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Pesca sustentable

 

Pesca sustentable

Julia Carabias Lillo  ||  Reforma  ||  13 de octubre 2012

La devastación de las pesquerías mundiales constituye uno de los problemas ambientales globales más graves que, además de afectar la salud de los ecosistemas marinos y costeros, pone en riesgo la alimentación de la población presente y futura y el empleo de cientos de millones de personas que dependen de esta actividad; 85% de las pesquerías mundiales están sobreexplotadas, agotadas, en recuperación o en su límite de explotación.

México no se salva de esta situación. La política pesquera del país ha tenido diversos enfoques en su gestión. Después de un periodo de fomento productivo muy intenso, bajo la lógica de maximizar la ganancia incluso a costa del recurso natural, se sobreexplotaron muchas pesquerías. Ante esta situación, en la segunda mitad de la década de los noventa se reorientó la política pesquera con la finalidad de revertir la sobreexplotación e incorporar criterios de sustentabilidad ambiental. Para lograr este objetivo se integró en la misma institución la gestión de los recursos pesqueros con la de los temas ambientales. Esta fusión facilitó, entre otras cosas, la evaluación del estado de salud de las pesquerías y sus ecosistemas y de las especies en riesgo; los resultados se plasmaron en la Carta Nacional Pesquera, la cual se convirtió en el principal instrumento de regulación. Asimismo, conjuntamente con decretos de áreas naturales protegidas marinas, de la aplicación de un enfoque precautorio y del otorgamiento de permisos con base en información científica, se avanzó en el ordenamiento pesquero nacional.

Lamentablemente, el tránsito hacia la sustentabilidad pesquera se entorpeció cuando, al inicio de 2000, se separó nuevamente el sector pesquero del ambiental; se volvió a dar prioridad a los volúmenes de captura y se intensificó el esfuerzo pesquero favorecido, entre otros motivos, por el subsidio al diesel. El desarrollo y fomento de artes de pesca selectivas para evitar daños a la fauna de acompañamiento no se impulsaron con seriedad y la captura incidental de algunas especies de fauna marina en peligro de extinción se incrementó como es el caso de la tortuga amarilla en Baja California, entre muchas otras. Las funciones de inspección y vigilancia se relajaron aún más. El resultado es que 83.6% de las Unidades Pesqueras de Manejo en México se encuentran en estado crítico o en su límite de producción.

Es urgente que la nueva administración haga una evaluación a fondo de las condiciones de la pesca en el país y modifique la actual política. Muchos sectores de la sociedad hemos insistido en la conveniencia de fusionar en una sola institución la gestión de las actividades pesqueras con las de medio ambiente. No se trata de un simple ajuste institucional, sino de asegurar que la política pesquera se rija bajo criterios de sustentabilidad ambiental y con la mayor evidencia científica. Ello va a requerir implementar tecnologías y artes de pesca selectivas y adecuadas a cada condición ambiental, diversificar las especies de captura, sustituir subsidios que provocan sobreexplotación y deterioro por aquellos que fomenten las mejores prácticas sustentables, agregar valor a los productos, proteger ecosistemas y especies acuáticas, aplicar un manejo integral que considere las interacciones entre las especies bajo explotación con las demás especies de su entorno, entre otras medidas. De esta forma, a partir de una evaluación ecosistémica, se podrán definir correctamente los volúmenes permisibles de captura sustentable.

Esta visión no implica detener el crecimiento de la pesca; por el contrario, se trata de garantizar su permanencia en el largo plazo y revertir el deterioro. Aunque algunas pesquerías sobreexplotadas tendrán que limitarse y someterse a programas de recuperación, otras, con potencial de crecimiento, pueden reactivar la economía pesquera. En cualquier caso, todas las especies bajo aprovechamiento deberán tener programas de manejo fundamentados en información científica como base para otorgar permisos, y la Carta Nacional Pesquera debe ser el instrumento rector de la pesca en el país; ambas disposiciones, para hacerlas obligatorias, deberían estar normadas en la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable y en su reglamento, aún pendiente de elaboración y publicación.

Además, las funciones de inspección y vigilancia deberían separarse de la institución administrativa y, con recursos humanos y económicos incrementados, reubicarse en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Por otro lado, para contribuir a disminuir las desigualdades sociales de la población dedicada a la actividad pesquera, las concesiones deberían otorgarse preferentemente a comunidades y grupos adyacentes a los sitios de pesca para proporcionar certeza jurídica y hacer más eficiente el aprovechamiento y manejo de los recursos.

Una política de pesca sustentable no es únicamente una necesidad y oportunidad para la actividad sino que es una obligación del Estado, y sólo puede construirse si el sector ambiental y el productivo están alineados para el logro de este objetivo común.

Fuente: Hemeroteca