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Observatorio del territorio

 

Observatorio del territorio

Julia Carabias Lillo  ||  Reforma  ||  11 de mayo 2013

El acceso a la información, además de un derecho, es una condición sine qua non para el empoderamiento de la sociedad y, a su vez, para la participación de ésta en la construcción y evaluación de las políticas públicas. En materia ambiental, la generación de información y el acceso para un público general, más allá del especializado, ha tenido significativos avances en las últimas tres décadas como reflejo de un conjunto de reformas legales que obligan a las instituciones gubernamentales a poner a disposición la información que les sea solicitada.

El derecho de acceso a la información ambiental fue incluido en 1996 en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y fue reforzado en 2003 con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, en 2006, con la reforma al artículo 26 constitucional y con la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica. El robustecimiento del marco jurídico dio pie a la proliferación de diversos sistemas de información ambiental y de nuevos productos y mecanismos para difundirla. Estos esfuerzos no sólo provienen de la esfera gubernamental, sino que, además, se ha sumado el interés creciente de algunas organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, de instituciones de investigación.

En este sentido, cabe destacar el caso del Observatorio de Instituciones Territoriales (Obsinter) (www.obsinter.com), nuevo sistema de información elaborado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo".

En este sistema de información se ponen al alcance del público numerosas bases de datos, documentos y herramientas que permiten adentrarse a la gestión de las instituciones y a las reglamentaciones vinculadas al manejo del territorio y de la biodiversidad en México.

El Observatorio de Instituciones Territoriales contiene cuatro secciones. La primera presenta una vasta cartografía que consta de 37 capas temáticas sobrepuestas de información georreferenciada espacialmente: información geográfica básica, núcleos agrarios, áreas naturales protegidas, ordenamientos ecológicos, manejo forestal y de fauna silvestre, expropiaciones, uso de suelo y datos socio-demográficos.

La segunda sección corresponde a la colección de fuentes jurídicas. Consiste en la recopilación de todos los instrumentos jurídicos del siglo XX y lo que va del XXI, que han influido en el régimen del territorio incluyendo todas las reformas respectivas realizadas hasta la fecha. Se presentan las disposiciones emitidas por el Poder Legislativo federal, el Ejecutivo y el Judicial, ordenadas cronológicamente. Se incluye el artículo 27 constitucional y las leyes y reglamentos en materia de medio ambiente, agua, bosques, vida silvestre, tierras, mar, pesca, patrimonio cultural, bienes nacionales, planeación y asentamientos humanos.

En la tercera sección aparece la reconstrucción de algunos conflictos emblemáticos urbano-ambientales de los cuales se pueden obtener importantes lecciones; por el momento se ofrecen dos casos, la Supervía en el DF y el confinamiento de residuos peligrosos de Guadalcázar. Cada uno contiene todos los documentos de respaldo del caso como son la cronología, los actores y sus posiciones, así como mapas, datos y columnas de opinión.

La cuarta sección atañe a la colección jurídica de la Ciudad de México en la que se encuentran documentos y ordenamientos jurídicos del Distrito Federal y las denuncias ingresadas a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

Este Observatorio es una herramienta de gran utilidad para el trabajo de jueces, abogados, consultores, funcionarios, académicos, estudiantes, organizaciones no gubernamentales, por sólo mencionar a algunos actores. Además, constituye una valiosa fuente de información para el análisis del régimen jurídico, así como para detectar vacíos, duplicidades y dispersión de la normatividad, entre muchos otros temas vinculados al territorio nacional.

Obsinter es un instrumento en construcción; será importante continuar alimentándolo con más bases de datos, temas de conflictos y cartografía. Por ejemplo, valdría la pena agregar la información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional Forestal; añadir más información sobre biodiversidad con la que cuenta Conabio; analizar otros conflictos de gran trascendencia como es el caso de la controversia constitucional que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al Programa de Desarrollo Urbano 2006-2030 del Centro de Población de Tulum.

Lo importante es que Obsinter ya está disponible y, para que sea útil, hay que consultarlo. Enhorabuena.

Fuente: Hemeroteca