Convenio para las selvas
Convenio para las selvas
Julia Carabias Lillo || Reforma || 17 de abril 2008
La vertiginosa deforestación ocurrida durante la segunda mitad del siglo pasado eliminó más de 86 por ciento de las selvas del trópico húmedo mexicano. Las selvas en buen estado de conservación han quedado circunscritas, prácticamente, a las áreas naturales protegidas (ANP) y, fuera de ellas, sólo quedan fragmentos que año con año se siguen reduciendo.
Con la destrucción de estos ecosistemas se pierde parte de la riqueza biológica del país, se afecta la disponibilidad del agua, se modifican los cauces de los ríos, de desecan manantiales y arroyos, se incrementa la erosión y los riesgos de inundaciones, se altera el clima regional, por sólo mencionar algunos de los impactos más graves y no valorados de la deforestación. Si el país perdiera todas sus selvas tendría una profunda crisis de desarrollo en un futuro muy cercano.
Las políticas agropecuarias y la explotación forestal nunca consideraron los efectos nocivos de la pérdida de las selvas tropicales húmedas. La falta de criterios ambientales en la planeación y aplicación de las políticas constituyó la principal causa de la destrucción de estos ecosistemas de inigualable valor ecológico. De hecho, desde 1920 y hasta 1981 estuvo vigente la Ley de Tierras Ociosas y entre 1972 y 1977 operó una Comisión Nacional de Desmontes.
Con la finalidad de revertir estas tendencias, el día lunes 7 de abril, el presidente de la República anunció un muy importante acuerdo de coordinación entre la Sagarpa y la Semarnat que, de aplicarse cabalmente, puede significar un cambio radical en la sustentabilidad ambiental de la política agropecuaria del trópico húmedo de México. Dicho acuerdo se circunscribe a las zonas del trópico húmedo en donde opera el programa del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) de la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de la Semarnat.
La función del CBM es la de coordinar acciones con las instituciones del gobierno federal, de los gobiernos locales y de los actores sociales para evitar la destrucción y el aislamiento de los fragmentos remanentes de selva conectándolos entre sí y, a su vez, con las ANP. Esto lo hace apoyando a las comunidades campesinas para usar de manera sustentable los recursos naturales y revertir procesos de deterioro mediante la reconversión productiva y la restauración ambiental. El CBM trabaja en 37 municipios del estado de Chiapas, 2 de Campeche, 2 de Quintana Roo y 16 de Yucatán.
El convenio entre Sagarpa y Semarnat tiene por objeto limitar el crecimiento de la frontera agropecuaria, incluir en sus programas reglas que eviten el cambio de uso de suelo, acordar criterios ambientales que incluyan buenas prácticas productivas para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad (como la eliminación de uso del fuego agropecuario), adaptar e innovar tecnología, controlar enfermedades e invasión de especies exóticas, apoyar la comercialización de productos orgánicos, entre otros aspectos.
Se trata de un importante avance de coordinación intersecretarial y de reconocimiento desde el sector agropecuario de que sus políticas han sido parte del problema del deterioro ambiental y de que su modificación es indispensable para la solución. Por más esfuerzos que la Semarnat realizara para conservar las selvas que aún quedan en el país fuera de las ANP le sería imposible si no va de la mano de Sagarpa. Ahora, el reto será convertir el convenio en una realidad y que éste no quede en letra muerta.
Su aplicación estará llena de dificultades y obstáculos. Enfrentará la inercia de los funcionarios y técnicos que tienen otras visiones, que consideran que las selvas estorban y sólo conocen las tecnologías derivadas de la revolución verde. Topará con la resistencia de los campesinos para dejar de usar el fuego en sus parcelas y la roza, tumba y quema. Chocará con los acaparadores, coyotes e intermediarios que controlan las cadenas de comercialización. Padecerá la falta de mercados para productos orgánicos y diversificados.
No se trata de invocar malos augurios, sino de ser realistas y prepararse para que el anuncio del Presidente se concrete y cumpla su propósito: conservar las selvas y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. La coordinación interinstitucional tendrá que ser muy ágil y las políticas muy armónicas; los recursos económicos deberán ser suficientes y estar disponibles en el tiempo adecuado; las reglas de operación necesitarán reflejar las condiciones concretas de esta región; los equipos de trabajo que lo implementen deberán ser de gente capacitada, sensible y comprometida. Además, se requerirá ampliar los espacios y mecanismos de participación para que las comunidades hagan suyo el proceso y no lo sientan como una imposición del gobierno. El proceso deberá ser respetuoso de la organización y dinámica local y deberá, asimismo, acompañarse de capacitación para aplicar los cambios tecnológicos que el convenio implica.
En resumen, este gran acierto abre una coyuntura para conciliar el desarrollo con el aprovechamiento y conservación de esta fundamental pero frágil región del sureste de México. Nace en un ámbito limitado y, paulatinamente, tendrá que extenderse a todo el trópico húmedo mexicano. No la dejemos pasar.