Presente Sostenible

Propuestas para un gobierno incluyente y sostenible

Nuestras propuestas buscan ser un acuerdo de mínimospara el mejor funcionamiento del Gobierno, por una gestiónmásincluyenteysosteniblede losrecursos naturales, paraquelaspolíticasy los programas públicos confluyandemaneramásarmónica en el territorio.

Consideramos que con instituciones públicas que actúen bajo principios de gobierno abierto, democracia participativa, con un diseño institucional para el trabajo transversal y un marco jurídico que garantice la gestión sostenible de los recursos naturales, avanzaremos hacia la construcción de un país que aproveche su riqueza natural para resolver las problemáticas más sensibles, como la generación de empleo, la disminución de la desigualdad, la producción de alimentos, la seguridad pública en las zonas rurales, la corrupción en la administración de los recursos naturales, entre otras.

A tales fines, presentamos estas cuatro propuestas, considerándolas como condiciones habilitadoras para alcanzar un país que viva en un #PresenteSostenible.

  

I. Democracia efectiva en la gestión sostenible de los recursos naturales

La sociedad civil juega un papel muy importante en la política pública, ya que contribuye a la innovación, al control, a la evaluación y al impulso de la tarea del gobierno en todos los ámbitos. A pesar de ello, los espacios y mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, pesquera, forestal y de gestión de áreas naturales protegidas, entre otros, han sido históricamente espacios de carácter consultivo, con una participación e incidencia ciudadana marginal, por lo que poco o nada influyen en la gestión pública y en la toma de decisiones de carácter ambiental. Ante esta situación, las organizaciones civiles que trabajamos por un #PresenteSostenible en México pedimos a quienes contenderán en las elecciones del 1 de julio de este año, que se comprometan a fortalecer los espacios y mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, con base en los principios y los lineamientos nacionales e internacionales, tanto declarativos como vinculantes para el Estado mexicano.

A la fecha, son pocos los espacios y mecanismos formales de participación ciudadana orientados a la gestión sostenible de los recursos naturales, en los que se asegure la participación real, deliberativa y efectiva bajo los principios nacionales (por ejemplo, de incidencia efectiva, igualdad, inclusión, transparencia, rendición de cuentas, evaluación de las políticas públicas, etc.) e internacionales (siguiendo lo marcado por el Principio 10 de la Declaración de Río y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16). Además, los que existen han ido debilitándose y desdibujándose todavía más.

Esto ha llevado a que el Estado tenga cada vez menos capacidad para actuar y para gobernar el territorio nacional, a que muchas de sus políticas generen conflictos con las mismas poblaciones a las que se debería beneficiar, y a que las políticas públicas se diseñen, implementen y evalúen sin la participación de los actores que se verán afectados por ellas. La participación de la sociedad civil es clave para corregir esta situación; además, forma parte de los derechos humanos reconocidos constitucional e internacionalmente; por lo que debe ser garantizada en la gestión de los recursos naturales.

El relevo en el ejecutivo federal, así como en las gubernaturas locales y los congresos, abre una importante ventana de oportunidad para corregir esta situación. Es importante que los aspirantes a puestos y cargos públicos de elección incorporen desde sus plataformas electorales y agendas de gobierno el establecimiento de espacios deliberativos y mecanismos de participación ciudadana para la gestión sostenible de los recursos naturales. Específicamente, las organizaciones que trabajamos por un #PresenteSostenible proponemos que los candidatos asuman los siguientes compromisos:

1. Establecer o reestablecer, según sea el caso, los espacios de participación ciudadana en las dependencias gubernamentales que tienen que ver con los temas ambientales, e incluir este derecho en los reglamentos internos de las mismas; lo anterior durante los primeros cien días de gobierno. Estos espacios de participación ciudadana se abrirán periódicamente, y en caso de que las autoridades no emitan las convocatorias correspondientes, se podrá convocar a petición de la sociedad civil.
2. Modificar la Ley de Planeación, en su capítulo de Participación Social, para que el Sistema Nacional de Planeación Democrática establezca mecanismos efectivos para la participación multisectorial,respecto al medio ambiente y los recursos naturales,con carácter previa, informada, libre y deliberativa [y vinculante]que, en particular, garantice los derechos y el consentimiento de pueblos indígenas y comunidades locales.
3. Fortalecer los mecanismos existentes de participación ciudadana en materia ambiental con carácter deliberativo [y vinculante], a través del establecimiento de un eje transversal sobre democracia efectiva para la gestión sostenible de los recursos naturales en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
4. Integrar, como parte de las atribuciones de la Administración Pública Federal (APF) los más altos estándares internacionales para garantizar la operación de mecanismos efectivos y deliberativos [y vinculante] de participación ciudadana, particularmente en lo que tiene que con medio ambiente, recursos naturales y sustentabilidad.
5. Incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos dirigidos a la operación de proyectos y mecanismos de participación ciudadana en temas asociados a la gestión de los recursos naturales y la sostenibilidad.

Esto permitiría corregir la situación actual y sentaría las bases para construir una democracia efectiva en el país, para mejorar la acción gubernamental y para aprovechar el enorme potencial que la participación de la sociedad civil supone para el impulso de políticas públicas efectivas y novedosas en el marco del desarrollo sostenible.

II. Gobierno Abierto para una mejor toma de decisiones en el territorio

La transparencia, la generación y publicación periódica de información pública de calidad -es decir, relevante, oportuna y en formatos abiertos- son fundamentales para la correcta gestión de los recursos naturales, del sector público, la toma de decisiones, el combate a la corrupción, la confianza ciudadana y la construcción de una democracia plena. Sin embargo, en la actualidad, la opacidad es la norma entre las dependencias gubernamentales encargadas del manejo de los recursos naturales.

A pesar de que se han registrado importantes avances para acceder a la información a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aún queda mucho por hacer. La información pública sobre la gestión de los recursos naturales actualmente es insuficiente y, los datos suelen ser muy opacos. Hoy en día, mucha de la información ambiental sólo se obtiene a través de solicitudes de información, a las que se responde en forma inadecuada; contrario a lo que exige la de rendición de cuentas y que contribuye a la mejora gubernamental.

Esta opacidad con la que opera el gobierno mexicano en todos los niveles impide la construcción de un entorno institucional adecuado para la participación y rendición de cuentas, ya que hace imposible que la sociedad civil ejerza su papel de vigilante y cogestor. La falta de datos confiables, relevantes y disponibles no sólo de resultados, sino también de los procesos de toma de decisiones, hace imposible saber qué se autorizó en materia permisos o concesiones pesqueras, forestales, siembra de transgénicos, a quién y en qué condiciones; cuánto dinero se recaudó por el cobro de derechos por esas operaciones, o la pertinencia, legalidad y corrección de dichas autorizaciones.

Lo mismo aplica para áreas como el ejercicio del gasto en programas de apoyo para el campo, la pesca o los bosques. Además, estas prácticas generan un entorno propicio para la ineficiencia en el uso de recursos públicos y para la corrupción, además de entorpecer la construcción de políticas públicas adecuadas y efectivas. El relevo en el Ejecutivo Federal, así como en las gubernaturas estatales y en los congresos, abre una importante ventana de oportunidad para corregir esta situación.

Por ello, las organizaciones civiles que trabajamos por un #PresenteSostenible en México pedimos a quienes aspiran a tener un cargo de elección popular en la próxima administración, que se comprometan a la construcción de un sistema públicamente accesible que contenga la información más relevante sobre la gestión de recursos naturales. Contar con dicha información es clave para asegurar el desarrollo sostenible de México.

Este sistema requiere estar integrado por datos interoperables y en formatos abiertos con la intención de facilitar el adecuado diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas del sector ambiental. La accesibilidad de esta información permitirá que las diferentes dependencias que inciden de manera directa en los ecosistemas naturales se coordinen y cumplan con sus atribuciones, metas y objetivos de manera más eficaz y eficiente.

Específicamente, las organizaciones que somos parte de #PresenteSostenible proponemos que los candidatos asuman los siguientes compromisos:

1. Establecer una política de transparencia proactiva en todas las dependencias y entidades vinculadas a la gestión de los recursos naturales (en materia de pesca, manejo forestal, gestión del agua o ambiental), a través de la puesta en marcha de mecanismos que fomenten la cultura de la transparencia entre los funcionarios públicos del sector ambiental, que permitan recabar y ofrecer información pública que dé cuenta de las principales decisiones de manejo y faciliten y promuevan la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
2. Fortalecer las estrategias y acciones de gobierno abierto en el PND como eje transversal para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en materia ambiental, así como en todas las áreas de la APF.
3. Implementar programas de fortalecimiento de las capacidades del personal de la APF para que proporcionen de manera proactiva información oportuna, permanente, integral, de libre acceso y uso en los temas relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales.
4. Dotar de atribuciones y presupuesto a las dependencias de la APF para que instauren organismos especializados para la atención en temas de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva, particularmente en las dependencias relacionadas con la gestión de recursos naturales.

Esto contribuirá a corregir la situación actual, y sentará las bases para que este tipo de políticas y compromisos se generalicen entre las dependencias que gestionan los recursos naturales e inciden en la toma de decisiones ambientales.

El gobierno abierto es una de las condiciones clave para la construcción de un país más democrático, más justo e incluyente, y es fundamental para emprender un camino hacia el desarrollo sostenible con mejores políticas públicas y acciones de gobierno. Por ello, las organizaciones parte de #PresenteSostenible pedimos a los candidatos independientes y de todos los partidos que se sumen a estos compromisos y que hagan realidad los ideales de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana efectiva.

III.Diseño institucional para alcanzar el Desarrollo Sostenible

Las políticas de una dependencia no toman en cuenta las de otras, y la descoordinación entre gobiernos de distintos órdenes es evidente. Esto ha llevado a un ejercicio del gasto público muy poco eficiente, a la degradación de los recursos naturales y a una larga lista de conflictos socioambientales, con graves afectaciones a las comunidades locales. Por eso, las organizaciones que trabajamos por un #PresenteSostenible en México proponemos que el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de éste derivan se estructuren e implementen con base en un ordenamiento sostenible del territorio, que sirva también de eje para el diseño y ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las deficiencias en la distribución de competencias entre los diferentes órdenes de gobierno y la descoordinación entre las dependencias gubernamentales, y su desconexión con el territorio nacional, ha llevado a un doble problema. Por un lado, sus políticas pasan por alto la enorme diversidad ecológica, económica y social del país. Por el otro, se aplican sin tomar en cuenta las acciones de otras autoridades, áreas y sectores de la administración pública, local y/o federal.

Esto lleva a un enorme desperdicio del gasto, pues el impacto de unos programas queda mermado por la presencia de otros. A su vez, provoca que la política ambiental y de conservación quede ahogada por la política agropecuaria y pesquera, y a que se desperdicie el potencial productivo de muchas áreas ecológicamente sensibles por buscar aplicar en ellas instrumentos diseñados para áreas menos frágiles.

Lo que se necesita es cambiar esta lógica de trabajo y asumir un enfoque territorial integrado, común a todas las dependencias, una reingeniería completa del sector ambiental y asociados (energético, agrícola y económico entre otros), que permita articular sus intervenciones sobre el terreno y siente las bases para la construcción de políticas mejor coordinadas.

Se requiere construir una base común sobre la que se puedan construir políticas públicas armonizadas. Esto implica emprender un proceso de ordenamiento sostenible del territorio que sume e integre a cabalidad los ordenamientos sectoriales ya existentes, que establezca prioridades para cada zona y marque qué se puede hacer y dónde, así como las restricciones o características necesarias. Implica también que este ordenamiento deberá incorporar diferentes escalas, que vayan desde lo local hasta lo nacional, pasando por lo estatal.

El relevo en el Ejecutivo federal, así como en las gubernaturas locales y los congresos, abre una importante ventana de oportunidad para corregir esta situación. Específicamente, las organizaciones que trabajamos por un #PresenteSostenible proponemos que los candidatos asuman los siguientes compromisos:

1. Incorporar al PND criterios de sostenibilidad, centrados en el respeto por lo establecido en los ordenamientos ecológicos del territorio y en concordancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. Emprender un proceso participativo y plural para la construcción de un ordenamiento general del territorio nacional -terrestre y marino-, que sume y armonice los diferentes ordenamientos sectoriales, dando prioridad a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, y que deberá estar concluido en los primeros dos años de la administración.
3. Alinear el Presupuesto de Egresos de la Federación y los programas de cada dependencia tanto a los criterios de sostenibilidad marcados por el Plan Nacional de Desarrollo, como al ordenamiento general del territorio nacional.
4. Crear los mecanismos institucionales para que el diseño, asignación presupuestal, ejecución y evaluación de los programas públicos respondan a la visión territorial, criterios ambientales y de sostenibilidad, para así asegurar la efectiva coordinación de las diferentes Secretarías y dependencias públicas de los tres órdenes.

Esto permitiría corregir la situación actual, y sentaría las bases para un ejercicio más eficiente del gasto público, con todos los beneficios económicos que eso conlleva; a tener políticas públicas más efectivas, que sirvan para llevar al país por una senda de desarrollo más estable y de largo plazo, a conservar y aprovechar en forma sostenible los recursos naturales que México necesita para crecer y desarrollarse, que las diferentes dependencias se coordinen, hagan un uso eficiente del presupuesto y cumplan con sus funciones sustantivas.

La integración de políticas públicas y el ordenamiento sostenible del territorio son condiciones clave para que el crecimiento económico sea verdaderamente duradero, y para frenar el despilfarro de recursos y la degradación ambiental. Por ello, las organizaciones de la coalición #PresenteSostenible pedimos a los candidatos independientes y de todos los partidos que se sumen a este compromiso.

IV. Leyes para la gestión sostenible de los recursos naturales

Mencionar la existencia de una crisis ambiental resulta obvio, también la urgencia de actuar para mitigar los efectos negativos al ambiente, por lo que razones sobran para resaltar la urgencia de que el país cuente con un marco jurídico ambiental eficaz y eficiente que garantice la gestión sostenible de los recursos naturales, con una visión que respete la integralidad de los ecosistemas y los derechos humanos de las comunidades locales.

Quienes aspiran a encabezar el gobierno de la próxima administración federal deben entender la relevancia en sentido amplio y en particular de las diversas leyes y ordenamientos legales ambientales nacionales y tratados internacionales en la materia, como instrumentos fundamentales para el desarrollo, la seguridad de las inversiones, el crecimiento y la creación de empleos, siempre salvaguardando la conservación, protección del ambiente y los recursos naturales de los cuales dependemos todos a diario para nuestro debido desarrollo y bienestar, de las presentes y futuras generaciones. De lo que se trata, es de contar con un verdadero estado de derecho en materia ambiental, en donde impere la legalidad y se destierre la impunidad.

Para asegurar un #PresenteSostenible, necesitamos mejorar y fortalecer el marco jurídico ambiental. En los instrumentos jurídicos ambientales hay deficiencias de redacción, concordancia, lagunas y omisiones. Sin embargo, antes de reformar la legislación ambiental, es importante crear una base jurídica sólida para poder implementar una visión territorial; para ello, es necesario analizar y modificar la Ley de Planeación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, sólo por mencionar algunas.

Con leyes que aseguren el desarrollo sostenible del país y que garanticen el cumplimiento del artículo 25 de la Constitución, podremos asegurar que las diferentes Secretarias de Estado diseñen y ejecuten sus políticas, programas y actividades con una visión que garantice la gestión sostenible de nuestros recursos naturales, siempre desde una visión territorial compatible con el desarrollo sostenible; para ello, necesitamos revisar y modificar leyes como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Planeación, etc.

Necesitamos que desde las primeras iniciativas de reforma a las leyes que dictan la política programática, se incluya la visión de transversalidad y de coordinación intersecretarial para la gestión sostenible de los recursos y que el PND incorpore criterios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; esto se logrará si la nueva administración propone reformas en sus primeros 100 días de gobierno en ese sentido.

1. Incluir en los principios generales de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) la visión de corresponsabilidad entre sus dependencias para facilitar la colaboración intersectorial y garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales.
2. Incluir dentro de la LOAPF un mecanismo institucional que permita que las diferentes Secretarías diseñen y asignen presupuesto a los diferentes programas públicos relacionados con la gestión de recursos naturales, de manera coordinada y con criterios basados en el Ordenamiento General del Territorio y de sostenibilidad.
3. Revisar y, en su caso, modificar los diferentes instrumentos jurídicos a fin de incluir en los mecanismos deliberativos de participación ciudadana relacionados con la gestión de recursos naturales que establezca que a toda decisión o recomendación de tales mecanismos exista una respuesta fundada y motivada de la institución.

Contar con leyes que faciliten la gestión sostenible de los recursos naturales y que logren garantizar que las actividades económicas privilegien una visión sostenible del territorio es fundamental para marcar una diferencia de lo que se ha hecho hasta el momento. Si queremos garantizar un #PresenteSostenible necesitamos que los candidatos a la Presidencia se comprometan a implementar de forma efectiva el sistema de responsabilidad por daño ambiental de manera transversal al sistema de gestión de los recursos naturales y mandar las iniciativas legislativas necesarias para asegurar que en el territorio se gestionen de manera sostenible los recursos naturales, respetando la integralidad de los ecosistemas y los derechos humanos de las comunidades locales.

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