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El partido «verde» mantuvo su registro

Filial de un exitoso negocio familiar

C. Rafael Robles de Benito

Pasado el vendaval electoral, es oportuno continuar una discusión que, a mi juicio, hizo mucho menos ruido del que merecía y, desde luego, tuvo muchos menos efectos reales de los que se deseaba: el asunto del registro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Desde su creación, este “instituto político” desencadenó las sospechas de un sector importante de la población: era evidente su origen como una filial de un exitoso negocio familiar (las Farmacias Similares), pero además tenía una serie de rasgos que lo hacían mendaz, hipócrita, y manipulador, haciendo un uso francamente tramposo de un tema que —al paso de los años— se ha ido convirtiendo cada vez más un referente central en las discusiones cotidianas de nuestro pueblo: nuestra relación con el entorno, o dicho de una manera que hoy ya es coloquial, la “ecología”.

No pasó mucho tiempo para que el PVEM fuera expulsado de la Federación Europea de Partidos Verdes, dada su peregrina idea de pronunciarse a favor de la pena de muerte. A pesar de la expulsión, nunca han entendido, al parecer (y si lo han entendido prefieren ignorarlo) que resulta profundamente incongruente presumirse ecologista y pretender promover una ley a todas luces atentatoria contra el primero de los derechos humanos. Después, supongo que a la luz de las reacciones de editorialistas, intelectuales y politólogos, redujeron su pretensión y empezaron a promover la “cadena perpetua” para secuestradores. Curiosamente, en los anuncios que promovieron esta idea durante la reciente campaña electoral, la familia que recibía por teléfono la noticia de que el secuestrador de marras había sido condenado a cadena perpetua, ponía cara de frustración, y apenas se resignaba porque, después de pensarlo un poco, la veían como equivalente a una condena a muerte: el fascismo apenas soterrado bajo un poco de sacarina.

Después vendrían las historias de los animales de los circos, y la condena irresponsable de cientos de trabajadores al desempleo ante la quiebra de esos negocios, y de cientos de animales al exterminio, ya que, fuera de los circos solamente les esperaba el abandono. Quizá esto les resulte irrelevante a muchos, o demasiado “moralino”. No creo que suceda lo mismo con el asunto de apuntarse como “promesas cumplidas” la aplicación de políticas como “el que contamina paga”, o la veda del uso del suelo en terrenos incendiados, hasta por veinte años después del siniestro, etcétera, y que como muchos otras políticas e instrumentos ambientales en realidad ya existían, si no desde tiempos de “María Castaña” (al menos desde la gestión de la Doctora Graciela de la Garza García al frente de la entonces Dirección General de Parque y Reservas (DIPARES) de la secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE)).

Ni qué decir de las triquiñuelas y añagazas dirigidas a comprar voluntades y votos: mochilas y útiles escolares, cantimploras, libritos de “ecología”, tarjetas de descuento, boletos para el cine… En fin, de “partido político” a mercachifles del cinismo. Con una clara percepción de la escasa conciencia política de casi todos nosotros, una idea bastante precisa de la ineficacia de la autoridad, y la seguridad que les brindaba el respaldo del gigante priísta —con el poder del estado detrás—, los verdes nos recetaron, a lo largo de esta campaña electoral, un bombardeo de violaciones a las reglas del juego calculando que bien valía la pena pagar las flacas sanciones que se les pudiesen imponer, a fin de cosechar jugosos resultados electorales (lo que parece haber sucedido en Chiapas que, dicho sea de paso, no merece tan pobre destino político).

Y el INE, bien, gracias…

Quizá José Woldemberg tenga razón, y el retiro de registro se debe dar en las urnas. Esto, que parecen estar viviendo en carne propia el Partido del Trabajo y ese curioso suspiro político y vago del Partido Humanista, sería de una veracidad incuestionable si viviéramos en el mejor de los mundos, con un electorado informado y consciente, sin compra de votos, y sin trampas y cochupos, pero… Y además, por otra parte, si fuera cierto, para qué queremos una Ley Electoral que el árbitro no logra aplicar (árbitro sin tarjetas, si hacemos caso de la jerga futbolera). Si la única manera de perder el registro como partido político es no lograr el porcentaje mínimo de electores (3%), quitemos entonces los mínimos, abramos más la puerta a los independientes, construyamos una democracia basada en el principio de que lo que importa es la diversidad de minorías, así sea que carezcan de coherencia ideológica, o de proyecto político o de gobierno, y que el elector decida, como quien escoge sabores de helado.

A decir verdad, creo que un INE contundente, con una clara postura de lo que resulta una violación grave y reiterada de la ley y capaz de sancionar sin discusiones (como árbitro de veras), tendría que haberle retirado el registro al PVEM mucho antes de la jornada electoral. Hoy estaríamos discutiendo alrededor de un paisaje político muy distinto…

 

  • Germán González Dávila

    Algunos colegas comparten la opinión de que el Consejo General del INE «tuvo miedo» de quitar registro al PVEM.
    En mi opinión hace falta información sobre la legislación vigente en cuyo marco actúa el INE.
    Los medios se han dedicado asimismo a difundir esta «opinión crítica ciudadana» y contribuido a cierta confusión; por ejemplo: que el INE perdonó (además) 49 millones de multa al PVEM, cuando simplemente acató la orden del Tribunal.
    Por contener información y explicación valiosas, reproduzco el artículo editorial del Consejero Ciro Murayama publicado en Reforma.
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    Colaborador Invitado / Ciro Murayama: INE y registro del PVEM
    ¿Las faltas acreditadas deben llevar al Estado mexicano, ya, a desaparecer al Verde? ¿No existe otra opción?
    Colaborador Invitado | (14 agosto 2015)

    El Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió el miércoles una queja interpuesta por miles de ciudadanos contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que solicitaron la sanción más drástica para un partido: la pérdida de su registro. La cuestión a resolver era si el Estado mexicano, por vez primera en más de seis décadas y media, debía de decretar la desaparición legal de un partido político aunque éste haya superado el umbral de votos ciudadanos que la legislación señala.

    La historia demuestra que la desaparición o cancelación de partidos políticos se suele presentar en sistemas democráticos en retroceso o, de plano, en regímenes autoritarios. De ahí que cuando esa decisión se toma en un sistema democrático es porque no queda otra salida para asegurar la sobrevivencia de la propia democracia y de las libertades que garantiza. Se trata, por ello, de una decisión última, extrema.

    Los denunciantes documentaron diversas infracciones cometidas por el PVEM entre 2014 y 2015. Todas y cada una de las violaciones a la ley denunciadas fueron, antes, investigadas y sancionadas por las autoridades electorales, por el INE y el Tribunal Electoral.

    Un común denominador en las faltas del Verde fue la intención de posicionarse de forma ilegítima en la opinión pública, por lo que buscó afectar la equidad en la contienda electoral. De ahí que las sanciones impuestas al PVEM por sus trasgresiones consistieran en multas económicas y, en muy menor medida, en el retiro de sus prerrogativas de radio y televisión.

    ¿Consiguió el Verde fracturar la equidad general de la contienda u obtuvo más votos que sus adversarios por el hecho de gastar más o tener más anuncios? Sus resultados, frente a la estrategia desplegada, son magros: obtuvo el 7.7 por ciento de la votación, fue la quinta fuerza cuando venía siendo la cuarta y no ganó un solo distrito electoral federal por sí mismo. Se ha llegado a decir que vulnerar la ley reditúa, pero el PVEM podrá recibir 28 millones de pesos más de financiamiento ordinario en 2016 que en 2015, mientras que sus sanciones ascienden a 593 millones. Pagará veinte veces lo que pudo ganar, por lo que le salió muy caro violar la ley.

    Que el PVEM no haya tenido éxito en su estrategia ilegítima no lo hace menos culpable, pero sí permite saber que las fortalezas del sistema electoral mexicano no se derrumban tan fácil por la estrategia de trampa de un actor.

    ¿Las faltas acreditadas deben llevar al Estado mexicano, ya, a desaparecer al Verde? ¿No existe otra opción? El Estado mexicano se ha dado obligaciones y el artículo primero constitucional mandata a las autoridades a privilegiar los derechos fundamentales, como el de libre asociación. Que el Estado llegue a la determinación de conculcar ese derecho debe pasar, primero, por explorar todas las sanciones posibles. Y ello no ha ocurrido aún, pues ante la acumulación o reiteración de faltas no se han retirado, por ejemplo, las prerrogativas de acceso a la radio y la televisión al Partido Verde.

    El PVEM no es imprescindible para el pluralismo, pero sí es imprescindible para la democracia mexicana que el INE agote todas las sanciones antes de llegar a la pena máxima. Para decirlo en una frase: el Estado democrático para restringir derechos debe de cruzar toda la ruta que el garantismo exige. El Estado democrático no puede darse atajos. El garantismo no es una opción, es una obligación irrenunciable si de fortalecer la democracia se trata.

    El autor es consejero del Instituto Nacional Electoral.