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Defender Montes Azules

 

Defender Montes Azules

Julia Carabias Lillo  ||  Reforma  ||  24 de mayo 2014

Es dramática la problemática actual que, día a día, se vuelve más compleja en la Selva Lacandona. Los años de construcción de acuerdos, de organización social y de impulso a proyectos sustentables de muchas organizaciones e instituciones están amenazados por la confusión, la incertidumbre, la inseguridad y las falsas acusaciones.

La controversia de fondo radica en cómo vemos los diferentes actores a la Reserva de la Biosfera Montes Azules: para unos, con intereses económicos y políticos, es un botín territorial que puede ser invadido violando la ley. Para otros es un área protegida estratégica que, por su importancia como patrimonio natural, el Estado mexicano protegió bajo el régimen de reserva de la biosfera mediante un decreto presidencial, en 1978, y que está regida por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). En medio están las comunidades confundidas y mal informadas.

La Reserva de la Biosfera Montes Azules conserva la mitad de las selvas tropicales húmedas en buen estado que restan en México. Originalmente, este tipo de ecosistemas ocupaban 12 millones de hectáreas de las que hoy quedan menos de un millón ubicadas en la Selva Lacandona y en los Chimalapas. Montes Azules es la más grande de las áreas naturales protegidas en donde se establece la mayor diversidad de especies de México que permite albergar a las últimas poblaciones sanas de muchas especies, varias en peligro de extinción, como el tapir, el jaguar, el jabalí de labios blancos, la guacamaya roja. Además, estas selvas contribuyen a la regulación del ciclo hidrológico, controlan inundaciones, generan agua dulce, producen suelos ricos en nutrientes, capturan carbono, mitigan el cambio climático, entre muchas otras funciones esenciales para el beneficio de las sociedades.

Cuando el Estado mexicano decretó esta superficie como área natural protegida lo hizo en cumplimiento de su obligación constitucional de velar por el patrimonio natural nacional como causa de utilidad pública. El decreto de un ANP no afecta la propiedad de la tierra, sólo la regula mediante el programa de manejo. Además, la LGEEPA no permite la fundación de nuevos núcleos agrarios en un ANP y el usufructo de los recursos naturales puede hacerse únicamente para beneficio de las poblaciones legalmente establecidas.

El conflicto en la Selva Lacandona es porque la ley no se respeta. Quienes persiguen intereses personales en contra del interés público alientan las invasiones, para luego exigir la regularización y por tanto la expropiación. Esta situación se ha vivido en varios momentos. El anterior, en 2004, protagonizado por varios de los mismos actores. En esa ocasión el Congreso de la Unión exhortó al Ejecutivo federal a hacer cumplir la ley.

Ahora se padece una situación semejante, con el agravante de que muchos actores locales, afectados en sus intereses económicos y políticos, se han dedicado a la calumnia y a confundir a los pobladores y a la opinión pública.

Las organizaciones que trabajamos en el marco de la ley en la región, en pro de la conservación de la selva y en la búsqueda de soluciones a las condiciones de pobreza de las comunidades colindantes con la Reserva y con la propia Comunidad Lacandona, dueña de la mayor parte de los territorios de Montes Azules, estamos seriamente amenazadas. Las experiencias exitosas de proyectos sustentables en los que se benefician los dueños de la tierra, quienes han visto una mejora sustantiva en sus condiciones de vida, lejos de poderse replicar en la región, se encuentran en riesgo por las actuales condiciones de inseguridad e inestabilidad.

Urge una acción coordinada entre el gobierno federal y el estatal con los actores locales, para establecer un acuerdo con dos componentes: 1) aplicar programas de inversión para la generación de empleos y el incremento de los ingresos para la población que habita legalmente Montes Azules -incluyendo tanto ejidatarios como pobladores avecindados en estos ejidos- y 2) comprometerse a respetar la integridad de la Reserva de la Biosfera Montes Azules.

La solución de este problema debe incluir dos principios básicos: el bienestar de la población y la conservación del patrimonio natural nacional. Está demostrado que esto se puede lograr.

PD. Agradezco profundamente a todos quienes han manifestado su solidaridad; sus expresiones inyectan energía a los que trabajamos para sentar las bases del desarrollo sustentable y la conservación del patrimonio natural nacional en esta región única de nuestro país.

Fuente: Hemeroteca