Brecha financiera
Brecha financiera
Julia Carabias Lillo || Reforma || 24 de noviembre 2012
Una de las políticas ambientales de gobierno más exitosas, de los últimos casi 20 años, ha sido la de la conservación de las áreas naturales protegidas (ANP). Después de décadas de abandono y dispersión, a mediados de los años noventa se integraron, para su gestión, en una sola agencia gubernamental, la cual, el 5 de junio de 2000, se convirtió en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Las ANP conservan parte fundamental del patrimonio natural nacional. Paulatinamente, y de manera ininterrumpida, en este periodo se alcanzaron, entre otros, los siguientes logros: decretos de ANP en los diferentes ecosistemas del país para incluir la representatividad de la biodiversidad nacional y de sus servicios ambientales; consolidación del marco regulatorio; decenas de nuevos programas de manejo; fortalecimiento de las capacidades humanas con profesionistas especializados; construcción de infraestructura y equipamiento; participación de los actores involucrados y formas alternativas de desarrollo entre los habitantes de las mismas; nuevas visiones y actitudes entre la población local y nacional.
La Conanp es una de las mejores instituciones de gobierno del país, gracias a su personal calificado y comprometido y a su desempeño en la conservación de 25 millones de hectáreas del patrimonio natural nacional. Si bien su presupuesto se ha incrementado de modo sustantivo durante estas casi dos décadas, aún es insuficiente por el rezago histórico en el financiamiento, lo cual constituye un obstáculo para lograr cumplir cabalmente con las responsabilidades asignadas. El déficit de recursos se refleja en falta de personal, de infraestructura, de equipamiento, de medios de operación y monitoreo, en inventarios incompletos de recursos naturales de estas áreas y en carencia de medios para realizar tareas de planeación y capacitación, entre otros temas.
La legislación mexicana es muy clara señalando la importancia de las ANP, las formas de establecerlas y las funciones para cumplir con los objetivos. Sin embargo, lamentablemente, no establece la obligación del Legislativo de asignar recursos económicos a cada nueva ANP que se decreta. Por ello, aunque el presupuesto se ha ido incrementando, debido al rezago, éste sigue muy por debajo de las necesidades básicas para atenderlas correctamente, lo que genera gran tensión y conflictos locales.
Obviamente, no debe interrumpirse la tarea de decretar nuevas ANP en donde corresponda. Aún hay mucha superficie que tiene que ser incluida en este régimen de protección para lograr completar la representatividad de los ecosistemas nacionales. Lo que se necesita es incrementar el presupuesto para fortalecer la capacidad operativa de la Conanp, que se justifica con creces por tratarse de la conservación del capital natural nacional, de los bienes públicos nacionales, de la base natural de desarrollo de las presentes y futuras generaciones.
A partir de varios análisis realizados por diversas organizaciones e instituciones dedicadas a la conservación, se elaboró un diagnóstico sobre las necesidades para consolidar la protección de las ANP y se propuso una estrategia innovadora de financiamiento (Brecha en el financiamiento de las áreas naturales protegidas federales de México). Se estima que será necesario invertir, durante los próximos ocho años, la cantidad de 24 mil millones de pesos y que este incremento se puede lograr mediante la mezcla de fuentes de financiamiento provenientes de recursos fiscales, de la concurrencia de recursos públicos, de la captación de fondos sociales, privados y de empresas públicas y del financiamiento internacional.
El Estado debe asumir su responsabilidad de conservar el capital natural nacional. Por ello, deberá destinar mayores recursos fiscales a las ANP, lo cual corresponde tanto al Legislativo como al Ejecutivo a través de la Semarnat y la SHCP. Es necesario un incremento directo de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a la Conanp; la promoción de las reformas a la Ley Federal de Derechos con el fin de establecer un destino específico de recursos para la conservación de las ANP; el retorno de recursos fiscales a las ANP por cobro de derechos y concesiones; y la reasignación presupuestal interna de la Semarnat.
Además, la estrategia señala como otra opción adicional la convergencia de recursos públicos, mediante la complementariedad y la transversalidad de políticas y programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que coinciden en los territorios en donde se establecen las ANP. Se ha demostrado que, en estos territorios, cuando se planea de manera integral se detonan procesos reales de desarrollo rural sustentable. También se proponen formas de incrementar el financiamiento proveniente de organismos bilaterales, multilaterales, organizaciones civiles nacionales e internacionales.
El inicio de una nueva administración y la discusión del PEF en la Cámara de Diputados constituyen un buen momento para pensar, en serio, sobre las aéreas naturales protegidas del país.
Fuente: Hemeroteca