Desempeño ambiental
Desempeño ambiental
Julia Carabias Lillo || Reforma || 19 de enero 2013
Es tiempo de la planeación de las políticas públicas. Los equipos de trabajo del nuevo gobierno están destinando parte importante de sus agendas a la elaboración de los planteamientos de las políticas públicas para integrarlos al Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales respectivos. En el sector ambiental hubo, durante el último año, gran cantidad de propuestas plurales por parte de organizaciones sociales y académicas e incluso por prestigiadas agencias gubernamentales como Conabio, que deben ser revisadas e incorporadas. Ahora, a esas propuestas se suman las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer en el documento titulado Evaluación del Desempeño Ambiental: México 2013. Se trata de una evaluación periódica a los países miembros de la OCDE cuya finalidad es analizar el progreso de los objetivos nacionales y compromisos internacionales para ayudar a mejorar su desempeño. México ha tenido ya tres evaluaciones. Por su importancia y oportunidad vale la pena subrayar algunas de las recomendaciones relacionadas con la elaboración de políticas públicas, con la economía verde, con el cambio climático y con la biodiversidad y el manejo de bosques.
Un primer aspecto que resalta es el comentario del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, quien reconoció que la crisis económica global, que se encuentra en su quinto año, debe ser aprovechada por los países para replantear y fortalecer sus marcos regulatorios, sus instituciones y su crecimiento e incorporar la dimensión medioambiental. Es alentador percibir que parte del sector económico empieza a considerar seriamente la dimensión ambiental.
El informe asevera que las tasas de pobreza y desigualdad en México se encuentran entre las más altas de la OCDE y que la rápida urbanización, el crecimiento demográfico y el aumento en el nivel de ingresos están generando presiones ambientales que se reflejaron, en 2010, en el costo de 7% del PIB mexicano por causa de la degradación ambiental y el agotamiento de recursos naturales. Esta afirmación evidencia la insustentabilidad del crecimiento económico nacional y el riesgo de agotar el capital natural.
Se reconocen los avances en la conservación de la biodiversidad y la puesta en práctica de varios instrumentos económicos para alcanzar los objetivos, y se destaca el carácter pionero del programa de Pago por Servicios Ambientales, uno de los más importantes en el mundo. Sin embargo, señala la necesidad de revisar dichos instrumentos para elevar su rentabilidad y alcanzar objetivos sociales y ambientales de manera más eficiente. Sobresale la recomendación de luchar contra las presiones ejercidas sobre la biodiversidad, en particular la necesidad de reformar las políticas en el sector de la agricultura, turismo, pesca y energía, y propone añadir la incorporación de pagos agroforestales que apoyen prácticas más amigables con el medio ambiente. Existen muchos ejemplos en los que las políticas agropecuarias están alineadas con las ambientales; falta su extensión a nivel nacional, así como superar su carácter piloto y local.
El informe recalca la necesidad de ampliar el uso de los impuestos relacionados con el medio ambiente y reformar, gradualmente, los subsidios ambientales perjudiciales en materia de energía, agricultura y pesca, y sustituirlos con gasto social directo que beneficiará más a la población más pobre.
Se enfatiza el liderazgo mundial de México en materia de cambio climático y el precedente positivo que sentó frente a otros países al adoptar metas voluntarias de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero para 2020 y 2050; no obstante, recalca que deben ampliarse medidas adicionales para evitar el incremento de las emisiones como consecuencia del crecimiento de la economía. Se insiste en que el sector transporte debe aplicar medidas para desincentivar el uso del automóvil y mejorar el desempeño de la industria energética. Asimismo, propone desarrollar un sistema de apoyos para fomentar el despliegue de las energías renovables.
Con respecto a la gestión transversal de la política ambiental se señala la urgencia de que instituciones como Hacienda, Economía, Energía y Educación se integren a estos esfuerzos para que la política ambiental cobre importancia de Estado y se recomienda crear unidades de medio ambiente en el interior de las instituciones mencionadas para coordinarse con la Semarnat. Además, resalta la importancia de: introducir la evaluación ambiental estratégica para fortalecer la integración de la política ambiental; incorporar criterios ambientales en la evaluación de las políticas públicas que realiza la Comisión Nacional de Evaluación; y crear la Comisión Intersecretarial para la Biodiversidad para promover el uso sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad.
Sería muy sano ver reflejadas estas recomendaciones en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales.
Fuente: Hemeroteca