Blog

Tren Maya: Estado de derecho, democracia y biodiversidad

Letras Libres, 1º de julio 2023, Luis Fueyo MacDonald

Uno de los proyectos más controvertidos de la actual administración es el Tren Maya. Desde la campaña electoral del 2018 hasta el día de hoy, ya avanzada su construcción y próxima su inauguración, ha despertado toda clase de opiniones. No hemos sido capaces de plantear democráticamente, en el contexto legal que nos rige, una propuesta de desarrollo aceptable para el sureste del país. Las dudas persisten y se han profundizado, las preocupaciones alrededor de los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales del Tren Maya no se han resuelto y a cambio, como en otros temas de la agenda nacional, hemos terminado divididos. La polarización social ha permeado la construcción del Tren Maya. ¿No disponemos de las herramientas adecuadas para procesar estas iniciativas, ya sea que provengan del gobierno, del sector privado o de la sociedad civil?

Estado de derecho y medio ambiente

Edificar el Estado de derecho en México nos ha costado más de doscientos años. La Revolución mexicana nos dejó como legado la Constitución de 1917 y a partir de ella hemos construido un andamiaje legal que nos ha permitido orientar nuestra convivencia y nuestro crecimiento nacional. Las reformas constitucionales de 1983 fortalecieron la rectoría del Estado y el sistema nacional de planeación democrática. Desde entonces, el marco legal creció y se especializó en varias materias.

A partir de 1988 se inauguró una nueva etapa en la legislación ambiental al publicarse la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual permitió que en las siguientes décadas se formara un marco legal ambiental fortalecido en distintos temas: agua, vida silvestre, materia forestal, gestión integral de residuos, pesca, cambio climático, responsabilidad ambiental.

Este andamiaje legal se nutre de principios, acuerdos, consensos y tratados internacionales que México ha suscrito como miembro de las Naciones Unidas, como lo son las convenciones sobre cambio climático y biodiversidad, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, entre otros. Además, la Carta de la onu y la Declaración Universal de los Derechos Humanos son documentos básicos del derecho internacional que deben orientar y apoyar nuestro quehacer nacional. De manera especial, son referencia obligada las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano se incluyó en 1999 y se reformó en 2012.

En la actualidad, este marco legal y su andamiaje institucional están en entredicho y el megaproyecto del Tren Maya ha contribuido a este resquebrajamiento.

Tren Maya y legislación nacional

Como cualquier otro proyecto, público o privado, que incide sobre la riqueza natural, el proyecto del Tren Maya está sujeto a disposiciones de ley. Dos de ellas son particularmente importantes para la protección de la biodiversidad: las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo.

La evaluación del impacto ambiental es un procedimiento previo al inicio de obras y actividades. Su propósito es el establecimiento de las condiciones a las que se debe someter una obra o actividad que pueda causar desequilibrio ecológico o rebasar límites y condiciones determinadas en disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas. No es un requisito menor y tampoco debe considerarse mera burocracia o un trámite innecesario. Responde a dos principios internacionalmente reconocidos: principio de prevención y principio de precaución. De no ser así se pueden provocar daños irreversibles en la biodiversidad.

Cuando el proyecto tenga un impacto regional la manifestación de impacto ambiental debe señalar las interacciones entre fases o partes de la obra en todo el territorio en donde se despliega, así como establecer condiciones adecuadas para su realización.

En el caso del Tren Maya no se formuló una manifestación de impacto ambiental integral y regional (se hizo por tramos) y tampoco se presentó antes de que iniciaran las obras. De ahí que se hayan generado dudas y preocupaciones sobre daños a la naturaleza que pudieron haberse evitado o en su caso mitigado.

Descalificar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental como un estorbo constituye una narrativa vacía de contenido que deja en entredicho la eficacia de la legislación y que desencadena acciones que dañan los ecosistemas y dejan sin efecto nuestro derecho a vivir en un medio ambiente sano. Las disposiciones de ley no pueden anularse por decreto presidencial.

Tren Maya, biodiversidad y consulta pública

El Tren Maya se despliega sobre un territorio de enorme riqueza biológica y vestigios arqueológicos en buen estado de conservación. La península de Yucatán conserva flora y fauna representativa de la biodiversidad nacional, ecosistemas únicos (selvas, humedales –esteros, manglares, petenes–, cenotes, cuevas submarinas, ríos subterráneos, arrecifes, dunas, pastos marinos) y especies endémicas.

La legislación también prevé mecanismos de consulta previa a la población en general y a los pueblos originarios que habitan en el territorio. Estos permiten legitimar procesos, incluir recomendaciones viables, evitar daños ambientales que no se hayan identificado antes y generar gobernanza en la instrumentación de la política pública. Por lo que se requiere de entornos de escucha, respeto y deliberación entre todos los participantes, evaluación de información, intercambio de ideas y adopción de recomendaciones que resulten adecuadas. La consulta pública ambiental del Tren Maya no logró identificar, captar y evaluar el conjunto de preocupaciones existentes en pobladores, científicos y organizaciones de la sociedad civil, entre otros. La discusión en torno al proyecto ha estado plena de insultos y descalificaciones que no permiten una evaluación seria del mismo.

La consulta es un derecho de los pueblos indígenas que está protegido por la legislación internacional y debe cumplir con ciertas características: ser previa, libre, informada y de buena fe. Observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fueron testigos de que estos requisitos no se cumplieron en la península de Yucatán.

El proyecto ha sido acompañado de cuantiosa propaganda gubernamental que señala enormes beneficios económicos, sociales y ambientales a futuro. Toda esa información no ha permitido resolver dudas razonables, cuestionamientos científicos fundados y otorgar certeza sobre la viabilidad económica, social y ambiental del tren. Aún persisten voces inconformes de pobladores que afirman que no han sido consultados.

Las dudas iniciales se han acrecentado. Los problemas identificados en el tramo 5 sur del proyecto han provocado una preocupación legítima sobre los daños ya documentados (deforestación, afectación a cuevas) y otros potenciales que pueden repercutir en el sistema de ríos subterráneos, el abasto y la calidad del agua, la estabilidad de los arrecifes, los riesgos inherentes al suelo kárstico. Para todos ellos no hay respuesta clara y convincente.

Falta aún discernir y tener en claro los impactos que los tramos 6 y 7 de la obra tendrán en los humedales de la laguna de Bacalar y en la selva de Calakmul, ecosistemas frágiles con enorme riqueza biológica y arqueológica. La laguna de Bacalar es única en el mundo por la presencia de estromatolitos y la Reserva de la Biósfera Calakmul es reconocida como sitio mixto del Patrimonio Mundial de la Unesco por su valor universal excepcional.

A pesar de que México dispone de un marco jurídico ambiental sólido, participa en los sistemas universal e interamericano de derechos humanos y posee una Constitución que reivindica, protege y garantiza los mecanismos de participación pública para generar consensos y un vasto conocimiento científico y tradicional, con la construcción del Tren Maya la ley no se ha cumplido y se han generado un alud de amparos e inconformidades sociales crecientes. El gobierno no ha logrado demostrar la viabilidad y las bondades del proyecto y a todas luces no parece idóneo para destrabar el desarrollo integral y sustentable en la península de Yucatán. Solo quedan dudas, división, polarización y destrucción ambiental.

“Va porque va” o “el Tren Maya se concluirá llueve, truene o relampaguee”, como ha dicho numerosas veces el presidente López Obrador, no es la forma para construir un país sólido, democrático, transparente y de derecho.