social: mutila las atribuciones del CONAF y del Comité Mixto del Fondo Forestal, ya contenidas en la ley de 2003.

Transparencia: faltan disposiciones específicas para la generación, gestión y acceso a la información relevante para la planeación y la rendición de cuentas.

Enfoque de desarrollo. Omite señalar el interés público y las prioridades, objetivos y criterios de política para privilegiar el desarrollo sustentable con enfoque territorial.

Mejora regulatoria. No se trata de desregular. Hay un paquete omitido de propuestas para mejora: disposiciones para descentralización y coadyuvancia, mejora de servicios técnicos, acahuales, tratamiento de MIA, regionalización de NOM059-SEMARNAT, aserraderos portátiles y otros.

Legalidad: se omite la mayor parte del paquete que incluye regulación de madererías y resto de la cadena productiva, el fortalecimiento de la PROFEPA, coadyuvancia, capacitación, coordinación regional intersectorial y sinergias con fuerzas públicas, entre otros.

Descentralización y enfoque territorial: omite completamente el planteamiento de reorganización de unidades regionales, para la concurrencia con desarrollo rural y  gestión integrado de cuencas, la organización, la dotación de bienes públicos (inventarios, equipos compartidos, planeación de temas amplios) y el establecimiento de comités de coadyuvancia para la agilización y recurso en el proceso de dictamen y aprobación.

Servicios técnicos: se omiten precisiones y mejoras para el fortalecimiento de prestadores de servicios públicos, evaluación y habilitación de técnicos campesinos para trabajos determinados, así como catalogar especialidades.

Concordancia con la LGEEPA: no se ha considerado la conexión con la ley marco en materia ambiental, en donde deberían quedar las previsiones fundamentales sobre ecosistemas forestales; tampoco se han considerado posibles sobreposiciones de materias y autoridades.

Concentración de funciones: no es de obvia resolución, pero sí muy importante. Requiere despejar dudas en cuanto a legalidad, capacidad real de la CONAFOR y conveniencia de ubicar fomento productivo y regulación ambiental en el mismo órgano.

 

En síntesis: sí nos parece necesaria una reforma a la LGDFS para mejorar la vigente, pero la actualmente propuesta no es satisfactoria. En las condiciones del texto de la iniciativa, no es aceptable negociar solamente fragmentos. Consideramos más apropiado ventilar la reforma con base en el documento originalmente formulado y aprobado por el CONAF e iniciativa de decreto de 2015.

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