Manejo integrado del paisaje rural

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Texto para CeIBA elaborado por Gonzalo Chapela, Vicente Arriaga y Araceli Vargas Mena

Versión 3 de diciembre 2017

PRESENTACIÓN.

Este borrador es un embrión para integrar un capítulo de la propuesta de CEIBA para la siguiente etapa que abre el proceso electoral en México. Toma múltiples contribuciones de compañeros y diversas discusiones que se han decantado a lo largo de años. Como borrador de un documento que será colectivo, requiere de las aportaciones y críticas de los miembros de CEIBA, para enriquecer el debate y, en última instancia, tratar de incidir en un mejor rumbo para un desarrollo sustentable de los territorios rurales.

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La Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera rural, en una definición contrario sensu, a la superficie terrestre que no está en las ciudades, lo que no excluye la noción de territorios funcionales (Berdegué y Schejtman) y cada vez es más clara e intensa la interdependencia entre las ciudades y el campo, así como la categoría de periurbano y la producción agropecuaria urbana.

La gestión de estos territorios requiere rebasar el enfoque sectorial parcelado, a pesar de la dificultad para instrumentar este concepto, tanto en las definiciones de política pública como en la cultura de los agentes del desarrollo rural en todos los niveles.

Repensar el campo es una tarea complicada a la luz de las perspectivas que incluyen una población mundial que probablemente rebasará los 10 mil millones de personas un poco después del año 2050 y continuará creciendo rápidamente durante el resto del siglo XXI, lo que obliga a incrementar la disponibilidad de alimentos en un 70% en ese mismo plazo (según la FAO) y hacerlo manteniendo o, mejor, incrementando la base de recursos naturales productivos y la biodiversidad. Aunque eso implica la eficiencia del uso del agua y la reducción de desperdicios, la disponibilidad alimentaria estará en la expansión sobre la frontera agrícola y la productividad por hectárea.

Varios ODS implican el desarrollo sustentable del campo y de manera más directa se pueden destacar los objeticos de poner fin al hambre (ODS 2); una vida sana, en relación con la nutrición y con el manejo de sustancias químicas en la agricultura (ODS 3); producción sustentable (ODS 12) y el uso sustentable de los ecosistemas terrestres (ODS 15). Este último objetivo atañe directa y explícitamente la gestión sustentable de los territorios rurales, con metas específicas a plazo prácticamente inmediato (2020, principalmente rezagos de los objetivos del Milenio) o muy corto (2030): conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres; gestión sostenible y restauración de bosques, con cero deforestación; neutralización de la degradación de suelos; evitar la degradación de los hábitat y la pérdida de biodiversidad e; integrar los valores ecosistémicos en la planeación nacional, entre otros propósitos que desafían nuestra capacidad para tomar medidas eficaces y oportunas, cuando en México persiste una tasa de deforestación superior a las 150 mil hectáreas anuales y dos terceras partes de las tierras muestran degradación media a alta.

Dado que otros grupos de trabajo se abocan a desarrollar propuestas sobre temas coincidentes con la idea del manejo integral de territorios, en las siguientes propuestas se abordarán los aspectos de conservación de ecosistemas, seguridad alimentaria, manejo sustentable de tierras y forestal.

1-LÍNEAS TRANSVERSALES

1.1.-SEGURIDAD EN LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

Un elemento básico de la sustentabilidad en la gestión de los territorios, es el carácter patrimonial de las tierras y los recursos naturales, como condición para que sus dueños jueguen el papel de guardianes por su interés de largo plazo en el capital natural. Desde 1995 se ha avanzado en la certificación de la propiedad social de las tierras (96%, según el Registro Agrario Nacional) pero la forma de aplicación de la certificación ha conducido en diversos casos al desmonte de terrenos forestales y a su fragmentación, a la vez que persisten conflictos sobre derechos de propiedad que involucran a comunidades y ejidos en su interior y con terceros, particulares y también a terrenos nacionales, a la vez que se reproducen incertidumbres respecto del complicado ramillete de derechos en diversos arreglos contractuales formales e informales que implican el acceso a los recursos naturales, o diversas formas parciales o temporales de usufructo.

Es necesario dar atención a este rezago y a la nueva agenda de conflictos y casos de regularización que se acumula año con año, revisando caso por caso de manera expedita, ya que generalmente los plazos de resolución de las imperfecciones en el establecimiento y reconocimiento de los derechos de propiedad es exageradamente largo.

1.2-RACIONALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LOS PROGRAMAS.

En los últimos años se ha visto un incremento sustancial del presupuesto destinado al campo y particularmente al sector forestal, aunque a partir de 2017 ocurre una drástica reducción (50% en SAGARPA y 60% en CONAFOR, por ejemplo). Sin embargo, ese incremento ha sido establecido siguiendo una pauta inercial, escasamente ligado a criterios de evaluación de resultados y no se ha traducido en mejoras sustanciales. Particularmente, es notable que al incremento de presupuesto forestal ha correspondido una reducción en la superficie bajo manejo técnico y legal y en la producción que, en el caso de la madera, bajó más de 30% para estabilizarse y tener un leve repunte en 2016.

Las reglas de operación son el núcleo del diseño de los programas; debido a sus orientaciones, tanto como a la dificultad para su aplicación, han propiciado la captura de los recursos de los programas por una élite de los productores con mayor capacidad y recursos, lo que introduce un sesgo regresivo que no sólo implica la ampliación de la inequidad, sino también impactos negativos sustanciales en la mayor parte de los productores y en las condiciones de los recursos naturales bajo su control, a la vez que los programas auspician frecuentemente formas y prácticas productivas insustentables y presión sobre la frontera forestal.

Se plantea una revisión general de los programas y de la distribución de rubros del presupuesto, que lo oriente a la inversión en bienes públicos y rompa el patrón inercial de asignación, además de facilitar la concurrencia intersectorial y la armonización entre programas, con criterios claros redistributivos y de sustentabilidad, lo que incluye introducir mecanismos de prelación y reglas de exclusión de conceptos, a favor de la estabilización y recuperación de la frontera forestal; el manejo sustentable de las tierras; las agriculturas familiares, los modelos agroecológicos con, bajos insumos químicos, energía fósil y policultivos que conserven la agrobiodiversidad; la preservación de ecosistemas prioritarios; la agregación local de valor, los mercados de cadena corta y la formación y fortalecimiento de empresas sociales.

1.3-PROTECCIÓN FRENTE A EXTRACTIVISMO Y MEGAPROYECTOS

Ante una necesidad de generación de puestos de empleo y de promover el crecimiento económico, el país ha tomado una ruta claramente orientada al fomento de grandes proyectos de prospección, extracción y procesamiento de minerales e hidrocarburos, incluyendo en este último rubro la extracción asociada a esquistos mediante el procedimiento de fractura hidráulica. Estos proyectos, lo mismo que otros como el desarrollo turístico y urbanístico en general o la generación hidroeléctrica están impactando drásticamente los territorios rurales, frecuentemente con violación de derechos humanos elementales, dentro de un marco jurídico y regulatorio francamente discriminatorio en contra de las comunidades, muy a menudo indígenas o equiparables. En la mayoría de los casos los efectos disruptivos de los proyectos son sustanciales y abarcan grandes áreas, con un impacto en modificación de los ecosistemas, desplazamiento de comunidades, reducción u omisión del acceso a sus medios de vida y al control de sus territorios, así como la introducción de factores de dislocación de la gobernanza y otros aspectos de la vida social en los territorios rurales.

Se requiere una revisión cuidadosa de las políticas y el marco legal, que proporcione las salvaguardas de los derechos de las comunidades y para la preservación del capital natural frente a actividades económicas con gran potencial disruptivo, tomando como marco principal los derechos humanos incorporados en la Constitución y vinculados a instrumentos internacionales, bajo el principio pro homine, de máxima protección de las personas.

1.4-ATENCIÓN A UNA NUEVA DEMOGRAFÍA

Después de 100 años de agrarismo, las comunidades en los territorios rurales muestran un perfil donde la mayoría de los dueños de la tierra tienen edad avanzada, con las limitaciones que ello implica, mientras que una población de jóvenes se ven marginados del acceso a los medios de producción y de muchos aspectos de la vida comunitaria; la migración, por su parte, ha generado una mayor presencia y participación de las mujeres en las actividades productivas y en las decisiones. Sin embargo, hay múltiples desajustes entre esa realidad y el marco jurídico, institucional y cultural que opera en los territorios rurales, en relación con el acceso mismo a la tierra, la elegibilidad para los programas existentes, la falta de pertinencia de algunos y la ausencia de otros, la dinámica de sucesión en los derechos de propiedad, las prácticas e instituciones de gobernanza local o la inclusión en las actividades y decisiones de la comunidad.

Se requiere repensar el campo en esta nueva realidad, para abrir espacios a estos nuevos actores, cuidando, a la vez, a los segmentos de población que se mantienen ligados a la tierra; y esa difícil ecuación no puede producirse sólo en el terreno de la producción agrícola directa, sino en el aprovechamiento integral de los potenciales de los territorios como lugar de instalación de actividades que, impulsadas por un proceso creciente de agregación local de valor a los productos del campo, genere una elevación de los activos y posibilidades de los territorios, aprovechando las sinergias posibles. Por lo menos dos elementos deben guiar las múltiples transformaciones necesarias del campo: el fomento de redes locales de valor y el desarrollo de plataformas de concertación de alcance regional, que conciten la concurrencia de esfuerzos e identifiquen las combinaciones de interacciones sinérgicas que pueden brindar.

1.5.-RESCATE DEL ASOCIACIONISMO

Las distorsiones, inequidad y carencias van a contramano de la capacidad de gestión y negociación de las personas y los grupos sociales. En un contexto donde la competencia y los mercados son determinantes, cualquier propuesta para un desarrollo sustentable con equidad e inclusión, pasa por considerar una estrategia para incrementar las capacidades de negociación, de inserción en el mercado y de tratar con las transacciones de la competencia; en este marco general se evidencia la necesidad de la acción colectiva y de la formación y fortalecimiento de sujetos sociales que, juntos sean capaces de superar las limitaciones individuales.

Tomando en cuenta las distorsiones y corrupción que ha significado la historia de corporativismo y burocratismo de las organizaciones de productores, se propone fortalecer y establecer acciones específicas orientadas a la construcción de colectivos con posibilidades para hacer las gestiones, formular y ejecutar los proyectos y, en última instancia, constituirse como interlocutores activos de las definiciones de políticas que determinan el rumbo del desarrollo, en este caso, de los territorios rurales.

Entre las principales acciones en esta dirección destacan: a) el diseño de los programas y procesos de gestión regulatoria, de manera que se dirijan preferentemente a colectivos y, adicionalmente con ello, reduzcan los costos de transacción de la gestión de esos programas y procesos.; b) el fortalecimiento y establecimiento de plataformas de participación social, con énfasis en las correspondientes al ámbito regional y montar sobre esta estructura, un proceso de descentralización con participación social; c) desarrollo de programas especializados en la creación de capacidades de los agentes y su conformación y fortalecimiento organizativo y; d) diseñar y aplicar programas específicos y dispositivos en las reglas de operación tendientes a promover la rendición de cuentas y la participación efectiva en esos colectivos.

1.6.-MEJORAR EL GASTO

Cada vez va siendo más claro que más presupuesto no significa mecánicamente mayores avances, que el presupuesto ha sido tendencialmente regresivo y un factor de exclusión; varios elementos prospectivos, además, hacen esperar un periodo largo con escasez de recursos, lo que hace necesario repensar la forma, los montos, la distribución y los propósitos del gasto público, especialmente las transferencias e inversiones.

Entre los cambios necesarios en el gasto público se propone: a) un viraje de transferencias directas y de activos privados hacia activos públicos, como una forma de democratizar el acceso a las inversiones públicas y de incrementar el impacto de éstas; b) un viraje paulatino de “apoyos a fondo perdido” hacia inversiones productivas reembolsables, como una medida para combatir las distorsiones clientelares de la captura de rentas y su intermediación; c) adecuación de la oportunidad de las asignaciones en función de las necesidades y máxima eficiencia de los proyectos, de manera que los recursos estén disponibles en el tiempo en que se necesitan, con un grado de flexibilidad que permita también la mezcla de recursos complementarios; d) consolidación y expansión, cuando se justifique, de presupuestos interanuales que permitan la planeación y la aplicación de estrategias financieras de mediano y largo plazo; e) armonización, para reducir la entropía en programas que compiten, se duplican o se combaten entre sí, especialmente en lo que se refiere al impacto ambiental de los programas relacionados con el manejo de recursos naturales; f) diseño y adecuación de programas para ampliar su efecto redistributivo y para su avance a través del tiempo, en cuanto a su complejidad y la concatenación de objetivos parciales y temporales hacia el largo plazo.

1.7.-INSTITUCIONES Y ACCIONES CON ENFOQUE TERRITORIAL.

El enfoque territorial, integral, tiene amplias ventajas sobre enfoques tradicionales de tipo sectorial o, peor, de intervenciones especializadas descontextualizadas y sin dispositivos para sumarse e interactuar con otras acciones. Se propone una visión de territorios rurales o transicionales y mixtos, donde procesos de planeación adecuados y participativos identifiquen las sinergias posibles y las contradicciones entre los objetivos e intereses dentro del proceso de desarrollo regional. A pesar de que desde hace mucho tiempo se han hecho planteamientos de este tipo, inercias, falta de diálogo, deficiencias en el diseño institucional o limitaciones normativas, entre muchos otros factores, han limitado la puesta en práctica de estas nociones.

En busca de un enfoque territorial, integral y auténticamente de descentralización, se propone: a) establecimiento y auspicio constante de mediano plazo a plataformas participativas de concertación y convergencia intersectorial y entre órdenes de gobierno; b) descentralización de gestiones administrativas y regulatorias hasta el espacio regional y con esquemas participativos en la gestión y ejecución; c) ordenamiento territorial concertado con parámetros de sustentabilidad y carácter vinculante; d) armonización de programas y otras políticas; e) creación de capacidades en los funcionarios y agentes sociales en el nivel regional, así como dotación de activos públicos para la gestión.

2.-CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES

2.1.-MANEJO SUSTENTABLE DE LAS TIERRAS Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN.

La condición de las tierras está en la base de toda sustentabilidad basada en los recursos naturales, además de tener implicaciones sustanciales en aspectos como el cambio climático y la regulación de cuencas y avenidas. Aun cuando la CNULD ha tenido una trayectoria marginal, es un marco de referencia que, adecuado soberanamente en México, es de aplicación general en todas las condiciones ecosistémicas del país. Debe referirse que existen ya avances básicos importantes en cuanto a programa, (la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras y Lucha contra la Desertificación), marco normativo (Iniciativa de Ley General para el Manejo Sustentable de las Tierras y la Lucha contra la Desertificación) o plataforma de concertación (el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación, SINADES). También se cuenta con casos de buen manejo de tierras y producción académica como plataforma para una acción de gran escala, sin necesidad de grandes inversiones adicionales.

Se propone: a) Incluir el manejo sustentable de tierras y su restauración como componente prioritario en los planes y programas; b) reactivar el cumplimiento de la CNULD  y aprovecharla como plataforma, revisando y adecuando la identificación y capacidad instalada del punto focal de la Convención y el órgano de coordinación nacional; c) establecer una entidad gubernamental especializada y con capacidad administrativa y política para concertar decisiones intersectorialmente, que se ocupe de esta agenda; d) establecer un marco jurídico para soportar las decisiones y acciones planteadas; e) actualizar y mejorar la información y diagnósticos disponibles, con una escala de resolución que permita la instrumentación de acciones en nivel de parcelas; desarrollar el sistema nacional de monitoreo del estado de las tierras; f) documentar los casos de buenas prácticas e instrumentar un proceso masivo y sistemático de aprendizaje entre productores; g) establecer los parámetros para incorporar la calidad de tierras en las operaciones contractuales de renta o venta.

2.2.-PROMOCIÓN DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE

Ha sido muy discutida y aceptada la idea de la producción sustentable como forma fundamental de resguardo del capital natural y, dentro del concepto mismo de manejo sustentable de tierras, se cuenta con un acervo muy amplio de experiencias de prácticas sustentables, que incluye soluciones técnicas y condiciones que las hacen posible, como acceso a mercados adecuados, financiamiento, organización, fortalecimiento de capacidades y otros aspectos.

Se propone dar prioridad a este enfoque mediante: a) revisión y mejora de programas de fomento agropecuario y forestal; b) creación de capacidades y aprendizaje entre productores; c) desarrollo de mercados que distingan la sustentabilidad del proceso productivo de donde provienen los productos; d) investigación aplicada y básica para el desarrollo y mejoramiento de modelos productivos sustentables.

2.3.-CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE ÁREAS PROTEGIDAS

Partiendo de un concepto basado en la producción sostenible, debe reconocerse y difundirse la utilidad de las áreas protegidas en la conservación de los ecosistemas y de los procesos naturales que se desarrollan en ellos.

En esta línea se propone: a) la consolidación del sistema nacional de áreas protegidas, garantizando que todas las áreas decretadas o certificadas voluntariamente cuenten mínimamente con un ordenamiento y un plan de manejo concertados, con un órgano directivo con participación ciudadana incluyente y un esquema de monitoreo; b) normar y fomentar áreas voluntariamente destinadas a la conservación, especialmente las que se encuentran dentro de predios forestales bajo manejo regular persistente; c) hacer una evaluación general detallada de las ANP y establecer planes de evaluación y monitoreo para cada ANP, con participación de los dueños de las tierras involucradas; d) dotar a la CONANP de un marco jurídico que le permita cumplir sus funciones, así como de las capacidades y recursos necesarios para ello.

2.4.-CONECTIVIDAD BIOLÓGICA

La conectividad es condición para potenciar y dar sentido a las ANP, a la vez que un factor de mejora general de la calidad de los territorios rurales en términos de su capital natural y los servicios ambientales que prestan. Mucho se ha avanzado en ensayar intervenciones y orientación estratégica en el Corredor Mesoamericano México, así como en el de la Sierra Madre Oriental y se puede decir que el planteamiento de Territorios Productivos Sustentables contiene ya un planteamiento estratégico de largo plazo; sin embargo, estas acciones siguen constreñidas a ciertas entidades y, dentro de éstas a regiones, sin llegar a trascender un carácter exploratorio de piloto que debía superarse.

Se propone una estrategia que incluye: a) establecer una política nacional de conectividad biológica y habilitar las condiciones institucionales y legales para ello; b) establecer un programa de largo plazo para la conectividad biológica; c) Incluir la conectividad biológica en planes, programas y reglas de operación; d) insertar el diseño de corredores en los ordenamientos territoriales, como parte de una gestión regional de descentralización.

2.5.-ALTO AL AVANCE SOBRE LA FRONTERA FORESTAL.

Aunque la información oficial narra la disminución de la tasa de deforestación, ésta continúa, sumada a los procesos de degradación forestal, que significan pérdida de capital natural, además de ser preámbulo de la deforestación misma. Como meta específica de los ODS y por la necesidad de preservar y acrecentar los recursos forestales del país, México debe alcanzar en los próximos años la condición de prácticamente cero deforestación.

Se propone: a) adoptar un criterio que deje de lado el concepto de deforestación neta, que pretende validar la deforestación con una aritmética de compensación con plantaciones, sin demérito de la conveniencia de éstas; b) afinar y concertar los criterios para la discriminación de las áreas forestales y deforestadas; c) mapear, con resolución parcelaria, la superficie nacional de bosques, selvas y matorrales y difundir dicho mapeo entre los gestores de las tierras y los funcionarios relevantes; actualizar dicho mapeo y mejorar los datos sobre deforestación; d) vincular el mapa de tierras forestales con los programas de fomento agropecuario; e) establecer un plan y programa nacional contra el tráfico ilegal de productos forestales, enraizado en programas regionales concertados; f) fortalecer el marco legal limitativo del cambio de uso del suelo forestal; g) desarrollar un sistema de reconocimiento de libre de deforestación en las cadenas de suministros de productos agropecuarios , así como acuerdos con grandes consumidores de productos agropecuarios y un mercado preferencial; h) desarrollar, fortalecer, documentar y promover sistemas productivos agropecuarios sustentables de alto rendimiento.

2.6.-CONTROL DE PLANTAS INVASORAS

Sólo recientemente ha sido destacado el alcance de las plantas invasoras como un problema serio, aunque desde hace mucho tiempo se ha identificado; ante un estado incipiente de desarrollo de estrategias y propuestas concretas para enfrentarlo, se plantea trabajar en la formulación de estrategias, planes y programas para incorporarlas a las políticas ambientales y de desarrollo rural.

3-SEGURIDAD ALIMENTARIA BASADA EN LA SOBERANÍA Y LA SUSTENTABILIDAD.

Hoy, casi una de siete personas vive con hambre; uno de los primeros ODS es, precisamente, eliminar el hambre del mundo en 2030 y se estima que, para eso, hacia 2050 se requiere aumentar en un 70% la actual producción mundial de alimentos, lo que significa un reto formidable y también, si para ello se siguen cánones productivos de la agricultura industrial, una amenaza sobre la sustentabilidad, que incluye la producción de gases de efecto invernadero, la pérdida de fertilidad y de suelos, el agotamiento de fuentes de fósforo, la pérdida de la agrobiodiversidad y la contaminación por el uso de agroquímicos, entre otros problemas graves.

La seguridad alimentaria, entendida en sus pilares de disponibilidad, accesibilidad, calidad y uso, no puede ser alcanzada sin asegurar grados sustanciales de soberanía, cuando México depende de importaciones para su alimentación, en más del 40%. Sin sugerir la autarquía alimentaria, se propone adoptar un paradigma que busque garantizar paulatinamente una capacidad de autodeterminación que puede indicarse por un máximo de 15% de dependencia alimentaria en cada producto estratégico (definidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable). Dicha capacidad de autodeterminación debe trasladarse, de manera anidada, del ámbito nacional al regional, comunitario y familiar.

En este contexto general, se propone incorporar las siguientes líneas a la agenda del desarrollo:

 

 

3.1-IDENTIFICACIÓN Y ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

Como Cuna de la agricultura, México dispone de una trayectoria inmemorial en innovación productiva y conocimiento del medio ambiente para la producción. En la historia contemporánea, especialmente desde mediados del siglo XX, el país ha emprendido abundantes proyectos y fundado instituciones que han acumulado un acervo de conocimientos y un capital humano que, junto con la labor cotidiana de los productores, ha generado soluciones múltiples a los problemas de la producción y experiencias prácticas en todas las diversas condiciones del País y se puede decir que, mientras el proceso de innovación continúa, hay opciones productivas sustentables de alto rendimiento, susceptibles de expandirse para incrementar la disponibilidad de alimentos. Casos como la ganadería intensiva silvopastoril, la labranza de conservación o el manejo intensivo de milpa, van mostrando la posibilidad de un incremento sustancial de la productividad sin generar degradación o daños ambientales y muchas veces con beneficios en términos de condición de las tierras o biodiversidad.

Se propone, en este rubro: a) identificar, documentar, registrar, mantener actualizado dicho registro y difundir  las prácticas exitosas de producción agropecuaria sustentable disponible y las innovaciones que se incorporen al acervo de propuestas, con atención a la innovación en el marco de la adaptación al cambio climático; b) desarrollar un programa de transferencia de buenas prácticas, preferentemente aprovechando programas existentes, tomando en cuenta las mejores propuestas metodológicas en cuanto a adopción y transferencia tecnológica.

3.2-ASEGURAR EL GERMOPLASMA.

Siempre y más en tiempos de cambio climático, la agrobiodiversidad es base de una producción sustentable, frente a un proceso de simplificación y de pérdida de control generado por la producción industrial de semillas, prácticamente todas las cuales segregadas del proceso de mejora y selección por parte de los productores. La conservación ex situ tiene un papel importante en la preservación del germoplasma, pero tiene limitaciones y también algunos riesgos en cuanto al acceso a estos materiales y a la pérdida del carácter dinámico que le imprime la práctica cotidiana del manejo del germoplasma en manos de los productores. Al respecto, se han llevado a cabo numerosas iniciativas de rescate, valoración, reproducción y conservación de semillas y agroecosistemas, a las cuales se puede aprovechar para aprender y ampliar la base de productores que trabajan en la conservación in situ y generación de germoplasma adaptado a las condiciones cambiantes para la agricultura. Es decir, lo básico en esta estrategia es conservar el proceso de evolución bajo domesticación en manos de los campesinos.

Para garantizar la disponibilidad de germoplasma en el largo plazo y para evitar las distorsiones e inconvenientes del uso de semillas híbridas o sin posibilidad de reproducción y selección, se propone: a) producción de semillas de polinización libre de alto rendimiento; b) promoción de prácticas de selección genética en parcela; c) apoyo a la investigación orientada al mejoramiento de germoplasma de productores y generación de líneas de alto rendimiento y calidad nutricional; d) identificación de caracteres estratégicos de resistencia a sequía y otros factores de riesgo; e) identificación, documentación y auspicio de iniciativas en marcha; f) fomentar bancos de  germoplasma regionales y locales, y redes campesinas de intercambio de germoplasma y ampliar y mejorar el acceso a los bancos de germoplasma existentes; g) mayor participación y descentralización en el manejo de bancos de germoplasma, dentro de un sistema nacional restaurado.

3.3-PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN. CONTRA AGROQUÍMICOS Y TRANSGÉNICOS

El uso de agro-tóxicos siempre es inconveniente y está muy ligado a la agricultura de monocultivos. Una agenda para el campo mexicano debe considerar una estrategia integrada para la reducción de venenos y fertilizantes sintéticos al mínimo. Al menos, México debe establecer una política de exclusión del uso de tóxicos prohibidos en otros países y en los tratados internacionales en esta materia.

En cuanto a la utilización de organismos genéticamente modificados, se observa un debate donde cunde la desconfianza y el conflicto de intereses, así como la utilización de tácticas de cabildeo en el más alto nivel, que despoja de legitimidad a las autoridades encargadas de regular este delicado tema. Teniendo en cuenta las evidencias y elementos de presunción sobre cuestiones como la contaminación genética a grandes  distancias, la generación de malezas resistentes por el uso extensivo e intensivo de herbicidas acoplados a los OGM, las indicaciones de probables efectos cancerígenos de algunos OGM y de los herbicidas, en los próximos años debemos: a) reconocer y contar con alternativas productivas y semillas competitivas provenientes del mejoramiento participativo para que el uso de los OGM sea  una opción entre otras; b) definir participativamente (agricultores tradicionales e investigadores) qué se requiere para conservar el proceso de evolución bajo domesticación de los cultivares nativos c) una modificación de la conformación de la CIBIOGEM para que sea un conciliador legítimo por su inclusión, pluralidad y libertad de conflictos de interés; d) el respeto al criterio de precaución que existe en la LGEEPA y en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y la armonización de todo el marco regulatorio con respecto a este principio; d) echar a andar los criterios establecidos en la normatividad sobre flujo e integración de construcciones genéticas para todo efecto administrativo o de responsabilidad civil y ambiental, así como suprimir en la legislación mexicana toda posibilidad de derechos de obtentor por contaminación genética; e) incorporar en la legislación la figura de daño por coexistencia, como es el caso de la pérdida de mercados de miel por contaminación de polen transgénico y; e) instrumentar los mecanismos de la Ley de Bioseguridad  para establecer todo el territorio nacional como área de origen o centros de diversidad genética de maíz y determinar objetivamente y bajo el mismo principio de precaución, el área de protección de otros cultivos, de acuerdo con el alcance del riesgo de flujo e integración de construcciones genéticas provenientes de OGM.

3.4-REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Teóricamente se puede rescatar un tercio de la disponibilidad de alimentos que se desperdician en los dos extremos de la producción, por pérdidas post – cosecha y en el circuito de la distribución y consumo, por fallas en la infraestructura logística, de programación, malos hábitos de consumo o por obsolescencia debida a fechas falsas de caducidad de los alimentos, entre otros factores, lo que deja un remanente importante para la alimentación humana o de los animales.

Por su multiplicidad de factores y causas, el desperdicio de alimentos requiere de una estrategia nacional que considere objetivos específicos para la atención de cada una de las situaciones que generan el desperdicio. Entre otras medidas se propone: a) investigación genética para reducir las pérdidas durante la cosecha; b) mejoramiento de técnicas de cosecha y manejo del transporte; c) mejora del almacenamiento de escala familiar y comunitaria, sin uso de agroquímicos tóxicos; d) mejora de la red de frío por sistema producto; e) desarrollo de sistemas urbanos de abasto con puntos barriales de concentración; f) revisión del etiquetado y de las condiciones de durabilidad de los productos perecederos; g) fomento de microindustrias procesadoras de productos rechazados por el mercado y creación de capacidades para el procesamiento familiar de productos sobremaduros; h) establecimiento y fomento a redes de bancos de alimentos; i) organización de productores y consumidores para la reducción del intermediarismo; j) desarrollo de mercados regionales y reducción de la distancia de las cadenas alimentarias.

3.5.-PRODUCCIÓN EN ESPACIOS PERIURBANOS Y URBANOS

El avance de la urbanización sobre espacios rurales es un fenómeno que causa distorsiones, a veces traumáticas y plantea desafíos. El reciente repunte de la producción urbana y el desarrollo de sistemas de producción en las periferias de las ciudades está también mostrando posibilidades para la contribución en el abasto alimentario, especialmente en el ramo hortofrutícola y de pequeñas especies pecuarias, así como oportunidades de empleo y motivo para la construcción de capital social, lo que hace necesario incluir este aspecto en las líneas de propuesta.

Se propone establecer un programa sustancial en la línea del fomento de la agricultura urbana y periurbana, con una ramificación en el desarrollo de la agricultura en solares de habitaciones del medio rural. Dicho programa debería incluir elementos como: a) establecer un mecanismo de disponibilidad de tierra urbana, mediante el inventario de posibles lotes disponibles y la mediación y acompañamiento necesario para el establecimiento de relaciones contractuales de uso temporal de predios con garantía de la propiedad de los inmuebles; b) desarrollar y mantener una acción de promoción que incluya la creación de capacidades de producción sustentable urbana y periurbana; c) instalar redes de abasto de medios de producción: semillas, implementos y materiales, así como capacitación para la producción de los elementos productivos que sea posible d) fomento a la organización barrial y regional de productores para el aprendizaje, el abasto y la comercialización; e) desarrollo de distintivos de mercado.

4-DESARROLLO FORESTAL:

México no tiene un papel internacional muy importante como productor forestal, en un lugar 36 entre otros países; los bosques y selvas de México contribuyen al PIB con menos del 0.8%, pero  destaca  al ser uno de los cinco países megadiversos y por sus experiencias únicas de manejo forestal comunitario, que son actualmente un referente mundial. En México las tierras con bosques, selvas y matorrales ocupan dos terceras partes de la superficie terrestre y albergan a la mitad de la población rural.

En los bosques y selvas del país se concentran los principales grupos indígenas y también la pobreza, carencias, marginalidad y el crimen organizado. En estrecha relación con la presencia indígena, los territorios forestales de México contienen las zonas de interés para la biodiversidad y son zonas de provisión de bienes y servicios ambientales como regulación hídrica y disponibilidad de agua limpia, almacén y captura de gases de efecto invernadero y factor importantísimo de resiliencia frente al cambio climático y catástrofes derivadas de fenómenos hidrometeorológicos extraordinarios. La producción forestal es un recurso casi único para remolcar procesos de desarrollo territorial y mejora de las condiciones de vida de la población. En definitiva, la atención al desarrollo forestal de México amerita un lugar eminente en una estrategia de país hacia la sustentabilidad, la gobernanza y la mejora socioeconómica.

La visión sobre el desarrollo forestal se dirime entre tres perspectivas: una establece que el manejo productivo de los bosques no tiene sentido económico frente a las plantaciones y la oferta externa de productos forestales y por lo tanto, da paso a otra mirada, que propone destinar los bosques y selvas a una conservación entendida como exclusión de las actividades productivas, principalmente las extractivas; la tercera, considera que el cultivo de los bosques es competitivo, que puede mejorar en amplios márgenes y que la mejor manera de conservar el patrimonio natural ahí presente es precisamente un manejo productivo sustentable con grados elevados de agregación local de valor, asignando un papel de custodios a los dueños y manejadores de los bosques y selvas. La propuesta que se hace se encuadra en esta última perspectiva, sin demérito de una atención complementaria a las otras dos. Dado que ya se ha planteado una estrategia sobre la conservación del patrimonio natural, las siguientes propuestas ponen énfasis en el manejo productivo de los bosques y selvas de México.

4.1-MANEJO FORESTAL COMUNITARIO y de pequeños dueños de tierras forestales;

La apuesta central de propuesta es hacia un paradigma de comunidades manejando sustentablemente empresas eficientes y competitivas, que capturen localmente la mayor cantidad posible de agregación de valor y oportunidades de empleo para nuevas generaciones. Este planteamiento se basa, por un lado, en la evidencia de una capacidad actual de las empresas sociales forestales y un margen muy amplio de mejora en la silvicultura, la cadena de abastecimiento y el resto de la cadena de agregación de valor, especialmente en la esfera de la comercialización; por otro lado, en la urgencia y utilidad pública del desarrollo de estas empresas por razones de inclusión social, gobernanza y conservación ambiental y del capital natural. En este planteamiento se considera que dos tercios de las tierras forestales está en manos de comunidades y ejidos y que los posesionarios de terrenos nacionales y pequeños minifundistas forestales formen comunidades de interés y acción colectiva mediante asociacionismo.

4.2-INCLUSIÓN DE DERECHOS HUMANOS en el marco normativo y los instrumentos de gestión.

La reforma constitucional de 2011 y 2012 en materia de derechos humanos obliga a actualizar también la legislación y la política forestal, tomando en cuenta la prevalencia de comunidades indígenas y equiparables en los territorios forestales, así como la emergencia de población vulnerable que debe ser protegida con medidas de acción afirmativa.

Se propone el establecimiento de un sistema de salvaguardas de derechos de las comunidades y la población que habita los territorios forestales. Dicho sistema debe incluir dispositivos para hacer efectivos los derechos: a) armonización del marco jurídico; b) instalación de un mecanismo de queja y resolución de conflictos; c) desarrollo de medidas de acción afirmativa; d) una plataforma de concertación, con capacidad para dar seguimiento a los acuerdos; e) un sistema de seguimiento e información de la aplicación de las salvaguardas y de los casos de conflicto

4.3-REDES LOCALES DE VALOR

La perspectiva demográfica obliga a avanzar de la simple producción de materia prima forestal  con cadenas largas de agregación de valor, hacia la formación de redes locales de valor que capturen beneficios económicos y  oportunidades de empleo y sean factor de desarrollo de los territorios como lugar de aglomeración de otras actividades económicas dentro de esos territorios.

El rezago  y preocupantes retrocesos en la formación y consolidación de empresas sociales en varias regiones del país, muestran la necesidad de una intervención hacia el desarrollo y fortalecimiento de redes locales de agregación de valor, además de remover las barreras a la participación de la población sin derechos de acceso a la tierra en las comunidades forestales.

4.4-MEJORA DE LA REGULACIÓN

Una regulación pesada y aplicada con deficiencia y distorsiones, ha sido señalada como barrera clave para el desarrollo de empresas forestales y también como un incentivo a la ilegalidad. Lo anterior obliga a una mejora integral y sustancial de la regulación que, sin perder control, reduzca significativamente el peso, costo e incertidumbre de su aplicación en la condición actual.

Se propone: a) la diferenciación por historial, para dar beneficios e incentivos a los dueños y corresponsables técnicos con historial de buen desempeño en cuanto al cumplimiento de la norma; b) revisión de las disposiciones y procedimientos de regulación a fin de reducir su costo, tiempo e incertidumbre sin perder el necesario control sobre la gestión forestal; c) descentralización sustancial hacia las regiones forestales, con grados sustanciales de participación y coadyuvancia social; d) creación de capacidades en los usuarios y responsables de la aplicación de las normas; e) automatización y digitalización de procesos de gestión regulatoria; f) establecimiento de instancias y medios efectivos de defensa y queja frente a actos de la autoridad.

4.5-LEGALIDAD

Se estima que dos tercios de la madera que circula en México es ilegal. Las consecuencias del tráfico ilegal son drásticas: distorsión del mercado hasta la inviabilidad de las empresas que trabajan legalmente; abonado al crimen y la violencia; deterioro ambiental; frustración de las iniciativas de acción colectiva y la gobernabilidad en las comunidades y territorios forestales… Las causas de la ilegalidad son múltiples. Una regulación pesada, que hace preferible romper la ley que obedecerla; un mercado que demanda y consume sin control los productos de origen ilegal; una falta de capacidad de vigilancia por parte de la autoridad y de coordinación con las fuerzas públicas; rezago tecnológico en materia de trazabilidad; falta de aplicación de mejores prácticas en el marco internacional; escasas capacidades de los usuarios y los agentes gubernamentales; reducida participación social en la protección de los recursos naturales, entre otras.

En este panorama complejo, se propone un enfoque igualmente variado e integral, que incluya: en primer lugar, la planeación concertada y regional de la promoción de la legalidad, con un enfoque territorial e integral; b) promoción y facilitación del involucramiento de las comunidades directamente afectadas y de la comunidad en general, en los territorios forestales, en las tareas de vigilancia; c) mejora regulatoria sustancial; d) aplicación de medios modernos de trazabilidad y documentación de los movimientos de productos forestales regulados; e) creación de capacidades de los sujetos regulados y los agentes gubernamentales y; f) recursos efectivos de defensa contra la extorsión y actos arbitrarios de autoridad por agentes gubernamentales.

4.6-MEJORA DE SERVICIOS TÉCNICOS

Los servicios técnicos son una de las claves principales de la gestión forestal. Para bien, cuando profesionistas comprometidos con las comunidades y el capital natural  ofrecen una capacidad al servicio de mejorar los beneficios para los dueños de las tierras forestales  en el largo plazo y genere capacidades en los dueños de los recursos forestales para apropiarse de las decisiones de gestión de sus bosques y selvas; para mal, cuando técnicos sin escrúpulos se adueñan de los recursos naturales a través de su papel indispensable para las gestiones de regulación impidiendo la creación de capacidades en la comunidad para controlar sus bosques.

Es urgente mejorar y enderezar los servicios técnicos para abordar aspectos  como la protección sanitaria, la genética forestal, el manejo del fuego, la mejora y mantenimiento de caminos, la industrialización, el acceso al financiamiento, las capacidades gerenciales o la inserción en el mercado, a través de la formación de equipos interdisciplinarios de acompañamiento. En esta dirección se propone: a) establecer un sistema de evaluación y registro público de méritos y desempeño; b) la diferenciación de especialidades en servicios de acompañamiento; c) el fomento al desarrollo de equipos interdisciplinarios, preferentemente orgánicos de las empresas sociales y la mejora continua de capacidades de estos equipos; d) el reconocimiento de los mejores servicios de acompañamiento con incentivos para un mejor equipamiento y capacidad, así como e) facilidades en los procesos de regulación hacia un esquema de autorregulación supervisada.

4.7.-FOMENTO A PLANTACIONES

Las plantaciones comerciales tienen un papel sustancial en un marco de insatisfacción de la demanda y de déficit en la balanza comercial del sector. Tomando en cuenta que las plantaciones comerciales cuentan con un marco regulatorio ya simplificado en lo básico y que también existe un programa de subsidios dedicado a esta actividad, se propone: a) revisar el programa de fomento a plantaciones a fin de identificar y resolver las barreras que han limitado el crecimiento acelerado de las plantaciones en México; b) avanzar en la investigación y manejo de la salud en las plantaciones; c) ampliar la base de plantadores con unidades en pequeño; simplificar los procedimientos de registro de plantaciones para garantizar la libertad para la cosecha y evitar las distorsiones que hacen en ocasiones de las plantaciones un medio para el tráfico forestal ilegal.