40 propuestas ambientales
40 propuestas ambientales
Julia Carabias Lillo || Reforma || 09 de junio 2012
Las reflexiones de la sociedad civil organizada continúan aportando planteamientos que deberían ser considerados en la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Desde hace casi tres meses un grupo de 28 organizaciones sociales, reconocidas y comprometidas con el desarrollo sustentable, elaboró un conciso documento titulado "México Rumbo a la Sustentabilidad: 40 Propuestas para la Administración Federal 2012-2018". Las propuestas se organizan en cinco líneas estratégicas y a continuación destaco algunas de las más relevantes.
1. Priorizar el fortalecimiento institucional para una gestión efectiva, adecuación del marco legal y participación social. El documento expresa que el Plan Nacional de Desarrollo debe incluir el tema ambiental como eje transversal y definir indicadores de cumplimiento ambiental para cada dependencia de la Administración Pública Federal, enfocados a reducir los impactos al ambiente y la huella de carbono y evitar los incentivos al deterioro ambiental. Además, propone una reforma fiscal que reconozca el valor de los servicios ambientales, así como la reducción o eliminación de los subsidios que afecten el ambiente.
Se argumenta la necesidad de incrementar la eficacia y eficiencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las ventajas de reincorporar al sector pesquero a esta Secretaría para asegurar el aprovechamiento sustentable. A fin de lograr la aplicación efectiva de la legislación ambiental se insta a reestructurar la Profepa y dotarla de autonomía plena para contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como fortalecer la unidad especializada en investigación de delitos contra el ambiente en la Procuraduría General de la República.
Con respecto a la participación ciudadana, se insiste en consolidar los mecanismos en la toma de decisiones gubernamentales sobre el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, para que los dueños de la tierra y de las comunidades rurales e indígenas tengan representatividad y sus recomendaciones se reflejen en los programas gubernamentales.
2. Acciones concretas para combatir el cambio climático. El documento se pronuncia por instrumentar una estrategia nacional de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, con suficiente presupuesto, así como reducir paulatinamente los subsidios a los combustibles fósiles, orientándolos hacia medidas de eficiencia energética, aprovechamiento de energías renovables y limpias y transporte masivo sustentable.
3. Bosques y suelos saludables para garantizar el acceso al agua. Se plantea implementar un programa nacional que promueva: buenas prácticas de manejo del territorio y cambio de políticas agropecuarias para frenar la degradación y erosión del suelo; revitalizar la economía forestal mediante el apoyo al manejo comunitario sustentable de los bosques; fortalecer las capacidades de gobernanza de las comunidades y de otros propietarios para enfrentar la tala ilegal, el narcotráfico, la inseguridad, los incendios y las plagas.
Asimismo, establecer una gestión de ahorro del agua que limite la extracción, reduzca la sobreexplotación, disminuya la vulnerabilidad al cambio climático y asegure el agua y los servicios ecosistémicos que el país requiere.
4. Aprovechamiento sustentable de mares y costas. Para corregir el rumbo de insustentabilidad de la pesca en México se necesita: otorgar concesiones pesqueras geográficamente delimitadas, bajo criterios de manejo ecosistémico y equidad social, así como instrumentar programas de recuperación para recursos sobreexplotados y de manejo pesquero para todas las especies sujetas a aprovechamiento.
5. Responsabilidad de la sociedad ante su interacción con la biodiversidad. Se propone: consolidar las áreas naturales protegidas con programa de manejo, personal y presupuesto suficiente y un consejo asesor que garantice la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones, e impulsar la consolidación de sistemas estatales, municipales e instrumentos privados y comunitarios de conservación; retribuir, mediante incentivos económicos y estímulos fiscales, a los propietarios de los predios que participan en la conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales; fortalecer y financiar adecuadamente los instrumentos para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y establecer una estrategia nacional para preservar la agro-biodiversidad o biodiversidad domesticada resguardada por las comunidades indígenas.
El enfoque y las propuestas de este documento, junto con los de otras iniciativas a las que me he referido en otros momentos, son técnica, social, económica y ambientalmente viables y surgen de decenas de años de experiencia de grupos sociales y académicos. Están en su mayoría consensuadas y pueden constituir la base de una política moderna ambiental para la sustentabilidad del desarrollo. ¿Será capaz el próximo gobierno de asumirlas e implementarlas? Grave error sería no hacerlo.
Fuente: Hemeroteca