Gestión integral del agua

Foro gestión del agua 2018

Yosu Rodríguez Aldabe, 21 de agosto, 2017

yosu.aldabe@gmail.com

Tomando como antecedentes, el artículo de Julia Carabias «Agua para principiantes» que apareció en la revista Nexos número 475, de julio 2017  Enlace al artículo, la síntesis de orientaciones para una política hídrica nacional sustentable que viene al final del libro «Agua, medio ambiente y sociedad» 2004, Julia Carabias y Rosalva Landa (ver al final de la propuesta) y tomando en cuenta la propuesta http://aguaparatodos.org.mx que es muy importante y en movimiento, pongo a consideración lo siguiente.

Ocho mensajes

• Agua finita ¡oh sorpresa!
• Política de estado para la gestión del agua
• Zapatero a tus zapatos. Diferenciar gestión del agua de manejo de cuencas
• Agua para la vida. Cauce ecológico y garantía de agua potable diaria por poblador en México
• Eficiencia en la gestión del agua. Una nueva cultura del agua
• Red de investigación para el entendimiento y la acción
• Gobernanza efectiva para la gestión del agua
• Metas al 2024 y al 2030

Agua finita ¡oh sorpresa!

Además de que la cantidad de agua es finita se requiere que este limpia. Se ha fomentado el crecimiento de megalópolis y se cultivan alimentos desperdiciando millones de litros de agua. Se interrumpe el flujo de los ríos para construir presas, se destruyen manglares y humedales para establecer pastizales y cultivos. Se deforestan selvas y bosques y se usan los ríos como drenajes de desechos urbanos. Con el tiempo, ¡oh sorpresa!, empieza a faltar agua y descubrimos que su calidad es cada vez peor. Entonces nos preocupamos. A veces demasiado tarde.

La intervención de las sociedades humanas, entre ellas la mexicana, sobre el ciclo natural del agua no es reciente, pero nunca ha tenido consecuencias tan severas como hoy. Es un problema lleno de inequidades y contradicciones: exceso de agua en algunas regiones frente a la escasez de otras; derroche del recurso en unos sectores mientras otros apenas tienen lo indispensable para sobrevivir; competencia por el uso del agua entre la demanda urbana, la agrícola y la industrial, entre habitantes de la parte alta de las cuencas y los que viven abajo; desigualdades entre los que contaminan y los que sufren de la contaminación; contradicción entre la necesidad de conservar los ecosistemas naturales y la producción de alimentos y el desarrollo; injusticia de quienes viven en el presente hacia los que vivirán en el futuro.

Frente a esta situación, en su reunión de septiembre 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, definiendo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo número seis establece el compromiso de “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”; otros objetivos incorporan al agua de manera transversal. Alcanzar estas metas va a implicar esfuerzos mayúsculos de todas las naciones; es indispensable actuar a la brevedad.

La deforestación de los ecosistemas naturales, además de la pérdida de biodiversidad que esto implica, afecta al ciclo hidrológico, ya que disminuye la evapotranspiración y la infiltración del agua al subsuelo por la falta de la vegetación. Además, los escurrimientos sin vegetación erosionan el suelo y los sedimentos se acumulan en los cuerpos de agua, azolvándolos y disminuyendo el caudal de los ríos. Más de la mitad de la superficie del país ha perdido su vegetación original y 45% presenta algún grado de erosión.

Política de estado para la gestión del agua

No se ha reconocido suficientemente el valor ambiental del agua y esto implica riesgos para el futuro. Las políticas públicas no incorporan al agua como un elemento transversal de la vida, del desarrollo y del bienestar, es decir, como un recurso ambiental, económico y social. No considerar el volumen necesario para mantener el medio ambiente sano ha sido, históricamente, la base de la crisis del agua, que compromete la seguridad hídrica y el acceso equitativo a ella. La situación se agrava por el cambio climático, la extracción ilegal y la falta de información, entre otros factores (Llanos et al., 2016).

Una pregunta clave para el desarrollo de la sociedad humana es ¿cuánto más alimento se puede producir y cuáles son los productos más viables y estratégicos? La respuesta no debe depender de las fuerzas del mercado, sino de la planeación del crecimiento en función del agua disponible, subterránea y superficial, sin alterar los ecosistemas. Hay que añadir que el agua que se concesiona para riego no se mide y no se paga. Por ello, con mucha facilidad, las tierras de riego quedan largo tiempo con una capa de agua que, al evaporarse, deja sales almacenadas en el suelo, que al cabo de un tiempo pierden su fertilidad por la salinización. La agricultura de riego juega un papel importante en la economía: aporta alrededor de una cuarta parte de los alimentos básicos del país. Pero no se consideran al evaluarla las externalidades ambientales negativas que produce. Esta riqueza se genera a costa del suelo y del agua del futuro.

Una premisa ineludible, piso básico de entendimiento, es que el agua constituye un elemento clave de los ecosistemas terrestres y acuático. Su renovabilidad está sujeta a que el ciclo hidrológico funcione adecuadamente, lo cual requiere, como condición sine qua non, de los ecosistemas naturales.

Por ello, la política hídrica debe regirse por los principios de sustentabilidad ambiental que implican: 1) limitar la extracción del recurso hídrico a la capacidad de renovación de los cuerpos de agua; 2) limitar las descargas de aguas residuales a la capacidad de asimilación de esos mismos cuerpos; 3) proteger los ecosistemas naturales vinculados al ciclo hidrológico y detener la deforestación. Para todo ello, será necesario incrementar los recursos económicos para estas obras hidráulicas, por medio de innovaciones financieras, y garantizar que el Estado se haga responsable del abastecimiento de agua para la población que vive en condiciones de marginación.

No es posible gestionar el agua con la poca o volátil prioridad con que se trata el tema en la agenda pública. Lo más preocupante es el escaso trato que se le da en las políticas macroeconómicas donde se tiende mucho más a proteger las inversiones que la conservación del recurso y su uso equitativo. Toda acción de gestión de agua y de cuencas requiere un largo período de maduración, y por ello no pueden resolverse situaciones conflictivas en un corto plazo, peor aun si éstas no se evitan con una adecuada planificación ¿Habrá entonces una forma de convencer a los gobiernos en turno que las políticas de gestión del agua y las cuencas deben ser políticas de Estado y no de gobierno? ¿Cómo convencerlos de que aprueben aportes financieros, incluyendo a las agencias internacionales de préstamo, consistentes con la importancia y envergadura de la tarea a emprender? (Dourojeanni, 2007)

Zapatero a tus zapatos

Hay ciertas condiciones básicas, independientemente de la situación socioeconómica y política macroeconómica del país, que se deben cumplir para facilitar el ordenamiento de las acciones. La primera es asignar roles claros muy bien diferenciados a las instituciones que tiene que ver con la gestión del agua, sus cursos naturales y obras hidráulicas principales, de las funciones que tienen asignadas las entidades encargadas del manejo de las cuencas y del ambiente en general (Dourojeanni, 2007). Entonces hay que diferenciar claramente, entre gestión del agua y manejo de cuenca.

Para planear el manejo sustentable de la cuenca no se deben invadir los espacios ya creados en las estructuras y mecanismos para la gestión integral del agua, sino que se han de crear los espacios propios para esta necesidad, debido a que los objetivos son diferentes. Es decir, en un caso se trata de planear el manejo sustentable de la cuenca, con la intervención de todos los sectores y actores involucrados en la misma, que permita hacer uso pleno de los recursos naturales y servicios ambientales que ofrece la cuenca, sin dejar de atender los criterios de la sustentabilidad. En el otro caso se trata de planear la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca, con la intervención de todos los sectores y actores que se vinculan con el agua, y que necesitan no sólo plantear sus necesidades relacionadas con el recurso, sino también actuar en función de los límites que el recurso agua exige para su aprovechamiento y conservación (Carabias y Landa, 2004).

Agua para la vida

Para lograr una buena eficacia en el uso del agua es menester atender el agua para la vida.

Ley de Aguas Nacionales (LAN) obliga a que las concesiones y asignaciones de aprovechamiento se otorguen en función de la disponibilidad del líquido. Su artículo 3° fracción LIV define el “Uso Ambiental” o “Uso para conservación ecológica” como “El caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero, que debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema”. Es obligación del Estado de medir el volumen necesario para la conservación ecológica del agua, a partir de lo cual puede calcularse el potencial de extracción y distribuir los excedentes para uso público, producción de alimentos y otros usos productivos y recreativos. La medición del caudal ecológico está establecida en la norma oficial mexicana (NMX-AA-159_SCFI-2012) y es obligación del Estado mexicano que todas las cuencas tengan definido su caudal ecológico. Sin embargo, en muy pocas cuencas se ha cumplido con este mandato legal. El caudal ecológico es una condición para poder decretar las reservas nacionales de agua y con ello proteger los ecosistemas acuáticos y terrestres vinculados al ciclo hidrológico (Barrios et al., 2015).

Si bien, para lograr el acceso universal al agua potable y al saneamiento es necesario ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de alcantarillado y del saneamiento mismo, el estado mexicano tiene que garantizar tres litros de agua potable diarios por persona, tanto en cantidad y calidad como en acceso adecuado a través de un “acceso equitativo: La obligación de las autoridades federales, estatales y municipales de garantizar el acceso, vía estrategias de distribución o almacenamiento a nivel domiciliar, a un volumen fijo de agua de calidad para consumo humano por habitante por día, sin importar la ubicación geográfica o la situación económica, cultural, social o de género de los habitantes;” y con “Agua de calidad: Agua para uso y consumo humano cuyas características no representan ningún riesgo para la salud durante el consumo de por vida, inclusive durante las diferentes sensibilidades que pueden ocurrir en distintas etapas de la vida;” (Propuesta ciudadana de Ley General de Aguas).

La nueva cultura del agua debe de impulsar. Por ejemplo, un cambio en la producción de carne de vacuno: para producir un kilo se requieren 15,500 litros de agua, además es la principal causa de deforestación, los vacunos al ser rumiantes emiten gases efecto invernadero.

Eficiencia en la gestión del agua

Del agua total disponible en México (459 kilómetros cúbicos) se extrae para distintos usos 17.4%, equivalente a 80 kilómetros cúbicos. De éstos, 30 kilómetros cúbicos provienen de agua subterránea y 50 kilómetros cúbicos de aguas superficiales (37% y 63% de la extracción total respectivamente) (Semarnat, 2010). Cabe hacer notar que los 30 kilómetros cúbicos de agua subterránea que se extraen de los acuíferos representan más de 35% del total de la recarga anual, lo cual, según los estándares internacionales, es una situación de presión entre media y alta que debe ser modificada para evitar una situación crítica. Del agua total extraída (80 kilómetros cúbicos), 77% (61.6 kilómetros cúbicos) se utiliza para la agricultura de riego, 14% (11.2 kilómetros cúbicos) para el abastecimiento público, 5% (cuatro kilómetros cúbicos) para las termoeléctricas y 4% (3.2 kilómetros cúbicos) para la industria (Semarnat, 2010). Cabe hacer notar que estas cifras se calculan del llamado uso consuntivo (se altera el volumen antes y después de ser usada), resulta que del total usado el no consuntivo representa el 68%, es decir, el doble y se utiliza para hidroelectricidad, efectivamente no cambia el volumen pero si la composición, deja de llevar sedimentos y limo que son necesarios para la agricultura y la vida del río y, en su caso, del mar.

Según la fuente de origen, 63% del agua de riego proviene de aguas superficiales y 37% de aguas subterráneas. En el caso de las ciudades, 70% proviene de aguas subterráneas. Dicho de otra forma, 76% del agua subterránea utilizada se destina al riego y 24% a las ciudades. Resulta que la mayoría de los recursos hídricos utilizados en el país se destinan a irrigar 6.5 millones de hectáreas de cultivos. El mal estado de los sistemas de riego provoca que entre 40% y 50% de este volumen se pierda por fugas: entre 25 y 30 kilómetros cúbicos. Es inconcebible que las fugas agrícolas sean mucho más del doble que la cantidad total de agua destinada al abasto púbico y a casi ocho veces lo que necesita la industria.

Es evidente que para lograr el acceso universal al agua potable y al saneamiento es necesario ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de alcantarillado y del saneamiento mismo. Por ejemplo, para abastecer la demanda creciente de las ciudades es indispensable construir infraestructura para el reuso del agua, como ocurre en la mayoría de las grandes ciudades de los países desarrollados.

Red de investigación para el entendimiento y la acción

Tanto para lograr mayor eficacia como eficiente en la gestión del agua, se requiere profundizar en el conocimiento, tecnologías e innovación y estudiar para entender los procesos sociales que existen y que se deben mejorar para un aprovechamiento sustentable del agua. por ejemplo, el centro y norte del país está llegando a un estrés hídrico y para revertir la tendencia de deterioro se requiere un impulso serio en la investigación que nos permita entender, entre otros procesos, el funcionamiento y condición de los acuíferos, sus interconexiones y delimitación (Llanos et al., 2016); desarrollar tecnologías más eficientes de riego; conocer cultivos y variedades menos demandantes de agua con base en el conocimiento tradicional acumulado durante milenios.

Se requieren estudios nacionales e internacionales para recomendar un uso del agua para riego que ajuste las concesiones a la disponibilidad real, que fomente el uso eficiente del agua en los sistemas de riego para la producción agrícola y proponer cultivos menos demandantes de agua en zonas de escasez de este líquido.

Se requiere nuevos métodos de monitoreo para obtener señales que permitan evaluar y proponer mecanismos adecuados para establecer los cauces ecológicos, no hay mediciones suficientes para cumplir con estas disposiciones legales. Tampoco hay la verificación y el monitoreo necesarios para garantizar que la extracción sea sustentable, es decir, que no se extraiga agua más allá de los umbrales necesarios para que los ecosistemas se mantengan sanos y se conserve el ciclo hidrológico (Carabias y Landa 2004; Llanos et al. 2016). Se requiere obtener la huella hídrica de los productos y servicios que consume y utiliza la sociedad y proponer con creatividad diversas formas de promoción de una nueva cultura del agua.

Existen en el país diversas redes e instituciones dedicadas a asuntos del agua tanto académicas como organizaciones de la sociedad civil, es importante impulsar y estimular estos esfuerzos y conectarlos para generar consensos sociales que permitan un mejor entendimiento de las dinámicas hídrico-humanas, mejorar las técnicas, con talento y en ambientes de tolerancia, con ello se avanzará en el andamiaje necesario para consolidar una verdadera política de estado en torno al recurso hídrico.

Gobernanza efectiva para la gestión del agua

La formulación de políticas públicas modernas para la gestión del agua requiere de formas novedosas de gobernanza en las que, sin perder la función rectora del Estado sobre el agua, estén presentes los tres órdenes de gobierno, se promueva la organización responsable y el compromiso de la sociedad, se incluya a los usuarios en la toma de decisiones, actúen de manera coordinada y planeada los distintos sectores involucrados, se fomente una cultura respetuosa del agua y, sobre todo, se construya una política de Estado, de largo plazo, que promueva el bienestar de las presentes generaciones y tenga un compromiso inter-generacional con las que vienen.

Es importante tener claro que se trata de la gobernanza para la gestión del agua, no para el manejo integral de cuenca, que responde a otras instancias de la política ambiental en las que esta incluida la gestión del agua, como una parte más. Por ello el término cuenca hidrológica responde a la gestión del agua y es una unidad hidrológica – administrativa (se ajusta a necesidades de gestión) a diferencia de la cuenca hidrográfica que que es un asunto netamente fisiográfico. Por tanto y con la intención de clarificar a los llamados consejos de cuenca, deberían de llamarse concejos del agua de cuenca. Es necesario analizar como han funcionado o por qué no han funcionado los consejos, comisiones, comités y COTA, para construir a partir de la experiencia tomando en cuenta que debe estar representado el uso cauce ecológico y el uso para la garantía mínima de agua por persona.

Además una función crucial de la gobernanza es la producción de información desde las comunidades es un aspecto básico que ayudará a entender los procesos a generar bancos de ideas y a contribuir para remediar la falta de continuidad de mediciones, monitoreo, evaluaciones y proyecciones, así como la poca transparencia de la información que se genera en las instancias gubernamentales responsables de la gestión del agua, indispensables para la toma de decisiones informadas e incluyentes en todos los niveles de la gobernanza del agua

Metas

Serán el resultado del debate, para el 2030 los ODS establecen:

• Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos
• Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables
• Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial
• Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua
• Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda
• Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
• Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización
• Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento

La tarea es como se relacionan con mensajes y como se aterrizan en México.

Bibliografía

Barrios et al., Programa Nacional de Reservas de Agua en México: Experiencias de caudal ecológico y la asignación de agua al ambiente, Banco Interamericano de Desarrollo, 2015.

Carabias, J. y R. Landa, Agua, medio ambiente y sociedad, Colegio de México, 2004.

Dourojeanni, A., ““Si sabemos tanto sobre qué hacer en materia de gestión integrada del agua y cuencas ¿por qué no lo podemos hacer?”, El manejo integral de cuencas en México, segunda edición, Helena Cotler (compiladora), Semarnat, 2007.

Llanos, M. et al., Análisis y propuestas para la conservación de la biodiversidad en México 1995-2017, Ciudad de México, 2017.

 

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SÍNTESIS DE ORIENTACIONES PARA UNA POLÍTICA HÍDRICA NACIONAL SUSTENTABLE

Convertir la política hídrica en una política de Estado.
Es urgente reconocer la situación crítica del recurso hídrico en el país y elevar el tema del agua a la más alta prioridad de la agenda nacional. Afrontar el tema del agua demanda un acuerdo nacional profundo entre los Poderes de la Unión y la sociedad para sentar las bases de una política de Estado para el sector hídrico.

Construir la gestión integral del recurso hídrico.
Implica una nueva forma de gestión pública en donde, además de la administración del agua a cargo del gobierno, se sume la capacidad y acción de la sociedad, sin que por ello se merme la responsabilidad del Estado como rector del recurso hídrico. Se requiere la elaboración de un Plan Nacional de Manejo Integral de los Recursos Hídricos.

Construir una nueva cultura del agua que incorpore la visión ambiental.
Es indispensable un cambio en la actitud de la sociedad y del gobierno ante los recursos hídricos, lo cual requiere la construcción de nuevos paradigmas y valores vinculados al entendimiento de la dinámica natural que hace posible la existencia del recurso, acceso a la información, mecanismos de participación y competencias claras entre órdenes de gobierno.

Proteger los ecosistemas acuáticos y terrestres vinculados al ciclo hidrológico
y detener la deforestación.
Es necesario definir las regiones hidrológicas prioritarias y priorizar su conservación mediante los diferentes instrumentos de protección, tales como las áreas naturales protegidas, los ordenamientos ecológicos territoriales y los programas de manejo de recursos naturales sustentables, entre otros. La Conabio y la Conanp deben desarrollar una estrategia de conservación de regiones hidrológicas prioritarias.

Limitar la extracción del recurso hídrico a la capacidad de renovación de los cuerpos de agua.
Definir y aplicar en la práctica la reserva del caudal mínimo necesario para proteger las funciones de los ecosistemas acuáticos y de los acuíferos, y extraer sólo los excedentes para ser distribuidos en los diferentes usos.

Utilizar y aprovechar el recurso hídrico de una manera eficiente, integral y sustentable, mediante instrumentos regulatorios y no regulatorios.
Hay que aplicar de manera complementaria instrumentos regulatorios y no regulatorios para distribuir el excedente de agua de los ecosistemas acuáticos y acuíferos. El Repda debe ser actualizado y evitar sobreconcesiones, para lo cual deben medirse los volúmenes que pueden ser concesionados. La definición y aplicación de tarifas diferenciales por región ecológica que recuperen los costos de inversión, protejan a los usuarios y propicien la viabilidad financiera de los organismos operadores, permitirán ajustar el uso del agua; estas tarifas deberán estar vinculadas con la mejoría en la calidad y la cobertura de los servicios, el pago de derechos y el establecimiento de mercados de agua. Un mercado de derechos de agua ayudará a mejorar la reasignación de su uso con un enfoque de eficiencia económica. Debe establecerse una política transparente de subsidios directos para la población más marginada.

Convocar a un debate profundo sobre las ventajas y desventajas del pago de derecho del agua para uso agropecuario.
El Congreso de la Unión podría conducir este debate para llegar a una solución que sea viable ambiental, social y económicamente. Si se requieren subsidios a la agricultura se deben otorgar de manera que no generen un daño ambiental y no aplicarse sobre el insumo más importante, que es el agua.

Continuar fomentando el uso eficiente del agua subterránea que redunde en beneficios al acuífero, mediante innovaciones tecnológicas y ajustes en las concesiones.
Deben fomentarse e incentivarse las tecnologías de ahorro de agua en el riego y vincularse con un Plan de Ordenamiento de los Acuíferos que determine la intensidad y la temporalidad del uso del agua subterránea. Se necesita adecuar la reglamentación de las concesiones, de tal suerte que sólo se distribuya el excedente de agua de los acuíferos. Las innovaciones tecnológicas de ahorro de agua permitirán conciliar este objetivo en vez de que el agua ahorrada se utilice para regar más superficie o producir cultivos que demandan más agua. Deben fortalecerse los Cotas y coordinarse más estrechamente con los consejos de cuenca.

Adecuar la política de fomento agropecuario para cuidar la renovación y la calidad del recurso hídrico.
Es necesario detener el incremento de la frontera agropecuaria basada en el cambio de uso de suelo, por medio del fomento de prácticas productivas sustentables y reglamentando el uso del fuego agropecuario para evitar incendios forestales. Ambas prácticas afectan los ecosistemas naturales y por ende el ciclo hidrológico. Además, se requiere regular y desincentivar el uso indiscriminado de agroquímicos que alteran la calidad del agua. Los incentivos económicos del sector agropecuario deben orientarse hacia el fomento de prácticas más amigables con el ambiente.

Mejorar la calidad del agua considerando la capacidad de asimilación y degradación de contaminantes de los cuerpos de agua y aplicando medidas para el saneamiento integral.
Se requiere incrementar la infraestructura de saneamiento (drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales) y adecuar la NOM-001 a la capacidad de asimilación de contaminantes de los cuerpos de agua. El pago de derechos de descarga debe ser superior al costo de tratamiento del agua, para que el instrumento funcione como un desincentivo a la contaminación. La recaudación de recursos económicos por el pago de derechos de descarga debe aplicarse a la remediación del daño ambiental. Se requiere ajustar los indicadores de medición de la calidad del agua para incorporar criterios microbiológicos y desarrollar una política de saneamiento integral de cuerpos de agua con medidas obligatorias de prevención y restauración del daño. La revisión de los ciclos de producción de las industrias, mediante auditorías ambientales, puede disminuir la cantidad de descargas de aguas residuales y mejorar la calidad de éstas. El pago de derechos de descarga debe ser superior al costo de tratamiento del agua, para que el instrumento funcione como un desincentivo a la contaminación. La recaudación de recursos económicos por el pago de derechos de descarga debe aplicarse a la remediación del daño ambiental.

Ampliar la cobertura de abastecimiento de agua para la población en concordancia con el Ordenamiento Ecológico General del Territorio y enfocando los esfuerzos del gobierno a las zonas de alta marginación.
Se requiere ampliar la cobertura de agua potable a 25 millones de personas más para el 2025, a fin de lograr cumplir con la Meta del Milenio. Es necesario incrementar los recursos económicos que invierte el gobierno en este renglón y atraer recursos de la inversión privada. Las áreas más margiadas deben ser atendidas prioritariamente por el gobierno y la inversión privada puede participar más eficientemente donde existan las condiciones de recuperación de la inversión. Se requiere una política de planeación de la ocupación territorial que se aplique en concordancia con el OEGT y que desincentive la dispersión poblacional.

Favorecer que el sector hidráulico sea sujeto de crédito para incrementar la inversión que permita la mejora en el abastecimiento de los servicios.
Se requieren recursos adicionales tanto del sector público, redistribuyendo el gasto y estableciendo prioridades, como de las tarifas, la recaudación del pago de derechos, la reinversión de las utilidades de los organismos operadores y el flujo de recursos del sistema financiero mexicano. Esto último necesita cambios normativos que permitan superar los obstáculos para tener acceso a estos fondos y que el sector hidráulico pueda ser sujeto de crédito bancario o emitir instrumentos de deuda.

Fortalecer a los organismos operadores y consolidar un organismo de resolución de conflictos y un ente regulador independiente.
Los organismos operadores requieren que se mejore la planeación, la presupuestación, el manejo financiero y la profesionalización del personal. Asimismo, se necesita reducir gradualmente la brecha entre costos y tarifas y mejorar la eficiencia física, administrativa y comercial de los organismos operadores tanto privados como públicos. Se requiere ajustar el marco regulatorio de manera que dé certidumbre a la inversión, evite monopolios, garantice la rendición de cuentas, defina de antemano los niveles tarifarios y transparente los contratos de concesión en caso de ser privados. Se requiere un organismo de resolución de conflictos y un ente regulador con autonomía de los organismos operadores.

Fortalecer las capacidades nacionales para afrontar los riesgos causados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos a través de la vinculación entre la gestión ambiental y la gestión de riesgos.
El tema de los riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas sociales frente a la presencia de eventos hidrometeorológicos extremos requiere ser atendido con prontitud. Es urgente consolidar una institución de alto nivel transectorial especializada en la planeación de la prevención y la organización de respuestas ante el riesgo, que articule la información meteorológica con el diseño de acciones claras, cuente con personal de servicio civil de carrera y tenga continuidad ante los cambios de gobierno. Esta instancia podría ser la encargada de desarrollar e implementar un Plan Nacional para la Gestión de Riesgos que incluya tanto la prevención como la mitigación, e integre las acciones propuestas con la instrumentación del OEGT, con particular énfasis en la reubicación de asentamientos que hoy existen en zonas de alto riesgo.

Consolidar un Programa Nacional de Seguridad de Presas que incorpore criterios ambientales.
Los efectos socioambientales derivados de la construcción y operación de las presas se pueden minimizar incorporando criterios ambientales en los procesos de planeación, incluyendo a los actores sociales en las decisiones que les han de afectar, revalorando las opciones de microhidráulica y consolidan en caso necesario, realizar el desmantelamiento seguro de algunas obras.

Mantener la CNA como órgano desconcentrado de la Semarnat para que la gestión del agua sea congruente con la conservación y uso de los demás recursos naturales.
Se requiere armonizar la política hídrica con la política ambiental y de manejo y conservación de los recursos naturales. Es necesario superar las tensiones internas en el sector.

Reforzar el carácter transversal e intersectorial del sector hídrico.
Es necesaria la consolidación de los mecanismos de coordinación y armonizar las políticas de fomento productivo y desarrollo social con la política hídrica y con la política ambiental en su conjunto.

Expedir los reglamentos de la LAN. Es impostergable la expedición e implementación de los reglamentos que surgen de la reforma de la LAN de 2004 para poner en práctica los avances de la misma y el nuevo arreglo institucional.

Fortalecer la institución de aplicación y vigilancia de la ley.
Se requiere aclarar la relación entre la Profepa y la CNA, y dotar de recursos económicos y humanos a la instancia responsable de la aplicación y vigilancia de la ley.

Fortalecer los mecanismos de participación social y los preventivos de conflictos en torno al agua garantizando la legitimidad de estos espacios y su operación transparente.
Implementar los avances de la reforma de la LAN de 2004 y garantizar que los representantes en espacios abiertos de participación para la sociedad tengan legitimidad frente a sus representados. Al mismo tiempo, fortalecer instancias de prevención de conflictos que surgen entre la autoridad y la sociedad.

Desarrollar una estrategia para la generación de información verídica y de comunicación

clara que le permitan a la sociedad formar conciencia y actuar.
Se requiere un centro autónomo de información y conocimiento sobre el agua que favorezca la sistematización, integración de información, el diseño de indicadores y la vinculación de la generación del conocimiento con la toma de decisiones. Asimismo, se busca una política de largo plazo para la comunicación de la información, que transmita con claridad los mensajes diferenciados para los distintos públicos y que permita elevar el entendimiento del problema y el nivel del debate, que difunda información verídica y posibilidades de solución aprovechando el potencial de los medios de comunicación masiva.

Fortalecer la gestión integral del agua en la cuenca.
Se necesita poner plenamente en práctica los mecanismos que marca la ley para la gestión del agua en la cuenca y de la cual aún falta su reglamentación. De manera paralela se requieren nuevas estructuras que pueden emanar de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el manejo integral de la cuenca, en donde participen todos los sectores, entre ellos el hídrico. Se requiere formular un plan de manejo integral para cada cuenca, articulado con el ordenamiento ecológico del territorio. Conviene renombrar los consejos y el organismo de cuenca como Consejos de Agua de la Cuenca y Organismos de Agua de la Cuenca, y usar el nombre de Consejo de Manejo Sustentable de la Cuenca a los espacios de planificación integral de la cuenca.