Biodiversidad y servicios ecosistémicos

 

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Texto para CeIBA elaborado por: Julia Carabias, Luis Fueyo, Antonio Díaz de León, Alicia Mastretta, Vicente Arriaga, Lucía Ruiz y Oscar Ramírez.

Coordina: Julia Carabias

Versión del 24 febrero 2018

Contexto

A pesar de que los avances conceptuales, institucionales y de diseño de políticas sobre la gestión de la biodiversidad se fortalecieron desde hace 25 años, sigue sin comprenderse en toda su magnitud la dependencia que tienen las actividades económicas y el bienestar humano sobre la biodiversidad, agrobiodiversidad y los servicios ambientales que se generan a partir del funcionamiento de los ecosistemas naturales y ecosistemas agrícolas tradicionales. Mucho menos está presente el valor intrínseco de la biodiversidad en la conciencia colectiva e individual. Sigue siendo un reto para la mayoría de la sociedad y los gobiernos apropiarse del significado profundo de la conservación de la naturaleza para la vida y el desarrollo justo y equitativo de las sociedades modernas.

México se encuentra a la vanguardia de la generación, acopio, sistematización y difusión del conocimiento sobre la biodiversidad, gracias a la labor que ha realizado en 5 lustros la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Hoy en día es posible para cualquier persona, acceder a la base de datos pública que contiene la mejor información científica disponible y actualizada, sobre el territorio y su riqueza natural a nivel de genes, especies y ecosistemas.

También la conservación de la biodiversidad mediante las áreas naturales protegidas ha mostrado su viabilidad como una política acertada, pero que requiere de un esfuerzo mucho mayor para ampliar su cobertura y representatividad y, sobre todo, para ser eficaz, eficiente y efectiva. Las bases institucionales y legales están sólidamente establecidas desde la segunda mitad de la década de los noventa, sin embargo, los avances en la aplicación de las políticas e instrumentos no han sido sostenidos y han sufrido muchos vaivenes que le restan efectividad. Los recursos destinados para dicha labor son insuficientes y en ocasiones el poder político presiona para que a su interior o en sus áreas de influencia se desarrollen obras y/o actividades que alteran la riqueza natural de estos espacios protegidos.

La pérdida de biodiversidad nacional continúa y las causas están perfectamente identificadas y analizadas en la obra de Capital natural de México (Conabio 2006). La principal causa directa es el cambio de uso de suelo, sobre todo la deforestación, y entre las causas indirectas destacan el aumento y dispersión de la población; el impulso de proyectos  económicos no armónicos con la preservación y la protección de los ecosistemas; el crecimiento de la economía, incluyendo los patrones de consumos y producción no sustentables,  que no internalizan el costo de la degradación ambiental;  la lógica de las actividades productivas que persiguen, en su mayoría, el objetivo cortoplacista de máxima ganancia incurriendo en la sobreexplotación y, por lo tanto, el agotamiento de los recursos naturales y los servicios ambientales de provisión, regulación y soporte inherentes a ecosistemas en buen estado de salud; así como los sistemas de gobernanza ineficaces y malos que están desarticulados con los procesos de la sustentabilidad del desarrollo. Estos factores son los que han caracterizado a los modelos de desarrollo basado preponderantemente en los mercados y que profundizan las desigualdades dentro y entre países. Es una premisa que se ha demostrado falsa que el mercado per se resolverá los asuntos sociales, ambientales y económicos de la sustentabilidad. La desarticulación entre las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales impide que el desarrollo se base en el capital natural nacional de manera sustentable.

Destaca también que México es uno de los países donde se inventó la agricultura y donde decenas de especies fueron domesticadas, algunas de ellas de importancia mundial como son maíz, frijol, chile y aguacate. La diversidad genética de estas especies y sus parientes silvestres, aunado al conocimiento tradicional para su manejo, ofrecen una enorme gama de posibilidades para producir en ambientes distintos y hasta marginales, lo que cobra mayor importancia de cara al cambio climático. Sin embargo, esta diversidad también se está perdiendo. Las causas de esta pérdida son las mismas que las del resto de la biodiversidad enlistadas arriba, pero sumando la falta de políticas públicas adecuadas para el campo mexicano, la falta de valoración y mercados para variedades nativas y locales de cada cultivo, y el enfoque de producción intensiva de monocultivos que se ha fomentado en las últimas décadas.

La administración 2018 – 2024 iniciará su gobierno para una población de aproximadamente 120 millones de personas, de los cuales al menos 50% se encontrarán en condiciones de pobreza. A lo largo del sexenio, se sumarán al menos otros 6 a 8 millones de habitantes a la población nacional. El crecimiento económico, necesario para superar el rezago social y atender a la población adicional, deberá necesariamente considerar al capital natural que sustenta el desarrollo, de lo contrario, se seguirá profundizando el circulo vicioso de crecimiento-pobreza-deterioro ambiental, así como el aumento de diferencias significativas entre deciles económicos. De ahí la necesidad de visualizar proyectos integrales, en los cuáles los derechos humanos constituyen una parte fundamental en su diseño. El derecho a un medio ambiente sano se pondera como elemento estratégico para atender rezagos históricos y eliminar el deterioro ambiental como causa estructural que limita el desarrollo.

La situación se complica debido a la carencia de una cultura que valore la importancia de la biodiversidad. Las políticas públicas en materia de educación, difusión de la ciencia y la cultura y creación de tejido social no han internalizado el tema de la biodiversidad, su importancia y necesidad para el fortalecimiento y el desarrollo sustentable de las comunidades, urbanas y rurales, ni tampoco la agrobiodiversidad. Además, en la medida en que se consolidan los procesos de urbanización, que es la tendencia principal, la población se distancia más de la naturaleza.

No se reconoce el potencial que tiene la biodiversidad, la agrobiodiversidad y sus servicios ambientales y evolutivos en la diversificación e incremento de la producción, particularmente de alimentos, en especial en el sector agropecuario y pesquero, en la generación de nuevos empleos e ingresos y, por lo tanto, en la contribución a la reducción de la pobreza de algunos grupos, entre los que destacan los indígenas dueños de una buena parte del territorio nacional y, en consecuencia, de gran parte del patrimonio natural nacional. Tampoco se considera a la biodiversidad para impulsar el desarrollo regional, particularmente de algunos estados del Sur y del Sureste; por el contrario, se continúan favoreciendo alternativas que impactan profundamente la biodiversidad, su integridad, sus componentes y funcionalidad.

La presión sobre los recursos naturales seguirá creciendo y la gran interrogante se mantiene: ¿cómo compatibilizar el desarrollo con la conservación de la biodiversidad?

 

 

Diagnóstico

La forma de uso de la biodiversidad y de los servicios ambientales ha transformado paulatinamente los ecosistemas naturales del país y sus paisajes. El territorio se ha degradado.

La aplicación de tecnologías y modalidades inadecuadas en las actividades productivas que no incluyen criterios ecológicos en su diseño e incorporación a los procesos económicos; la incertidumbre en la tenencia de la tierra y los conflictos agrarios; la falta de vigilancia y de voluntad para aplicar la ley; la corrupción e impunidad que le acompaña; la incapacidad, ineptitud e irresponsabilidad de muchos funcionarios públicos; la falta de estructuras de gobernanza; la ausencia de transparencia, información y claridad en la toma de decisiones públicas para otorgar autorizaciones, permisos, licencias y concesiones; la presión de organizaciones caciquiles con intereses políticos y/o económicos; el control del crimen organizado sobre actividades forestales, pesqueras y de extracción de flora y fauna en ecosistemas estratégicos, son solo algunos factores de una larga lista que ha provocado severos daños en los ecosistemas naturales y su funcionamiento y que han presionado fuertemente a la pérdida de biodiversidad.

Al menos 50 % de los ecosistemas naturales originales han sido transformados; cerca de 70% de la superficie ocupada por selvas y bosques desapareció; los desiertos están sobrepastoreados, principalmente por el ganado vacuno; amplias extensiones de manglares y otros humedales han sido desplazados por el crecimiento de la frontera  agrícola, por la acuacultura, el incremento de megaproyectos de infraestructura turística, entre otros; se ha favorecido el enfoque de construir infraestructura para la provisión del recursos hídrico, dejando de lado la conservación de los caudales ecológicos; 25% de los acuíferos están sobreexplotados y los ríos están contaminados;  86% de las pesquerías están en categoría de sobrexplotadas o en su máximo rendimiento y de las pesquerías que en el año 2000 se evaluaron como sobreexplotadas (constituían entonces entre 23 y 28% del total de las pesquerías) ninguna ha regresado a un mejor estadio;  la introducción de especies exóticas, que se convierten en invasoras, amenaza a la biodiversidad terrestre, acuática y marina. La biodiversidad marina y sus cambios en el tiempo son prácticamente desconocidos más allá de 50 metros de las costas. Estos son solo algunos indicadores que dan cuenta de la situación de deterioro en la que se encuentra nuestro capital natural.

En el ámbito de la agrobiodiversidad, las prácticas intensivas agrícolas, si bien han aumentado la producción en algunos sitios, se han realizado a costa de un grave deterioro ambiental y con esquemas que no son sustentables a nivel biológico ni económico, afectando la rentabilidad para los productores, en la vasta mayoría del territorio mexicano. Aunado a falta de políticas públicas adecuadas y esquemas de mejoramiento que incluyan las necesidades de los campesinos mexicanos, esto ha conducido al empobrecimiento del campo, a la pérdida de la agrobiodiversidad y a la extensión de la frontera agrícola a costa de los ecosistemas naturales, sin que esto realmente cubra las necesidades de producción de alimento del país ni termine con la pobreza. Al hablar de agricultura es entonces necesario considerar las diferentes tipologías productivas (eg. pequeños productores vs agricultura intensiva) con sus respectivas externalidades positivas y negativas. Recientemente la Conabio analizó la producción de maíz considerando estos puntos (Conabio, 2017), resultados que deben tomarse como punto de partida para nuevas políticas públicas.

 

Avances

Retos

No obstante, en contraste con los avances mencionados, la administración de las ANP en el territorio y en las aguas de jurisdicción nacional se debilitó y no es eficiente por la  ausencia de una visión de largo plazo en su gestión, dominando la ocurrencia, la improvisación y la  falta de integralidad de las políticas públicas implementadas, sumado a la disminución significativa de recursos económicos asignados a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de personal calificado, de orientaciones adecuadas y de respaldos a los funcionarios locales frente a los numerosos problemas y presiones de los actores a nivel estatal y municipal. Además, el incremento de la superficie bajo protección no responde a las prioridades establecidas desde hace años en el “Análisis de vacíos y omisiones para la protección de la biodiversidad” (elaborado por Conabio con la participación de varias organizaciones de la sociedad civil), en particular para sitios terrestres. La EnBioMex carece de una estructura o mecanismo de seguimiento y monitoreo para su implementación y para garantizar que la biodiversidad esté integrada de manera transversal y sea eficaz en todas las políticas públicas. No se visualiza la incorporación de la EnBioMex en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas sectoriales y en los Planes Estatales de Desarrollo y su inmediata consecuencia en la integración del presupuesto federal y los presupuestos para cada entidad federativa. El Ordenamiento Ecológico del Territorio ha sido relegado y no se impulsa como instrumento eje de la política ambiental territorial.

Las políticas e instituciones siguen fragmentadas y en muchas ocasiones tienen estrategias inconsistentes e incluso contradictorias. Y el ausente más evidente es el de la institución responsable de la aplicación de la ley; en materia de biodiversidad, al menos, la Profepa ha tenido un desempeño muy limitado al carecer de personal y recursos suficientes.

A pesar de que México respalda la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, no ha habido un ejercicio nacional para discutir, analizar e incorporar a planes y programas de desarrollo y sus implicaciones favorables en materia de biodiversidad a lo largo y ancho del país.

En síntesis, a pesar de contar con un marco jurídico e institucional robusto, reconocido incluso a nivel internacional, la aplicación de las políticas y los instrumentos para detener la pérdida de la biodiversidad y sus servicios ambientales están siendo débiles y sucumben ante las presiones económicas. Existe un enorme vacío en la apropiación del tema de biodiversidad en distintos actores de la sociedad y su presencia en las políticas públicas es marginal.

Propuestas

A partir de las experiencias acumuladas en las últimas décadas y del contexto global en materia de desarrollo sustentable, queda claro que existen limitantes estructurales en las instituciones y en las políticas públicas del país para atender uno de los cambios globales prioritarios: la pérdida de la biodiversidad. Frenar el deterioro, revertirlo en la medida de las posibilidades y diversificar la producción a partir del uso sustentable de los recursos naturales nacionales para el desarrollo y bienestar social y la generación de nuevos empleos e ingresos, va a requerir cambios profundos en las políticas sociales, ambientales, culturales y económicas, en los que vale la pena invertir tiempo y recursos en su construcción. Lo primero a superar es el falso dilema de que el desarrollo y la conservación de la biodiversidad están en contradicción y, sin duda alguna, cuando hay voluntad política, este dilema desaparece.

• Fortalecimiento institucional

Será necesario consolidar a las instancias que actualmente cuentan con el mandato de la conservación, uso y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. De forma complementaria se requiere construir nuevas instituciones y mecanismos de planeación y gestión con una visión integral, territorial y muldisciplinaria, con eficaces y eficientes estructuras de coordinación obligatoria que garanticen armonizar la políticas intersecretariales y entre los distintos órdenes de gobierno, unificar y simplificar reglas de operación de los programas, actuar de manera transparente y con mecanismos de rendición de cuentas, así como el fortalecimiento y creación de nuevos espacios de participación de la sociedad para la toma de decisiones.  Además, se requieren fortalecer los mecanismos de vinculación entre las instituciones dedicadas a la generación del conocimiento con las instituciones gubernamentales para garantizar que la toma de decisiones esté basada en la mejor ciencia disponible. Así mismo, es imprescindible incorporar a las comunidades indígenas en las tareas de protección, preservación y uso de la biodiversidad, buscando su empoderamiento y respetando el marco legal que a nivel internacional, nacional y local les ha reconocido derechos.

Las limitantes a las que se han enfrentado las fallidas comisiones intersecretariales deben ser superadas estructuralmente. Debe constituirse la Comisión Intersecretarial de Biodiversidad que vele por la implementación y seguimiento a la Estrategia Nacional de Biodiversidad la cual debe derivar en un Programa Especial de Biodiversidad de alcance intersecretarial, así como en Estrategias Sectoriales de Integración de la Biodiversidad. Dicha comisión deberá ser capaz de replicarse a nivel estatal y considerar en su composición a nivel nacional y estatal la participación de núcleos agrarios (incluidos los grupos indígenas), organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, que alimente y esté estrechamente vinculado al Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Se propone la incorporación explicita de la agenda de océanos y costas (CIMARES, Regulación del borde costero), así como la reincorporación del sector pesquero a la Semarnat y la integración de indicadores de biodiversidad y agrobiodiversidad en todos los sectores productivos. Además, es urgente fortalecer el estado de derecho y a las instituciones responsables de la aplicación de la ley con estructuras funcionales eficientes, recursos económicos y personal capacitado para la correcta realización de sus funciones.

Adicionalmente hay que fortalecer los siguientes instrumentos: el ordenamiento ecológico del territorio (haciéndolo más eficiente y obligatorio a nivel estatal y municipal), los cambios de uso de suelo forestales (mismos que la ley marcan como por excepción y, sin embargo, se han convertido en la regla), controlándolos, haciéndolos más eficientes y definiéndolos con precisión (georeferenciación), así como la evaluación de impacto ambiental de megaproyectos, estableciendo grupos colegiados multidisciplinarios que apoyen a la autoridad a definir con robustez y transparencia las decisiones.

Elementos centrales que deben existir fortalecidos desde la actuación gubernamental, apoyados por la sociedad civil, son: el impulso a una cultura de la conservación y la sustentabilidad, del empoderamiento y la participación pública de la sociedad, de la transparencia, la rendición de cuentas y de la lucha implacable contra la corrupción.

Esto facilitará reforzar las estructuras existentes (como la institucionalidad para fomentar la cultura ambiental y la creación y fortalecimiento de capacidades ambientales, los consejos consultivos como son: el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable y los Consejos Regionales, el Consejo Nacional Forestal y los Consejos Estatales, el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entre otras) y crear las estructuras necesarias, eficientes y eficaces, para cumplir con estas importantes tareas.

México deberá desarrollar una política ambiental internacional en donde la participación en la agenda global, así como en los foros regionales y multilaterales, este íntimamente ligada a los intereses ambientales nacionales, a la búsqueda de prácticas y ejemplos exitosos que sean replicables y de alianzas que fortalezcan financieramente los esfuerzos nacionales de promoción y conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales.

 Fortalecimiento de las políticas de conservación del patrimonio natural

La institución responsable de esta función, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), debe ser fortalecida con mayor presupuesto y personal especializado. Se trata de la institución que vela por el patrimonio natural nacional, en el que ocurren cada vez más presiones por intereses encontrados. La Conanp no puede cumplir correctamente con sus funciones con los recortes tanto de personal calificado y con experiencia, como de recursos presupuestarios a los que ha estado sujeta en los últimos años.

La Conanp debe concebirse como una institución eminentemente técnica, con personalidad jurídica y patrimonio propio y administrada, en todos los niveles, por personal calificado. Es necesaria una estrategia institucional para abatir las brechas financieras de las áreas naturales protegidas que permitan al personal contar con presupuesto suficiente, tener presencia en el territorio y asegurar la conservación de los sitios más biodiversos del país. El incremento del presupuesto fiscal, la innovación de mecanismos de financiamiento, el retorno del cobro de derechos en tiempo y forma para la Conanp, con el fin de que esos recursos puedan reinvertirse en las áreas naturales protegidas, entre otros, es indispensable para que la Conanp pueda cumplir con sus responsabilidades crecientes.

Es necesario incrementar la superficie bajo protección, pero con criterios de prioridad para tener representados todos los ecosistemas mexicanos y la mayor parte de la biodiversidad, sobre todo la que se encuentra en algún estatus de riesgo y con un esquema realista que garantice las capacidades institucionales para la vigilancia y atención de la problemática en todas las áreas naturales protegidas; no es un asunto de sumar superficie a las estadísticas. La representatividad de zonas desérticas, semidesérticas y de selvas secas debe incrementarse al incorporar superficies protegidas en estos espacios naturales insuficientemente representados a nivel federal y estatal.

Simultáneamente se debe consolidar el manejo de las ANP y elaborar, aplicar y evaluar los programas de manejo con la participación de los actores locales. Para las comunidades que viven legalmente en estos territorios, es necesario establecer una estrategia intersectorial de inversión coordinada para fomentar proyectos productivos sustentables que les permita alcanzar una vida digna y con bienestar social. Las políticas de desarrollo social y de conservación de la biodiversidad deben fundirse en una sola política integral de desarrollo sustentable. Para que esta estrategia sea efectiva, será fundamental fortalecer las capacidades locales para que las comunidades rezagadas consoliden sus iniciativas y encuentren canales de comercialización para ser autosuficientes. Lo anterior sólo será posible si se construyen las condiciones habilitadoras para armonizar políticas territoriales, trascendiendo la visión sectorial.

La actividad minera debe prohibirse en todas las áreas naturales protegidas, debido a ser una actividad productiva altamente impactante y entrar en contradicción con la decisión del Estado mexicano de dedicar a la conservación los territorios bajo la figura legal de las áreas naturales protegidas. Ya se hizo con la exploración y explotación de los hidrocarburos, no hay razón para no extenderlo a la minería.

Debido a que las ANP no puedan abarcar la conservación de toda la diversidad biológica del país, y con el fin de restaurar o incrementar la conectividad biológica, el flujo de poblaciones y la continuidad de procesos ecosistémicos entre ellas, será necesario desarrollar esquemas de implementación en corredores específicos con modelos de producción sustentables, en coordinación con los sectores productivos, y aprovechando las inercias actuales de la integración de la biodiversidad. Para ello, será fundamental que la SEMARNAT, como cabeza de sector, coordine el diseño e implementación de una estrategia de manejo, integrando el paisaje y la conectividad, orientada a detonar sinergias hacia la armonización de procesos de planeación, gestión territorial y uso sustentable de los recursos naturales y culturales de México.

Es indispensable fortalecer los mecanismos de vigilancia y aplicación de la ley en estos territorios estratégicos. La participación de las comunidades en la vigilancia ambiental debe ser considerada como un elemento estratégico para la conservación de los territorios, su biodiversidad y la integralidad de los ecosistemas sin que esto signifique transferir y eludir la responsabilidad del estado.

Otro instrumento que ha demostrado ser muy eficiente para detener la deforestación es el programa de pago por servicios ambientales (PSA) que beneficia a los dueños de las tierras que tienen ecosistemas naturales en buen estado de conservación. Este instrumento debe ser revisado a la luz de las experiencias acumuladas por más de 10 años, junto con las de otros países. La articulación de este instrumento con el fomento de actividades productivas de largo plazo que no implique la transformación de los ecosistemas y que mejoren las condiciones de vida de sus dueños debería ser el nuevo reto que se plantee este programa, manteniendo un enfoque de pago por resultados. Además, se necesita incrementar los recursos económicos asignados a este fin y simplificar las reglas de operación. La remuneración por la conservación de los ecosistemas a sus dueños debe ser considerada como una retribución por los servicios ambientales que le brindan a la población.

Sin embargo, es necesario ajustar el programa de PSA correctamente para que no se convierta en un instrumento socioeconómico por encima y al margen del objetivo de conservar la biodiversidad, pero que tampoco genere otros problemas sociales o económicos como de desigualdad o de gobernanza. Por ello, su supervisión y evaluación es un tema muy urgente a la luz de las experiencias globales y nacionales.

En los sitios que requieren ser restaurados por su valor estratégico (riberas de los ríos, corredores biológicos, deforestaciones en áreas naturales protegidas, entre otros) o en donde los servicios ambientales se perdieron o disminuyeron, según el nivel de intervención, será necesario establecer planes de restauración acordes a las condiciones de cada sitio, con los apoyos necesarios para que reflejen correctamente el costo de la restauración y su mantenimiento en el largo plazo. Para lograr esquemas efectivos, se deberán adquirir compromisos de largo plazo que trasciendan los periodos de apoyo que prevengan que esos sitios sean deforestados nuevamente. Las diferentes metodologías de restauración se deben aplicar según lo que se planea recuperar, pero en cualquiera de los casos deben utilizarse especies nativas de cada región. La participación de los propietarios de la tierra en las tareas de restauración es indispensable. Para asegurar el financiamiento de estas acciones, se propone la creación de un instrumento que destine recursos exclusivamente a acciones de restauración y que no dependa solamente de las resoluciones de compensación derivadas de manifestaciones de impacto ambiental, o de autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales.

 

• Fortalecimiento de las políticas productivas para disminución de los daños ambientales

Los sistemas productivos que dependen de los ecosistemas naturales y de su biodiversidad deben integrar criterios de sustentabilidad ambiental para evitar la degradación.

De entrada, será necesario aplicar los instrumentos de planeación territorial que reconozca la diversidad de regiones y las características sociales, ambientales y económicas de cada región (ordenamiento territorial), lo cual se vería fortalecido con el establecimiento del órgano de coordinación interinstitucional que está previsto por la ENBioMex. Por lo mismo, es clave que durante la administración 2018-2024 existan esquemas legales de sinergia entre los distintos instrumentos de ordenamiento reconocidos en la ley (ordenamientos ecológicos territoriales, ordenamientos territoriales, ordenamientos turísticos, ordenamientos pesqueros, entre otros) y determinar cómo implementarlos de forma integrada. Es indispensable una reflexión profunda del mejor arreglo institucional para la integración y armonización de los distintos esquemas de ordenamiento, bajo la jurisdicción de la institución ambiental para garantizar el enfoque de la sustentabilidad ambiental en estos instrumentos de planeación. Incluso podría ser pertinente la integración de todos los tipos de ordenamientos en uno solo, con los mandatos y especificidades necesarios para su implementación por parte de las distintas dependencias según el sector en cuestión.

En las regiones prioritarias por su alta biodiversidad, que tienen amenazas de cambio de uso de suelo, y en donde la población humana se encuentra en condiciones de marginación, se deben establecer zonas de desarrollo rural sustentable y elaborar los programas especiales correspondientes, mediante procesos participativos con las comunidades y coordinación de todas las instancias de los tres niveles de gobierno  y de la sociedad involucradas, bajo esquemas de reglas de operación únicas y recursos económicos integrados en algún mecanismo financiero transparente y multianual.

El crecimiento acelerado de la frontera agrícola es uno de los vectores que genera mayor deterioro y disminución de la biodiversidad y sus servicios ambientales. Es necesario acotar este crecimiento; generar políticas e instrumentos que eficienticen la superficie de cultivo actual, que promuevan el análisis de aptitud de los diferentes cultivos y sus variedades en función de la calidad y disponibilidad de recursos (de agua, de suelos y de clima). Así mismo, se requiere de la innovación tecnológica y aprovechamiento de la diversidad genética para maximizar rendimientos de formas alternativas y diferentes a las actualmente usadas.

De manera similar, para la conservación de la agrobiodiversidad es necesario implementar estrategias de conservación in situ. Para lograr esto es necesario que se mantenga el proceso de evolución bajo domesticación, es decir, que miles de campesinos y campesinas continúen sembrando variedades nativas a lo largo de los diferentes ambientes del país. Esto implica revalorar el papel de la agrobiodiversidad mexicana, para generar un mercado que beneficie a los pequeños productores y fomentar políticas públicas y programas de mejoramiento participativo concentrados en las necesidades del campo mexicano y el uso de germoplasma nativo. Para el caso de maíz, la Conabio ha generado ya una serie de recomendaciones de política pública (Conabio, 2017)

Una gran limitante a la que se enfrentan muchas de las múltiples experiencias piloto exitosas, tanto de manejo sustentable de recursos naturales como de mejoramiento participativo, radica en la falta de mercados regionales y cadenas de valor integradas que ayuden a controlar el abuso de los intermediarios, con precios justos, certificación y sellos verdes. Por tal motivo resulta relevante identificar el potencial de réplica de las experiencias piloto e impulsar las prácticas sustentables desde los programas públicos que para tal fin sean modificados, asimismo acompañar a los productores para fortalecer o desarrollar las cadenas de valor para que generen un mayor beneficio a los legales poseedores de la tierra.

En este aspecto, el fortalecimiento a cadenas de valor locales, de especies nativas y con origen en México, deberán de tener especial énfasis. Apostar a la soberanía alimentaria del país no solamente dependerá en contar con los suficientes volúmenes de alimento, sino también en conservar la diversidad de alimentos provenientes de los agroecosistemas tradicionales con los que cuenta nuestro país, así como con los servicios que la biodiversidad y sus ecosistemas brindan a las diferentes actividades productivas… Mey determinar conalessolamente dependerocales, de especies nativas y con origen en Mey determinar c… Mey determinar conalessolamente dependerocales, de especies nativas y con origen en Mey determinar c.

Asimismo, es importante reconocer y fortalecer los avances que se tienen en materia de sustentabilidad, dando continuidad a las iniciativas de largo aliento que demuestran ser exitosas y no tratando de “inventar el hilo negro” iniciando planes o programas que pudieran constituir una duplicidad de esfuerzos.

Referencias

CONABIO. 2017. Ecosystems and agro-biodiversity across small and large-scale maize production systems, feeder study to the “TEEB for Agriculture and Food”. http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/2018/01/Final-Maize-TEEB-report_290817.pdf

 

La siguiente reflexión que dejo en rojo es de Antonio Díaz de León, la cual comparto, pero creo que irá mejor en otro apartado. Queda para ubicar su mejor sitio

Se estima que para el 2050 cerca del 90% de la población nacional será urbana. Las ciudades han venido creciendo basadas en un modelo paisajístico horizontal, equivocado e insustentable (basadas en el uso de la movilidad individual y privada) que al expandirlas genera costos altísimos para dotarlas de servicios urbanos, una movilidad ineficiente (al tener que gastar grandes cantidades de combustibles con sus consecuencias y horas hombre/mujer en los desplazamientos internos) y que gradualmente ha carcomido el capital natural de los márgenes de las urbes. Ante esto hay que generar un modelo vertical con anillos de densificación interconectados que haga menos costosos los servicios y la movilidad pública. Complementando la interconexión –casa, trabajo, escuela, esparcimiento- de tal suerte que se internalicen los costos, sea más eficiente y se minimice uso del combustible y la contaminación; disminuyendo los embotellamientos, pero sobre todo el cansancio humano y la pérdida de horas desperdiciadas en el tráfico. Lo anterior, por definición quitará presión en los márgenes de las ciudades. Aunado a lo anterior, habrá que definir con precisión, y no con fines especulativos inmobiliarios, el tamaño de los centros de población acotándolas a planes de desarrollo urbano que las redensifique hacia el centro de las mismas.

Falta el tema UMA pero creo va en otro apartado de uso de la biodiversidad. Pendiente