Investigadores de la UNAM descartan privatización por decretos de agua

Nueva visión para la preservación del equilibrio ecológico

En conferencia de prensa, la investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, María del Carmen Carmona Lara, advirtió que el objeto de estos decretos «es el manejo de una nueva visión para el caso de la restauración y preservación del equilibrio ecológico».

La Crónica de Hoy, 19 de junio 2018

La declaración de 10 decretos de reserva anunciado el pasado 6 de junio, tiene únicamente por objeto la protección del agua para la restauración y equilibrio ecológico en 295 cuencas del país, por lo que no hay pauta para la privatización del agua.

Así lo afirmaron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al abordar el problema de desinformación generado por la difusión de una supuesta privatización del agua, como resultado del levantamiento de veda de las aguas superficiales de dichas cuencas.

En conferencia de prensa, la investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, María del Carmen Carmona Lara, advirtió que el objeto de estos decretos “es el manejo de una nueva visión para el caso de la restauración y preservación del equilibrio ecológico”.

Recordó que en el caso mexicano, la Ley de Aguas Nacionales ha detonado inconformidades cuando han querido reformarse, ya que desde 1992 esta Ley y el régimen jurídico del agua nacional, se adaptó en un momento específico que fue de negociaciones en el Tratado de Libre Comercio (TLC).

En ese sentido, advirtió que la discusión de estos nuevos decretos es parte del fenómeno de lo que está ocurriendo en el sentido de que “tenemos que replantear para qué queremos el agua”.

De hecho, uno de los planteamientos que también coinciden en la aparición de la Ley de Aguas Nacionales y la Conferencia de Río de Janeiro, es la necesidad de establecer un porcentaje de cuidado del agua para los ecosistemas y el cuidado de la generación de los servicios ambientales.

Carmona Lara consideró que con la declaración de estos 10 decretos, estamos frente a facultades exclusivas del Presidente de la República y cuya decisión se toma a partir de estudios técnicos que hace la misma dependencia del Ejecutivo y que, en este caso, es la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Explicó que en dichos estudios técnicos hubo participación de académicos, a fin de consensuar la determinación de estos 10 decretos.

En todo caso, agregó, lo que están dejando ver estos decretos es la inconsistencia de su gestión en el sentido de que, por un lado, se supone que estos decretos de levantamiento de vedas tenían que acordarse con los Consejos de Cuenca.

Reconoció que esto si ocurrió, pero la pregunta es si las 295 cuencas cuentan con Consejos de Cuenca y es ahí donde empieza a no funcionar el esquema de gestión integrada, ya que no todas las cuencas tienen estos consejos.

Es por ello que existe la percepción de que hubo sólo el levantamiento de una veda parcial, además de que no se define la forma en que se miden dichos porcentajes, ni tampoco se habla de la calidad del agua que se estará manejando o de quién vigilará dicha calidad.

Agregó que a ello se suma el hecho de que en Conagua se habla de un Programa Nacional de Manejo de Aguas, “pero eso no puede ser, tiene que haber un programa de cuenca por cada cuenca”. Por lo tanto, lo adecuado es que haya 295 programas, uno por cada cuenca.

Finalmente criticó que en muchos casos se esté reservando el agua en cuencas que se encuentran sucias, considerando que 90 por ciento de los ríos están contaminados o muertos, por lo que la pregunta es cómo se va a manejar el agua que ya está sucia o no tiene futuro aparente.

Por su parte, el investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Joel Carrillo Rivera, advirtió que el rumor de la privatización del agua “es una simple cortina de humo para cubrir deficiencias”.

Explicó que dichas deficiencias consisten en el hecho de que, aunque se han definido porcentajes para destinar al consumo y para la reserva ecológica, no existe un mecanismo que permita medir dichos porcentajes.

Por otra parte, explicó que estos decretos suprimen vedas existentes, pero a su vez marcan vedas adicionales, aunque todo se enmarca con respecto al caudal ecológico, pero sólo de manera superficial.

Esto, dijo, deja de lado el saber qué pasa con toda la cuenca, ya que se habla de aguas superficiales, pero no contempla a toda la cuenca y que incluya aguas subterráneas que nutren los afluentes cuando no hay lluvias.

Como resultado, advirtió que se estarían aplicando una medida de “cerrarle la llave a un río” sin tener conocimiento de realmente lo que está pasando, ya que no conocemos a fondo su naturaleza y si su afluente se mantiene, pero de manera subterránea.