Por los suelos
Por los suelos
Julia Carabias Lillo || Reforma || 16 de mayo 2009
El suelo, soporte de la vida en el planeta, ha sido uno de los recursos naturales menos entendidos y atendidos en las políticas nacionales. Sin embargo, el suelo constituye el sustrato en donde se establecen las comunidades animales y vegetales; es un almacén de nutrientes y minerales; es una esponja que filtra el agua de la lluvia y la conduce a los acuíferos; es un gran almacén de bióxido de carbono. Es, en síntesis, un componente básico de los ecosistemas naturales y brinda múltiples servicios ambientales en beneficio de la humanidad.
La inadecuada intervención de la sociedad sobre los ecosistemas naturales ha disminuido la capacidad del suelo, actual y futura, para sostener la vida humana. El mal uso productivo de la tierra en la silvicultura, ganadería y agricultura ha provocado la reducción de la fertilidad por pérdida de nutrientes; la erosión por la deforestación de la vegetación; la contaminación por el abuso de agroquímicos; la salinización por el mal uso del riego; la compactación por el sobrepastoreo. Se estima que en México el 47.7 por ciento de los suelos sufre algún tipo de degradación.
Esta degradación afecta la producción de alimentos y la capacidad de absorber y retener agua. Debido a ello, se incrementan la vulnerabilidad de las familias, la migración y la pobreza.
La atención que ha recibido el suelo en las políticas públicas ha sido escasa y el tema se ha sesgado hacia la perspectiva productiva, en la medida en que se trata del sustrato de la agricultura y de la ganadería. El suelo no se ha concebido como un recurso natural, componente básico de los ecosistemas naturales, y no se ha comprendido que su pérdida es irreversible en una escala de tiempo humano. Por ejemplo, en un espacio deforestado, un centímetro de suelo se puede perder en minutos por una lluvia intensa y, sin embargo, puede tardar cientos de años en recuperarse.
En 1946 se creó la Dirección General de Conservación de Suelo y Agua dentro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la cual perdió su nivel en 1982 al convertirse en una subdirección. Por primera vez, en 1995, se creó una Dirección General de Restauración y Conservación de Suelos, vinculada al sector ambiental, pero desafortunadamente no sobrevivió después del cambio de gobierno y desapareció en 2001.
Actualmente la gestión del suelo está dispersa en la administración pública. Algunas funciones son atendidas por Sagarpa, otras por Semarnat y por Conafor. La coordinación interinstitucional es casi nula y las respuestas institucionales, a pesar de la gravedad del tema, son muy débiles. Peor aún, muy frecuentemente, los programas y acciones de las distintas instituciones y de los tres órdenes de gobierno son contradictorios con respecto a este tema.
Por otro lado, el marco jurídico sobre los suelos es poco preciso y también está disperso en varias leyes y normas. Los diputados aprobaron la iniciativa de Ley para la Conservación y la Restauración de las Tierras, pero el Senado la rechazó en 2005. En suma, México carece de una visión integral y de una política nacional sobre el suelo, a pesar de que casi la mitad de la tierra del país tiene algún nivel de degradación.
Como parte de los compromisos internacionales adquiridos por México como signatario de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación se elaboró y sometió a consulta pública, hace algunas semanas, la Estrategia Nacional para el Manejo Sustentable de Tierras (ENMT). Dicha estrategia tiene por objetivo fomentar la planeación y manejo integrado y sustentable de tierras, en todos los ecosistemas del país, mediante la coordinación y concurrencia ordenada de los programas y recursos económicos de los tres órdenes de gobierno y la participación de diversos sectores de la sociedad.
La ENMT se encuentra actualmente en proceso de concertación entre las distintas instituciones involucradas. Sería muy oportuno que pronto fuera dada a conocer y que incluyera entre sus planteamientos al menos cuatro asuntos básicos: 1) el anuncio de la creación de una instancia coordinadora intersecretarial, presidida por el sector ambiental, con capacidad de ejecución y mandato legal para armonizar las políticas y los programas federales bajo una visión integral sobre manejo de tierras; 2) el compromiso de revisar el marco jurídico con la finalidad de armonizarlo y fortalecerlo; 3) una propuesta, para que el Legislativo la analice, sobre la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno; 4) los mecanismos de interacción y las sinergias entre la ENMT, el Programa Especial de Cambio Climático (todavía en elaboración) y la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad.
La coordinación de acciones dentro de estas tres estrategias mencionadas daría como resultado una política pública de gestión de los recursos naturales coherente y encaminada hacia el desarrollo sustentable. Se ha avanzado de manera importante en esta dirección. Faltan las decisiones sustantivas para su operación.