¿La pesca a Semarnat?
¿La pesca a Semarnat?
Julia Carabias Lillo || Reforma || 16 de febrero 2013
El día 12 de febrero la senadora Ninfa Salinas sometió al pleno del Senado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se propone regresar la administración pesquera a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La iniciativa ha sido una demanda de numerosos sectores de la sociedad y fue un compromiso de la Plataforma Electoral 2012-2018 del PRI y del PVE. Para entender su trascendencia, vale la pena recordar un poco de la historia.
La evidencia científica de los años setenta y ochenta puso de manifiesto las tendencias de intensa degradación que sufrían los recursos naturales y los ecosistemas, terrestres y acuáticos, tanto del país como del planeta. Fue entonces cuando surgió el concepto de desarrollo sustentable. Con la finalidad de llevar a la práctica este concepto, en 1994 se creó en México la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) para integrar, en una sola institución, la gestión del medio ambiente con la del aprovechamiento de los recursos naturales renovables (forestales, pesqueros e hídricos). La Semarnap se propuso incorporar, mediante diversos programas, instrumentos, normas y reformas legales, los criterios ambientales necesarios para lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Con relación a los recursos pesqueros se implementaron varias medidas como son la evaluación del estado de salud de las pesquerías; la publicación de la Carta Nacional Pesquera; la adopción del Código de Pesca Responsable; el inicio del ordenamiento pesquero para establecer reglas claras de manejo y revertir la sobreexplotación de las pesquerías. Con estos instrumentos se reestructuró la política de otorgamiento de permisos y concesiones. El objetivo central era lograr que toda la captura pesquera fuera sustentable.
Como era de esperarse, estos cambios afectaron intereses económicos de miembros de la industria pesquera, quienes, durante el tiempo de vida de Semarnap, ejercieron presiones para obtener más permisos. Luego, en el año 2000, en una reunión de campaña de Fox con la industria pesquera, el candidato a la Presidencia prometió separar al sector pesquero del ambiental, y lo cumplió en cuanto tomó posesión.
Desde entonces, la administración pesquera se ubica en la Sagarpa. Los criterios e instrumentos de sustentabilidad ambiental y el ordenamiento pesquero se flexibilizaron y se favoreció una visión productivista. Doce años después no se han recuperado las pesquerías, varias otras se encuentran a su máximo de explotación y el producto pesquero, por habitante, se ha reducido en 15% con respecto al pico máximo de los años noventa. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a que la pesca mexicana esté en permanente crisis cuando, por el contrario, gracias a la gran biodiversidad, debería jugar un papel clave en la oferta de alimentos.
La existencia de dos instituciones con atribuciones sobre los recursos pesqueros (Semarnat para los temas de conservación y Sagarpa para los de manejo) no es funcional. Existen contradicciones, omisiones y confrontaciones. Por ello, la iniciativa de la senadora resulta más que pertinente. Si bien trasladar la administración pesquera a la Semarnat no resolverá los problemas del sector de manera mágica, la integración sí facilitará la construcción de una política pesquera sustentable que debe contemplar varios preceptos, entre ellos: Uno, los recursos pesqueros no deben limitarse a unas pocas especies. Un enfoque integral del ecosistema permite conocer y entender la enorme diversidad biológica, marina y acuática, la cual constituye un gran potencial para el desarrollo de la pesca y para abrir nuevas fronteras de crecimiento económico.
Dos, los recursos pesqueros, como el resto de los recursos biológicos, son parte integral de los ecosistemas por lo que su extracción afecta a todas las especies con las que interactúan. Su administración debe basarse en las tasas de renovabilidad de las poblaciones que van a explotarse y considerar los impactos en su entorno.
Tres, los recursos pesqueros están seriamente afectados tanto por la sobreexplotación de las poblaciones como por las alteraciones en los sistemas costeros y terrestres, como son: la contaminación del agua por residuos sólidos y tóxicos (urbanos, industriales y agroquímicos); el exceso de sedimentos por la deforestación cuenca arriba; la erosión de las costas; la eliminación de los manglares y otros humedales para la construcción de infraestructura. La gestión integral de las cuencas y de los ecosistemas marítimo-terrestres obliga a la coordinación de acciones para revertir las tendencias de deterioro mencionadas.
En suma, la integración de la administración del sector pesquero con la del resto de los elementos de los ecosistemas (agua, suelo, flora y fauna) es condición para una política pesquera sustentable de largo plazo, la cual, a su vez, contribuirá a incrementar la oferta de alimentos pesqueros, sin agotarlos, y a cumplir con los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. Esperemos que el Congreso apruebe la reforma.
Fuente: Hemeroteca