El reporte también destaca que, en materia de energía, será indispensable corregir las políticas públicas de los últimos años para priorizar a las energías renovables, como la solar y eólica, por encima de los combustibles fósiles, lo que repercutirá en beneficios sociales y económicos, además de los climáticos.

La energía solar fotovoltaica a gran escala deberá incrementarse de los 6 GW actuales a 26.9 GW en 2030, para luego llegar a 63.2 GW en 2060. Por su parte, la energía eólica deberá pasar de 6.5 GW a 17.5 en 2030 y a 73.3 GW para los mismos periodos. De esta manera, se estima que más del 50% de la generación de energía eléctrica a nivel nacional provendrá de energías renovables a partir de 2030. Lo anterior debe de ir acompañado de inversiones en la Red Nacional de Transmisión (RNT) para incrementar la capacidad en al menos 10.6 GW y fortalecer las Redes Generales de Distribución (RGD) como una condición habilitadora indispensable.

La RENC-SC también plantea que a partir de 2027 no se instalen nuevas centrales de generación eléctrica basadas en combustibles fósiles. En este sentido, es indispensable la salida justa y progresiva del carbón antes de 2030, así como la eliminación completa del combustóleo a más tardar en 2035. Asimismo, el consumo de gasolina y diésel en el sector transporte llegará a su máximo en 2026 y se reducirán en 97% y 87% respectivamente, para 2060.

Además, las propuestas contempladas en la RENC-SC incluyen medidas para reducir las emisiones de metano generadas durante la producción de petróleo, que en conjunto reducirían las emisiones de este gas en 1.3% con respecto a la línea base para 2060, lo que equivale a 14 MtCO2e.

Por su parte, a diferencia de lo que diversos especialistas de energía consideran, el reporte señala que el consumo de gas natural deberá hacer pico alrededor de 2030, para disminuir el consumo a partir de esa fecha. Apostar a utilizar más gas natural para atender la demanda creciente de electricidad esperada en los siguientes años, sería un grave error que impediría que México cumpliera sus metas de mitigación a 2030 (contribuciones al Acuerdo de París) y que lograra cumplir con la ruta hacia las emisiones netas cero para 2060, planteada en este informe.

El reporte es especialmente enfático en que no hay más tiempo que perder. Demorar un año más la implementación de las políticas correctas de mitigación, además de poner en amenaza el cumplimiento de las metas, haría que México perdiera importantes oportunidades para la generación de miles de empleos verdes y no aprovechara las enormes posibilidades que la relocalización (nearshoring) brinda a nuestro país para los siguientes años.

La puesta en marcha de esta ruta requiere una inversión total de 6.2 billones de dólares, entre 2023 y 2060; que se traduciría en beneficios por alrededor de 11 billones de dólares, casi el doble de la inversión requerida. Además, enfatizó que esto es posible ya que 57% de las medidas de mitigación consideradas en la RENC-SC son costo efectivas. La elaboración de la RENC-SC se hizo mediante un robusto análisis técnico y científico, además de un proceso colaborativo en el que se contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, grupos de la juventud, academia, sector privado y gobiernos subnacionales.