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Acceso a la información científica

Acceso a la información científica

José Sarukhán Kermez  ǀǀ  El Universal  ǀǀ  30 de mayo de 2014

Hace 10 días con la publicación del Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación (PECITI) y con reformas a las leyes de Ciencia y Tecnología, el presidente Enrique Peña anunció un conjunto importante de modificaciones a la Ley Orgánica del Conacyt y a la Ley General de Educación. El propósito es asegurar acceso libre a la ciudadanía a los resultados de investigaciones científicas y tecnológicas de instituciones de educación superior y de investigación públicas. En palabras del Presidente, el principio en que se apoya la decisión es que el conocimiento que se haya generado con recursos públicos (con financiamiento del Estado ya sea total o parcial) deberá ser de acceso público, sin barreras legales, técnicas o financieras.

En el discurso del Presidente se mencionó la existencia de un repositorio de toda la información; probablemente en el desarrollo de la idea se sabrá qué características tendrá ese repositorio, quién estará a cargo de compilarlo, fijar estándares de ingreso de la información, etcétera, al igual que definir la forma en que el PECITI logrará que el sector de ciencia y tecnología alinee esfuerzos con las dependencias y entidades del gobierno.

Fue alentador volver a escuchar el propósito —con algunas metas concretas— de que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, en especial los accesos a Internet de banda ancha, a la luz del gran rezago que tenemos, donde ni un tercio de los hogares tiene acceso a Internet, lo cual limita avances desde en la educación en todos sus niveles hasta en la consolidación de redes sociales en el país.

Sin ningún otro ánimo que no sea el de informar a mis lecto@s y a la sociedad, es conveniente comentar que la Conabio ha tenido desde hace poco más de 20 años la política de hacer accesibles a la sociedad los estudios realizados, la mayoría con fondos públicos, sobre la biodiversidad. Para ello, la Comisión coloca en su página electrónica todos los estudios y proyectos de investigación que ha financiado a investigadores mexicanos y a algunos extranjeros. Esta medida no fue fácil de implementar en los primeros años de vida de la Comisión por la reticencia de algunos investigadores, que nunca antes se habían enfrentado al hecho de que su investigación (y los productos de ella, como las colecciones científicas) eran propiedad pública y deberían ser accesibles por los miembros de la sociedad que legítimamente lo requirieran.

Hay que añadir que no solamente están publicados los resultados finales sino también los datos crudos de cada investigación, de manera que puedan ser reanalizados y reinterpretados. Desde luego, Conabio ha tenido siempre —y continuará teniéndolas— normas estrictas de respeto a las peticiones de los investigadores de mantener en cuarentena datos críticos como los de la descripción, aun en proceso, de nuevas especies o de reservar ciertos datos por razones de que se trata de especies en peligro de extinción y que pueden ser objeto de tráfico ilegal.

La medida anunciada en Los Pinos es muy acertada, aunque es una que debiera haberse tomado hace tiempo. No obstante, no queda claro el nivel de obligación a este respecto por parte de los investigadores o académicos, o lo que ocurrirá si un investigador o un grupo de ellos no ingresa sus resultados al término de su investigación. Esta es una medida de gran repercusión, pues aparte de dar acceso a la sociedad a la información, evita la potencial privatización del conocimiento generado en las universidades e instituciones de investigación pública de México.

COMENTARIO APARTE. Es de felicitar el desplegado que la Alianza por la salud alimentaria publicó en diarios de circulación nacional, demandando etiquetado digno, inteligente y respetuoso a los consumidores, en los productos alimenticios que los mexicanos compramos, como un derecho humano a saber con precisión las características de nuestros alimentos.