Montes Azules

 

Montes Azules

Julia Carabias Lillo  ||  Reforma  ||  12 de abril 2014

Las selvas tropicales húmedas son ecosistemas terrestres clave para la preservación de más de 70 por ciento de las especies del planeta, para la provisión de recursos indispensables para el desarrollo y bienestar humano, como es el caso del agua, para la regulación del clima, de los ciclos de carbono y nitrógeno, y de los nutrientes en el suelo, entre otros elementos sin los cuales, simplemente, se alteraría la evolución de las especies y se afectaría severamente el bienestar social de quienes habitan esos sitios, esas regiones y el planeta entero.

Su importancia no ha sido reconocida en las políticas de desarrollo. Por el contrario, se fomentaron muchos procesos de colonización que, además, fracasaron. Así, en los últimos 40 años se han destruido las selvas para establecer asentamientos humanos, infraestructura, cultivos agrícolas, ganadería, plantaciones comerciales monoespecíficas, entre otros usos incompatibles con su conservación. Y esto, lamentablemente, ha ocurrido en todo el mundo.

México tenía originalmente 12 millones de hectáreas de estas selvas, que se distribuían desde el sur de Tamaulipas hasta la frontera con Guatemala. De ellas, sólo queda un escaso millón de hectáreas, una mitad en los Chimalapas y la otra en la Selva Lacandona.

De hecho, en la región Selva Lacandona, estos ecosistemas ocupaban, en los años sesenta, alrededor de un millón 800 mil hectáreas, las cuales se han reducido a una cuarta parte. Afortunadamente, el Estado mexicano, presionado por la sociedad civil, la academia y muchas poblaciones locales, tomó la decisión de conservar importantes macizos de selva remanentes mediante siete áreas naturales protegidas (ANP), entre las que destaca por su importancia y extensión la Reserva de la Biosfera Montes Azules.

Desde su decreto, esta Reserva ha tenido numerosos problemas agrarios, entre otros, por dotaciones de tierras a campesinos previamente dotadas a comuneros, además de muchas invasiones. La vía de la invasión y posterior regularización en áreas naturales protegidas no sólo es una acción ilegal que propicia la pérdida del patrimonio natural de todos los mexicanos, sino que, también, condena a estas personas -y a sus hijos por venir- a la marginación y pobreza, debido a que la ley prohíbe la creación de nuevos asentamientos humanos en las ANP y el gobierno no puede construir infraestructura para los servicios básicos para el bienestar social, sin incurrir, a su vez, en una ilegalidad. Esta vía ya demostró su fracaso; sólo constata el círculo vicioso de pobreza y destrucción ambiental.

Es indispensable encontrar una solución concertada y viable para la reubicación negociada de las invasiones y para atender el desarrollo de las comunidades legítimamente asentadas. Distintas posiciones sobre este asunto se han enfrentado por años. El resultado de la falta de diálogo y de visiones enfrentadas sólo ha acrecentado los conflictos: la población aumenta vertiginosamente, la pobreza de sus habitantes se incrementa y el medio ambiente se destruye de manera irreversible. Con esta fórmula, todos perdemos.

Por ello la importancia del mensaje del secretario de Gobierno del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez, el jueves pasado, en el sentido de que no se regularizarán las invasiones en Montes Azules. Esta declaratoria, basada en el marco legal, da certidumbre para trazar una ruta clara en la búsqueda de soluciones negociadas en la zona.

Es urgente construir acuerdos sociales entre los actores involucrados, respetando los principios de conservación de los ecosistemas, el estado de derecho y la justicia social. En estos acuerdos debe basarse la elaboración de un programa rector, ampliamente consensuado y de largo aliento, para el desarrollo sustentable de la región. Este programa, mediante la concurrencia ordenada de los diferentes sectores, debe incluir: el fortalecimiento de la capacidad productiva y de la prestación de servicios en la región, que generarán nuevos empleos e ingresos, de manera prioritaria para los jóvenes y mujeres; la construcción de infraestructura básica; una política social equitativa y eficaz; y la consolidación de la conservación de los ecosistemas naturales.

Apostemos a que esta zona del país, primordialmente indígena, transite hacia un verdadero modelo de desarrollo sustentable, gozando de una buena calidad de vida gracias a que se ubica en uno de los escasos espacios naturales sanos del planeta.

Fuente: Hemeroteca