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Con los recortes presupuestales al medio ambiente, México compromete su futuro

Con los recortes presupuestales al medio ambiente, México compromete su futuro

Opinion by Enrique Provencio || The Washington Post || Martes 7 de julio, 2020

Enrique Provencio es investigador asociado del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México

En México se ha recrudecido el debate sobre el presupuesto que el gobierno federal destina para la conservación del medio ambiente. La discusión cobró mayor notoriedad el 5 de junio, día que la Organización de las Naciones Unidas destina a reconocer los esfuerzos de la protección de los ecosistemas y sus servicios a la sociedad, y con el vigésimo aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Justo en ese momento, las autoridades aplicaban la más reciente disminución al gasto público, que, salvo algunas excepciones, impide ejercer 75% del presupuesto aprobado en las partidas de servicios generales, materiales y suministros autorizados para 2020.

El recorte presupuestal al medio ambiente va más allá de los propósitos de austeridad gubernamental que ha señalado desde el inicio de su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se han acentuado con la crisis del COVID-19. Tiene implicaciones profundas sobre la capacidad nacional para sostener la funcionalidad de los ecosistemas, en especial en las zonas que todavía cuentan con un patrimonio natural en buenas condiciones. Se trata de decisiones que comprometen gravemente el futuro de México, su desarrollo y bienestar.

Las disminuciones al presupuesto ambiental no empezaron en 2020 ni con el gobierno actual, que inició en diciembre de 2018. Hay que aclararlo, porque frecuentemente las autoridades descargan su responsabilidad afirmando que ya en años previos había empezado el problema. En efecto, las tribulaciones del gasto público ambiental iniciaron al menos hace cinco años, junto con la estrategia de consolidación fiscal emprendida en 2015, luego de una caída de los precios del petróleo y otros factores asociados a una política de contracción de la inversión y las obras de infraestructura. El peor año fue 2017. Ahora invertimos en medio ambiente una proporción más baja en comparación con lo que agotamos y degradamos de nuestro patrimonio natural.

También es cierto que el maltrato a los presupuestos ambientales no acabó con el gobierno pasado, sino que se mantuvo para 2019 y 2020, y empeoró con las medidas extras de austeridad decretadas el 23 de abril. Entre los sectores afectados por la consolidación fiscal y la austeridad, el ambiental sigue siendo el más perjudicado. El ajuste ha ido a niveles difíciles de prever: si se considera la proporción del producto total que se dedica al gasto público ambiental, en 2009 se trabajaba con 0.4% y en 2020 con 0.1% del PIB.

¿Cuál es la razón por la que se castiga más al ambiente en términos presupuestales, en comparación con otras áreas de la administración pública? No hay una explicación formal, pero el hecho delata la baja prioridad otorgada a la protección de los ecosistemas, la escasa atención prestada a la sustentabilidad del desarrollo: a la conservación de la biodiversidad, a los recursos hídricos y forestales, a la mitigación y adaptación al cambio climático, al incentivo a las energías renovables, a la aplicación y vigilancia de la legislación, y a la investigación en áreas clave para las políticas públicas, entre otros aspectos.

El problema se agrava para las áreas naturales protegidas porque sus responsabilidades aumentan mientras sus medios de operación se reducen. Entre 2015 y 2020, el presupuesto a precios constantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas bajó 40%, pero la superficie terrestre y marina bajo su responsabilidad creció considerablemente. Visto por hectárea a proteger, la comisión dispone apenas de una cuarta parte de lo que tenía hace cinco años, y ya entonces trabajaba con notorias precariedades.

La consecuencia directa es que, en las áreas protegidas, los grupos de trabajo carecen de los recursos básicos, cuentan con pocos vehículos y en mal estado, y no hay recursos para combustibles, entre muchos otros males. El impacto de fondo es lamentable: no pueden proteger adecuadamente el territorio a su cargo y tienen impedimentos para apoyar a las comunidades que viven en las áreas protegidas. Ya no hay márgenes para elevar la eficiencia. Son servidores públicos responsables, que viven en la austeridad desde hace mucho y se distinguen por su compromiso y honestidad. Ahora, en plena pandemia, no tienen cómo apoyar a los pobladores, la mayoría de ellos originarios, que están en riesgo de mayor empobrecimiento.

Esa es también la situación de los organismos responsables de la gestión forestal, del agua, de inspección y vigilancia, y de regulación en general. Están bajo amenaza temas críticos para la seguridad humana, como las inversiones hidráulicas. Por su parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, recibió la instrucción de eliminar el fideicomiso con el que subsistía y adaptarse para operar con fondos que están muy por debajo de lo requerido. Es una de las instituciones modelo en el mundo para vincular conocimiento y políticas públicas. Mientras tanto, el gasto ambiental privado va también a la baja, sobre todo en la crisis actual.

Este largo y ahora agravado maltrato tiene que revertirse si no queremos aumentar la pérdida del patrimonio natural y rezagarnos más en la lucha contra el cambio climático, contra la reducción de la contaminación y el daño a la salud, que nos restarán bienestar. El primer paso para cambiar es que autoridades y legisladores reconozcan y asuman la prioridad de proteger el ambiente. El siguiente es dejar sin efecto el recorte presupuestario reciente y que en 2021 inicie la recuperación sostenida del presupuesto ambiental.

Fuente: https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/07/07/con-los-recortes-presupuestales-al-medio-ambiente-mexico-compromete-su-futuro/