Planteamientos estratégicos derecho humano al agua 2019 – 2025

III

PROTEGER Y ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA COMO DERECHO HUMANO

CONSIDERACIONES GENERALES

MÉXICO CUENTA CON LOS RECURSOS HÍDRICOS suficientes para lograr el desarrollo y bienestar social nacional. Bien manejado este recurso, los ecosistemas naturales no se verán afectados negativamente. Sin embargo, la tendencia en el uso de este recurso en el país dista mucho de ser sustentable. Su uso prioritario para la irrigación de los cultivos agropecuarios, la falta de infraestructura para tratar aguas negras, la construcción de presas a gran escala, entre otros factores, provoca sobreexplotación de acuíferos, contaminación de cuerpos de agua, interrupción de flujos de los ríos y disminución de caudales ecológicos.

Además, las actividades agropecuarias, turísticas y el establecimiento de asentamientos humanos que no incorporan criterios ambientales han provocado la deforestación de ecosistemas estratégicos para el ciclo hidrológico, como son los humedales, manglares y bosques en las partes altas de las cuencas y selvas.

La distribución natural del agua en México es desigual, ya que en el norte, en donde se concentra la mayor cantidad de la población y la mayor aportación al PIB, es donde existe la menor disponibilidad de agua y esta región sufre de fuertes sequías y conflictos por el recurso; en contraste, en el sur, con menos población y menor aportación al PIB, el agua es abundante pero las inundaciones son el principal factor de presión. Estas tendencias se agudizan con el cambio climático.

Un conflicto recurrente sucede, además, por la relación subordinada en torno a la demanda de agua por parte de las ciudades respecto del medio rural.

México extrae 17.4% (80 millones de kilómetros cúbicos) del agua total disponible en el país, de lo cual 37% provienen de agua subterránea y 63% de aguas superficiales. La extracción de agua de los acuíferos representa más de 35% del total de la recarga anual, lo que de acuerdo con los estándares internacionales es una situación de presión entre media y alta, que debe ser modificada para evitar el estrés hídrico. 77% del total del agua extraída se utiliza para la agricultura de riego, 14% para el abastecimiento público, 5% para las termoeléctricas y 4% para la industria. A su vez, 76% del agua subterránea utilizada se destina al riego y 24% a las ciudades (Semarnat, 2010).

Estas cifras demuestran que la mayor parte de los recursos hídricos utilizados en el país se destinan a irrigar 6.5 millones de hectáreas de cultivos, y mucho de este volumen proviene de acuíferos de zonas con estrés hídrico y sobreexplotados. Además, resulta inaceptable que el mal estado de los sistemas de riego provoque que entre 40% y 50% se pierda por fugas (Peña, 2007). Las fugas agrícolas son más del doble que la cantidad total de agua destinada al abasto público y casi ocho veces lo que utiliza la industria. Esta situación de insustentabilidad se facilita porque el agua que se concesiona para riego no se mide y no se paga y, además, porque se subsidia la electricidad con la que se bombea el agua de los acuíferos. Un daño colateral de gran importancia ambiental es que las tierras de riego quedan largo tiempo con una capa de agua que, al evaporarse, deja sales almacenadas en el suelo, con lo que al cabo de un tiempo las hacen inútiles para el desarrollo de cultivos.

Por otro lado, el deficiente tratamiento de aguas usadas en el país provoca que la mayoría de los cuerpos de agua estén contaminados, disminuyendo la disponibilidad de este recurso.

En síntesis, si bien el recurso hídrico en México es suficiente para su desarrollo y bienestar, el mal uso que se hace de él provoca que se ponga en riesgo su carácter renovable; y la forma en que se producen los alimentos pone en riesgo el suelo y el agua del futuro, pues no se consideran las externalidades ambientales negativas que genera.

PROPUESTAS

Las políticas públicas actuales no incorporan al agua como un elemento transversal de la vida, del desarrollo y del bienestar, es decir, el agua en todas sus dimensiones, como un recurso ambiental, económico y social, ni tampoco como un derecho humano. En las políticas macroeconómicas se tiende más a proteger las inversiones hidráulicas que la conservación del recurso hídrico y su uso equitativo.

1. Una política de estado alineada con el derecho humano al agua y los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible

Articular la Agenda de Desarrollo Sostenible con una visión nacional de política hídrica bajo un enfoque múltiple de protección ambiental y desarrollo sustentable, y cumplir el derecho al agua con la ampliación y calidad de los servicios, más recursos económicos para la política hídrica, formas alternativas de almacenamiento y distribución domiciliar y uso prioritario del agua para consumo doméstico.

México, como signatario de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, está obligado a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo número seis (ODS 6) establece el compromiso de «garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos». Otros objetivos incorporan el agua de manera transversal. Alcanzar estas metas implica esfuerzos mayúsculos en el país.

Para cumplir con la obligación de garantizar el derecho humano al acceso de agua, en calidad y cantidad, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ODS 6, el Estado Mexicano está obligado a ampliar progresivamente —y sin incurrir en políticas y acciones regresivas o discriminatorias— la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para lo cual se requieren recursos adicionales y mecanismos novedosos de financiamiento, a fin de garantizar que el Estado se haga responsable del abastecimiento de agua para la población que vive en condiciones de marginación. Asimismo, como lo ha establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la tutela del derecho humano al agua requiere garantizar la sustentabilidad y conservación de los recursos hídricos del país en calidad y cantidad. El acceso al agua puede lograrse diversificando estrategias. Para ello es indispensable:

Que la gestión del agua y de las cuencas hídricas se convierta en una política de Estado y no sólo de gobierno.

Invertir recursos financieros sustantivos y suficientes para cumplir los retos de los ODS.

Fortalecer los instrumentos de planeación territorial vinculados a la planeación ecológica del territorio.

Establecer formas alternas de distribución y almacenamiento a nivel domiciliar, para asegurar un volumen fijo por habitante por día de agua de calidad destinado a consumo humano, sin importar la ubicación geográfica o la situación económica, cultural, social o de género de los habitantes.

Desarrollar infraestructuras e incentivos que estimulen no utilizar agua potable para usos que no lo requieren (servicios sanitarios, riego de jardines o lavado de ropa y vehículos).

2. Lograr el manejo integral y sustentable de cuencas

Gestión del recurso hídrico en integración con los otros recursos de la cuenca, bajo los principios de sustentabilidad y respeto a los usos para la conservación ecológica previstos en la ley.

Es necesario que el instrumento de planeación de manejo integral y sustentable de las cuencas considere la gestión del recurso hídrico en concierto con los demás recursos y actividades productivas que ocurren en las cuencas. Para ello, una estructura adecuada de gestión rebasa a la institución a cargo de la gestión del agua (CONAGUA), ya que debe involucrar a todos los sectores y actores que intervienen en la cuenca. El diseño institucional y de financiamiento de los actuales Consejos de Cuenca, que se limitan a la gestión integral del recurso hídrico, sin duda indispensables, son insuficientes.

Debe reconocerse, como primera condición, que el agua constituye un elemento clave de los ecosistemas terrestres y acuáticos y que su renovación está sujeta a que el ciclo hidrológico funcione adecuadamente.

Es necesario aplicar el mandato de la Ley de Aguas Nacionales sobre la medición del «uso ambiental» o «uso para conservación ecológica» en todas las cuencas, definido como «el caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero, que debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema». La política hídrica debe aplicar los principios de sustentabilidad ambiental, lo que implica:

Limitar la extracción del recurso hídrico a las capacidades de renovación de los cuerpos de agua.

Restringir las descargas de aguas residuales a las capacidades de asimilación de los cuerpos de agua.

Proteger los ecosistemas naturales vinculados al ciclo hidrológico y detener la deforestación, particularmente en las partes altas de cuencas hídricas.

Realizar mediciones sistemáticas del volumen necesario para la conservación ecológica del agua, a partir de lo cual puede calcularse el potencial de extracción y solamente distribuir los excedentes para uso público, producción de alimentos u otros usos productivos y recreativos.

3. Proteger y asegurar la disponibilidad y calidad del agua

Impedir desagües en barrancas y cuerpos de agua; promover biodigestores en localidades pequeñas; desarrollar la captura y reúso del agua; separación de drenajes de aguas pluviales, grises y negras; medidas económicas para la infiltración y el uso eficiente; nuevas tecnologías para el riego agrícola; mejor conocimiento y monitoreo de la explotación de recursos hídricos superficiales y del subsuelo, tráfico ilegal de agua y estimación de la huella hídrica; y apoyo a las redes ciudadanas, académicas e instituciones dedicadas al tema del agua para un mejor entendimiento de las dinámicas hídrico-humanas y mejorar las atención de conflictos hídricos.

Prohibir que las infraestructuras de saneamiento desagüen en barrancas o cuerpos de agua.

Promover tratamiento en fosas sépticas, o equipar con biodigestores domésticos para aprovechar biogás en localidades pequeñas.

Desarrollar infraestructuras para captura y reúso del agua y establecer esta condicionante en las autorizaciones de construcción en las grandes ciudades.

Separar la red de drenaje de aguas negras domésticas de las que contienen hidrocarburos, aceites, metales pesados y otros desechos industriales.

Fomentar medidas de ahorro, infiltración y uso eficiente del agua con buena relación costo – eficiencia – beneficio, apoyadas en incentivos económicos, en las que participen los usuarios del agua y agentes en la cuenca.

Generalizar las tecnologías agronómicas más eficientes en el uso del agua para riego (por ejemplo, acolchados), ordenamiento de cultivos y fomento de variedades menos demandantes de agua, mediante instrumentos económicos (tarifas más altas a cultivos altamente demandantes, como la alfalfa).

Generar un fuerte impulso a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en materia de monitoreo de la explotación de recursos hídricos, como de los procesos sociales que permitirían mejorar el aprovechamiento sustentable del agua y revertir la tendencia de deterioro.

Implantar nuevos métodos de monitoreo que permitan rastrear extracción, uso y tráfico ilegales de agua y garantizar que la extracción legal de agua sea sustentable.

Estimar la huella hídrica de productos y servicios básicos y etiquetarlos para información pública y al consumidor.

Promover y apoyar a las redes e instituciones dedicadas al tema del agua, tanto académicas como organizaciones de la sociedad civil, a fin de impulsar y estimular estos esfuerzos para un mejor entendimiento de las dinámicas hídrico-humanas, mejorar las técnicas y generar consensos sociales que permitan avanzar en el desarrollo de las capacidades necesarias, para consolidar una verdadera política de estado en torno a los recursos hídricos.

4. Gobernanza efectiva para la gestión del agua

Diseños eficaces a partir de las experiencias exitosas de gobernanza y modelos de gestión, con participación de usuarios y cultura respetuosa del agua, para resolver falta de continuidad en mediciones, monitoreo, cobros, evaluaciones de organismos operadores.

Mejorar los diseños institucionales de los organismos operadores rescatando las experiencias exitosas de gestión. La formulación de políticas públicas modernas para la gestión del agua requiere de diseños eficaces, eficientes y novedosos, que rescaten experiencias exitosas de gobernanza, funcionales en los tres órdenes de gobierno, que promuevan la participación de la sociedad, incluyan a los usuarios en la toma de decisiones, permitan la acción coordinada de los distintos sectores involucrados, fomenten una cultura respetuosa del agua y constituyan pasos firmes en la construcción de una política de Estado, estratégica y de largo plazo, que promueva el bienestar de las presentes generaciones condicionado por el compromiso de asegurar asimismo el de las generaciones futuras.

Transparentar plenamente la información de las instancias de gestión del agua. Una función crucial de la gobernanza es difundir la experiencia e información de las comunidades que hayan logrado éxitos en sus modelos de gestión. Esto contribuye a entender los procesos de participación comunitaria y social, así como a generar semilleros de ideas estratégicas para resolver incapacidades o falta de continuidad en mediciones, monitoreo, cobros, evaluaciones y proyecciones, así como a superar la opacidad de la información que se encuentra en manos de las instancias gubernamentales responsables de la gestión del agua.

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RECONOCIMIENTOS POR LA FORMULACIÓN DE LOS TEXTOS BASE

SECCIÓN III

Yosu Rodríguez (coord.), Julia Carabias y Germán González Dávila.

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Planteamientos estratégicos para la política ambiental y el desarrollo sustentable 2019-2025, del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, A.C., se terminó de imprimir en mayo de 2018, en los talleres de Seprim S.A. de C.V., con domicilio en Cerrada de Técnicos y Manuales 19-8, Col. Lomas Estrella, Iztapalapa, C.P. 09890, CDMX.

https://ceiba.org.mx//publicaciones/ceiba/20180530_CEIBA_2019-2025.pdf