Áreas protegidas
Áreas protegidas
Julia Carabias Lillo || Reforma || 29 de mayo 2008
Uno de los mayores retos que tendrá que enfrentar la humanidad en el siglo XXI, para lograr el bienestar social, es conservar la diversidad biológica, la cual constituye el patrimonio natural de los países y la base natural del desarrollo. Por ello, la Cumbre de Desarrollo Sustentable de 2002 acordó que para el año 2010 deberá haberse alcanzado una reducción significativa en la tasa de pérdida de la biodiversidad.
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) han demostrado ser la mejor estrategia de largo plazo para la conservación del patrimonio natural. Se trata de la decisión soberana y responsable de una nación para destinar a la conservación una parte representativa de sus ecosistemas naturales, con el objeto de convertirlos en reservas genéticas; permitir que las especies que en ellos habitan puedan seguir existiendo y evolucionando sin interferencia humana; y que las funciones de los ecosistemas se mantengan sin alteración a fin de que la sociedad se beneficie de los servicios ambientales.
México cuenta con 161 ANP que abarcan 23 millones de hectáreas. Cuando se decreta un área natural protegida, sobre un territorio determinado, la tenencia de la tierra no se afecta. Los dueños de la tierra, ya sea el ejido, la comunidad o los pequeños propietarios, mantienen sus derechos de propiedad.
Lo que se modifica son las actividades que se pueden realizar dentro de las ANP, las cuales deben sujetarse a las modalidades que dicte el interés público, con la finalidad de evitar daños a los ecosistemas protegidos de importancia nacional. Dichas modalidades, además de esbozarse en el propio decreto de creación de las ANP, se detallan en su Programa de Manejo, que se elabora con la participación de los actores involucrados.
Aun cuando las ANP tienen una gran importancia nacional no se ha logrado una plena aceptación y consenso social. Los mexicanos no nos sentimos orgullosos de nuestras ANP y no las percibimos como una necesidad indispensable ni como parte de nuestro patrimonio nacional. Por ello no hemos sido capaces de defenderlas de las amenazas a las que están permanentemente sometidas y aceptamos complacientemente su deterioro.
El marco legal que ampara a las ANP es robusto, no obstante, existe deforestación, invasiones de gente sin derechos, incendios, tala y caza ilegal, tráfico y sobreexplotación de especies, contaminación, entre otros impactos. El daño causado a las ANP no puede justificarse por la pobreza de sus habitantes, ni mucho menos por las necesidades de quienes no habitan en ellas. Es un daño irreversible al patrimonio natural de todos los mexicanos y de la humanidad.
La injusta paradoja es que, pese a la gran riqueza que encierran las ANP, en muchas ocasiones sus legítimos habitantes viven en condiciones de pobreza. Vivir dentro de una ANP no debería significar una limitante del desarrollo, sino una modalidad del desarrollo sustentable, un privilegio y al mismo tiempo una oportunidad de tener una excelente calidad de vida. Además, el beneficio de los servicios ambientales que generan las ANP se extiende a las comunidades vecinas de las mismas.
Con una adecuada planeación, las ANP pueden convertirse en espacios clave que ordenen las actividades productivas sustentables de la región en la que se ubican, aprovechando el potencial natural, generando empleos, incrementando el ingreso económico de sus habitantes y detonando el desarrollo regional sustentable. Ello requiere que las instituciones públicas concentren esfuerzos coordinados para atender a las poblaciones legales dentro de las ANP y en las comunidades vecinas, fomentando procesos productivos sustentables y dotando infraestructura de manera compatible con la conservación de los ecosistemas.
Una condición para lograr lo anterior es aplicar el Estado de derecho sin titubeo y no permitir los proyectos de desarrollos que dañan los ecosistemas de las ANP, argumentando la necesidad del crecimiento económico, ni las invasiones de quienes no tienen derecho a establecerse en las ANP amparándose en su condición de pobreza.
La planeación y coordinación de estos procesos al interior de las ANP debería ser una responsabilidad de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Sin embargo, su ejecución debe ser una responsabilidad compartida con las instituciones del sector productivo y social (Sedesol, Sagarpa, SEP, Sectur, entre otras), junto con los distintos órdenes de gobierno y con la participación de los actores locales. De lo contrario, la Conanp desvirtuaría su mandato y utilizaría los escasos recursos económicos con que cuenta en los propósitos del desarrollo y no de la conservación.
En el caso de los estados del sur de México, el Programa del Corredor Biológico Mesoamericano de la Semarnat fomenta la coordinación interinstitucional para avanzar hacia el desarrollo rural sustentable en las regiones circundantes a las ANP.
Las Áreas Naturales Protegidas deben convertirse en espacios estratégicos de seguridad nacional y elevar a rango constitucional la obligación expresa del Estado de conservarlas. No se deben escatimar esfuerzos para lograr la concientización de la sociedad entera sobre la conservación de la naturaleza que derive en un cambio de actitud y, por ende, en una nueva cultura.