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1. FORTALECER LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SU MANEJO SUSTENTABLE. Reconocer que existen limitantes estructurales en nuestras instituciones y políticas públicas para atender este problema global prioritario: la pérdida de biodiversidad. Ajustar y fortalecer el diseño institucional para frenar definitivamente y revertir las tendencias de deterioro, así como diversificar la producción a partir del uso sustentable de los recursos naturales para asegurar el desarrollo y el bienestar social. Superar el falso dilema entre crecimiento económico o preservación de la biodiversidad: existen opciones de desarrollo sostenibles, tanto en ecosistemas terrestres, como costeros, marinos e insulares.
2. MANEJAR DE MANERA INTEGRADA EL PAISAJE RURAL. Reconocer la cada vez más clara e intensa interdependencia entre ciudades y campo, la importancia de lo periurbano y de la producción agrícola urbana. Superar los limitados enfoques sectoriales y desarrollar una gestión territorial integrada, en las definiciones de política pública y en la cultura de los actores rurales, a fin de utilizar sustentablemente los ecosistemas terrestrespara lograr seguridad alimentaria, manejo sustentable de tierras y un aprovechamiento forestal sustentable basado en manejo comunitario.
3. PROTEGER Y ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA. Superar las políticas públicas actuales, que mantienen un enfoque hidráulico de gestión, cuando de lo que se trata es del manejo integrado de los recursos hídricos. Reconocer que el agua es un recurso renovable que se origina en las cuencas hídricas —no en las tuberías—, de importancia transversal para todos los sectores económicos. Elevar la gestión del agua y de las cuencas a política de Estado. Fortalecer el funcionamiento de los consejos de cuenca y su carácter de mecanismos de gobernabilidad y gobernanza del agua, para lograr un efectivo manejo integral de cuencas.
4. FOMENTAR LA ECONOMÍA CIRCULAR. Reconocer plenamente que los residuos son materiales susceptibles de aprovechamiento y valorización.Rediseñar las actividades económicasa fin de convertir, paulatinamente en cada una de ellas, sus residuos como materias primas para otras actividades económicas, a fin de cerrar de manera virtuosa el ciclo de vida de los materiales que fluyen a través de la economía. Asegurar la separación de residuos sólidos urbanos para su aprovechamiento y valorización; en particular,aprovechar la fracción orgánica para la generación de energía.
5. ASUMIR EN TODA SU MAGNITUD ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO. Alcanzar tasa cero de deforestación —de vegetación original primaria— a más tardar en 2030. Ampliar la superficie nacional de fotosíntesis. Incorporar, en todas las políticas sectoriales, las medidas que aseguren que todos los sectores económicos van a desarrollar capacidades de adaptación y resiliencia; y que todos contribuirán a cumplir los compromisos internacionales de México: evitar 22% el crecimiento tendencial de sus emisiones hacia 2030. Utilizar los análisis de curvas de costos, para identificar las mejores oportunidades de mitigación.
6. ACELERAR LA DESCARBONIZACIÓN Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. Reconocer que México vive un profunda crisis de insustentabilidad, inequidad e inseguridad energéticas. Reconocer el inmenso potencial de México con base en energía solar. Centrar el desarrollo energético nacional en fuentes renovables de energía—no en «energías limpias», que incluyen metano. Racionalizar la administración de las reservas de hidrocarburos; implementar un sistema nacional de refinación que permita superar la dependencia exterior en gasolinas. Declarar moratoria a fracturación hidráulicahasta contar con evaluaciones de costos de externalidades sociales y ambientales. Elevar la eficiencia de los patrones de uso de energía, particularmente en transporte y sector residencial.
7. ELEVAR LA PRIORIDAD DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES. Reconocer que las presiones ambientales se intensifican más rápidamente que las capacidades de respuesta, por lo que el diseño institucional debe ajustarse. Reformar la planeación ambiental en clave de derechos humanos, con mayor prioridad en la agenda nacional de desarrollo y con visión y programa de largo plazo en todas las instituciones y sectores económicos. Fortalecer, política y financieramente, a la Semarnat, como cabeza del sector ambiental; reintegrar la pesca y la agenda de costas, mares e islas. Dar atención especial a políticas económico-ambientales para promover patrones sustentables de producción y consumo. Reforzar y racionalizar el marco jurídico para la protección ambiental; incorporar el principio precautorio en la LGEEPA; y asegurar el cumplimiento de la ley y la impartición de justicia, particularmente por responsabilidad de daño y deterioro ambiental.