Foro ciudades y pueblos
Desarrollo urbano
Si bien las grandes ciudades presentan una concentración notable de problemas ambientales, el proceso de urbanización implica una transformación más general de la relación entre la sociedad y el territorio, lo que nos obliga a repensar la relación entre la agenda ambiental y la urbana. No hay duda de que los modos de vida urbanos han llegado al mundo rural, al menos bajo la forma de expectativas generalizadas de acceso a servicios básicos como el agua, la energía eléctrica, la educación y el transporte, que tradicionalmente se consideraban privilegios de las áreas urbanas. Entre otras razones, es por ello que hay que comenzar a romper con la dicotomía entre lo urbano y lo rural como si fueran mundos disociados entre sí, para pensar a la urbanización como un conjunto de procesos que afectan al territorio en su conjunto.
La mayor parte de los aspectos ambientales críticos en torno a la calidad de vida los operan las autoridades municipales: residuos, áreas verdes, distribución del agua potable y su tratamiento así como la regulación de los usos del suelo. Sin embargo, para apoyar esas funciones se requiere una política nacional bien estructurada, que contemple desde las pequeñas localidades hasta las grandes zonas metropolitanas.
Una política de sustentabilidad urbana, local y metropolitana estructurada formalmente, requiere redefinir y compactar normas, así como alinear instrumentos tomando como punto de partida y llegada el cumplimiento de ciertos objetivos pensados desde y para los municipios (e instancias metropolitanas). El establecimiento de las normas y criterios debe seguir siendo una tarea de alcance nacional, sobre todo en temas como mitigación y adaptación al cambio climático, entre otras; pero en su formulación deben tenerse presentes, de mejor modo, los requerimientos y necesidades locales para su aplicación al financiamiento, la capacidad técnica, la formación de personal o la infraestructura, entre otras.
Esta no es una tarea que deba ser impulsada sólo desde el Gobierno Federal, sino que tiene que ser concurrente. En los años recientes, desafortunadamente, el fortalecimiento ambiental no está en las prioridades de los gobiernos estatales y municipales. Si bien sus presupuestos se han fortalecido con las transferencias federales y con otras fuentes, la protección ambiental sigue sin recibir los fondos que requiere. Aún más, por medio de gestiones directas de autoridades locales y legisladores se ha propiciado la asignación de presupuestos para fines supuestamente ambientales, que propicia la dispersión de fondos hacia destinos que no siempre tienen relación ni con las prioridades regionales, ni con las nacionales. En otras palabras, hay más presupuestos disponibles para estados y municipios, pero no hay una estrategia coherente que fortalezca sus capacidades institucionales y ordene las prioridades bajo una orientación coherente de protección ambiental y desarrollo regional.
Si bien es cierto que algunas organizaciones ambientalistas mexicanas recelan de la capacidad de los gobiernos estatales y municipales para proteger el medio ambiente, también es verdad que hay un conjunto de movilizaciones sociales con estrechos vínculos locales que centra sus esfuerzos en la colaboración con comunidades, ayuntamientos y gobiernos estatales y que va encontrando espacios y formas de acción pertinentes a las circunstancias locales. El tamaño, la forma de organización y las posturas de estas organizaciones está vinculada con una aproximación territorial a la política ambiental, que demanda una visión diferenciada acerca de cuáles son los actores relevantes, cuál es el alcance de su intervención, y cuáles son las formas de colaboración entre ellos y los diferentes órganos y órdenes de gobierno.
En las zonas metropolitanas sería deseable facilitar la coordinación a través de reformas constitucionales, o incluso una ley de organización metropolitana que propicie la gestión conjunta a esa escala; lo que se alinearía con el despliegue de políticas regionales de desarrollo que consideraran los sistemas funcionales urbano-metropolitanos que se han ido articulando, y de éstos con los espacios rurales.
En los últimos años han surgido nuevas formas espaciales que muestran cambios muy importantes en el crecimiento de las ciudades, tales como: fragmentación territorial de procesos productivos que afectan áreas rurales; gradientes centro-periferia más irregulares; surgimiento de nuevos «lugares centrales»; formación de redes de ciudades con mayores interacciones y menores fricciones en la distancia, o ciudades en forma de archipiélagos urbanos; expulsión de la vivienda hacia la periferia provocada por los altos precios del suelo.
Actualmente los desarrolladores de vivienda están definiendo el crecimiento de las ciudades, no las políticas públicas ni las necesidades de los pobladores. Se deben considerar incentivos de vivienda (centros de recreación, culturales, seguridad y otros) alineados con la sustentabilidad urbana y estrategias de viviendas integralmente sustentables. El Estado debe asumir su responsabilidad y, si bien la participación ciudadana es un requisito indispensable para el desarrollo urbano sustentable, ello no implica el retiro del Estado o la laxitud de su rectoría.
Movilidad sustentable
El gran crecimiento poblacional que han tenido muchas ciudades mexicanas, va de la mano con la necesidad que tienen sus habitantes de movilizarse diariamente. Esta necesidad, que se satisface de diferentes formas, conlleva en cada una de ellas, consecuencias que afectan de manera importante la vida de sus ciudadanos. La gran cantidad de tiempo que empleamos desplazándonos, los contaminantes atmosféricos emitidos por los automotores y los accidentes de tránsito, son algunas de las consecuencias que la mayoría de los habitantes de las ciudades enfrentamos cotidianamente.
Para plantear soluciones es necesario analizar la problemática del transporte urbano en la mayoría de las ciudades. Las principales características de esta problemática son: un transporte público de mala calidad, dificultades para la movilidad humana, incremento en el número de accidentes, crecimiento disperso de las ciudades, sobre dimensionamiento del transporte individual, congestionamiento vial y deterioro ambiental, sobre todo por la contaminación y el ruido.
Esas características están ligadas al incremento exponencial en el uso del automóvil, el cual se volvió un paradigma de “progreso y bienestar” que debe cambiar. Al masificarse el uso del automóvil y darle prioridad en la inversión de infraestructura pública, hemos llegado a una grave situación cuyas perspectivas, de seguir las tendencias actuales, no promete mejorar. Afortunadamente hay ejemplos de ciudades en el mundo que han revertido estas tendencias y en algunas de las nuestras han surgido ejemplos que dan esperanza. Para ello, es necesario partir de la visión del tipo de ciudad que queremos donde el transporte es un componente esencial para la actividad económica y social de la población, y por ende afecta su calidad de vida. Es necesario evolucionar hacia una movilidad sustentable en el futuro, en la que se haga un manejo racional y concienzudo de los recursos escasos y finitos. Esta visión debe consensuarse entre los diferentes actores de la sociedad y plasmarse en una política integral de movilidad urbana.
Algunos de los principios de esta política de movilidad urbana sustentable son:
Por eficiencia y equidad es fundamental dar prioridad al transporte colectivo de calidad. Ésta es la manera de gestionar eficientemente valores escasos como el espacio, el tiempo, la energía y el medio ambiente. Además, si consideramos que la mayoría de la población utiliza transporte colectivo, es una obligación ética y política ponerlo por encima de otras posibles opciones en materia de transporte urbano. Un transporte de calidad es aquél que es rápido, seguro, cómodo, confiable y con una gran cobertura a un precio razonable.
Caminar es la forma más básica y más importante de movilidad, por lo que se debe facilitar y promover la movilidad no motorizada como el caminar y el uso de la bicicleta. Las necesidades de los peatones deben ser incluidas en las políticas y proyectos de transporte urbano. La bicicleta por su parte, además de ser un transporte eficiente, barato, no contaminante y beneficioso para la salud; en distancias cortas de hasta cinco kilómetros, por lo general es el medio más rápido de movilidad puerta a puerta. Ambas formas de movilidad requieren de infraestructura que sea segura, cómoda, continua y agradable. Paralelamente, es fundamental trabajar en el respeto a estas formas de movilidad a través de la educación vial.
Debido al espacio que consumen los autos y los contaminantes que emiten por pasajero transportado, es necesario desincentivar el uso del automóvil, moderar su velocidad y continuar con el desarrollo de tecnologías más limpias. Una tendencia es seguir desarrollando los esquemas cuyo objetivo es internalizar las externalidades o gestionar la demanda. Estos esquemas se justifican y funcionan mejor cuando el dinero recaudado se emplee transparentemente en proyectos de beneficio general, como por ejemplo aumentar la calidad y cobertura del transporte colectivo.
Por otro lado, la velocidad está directamente relacionada con la cantidad y gravedad de los accidentes de tránsito. Es por esto que se debe diseñar una estrategia integral para la prevención de accidentes que incluya modificaciones en la infraestructura, así como campañas y aplicación de los reglamentos y leyes. Aunado a este esfuerzo por desincentivar el uso del automóvil, está el establecer estándares más estrictos en la composición de la gasolina y en tecnología de los vehículos, y el impulso de nuevas tecnologías como los autos híbridos. Una vez más, estas estrategias no pueden estar solamente a cargo de los municipios y tienen que ser impulsadas desde el Gobierno Federal.
Al comprender la estrecha relación entre el transporte y el uso del suelo, se pueden ordenar las actividades y el desarrollo urbano de tal forma que la necesidad de transportarse a grandes distancias se reduzca, por lo que se requiere integrar la planeación del desarrollo con el transporte para reducir la necesidad de desplazarse a grandes distancias. Para ello es necesario que los planes de urbanización y rescate de zonas, se hagan simultáneamente a los planes de transporte, buscando evitar el crecimiento disperso hacia las afueras de la ciudad. El uso de suelo mixto, la densificación ordenada de áreas consolidadas y la ubicación de ciertos servicios cerca de sistemas de transporte colectivo ayudan a minimizar los movimientos. El concepto de la accesibilidad de los ciudadanos para poderse trasladar de su origen a un destino, es fundamental en este planteamiento. Accesibilidad sería la facilidad cualitativa que minimiza los tiempos y costos con los que una persona se desplaza a sus diferentes destinos. Lo que se busca es aumentar la accesibilidad aún más que la movilidad.
Cabe señalar que para que estos principios funcionen, deben de estar integrados entre sí y ser parte de una planeación a mediano y largo plazos. En el caso del Distrito Federal, aunque todavía falta mucho por mejorar, la disminución de la contaminación atmosférica, la puesta en marcha de sistemas como el Metrobús y el aumento en el uso de la bicicleta nos hacen albergar esperanzas de que se puedan revertir las tendencias actuales.
No Comment