Foro energía 2018
Foro 2018
.
.
.
Planteamiento previo, para el PND 2013 – 2018
Principales vertientes de cambio en seguridad energética:
1. Ajustar los instrumentos formales de planeación para el cambio de la matriz energética (Estrategia Nacional de Energía, Plan de Negocios de PEMEX, Programa de Obras e Inversión del Sector Eléctrico, programas sectoriales de energía, transporte y medio ambiente) bajo un eje rector de sustentabilidad ambiental, social y económica con directrices claras y metas concretas.
2. Comprometer dentro y desde PEMEX y la CFE la eficiencia y el ahorro energético y el desarrollo de las energías renovables, con especial énfasis a la termosolar, el señalamiento de metas operativas y de inversión específicas que señale el Ejecutivo Federal, a fin de modificar gradualmente la matriz energética del país en torno a objetivos nacionales de sustentabilidad ambiental que se expresen, mediante metas específicas, en los instrumentos formales de planeación energética del país.
3. Establecer un órgano ejecutivo de la administración pública federal en materia de fuentes renovables de energía, dotado de autoridad e instrumentos, que sea responsable de garantizar el seguimiento de las obligaciones que le competen a dicha administración, a fin de cumplir las metas de producción y uso eficiente de energía renovable señaladas en los instrumentos de planeación.
4. Constituir desde la SHCP, con la participación de los organismos descentralizados del sector y las dependencias y entidades involucradas, un centro de evaluación de externalidades ambientales y de afectación al patrimonio natural del país, que puede ser incluso virtual, para que a través del gasto público y de otros instrumentos vinculantes de política económica se incida en la internalización de dichas externalidades.
5. Crear mecanismos para hacer operativa la reciente modificación del Artículo 36 Bis de la Ley que regula la prestación del servicio público de electricidad, la cual introduce jurídicamente la posibilidad práctica de tomar en cuenta las externalidades ambientales en las consideraciones de costos de la CFE para prestar el servicio público de electricidad.
6. Impulsar una política de “residuos por energía” que transforme los problemas que actualmente ocasiona el manejo inadecuado de los residuos sólidos, en una oportunidad de aprovechamiento energético en zonas que padecen deficiencias en esta materia.
.
4. Seguridad energética
México es un país en desarrollo con agudas desigualdades, alto rezago social y una población que seguirá en ascenso al menos durante las próximas tres décadas. Es previsible por tanto que prevalezcan, o incluso se amplíen, las presiones de aumento en la generación y uso de energía del país. Sin embargo, es inconveniente e insostenible mantener en el futuro la forma en que hasta ahora se han resuelto esas presiones, caracterizadas por generar graves impactos en el medio ambiente y los sistemas ecológicos a nivel local, regional y global. Es indispensable un cambio en la política energética que garantice energía accesible, limpia y segura.
Los pilares sobre los cuales se propone fincar el cambio en la política energética son tres: sustentabilidad ambiental, eficiencia económica y seguridad energética con acceso y equidad para toda la población; en el entendido que la seguridad energética puede incrementarse en función de qué tan eficientemente la utilizan las actividades económicas y en qué grado su generación y uso se realizan bajo los criterios de la sustentabilidad ambiental.
En efecto, México requiere una política energética que incorpore cambios radicales en los sistemas de generación y uso eficiente de la energía y del transporte. Éstos no son cambios fáciles de adoptar por las sociedades: quienes cuentan con altos niveles de ingreso tendrán que reducir su nivel de consumo prescindible; y quienes se encuentran por debajo de los estándares de una vida digna, tienen derecho al acceso a más energía, pero limpia; por su parte, políticos y líderes sociales deberán encarar una posición decidida frente al desafío de la política energética.
De igual forma, son imprescindibles cambios radicales en la política económica a fin de suministrar suficiente energía, en cantidad y calidad ambiental, requerida para el crecimiento de la economía, pero en condiciones de eficiencia y ahorro que garanticen disminuir la intensidad energética de la economía, se elimine gradualmente la excesiva dependencia del petróleo y se transite hacia nuevas opciones energéticas, particularmente hacia las fuentes renovables. En un inicio será indispensable internalizar los costos ambientales y sociales asociados a la producción y el consumo de energía, mediante subsidios o ajustes en la política de precios, a fin de favorecer el uso de fuentes renovables; después, el previsible e ineludible uso masificado de éstas últimas se encargará de abaratar su costo actual. Asimismo, se necesita promover la innovación y creatividad de nuevas tecnologías de energías renovables, a la velocidad requerida, para lograr los cambios a tiempo, reduciendo las probabilidades de los desastres ambientales con los enormes costos sociales y económicos que conllevan.
Desde el pilar de la sustentabilidad ambiental, los principales retos energéticos residen en acelerar la eficiencia; reducir la intensidad del consumo de fuentes fósiles para abatir las emisiones de gases de efecto invernadero; mejorar la calidad de los combustibles de forma tal que se controle al máximo la contaminación por el transporte, la industria y otras fuentes; y controlar los impactos ambientales de los proyectos energéticos, tanto en las áreas ricas en diversidad biológica como en los cuerpos de agua, y las zonas costeras y marinas.
La seguridad energética se ha planteado como tema articulador para abordar los asuntos de energía y medio ambiente. El concepto se origina en las últimas décadas del siglo pasado como derivación del concepto político más amplio de seguridad nacional, utilizado en Estados Unidos y en otros países de Europa para denotar la aspiración de certidumbre, control y decisión en la preservación de los intereses nacionales y la soberanía, como garantes de libertad, democracia, paz y justicia social.
La extensión de soberanía a los asuntos de energía devino en referencia a propósitos de diversificación de fuentes de energía, que éstas fuesen confiables y estables, con menor dependencia del exterior, un uso eficiente e inteligente, con menor impacto ambiental, así como con el dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado sobre sus fuentes de suministro.
Se observa en el uso del concepto tres enfoques distintos, según se otorgue prioridad al suministro de energía, al dominio de la Nación sobre los recursos naturales o a la conciliación de ambos enfoques mediante el aprovechamiento de dichos recursos con criterios de sustentabilidad, no visualizados como antagónicos. El primero desemboca en expectativas sobre el funcionamiento del mercado, el segundo en el ejercicio del Estado y el tercero en la negociación y eventualmente en la planeación concertada para un desarrollo sustentable.
A nivel internacional, el uso del concepto de seguridad energética es relativamente impreciso, ambiguo y contradictorio, particularmente al referirse a lo nacional, frecuentemente contrapuesto a lo regional o global. En México, el concepto de seguridad energética utilizado en documentos de políticas públicas se asocia al rol de la energía como motor del desarrollo, diversificación de las fuentes de energía, con atención especial en las renovables, requerimiento de un Estado rector, conciliación con la participación privada, maximización de la renta petrolera, balance en el suministro de fuentes primarias y gestión de riesgos ambientales, entre otros aspectos.
En síntesis, la seguridad energética es un concepto útil para orientar e innovar la política ambiental de mitigación, prevención y adaptación, que se asocia a la generación y uso de la energía. El fin último es modificar la matriz de oferta, transformación y demanda de energía, a nivel internacional y en el país en particular. En adición, en la situación del México actual, y como parte del combate a la pobreza y la búsqueda de la equidad, es indispensable garantizar el acceso de energía a comunidades donde ello es difícil o donde tienen escasa capacidad financiera para sufragarla. Las fuentes renovables de energía, seleccionadas y desarrolladas en el marco de las condiciones locales, constituyen una alternativa eficiente y viable, que además puede contribuir a superar impactos ambientales adversos, tal es el caso por ejemplo del aprovechamiento de los residuos como fuente de energía para reducir la liberación de gases efecto invernadero asociados a la descomposición de dichos residuos.
La matriz energética de cualquier país es determinante en el impacto ambiental y el diseño de políticas ambientales. En México, su configuración actual data de los años setenta y principios de los ochenta, cuando la acelerada exploración petrolera, el rápido crecimiento de la producción y transformación de los hidrocarburos en esos años, así como la violenta reinserción del país al mercado mundial de crudo, condicionaron las modalidades que desde entonces asumen la evolución de la producción y la demanda de energía.
En la actualidad la energía primaria que el país produce proviene de las siguientes fuentes: hidrocarburos (91%), carbón mineral (3%), biomasa (2.9%), geotermia, eólica y solar (1.4%), nuclear (0.9%) e hidráulica (0.8%). Las cifras ponen de relieve la escasa presencia de las fuentes renovables (apenas poco más de 5%), en contraste con la elevada incidencia de las fuentes fósiles de energía (economía “carbonizada” en un 94%), condicionada en su evolución por una sostenida inercia que resultó de utilizar volúmenes significativos de las reservas petroleras acumuladas.
El relativo agotamiento de las mismas y su insuficiente reposición, ponen en evidencia la precariedad de que dicha inercia sea sostenible en el mediano y largo plazos. Además de contradecir la sustentabilidad, el patrón energético prevaleciente es crecientemente insostenible.
El desafío es que modificar dicho patrón implica necesariamente liberar, al menos parcialmente, la recaudación impositiva del imperativo de los recursos petroleros; es decir, es inescapable la necesidad de una reforma impositiva que conlleve ese propósito, así como realizar ajustes conducentes en las cuentas con el exterior y en el mercado cambiario para el logro de ese propósito.
Se trata de una tarea formidable que debe acometerse con urgencia y apertura democrática, o someter al país a un proceso venidero, relativamente abrupto y autoritario, al resultar imposible seguir manteniendo la dependencia estructural de la macroeconomía de la producción y exportación de crudo.
La energía que se requiere en México para transformar la producción primaria de la misma, y hacerla asequible a los consumidores finales, asciende al 31 por ciento de dicha producción. La cifra es significativa, a pesar de que un volumen alto de la producción está constituido por el petróleo crudo que se destina al mercado exterior (casi 30%), el cual no experimenta transformación alguna. Las causas que explican esta magnitud son, entre otras, los altos niveles de ineficiencia que caracteriza la operación de las instalaciones de transformación energética del país, ocasionados a su vez por la interrupción y la atonía de inversiones en las instalaciones petroleras ocurridas de manera acumulada durante casi tres décadas, y la desarticulación operativa de la transformación de hidrocarburos con la generación de electricidad. Las ineficiencias energéticas y la desarticulación son reflejo de insuficiencias en la planeación del sector, a pesar de haber estado dominado por sólo tres entidades públicas de gran dimensión, reducidas a dos en años recientes (PEMEX y CFE).
La demanda final de energía se destina en 42 por ciento a la exportación de crudo, 27 por ciento a las necesidades de transporte –principalmente automotriz–, 20 por ciento al uso en actividades productivas y 11 por ciento al consumo residencial. Se destaca a su vez que el gas LP es el principal energético para atender dicho consumo (alrededor de 40%) y que la leña en primer término, y la electricidad en segundo, cubren el resto de las necesidades residenciales de energía.
La matriz energética del país plantea múltiples interrogantes que merecen ser abordadas: ¿cuáles son los determinantes de la alta dependencia de los hidrocarburos?, ¿cuál debería ser la concepción de seguridad energética en función de criterios nacionales?, ¿qué impide romper la rigidez de dicha matriz cuando se tiene incluso la enorme ventaja de que el ejercicio de la soberanía nacional energética se puede ejercer desde la plataforma de las dos entidades públicas (PEMEX y CFE)? y, finalmente, ¿hasta dónde se puede aspirar a expandir las fuentes renovables de energía y qué requisitos deben cumplirse para que ello sea posible?
La estructura energética altamente dependiente de fuentes fósiles conlleva enormes impactos ambientales en atmósfera, agua, suelos, biodiversidad y sistemas ecológicos. Por ello, si se aspira a que las decisiones de política energética sean compatibles con criterios de sustentabilidad, es imprescindible cuantificar y tomar en cuenta las externalidades ambientales que se asocian a la producción y uso de la energía, afectan adversamente al capital natural e inciden negativamente en la contabilidad nacional establecida con criterios ambientales. Estos requisitos son esenciales para modificar los indicadores nacionales de intensidad y eficiencia energética y consumo de la misma por habitante.
La sociedad se ha dotado en lo formal de un amplio conjunto de instrumentos jurídicos para promover el desarrollo energético sustentable, relacionados con la transición energética, la diversificación de fuentes, el uso de fuentes no renovables, la eficiencia y el ahorro energéticos y el combate al cambio climático. Se dispone también de instituciones e instrumentos como la formulación de la Estrategia Nacional de Energía, el Plan de Negocios de PEMEX, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, programas sectoriales de energía y medio ambiente, entre otras más. Sin embargo, las inercias de la estructura energética prevaleciente, los impactos ambientales y el alcance de la política ambiental prácticamente no se modifican y los resultados son magros. Más aún, la participación de PEMEX y CFE en estos aspectos es marginal y sin exigibilidad social.
La prelación ambiental en la producción y uso de energía en el país se ha contaminado o ha sido supeditada a la disputa política e ideológica, abierta o encubierta, entre desarrollar mercados de los energéticos con la participación de la inversión privada, o dotar a los organismos públicos de autonomía financiera, administrativa y operativa para la inversión y la producción, en apego al ejercicio de la soberanía nacional sobre los hidrocarburos y la prestación en exclusiva del servicio público de electricidad. La disputa irresuelta, además de incidir en la relativa atrofia del sector energético, se ha extendido a la acción de la política ambiental en dicho sector.
Por ello, aunque sigue siendo prioritario fortalecer la transversalidad de la política ambiental, es necesario colocar los objetivos ambientales en el centro de las decisiones sobre energía, reorientar los mecanismos institucionales en esa dirección, responsabilizar directamente a los organismos descentralizados del impacto ambiental y exigirles de ellos la rendición de cuentas.
Postular los tres pilares de sustentabilidad ambiental, eficiencia económica y seguridad energética no implica desentenderse de la tendencia en el sentido de que los combustibles fósiles seguirán siendo durante buena parte del presente siglo la principal fuente de energía a nivel mundial. Tampoco implica descartar opciones de explotación no convencional de petróleo y gas (por ejemplo el gas de lutitas), que se desarrollan mediante el uso de nuevas tecnologías, con impactos y riesgos ambientales que deben ser bien sopesados y considerados en los análisis costo-beneficio económico, social y ambiental de dichas explotaciones. Justamente por estas tendencias, se requiere acelerar la transición energética, mejorar la eficiencia y el ahorro de energía, y en general, alentar el uso de fuentes renovables.
En especial, en la promoción decidida de la transición energética habrá que considerar la necesidad de que la producción, uso e innovación tecnológica de los biocombustibles convencionales y de nueva generación contribuya a la sustentabilidad ambiental; que no compita con la producción de alimentos, ni comprometa la seguridad alimentaria nacional como sería el caso del uso del maíz; ni propicie cambios de uso de suelo en contra de la diversidad biológica, cambiando selvas por palma africana, por ejemplo, o que la producción de especies para biocombustibles implique la utilización de volúmenes importantes de agroquímicos, generando otros costos ambientales, tanto en términos de la producción de estas substancias, como en contaminación de agua y suelos.
En lo que atañe a la generación de energía eólica, la cautela obliga a considerar la ubicación de los aerogeneradores en función no únicamente de la intensidad y regularidad de vientos dominantes, sino también de las rutas de especies migratorias, o la cercanía de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), frecuentemente sujetas a acuerdos internacionales, y que generan para el país compromisos de los que penden fuentes de financiamiento vitales para la conservación de muestras significativas de los ecosistemas y la biodiversidad de la nación. De igual modo, obliga a adoptar criterios sociales y ambientales para la participación social comunitaria en la explotación del recurso natural eólico, en las áreas geográficas de significativa disponibilidad del mismo.
También podrían adoptarse criterios sociales y ambientales para la participación social comunitaria en proyectos a desarrollar en municipios que no pueden costear la factura de sus consumos de electricidad, a fin de aprovechar como fuente de energía el biogás producido por la descomposición de los residuos orgánicos que abundan en ellos, particularmente el estiércol del ganado y los residuos agrícolas en los municipios rurales.
Finalmente, la energía solar constituye sin duda una opción que ofrece amplias y promisoras oportunidades para el desarrollo de las fuentes renovables de energía, en condiciones de sustentabilidad y reducida huella ambiental. México dispone de altos índices de exposición solar en casi todo el territorio nacional, cuenta con experiencia y recursos humanos profesionales capacitados en esta materia, la innovación y el desarrollo de la tecnología en el mundo ofrece crecientes posibilidades de aplicación en modalidades y escalas diversas como las aquí requeridas y los costos de inversión es previsible que mantengan la tendencia de reducción relativa observada durante varios lustros. Se conjuntan por tanto circunstancias que permitirían al país un posicionamiento estratégico convergente con los objetivos de sustentabilidad energética.
No Comment