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¿Ceguera de taller?

 

¿Ceguera de taller?

José Sarukhán Kermez  ǀǀ  El Universal  ǀǀ  19 de septiembre 2014

Querid@ lector, lectora ¿sabe usted cual es el país con mayor número de empresas forestales comunitarias certificadas como sustentables y con la mayor extensión forestal con ese tipo de manejo? ¿Finlandia? ¿Suecia? ¿Noruega? ¿Canadá? Si contestó sí a cualquiera de estos países, se ha equivocado. Se trata de México. En una estimación del Banco Mundial hay casi mil empresas con una extensión de más de 600,000 ha. certificadas con “manejo forestal sustentable” por el Consejo (internacional) de Vigilancia Forestal (FSC por sus siglas en inglés). Un análisis de una muestra representativa de estas empresas demostró que la mayoría tienen ganancias netas positivas y aprovechan sustentablemente su madera, lo cual no es muy intuitivo cuando uno oye todas las historias de corrupción y extracción ilegal de madera en el país. La realidad es que se les califica en la literatura internacional como un ejemplo mundial de manejo forestal sustentable con fines comerciales.

En su reciente libro de México (A vuelo de pájaro, Conabio 2014), Leticia Merino y Ana Eugenia Martínez presentan una completa visión estadística de las operaciones de empresas forestales sustentables. Algunas observaciones notables son las siguientes: casi la mitad de las empresas tienen áreas comunitarias de conservación y más de la mitad demuestran conservar mejor la cobertura forestal y la fauna de su superficie que las Áreas Naturales Protegidas de su vecindad; un buen número de ellas cuentan con programas aprobados de manejo forestal; la integración vertical de la producción forestal se ha incrementado importantemente, etc.

Sin embargo, hay tres fuentes que limitan seriamente el funcionamiento más fluido de las empresas existentes o de la instalación de nuevas:

a) una escasa inversión pública para proyectos productivos; México ha tenido proyectos públicos de manejo forestal comunitario exitosos, como Procymaf y Prodefor (ahora incorporados al Programa Nacional Forestal); no obstante, la mayoría de la inversión pública forestal va a la reforestación (con una muy baja eficiencia) y a pagos de servicios ambientales. En 2011, se destinó más del triple a la reforestación que al manejo de bosques naturales, a pesar de que sólo la mitad del área reforestada estaba en condiciones adecuadas para ello. Según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CCMSS) esa tendencia está apenas mejorando ahora.

b) hay una sobreregulación de la actividad forestal que reduce su competitividad e incentiva el cambio de uso del suelo; esa carga regulatoria puede reducirse en la medida en que se confíe en las capacidades de los productores y de sus organizaciones para auto‐regularse, exactamente como lo hacen los productores forestales en otros países. Entiendo que hay un proceso de revisión de la Ley General de Desarrollo Forestal que podría realizar modificaciones que reduzcan la sobreregulación.

c) la carga impositiva sobre la actividad forestal sustentable hace que las empresas comunitarias mexicanas paguen más impuestos que sus competidores en otros países, lo cual les pone en una desventaja. A las empresas forestales comunitarias les resulta difícil documentar bien sus costos, y terminan pagando impuestos sobre sus ventas brutas, no sólo sobre el valor agregado. La reciente reforma fiscal ha empeorado el problema por los nuevos impuestos y los nuevos sistemas de declaraciones vía electrónica, que resultan difíciles para empresas forestales comunitarias que no tienen contadores de tiempo completo ni Internet.

¿Como explicar una política gubernamental acerca del desarrollo rural de las comunidades dueñas de ecosistemas boscosos tan precaria y limitante? ¿Es el cansancio de años de “costumbre” gubernamental de no darle valor a la organización social comunitaria y a los muchos productos del capital natural (cansancio conocido como “ceguera de taller”)? O seguimos aplicando una política de estado que sigue considerando a México como un país eminentemente agrícola (cosa que no es) e ignora la actividad forestal en sus muy variadas formas; un política que se traduce en un total desinterés por que esas comunidades tengan un claro y real camino a su desarrollo como empresarios de su capital natural y a un profundo cambio mental que los empodere como dueños y diseñadores de su futuro, sacándolos de su condición de marginación económica y social.