Otro revés contra las ANP
Otro revés contra las ANP
Julia Carabias Lillo || Reforma || 05 de febrero 2009
La fragilidad jurídica en la que se encuentran las áreas naturales protegidas en nuestro país constituye un severo riesgo para la protección del patrimonio natural nacional. Varios ejemplos están en controversia, principalmente, por problemas de tenencia de la tierra, entre ellos, la resolución pendiente de la Suprema Corte de Justicia para el caso del Parque Nacional Tulum, que esperamos sea favorable para la conservación. Toca ahora un nuevo caso: la Estación Científica Las Joyas, en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM).
Un poco de historia. En 1979, investigadores de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Wisconsin-Madison descubrieron en la Sierra de Manantlán una especie primitiva y endémica de maíz silvestre (Zea diploperennis), que llamó la atención internacional por su potencial para mejorar la producción del maíz comestible. A partir de ese descubrimiento, el área empezó a ser estudiada a profundidad y, en 1985, la Universidad de Guadalajara estableció el Laboratorio Natural de Las Joyas de la Sierra de Manantlán en un terreno de 1245 hectáreas que el gobierno de Jalisco adquirió en 1984 y entregó en comodato a la U de G.
Pronto las investigaciones realizadas demostraron la importancia de la sierra por su biodiversidad, riqueza forestal y los servicios ambientales que genera, principalmente de abastecimiento de agua a los valles en su zona de influencia, donde actualmente habitan más de 600 mil personas. Dada la significancia del área, el Laboratorio Natural, junto con grupos de pobladores que llevaban años defendiendo sus recursos naturales en contra de compañías madereras que los explotaban de manera ilegal, impulsó la creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Esta reserva, de 139 mil 500 hectáreas, fue decretada por el gobierno federal en 1987, con un enfoque integrador de la conservación con el desarrollo rural. Posteriormente, en 1988, la reserva fue reconocida por Red Internacional de Reservas de la Biosfera del Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO.
Debido a su crecimiento y logros, el laboratorio fue convertido, en 1993, en el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (IMECBIO), y las instalaciones ubicadas en el predio de Las Joyas se transformaron en Estación Científica. Tanto el papel del IMECBIO como el de la estación han sido claves, mediante sus programas de licenciatura y posgrado, la formación de cientos de profesionistas en áreas del conocimiento estratégicas para el país como son la ecología y las ciencias ambientales, así como el manejo del fuego. Además, han sido ejemplo de un modelo de concertación entre instituciones académicas y la dependencia federal que administra la RBSM; han contribuido al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones locales para la gestión ambiental como es la Junta Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila, primer caso de una agencia intermunicipal de medio ambiente en México, entre otros logros.
Se trata de una reserva modelo en cuanto a la compatibilidad de la protección de los recursos naturales y el desarrollo social y económico de las comunidades agrarias y propiedades privadas legalmente ubicadas en su interior.
Sin embargo, esta historia de éxito, de las que existen muy pocas en el país, hoy se encuentra amenazada por el insólito fallo del juez segundo de lo civil de la ciudad de Autlán, quien despojó al gobierno de Jalisco de 900 hectáreas del predio de Las Joyas (junto con las tierras del ejido Ahuacapán y de un predio privado adyacente) y las entregó a particulares sin notificar ni al gobierno del estado ni a la Universidad de Guadalajara. Los afectados se enteraron, posteriormente, de manera accidental. La sentencia se basa en unas escrituras que ya habían sido anuladas desde 1988, entre muchas otras irregularidades.
Si bien hoy el juez está separado del cargo y tiene un procedimiento iniciado en su contra por el pleno de la judicatura estatal, la sentencia dictada por éste aún no está revocada y el procedimiento sigue su curso.
La universidad promovió ya un juicio de interdicto y una querella de carácter penal en contra de quien resulte responsable y toca ahora al gobierno del estado, propietario legal del predio, actuar con prontitud e interponer un amparo para la plena restitución de las propiedades y que la sentencia no cause hecho. Asimismo, corresponde a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas brindar todo el apoyo necesario para la resolución de este conflicto.
Este caso es una muestra más de la ineludible necesidad que tenemos en el país de revisar a fondo la gestión de las áreas naturales protegidas, su marco jurídico y los procesos de impartición de justicia, tareas que deberían estar en la más alta prioridad de la Semarnat y que esperamos estén en la agenda legislativa del próximo Congreso.