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Información ambiental

 

Información ambiental

Julia Carabias Lillo  ||  Reforma  ||  30 de octubre 2008

El desarrollo sustentable definido como "el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" es un principio ético de la mayor relevancia por su compromiso intergeneracional que debe conducir el proceso civilizatorio de la vida moderna. A pesar de su aceptación generalizada no se ha convertido aún en el eje rector de desarrollo de las naciones. Muchos han sido los obstáculos para lograrlo, entre ellos el referente a la información: su generación, calidad, sistematización, disponibilidad, acceso y aplicación.

El desarrollo sustentable tiene como condición básica que no se extraigan de la naturaleza más recursos de los que ésta puede renovar y que no se desechen contaminantes más allá de los que la naturaleza puede absorber. En cuanto a los recursos no renovables, la tasa de extracción debe limitarse hasta que se descubran alternativas que los sustituyan con el fin de no privar a las generaciones futuras de ellos.

Cuando se pretende aplicar estos principios elementales surgen innumerables conflictos económicos, políticos y sociales, sobre todo cuando no están sustentados sólidamente en información confiable.

La historia de la humanidad ha estado acompañada de preguntas como: ¿cuánto se puede aprovechar de la naturaleza?, ¿cuándo y dónde? A la luz de los impactos ambientales que los sistemas productivos han ocasionado en los ecosistemas naturales, y los riesgos que esto implica para el propio desarrollo y bienestar social, las preguntas, en pleno siglo XXI, siguen vigentes, y las respuestas requieren de nueva información.

La consolidación de la ciencia de la ecología en los años setenta, que generó amplia información científica ambiental, constituyó un parteaguas en México, siendo las cabezas más destacadas de este proceso José Sarukhán, Arturo Gómez Pompa y Gonzalo Halffter, así como Humberto Bravo en los temas de contaminación. Desde entonces han proliferado múltiples instituciones de investigación que producen información científica, muchas de ellas de alta calidad.

La información, poco a poco, se fue sistematizando y de hecho, en 1988, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente estableció la obligación del Estado de elaborar los informes periódicos de medio ambiente.

No obstante, la información ambiental ha adolecido de serios problemas. Por un lado, las metodologías para medir los diferentes indicadores ambientales han ido cambiando en el tiempo, lo que dificulta las comparaciones. Éste es el caso de la medición de la deforestación, de la erosión o de la calidad del agua. Por otro lado, se carece de información precisa y certera de muchos recursos naturales, por ejemplo, de la calidad y cantidad de agua de los acuíferos o de varios tipos de contaminantes. Cuando se requiere tomar una decisión y no se cuenta con información confiable es necesario aplicar el "principio precautorio" para evitar un daño ambiental.

La ciencia, en muchas ocasiones, ha generado información certera que no es utilizada en la toma de decisiones, bien sea porque no existen los mecanismos de transmisión y "traducción" de esta información desde la comunidad científica hacia los tomadores de decisiones, o bien, porque, aunque sí se conozca, no se toma en cuenta por motivos políticos o intereses económicos.

Es fundamental cerrar la brecha entre la generación de información y la toma de decisiones. Ésta es la función principal de la Conabio en materia de biodiversidad y del Instituto Nacional de Ecología para los temas ambientales en general. Es indispensable fortalecer con presupuesto y recursos humanos a estas instituciones para que puedan realizar plenamente sus funciones.

La participación de la ciudadanía y su corresponsabilidad en la toma de decisiones requieren necesariamente información adecuada, verídica y oportuna, y ésta debe ser la base de un nuevo sistema de gobernanza en nuestros países: participativa, democrática, transparente y con rendición de cuentas. Es la única forma de evaluar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, corregir el rumbo y adaptarlas a las condiciones particulares de cada caso y cada momento. Además, cuando las decisiones se toman con información técnica y científica sólida los resultados son indudablemente mejores y se contribuye a prevenir o controlar las presiones políticas y los intereses económicos opuestos.

La información incrementa la conciencia social sobre los problemas ambientales y las soluciones se perciben al alcance de la gente y no de entelequias abstractas o imposibles de resolver. El nuevo marco normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abre oportunidades para la cooperación de todos los actores interesados en comprender y atender mejor los problemas ambientales. En este contexto, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública organizó, en septiembre pasado, la semana de la transparencia en donde atinadamente incluyó el tema ambiental.

Este tema, incipiente en México, debe tomarse con gran seriedad para lograr usar todas las capacidades nacionales al servicio del desarrollo sustentable.