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El desmantelamiento del sector ambiental: un balazo en el pie

Lucía Madrid / Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

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En los pasados 30 años, México logró importantes avances en consolidar una institucionalidad ambiental, que incluye tanto la creación de instituciones como la aprobación de legislación en la materia y el desarrollo de instrumentos para su implementación. 

Partiendo de reconocer que el Estado mexicano no logró detener el deterioro ambiental en nuestro país, sí existen elementos para afirmar que el andamiaje institucional estableció límites y se conformó en un regulador del insaciable crecimiento depredador e insostenible de las inversiones en todos los sectores económicos. 

A lo largo de estos años, la institucionalidad ambiental ha sufrido diversos vaivenes: recortes presupuestales, improvisación, enfoques aislados, intereses políticos. Sin embargo, hoy enfrenta otro desafío: la convicción de la actual administración de que es inoperante, combinada con su incapacidad para transformarla y corregirla. Esta convicción ha llevado al desmantelamiento de importantes áreas operativas, sin que hasta el momento se avizore cuál es la nueva propuesta de arquitectura institucional. 

La consecuencia de este desmantelamiento está agravando los procesos de degradación y destrucción de los recursos naturales del país, entre ellos, la deforestación, los cambios de uso de suelo, la extracción ilegal de vida silvestre y la sobreexplota-ción de recursos como el agua. 

Entre las decisiones tomadas como parte de ese desmantelamiento del andamiaje institucional destacan las siguientes:

a) Prescindir de  delegados estatales de la Semarnat, dejando a los subdelegados en un estatus de encargados de despacho “provisionales” por más de 15 meses ejerciendo responsabilidades que no les corresponden, con autoridad y capacidad muy disminuidas. 

b) La reducción de aproximadamente el 30% del personal de confianza de las delegaciones estatales de Semarnat cuando ahí se atienden 154 tipos de trámites relacionados con la gestión ambiental; lo cual se traduce en aproximadamente 130,000 trámites al año. 

c) La reducción al mínimo del personal en las gerencias estatales de la Conafor, despidiendo a la mayor parte del personal eventual y de confianza. Esto a pesar de que la Ley Forestal de 2018 le asignó a Conafor nuevas atribuciones, que ahora se ejecutan sin personal suficiente y sin presupuesto para ello. 

d) Dejar a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental (la más grande la Semarnat, con 6 direcciones generales y con la carga de todos los permisos, autorizaciones y actos de autoridad) sin subsecretario desde junio 2019 hasta la fecha. En su lugar opera de manera “provisional” un encargado de despacho y las direcciones adscritas a su cargo reportan a otros subsecretarios. Todo esto sin un decreto oficial ni una estructura administrativa funcional y transparente, tal y como mandata la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).

e) Desaparición, de facto, de algunas direcciones generales de la Secretaría y creación de otras, solamente en los hechos, ya que hasta ahora no se ha publicado una modificación al reglamento interior de la Secretaría que dé sustento jurídico a estos cambios. Las nuevas direcciones generales, que en la práctica desarrollan funciones, actúan sin mandato legal.

Esta situación se agrava porque el sector ambiental está en el final de la lista de prioridades presupuestales, y los montos aprobados para la operación de la Semarnat están disminuidos en mas del 56%.

Al recorte presupuestal se suma la ausencia de una nueva propuesta de arquitectura institucional. La Semarnat aún no tiene un nuevo reglamento interior terminado ni publicado y el Promarnat 2019-2024 (Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre el Plan Nacional de Desarrollo) aún no ha sido publicado y no hay propuesta de modificación de los instrumentos existentes ni de los programas y políticas ambientales. 

Las consecuencias del desmantelamiento de las instituciones ambientales se pueden apreciar en estos aspectos:

1. Ilegalidad-ingobernabilidad: Los vacíos institucionales han incrementado la ilegalidad especialmente en lugares que ya tenían una presión importante de estas actividades. El desmantelamiento de las delegaciones de Profepa en los estados que se caracterizó por la eliminación de personal y por las imposibilidades de usar vehículos, comprar combustible y hacer compras de equipo necesario, favoreció el crecimiento de la ilegalidad. Como ejemplos de esta situación están: el desbordamiento de la pesca ilegal de totoaba en el Alto Golfo de California, documentado por diversos medios de comunicación en 2019; el crecimiento de la extracción ilegal de especies maderables de alto valor, como granadillo y ciricote en la zona de Calakmul, y la presión que viven ejidos como Bacalar, en Quintana Roo, por la entrada ilegal de talamontes a sus selvas. Si ya anteriormente era difícil controlar estas situaciones, actualmente la autoridad no tiene los medios ni siquiera para hacer presencia, mucho menos para desarrollar una estrategia clara de defensa al estado de derecho a través de la inspección y vigilancia ambiental. 
2. Sobreexplotación de los recursos naturales debido al libre de acceso que se genera cuando hay ausencia de instituciones. Los bienes ambientales se caracterizan por ser de difícil exclusión, es decir que por su naturaleza es complicado evitar que la gente entre a servirse de ellos, contaminarlos o a extraerlos. Es el caso de los arrecifes de coral, los bosques, los ríos o el aire. Ante esta naturaleza, Elinor Ostrom documentó la necesidad de construir instituciones, es decir reglas claras, acuerdos, procedimientos y modelos de gestión colectiva de los recursos naturales. En México existen una serie de experiencias manejo comunitario de los bosques y otros recursos de uso común, sin embargo, ante el crecimiento de la ilegalidad y del poder tanto del crimen organizado como de los actores económicos que presionan por el uso de los recursos, estas iniciativas están siendo vulneradas y debilitadas.  El Estado con instituciones frágiles no está siendo capaz de fortalecer y apoyar estas iniciativas y por lo tanto, la llamada “tragedia de los comunes” nos alcanza y deja vulnerables los derechos de las comunidades sobre sus territorios y la protección del medio ambiente.