Un enfoque territorial

Julia

 

Un enfoque territorial

Julia Carabias Lillo  ||  Reforma  ||  16 de marzo 2013

Durante los 100 primeros días del gobierno del presidente Peña Nieto se presentaron los lineamientos de cómo se enfrentarán, entre otros, dos de los mayores retos del presente siglo: la alimentación y el cambio climático. Dos problemas globales que se incluyen en las prioridades de la agenda nacional y que, debido a su alto grado de complejidad, requieren mecanismos transversales de planeación, una coordinación muy afinada y atinada de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad. Por ello, ambos temas serán atendidos mediante comisiones intersecretariales y se anuncia que contarán con consejos asesores ciudadanos.

En el caso de la gestión del cambio climático la comisión intersecretarial ya existía (la Ley General de Cambio Climático así lo mandata) pero lo novedoso fue que la presidió el presidente de la República, con lo cual se espera que el trabajo de la Comisión será atendido al más alto nivel.

Los objetivos, metas y acciones para resolver estos dos retos están estrechamente vinculados. Más aún, muchos programas de gobierno concurren tanto en el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre (Sinhambre) como en los del Programa Especial de Cambio Climático (PECC, que también se define en la Ley), y por consecuencia, los recursos económicos y humanos coinciden. Es decir, hay un conjunto de acciones que bien planeadas sirven para resolver ambos propósitos. Por ejemplo, la producción de alimentos está afectada por el cambio climático, por ello, los instrumentos que aplique Sinhambre deben ser compatibles con las acciones para mitigar y adaptarse al cambio climático. Si se logra una eficiente planeación y estrecha coordinación entre ambas comisiones intersecretariales, las sinergias resultantes serán altamente redituables.

Para que la planeación resulte eficaz es indispensable incorporar un enfoque territorial para aplicar, según las características específicas de cada región, los instrumentos y herramientas del gobierno federal más adecuados. Las comisiones intersecretariales son una oportunidad para ello, porque serán un espacio privilegiado de armonización de políticas públicas.

Especial énfasis y cuidado debe tenerse en las zonas de alta biodiversidad de nuestro país al implementar la Cruzada Nacional contra el Hambre. El reto es ejecutar acciones que aprovechen el enorme potencial del capital natural de esas zonas para aumentar la producción de alimentos, lograr una nutrición adecuada y elevar el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas, al mismo tiempo que conservar el patrimonio natural que debe ser la base del desarrollo económico y social de los municipios más pobres del país.

Un documento elaborado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) titulado "Desarrollo Territorial Sustentable: Programa especial de gestión en zonas de alta biodiversidad", constituye una importante contribución a la implementación tanto de la Cruzada Contra el Hambre como del PECC en las zonas prioritarias en donde se concentra la biodiversidad del país; zonas que, además, suelen coincidir con territorios de comunidades indígenas y campesinas que viven en condiciones de alta marginación y pobreza.

La propuesta del documento mencionado surge de la experiencia aplicada con éxito por el Corredor Biológico Mesoamericano-México, en coordinación con Sagarpa y Conafor, en varios sitos del trópico mexicano y en Jalisco. En zonas contiguas a algunas áreas naturales protegidas se han desarrollado proyectos integrales mediante la alineación de programas, objetivos y recursos económicos de las instituciones aludidas y el establecimiento de acuerdos entre los tres órdenes de gobierno y las comunidades. Los resultados de estas experiencias muestran que es posible mejorar las condiciones de vida de la población rural a partir de sus propios recursos naturales, y a su vez conservar la biodiversidad que les pertenece y que genera servicios ambientales para el beneficio de todos los mexicanos.

El documento propone un "modelo territorial de acción pública, específico para zonas en donde la biodiversidad y su manejo sustentable deben ser el motor del desarrollo". Dicho modelo implica la planeación transversal con todos los sectores involucrados en los territorios biodiversos, en donde los instrumentos de uso y conservación de la biodiversidad y de reconversión productiva hacia sistemas productivos sustentables se articulen con los instrumentos de políticas sociales y otros incentivos económicos para incrementar el ingreso y empleo de los campesinos sin modificar sus ecosistemas naturales.

Se trata de una propuesta innovadora y audaz, que permitiría institucionalizar la experiencia positiva de muchos años gestada con el trabajo conjunto y coordinado entre el gobierno, las organizaciones sociales y de productores y la academia, y está en completa concordancia con los lineamentos anunciados por el Presidente para instrumentar tanto Sinhambre, como el PECC. Ojalá se aplique.

Fuente: Hemeroteca