Política forestal sustentable

Julia

Julia Carabias Lillo || Reforma || 10 de noviembre 2012

México posee alrededor de 67 millones de hectáreas de selvas y bosques, de las cuales 70 por ciento son propiedad de ejidos y comunidades. A pesar de que la deforestación de estos ecosistemas ha disminuido, según cifras oficiales, la pérdida de éstos sigue siendo muy preocupante y debe frenarse por completo.

De manera complementaria a las áreas naturales protegidas que conservan parte de estos ecosistemas, es necesario fomentar políticas que promuevan su uso sustentable. En los últimos 20 años las políticas forestales han incrementado paulatinamente los apoyos económicos para las comunidades forestales, indígenas y campesinas. Sin embargo, no han sido suficientes y no compiten con los cuantiosos subsidios destinados a la producción agropecuaria.

En la presente administración se implementó un importante programa, el ProÁrbol, con numerosos componentes que abarcan la conservación, el manejo forestal, la reforestación y las plantaciones forestales. El ProÁrbol refleja demandas de muchos años del sector productivo y de la sociedad y, aun cuando requiere ajustes a partir de la experiencia, este programa, definitivamente, debe continuar.

Dichos ajustes deben orientarse a resolver los factores que limitan que la actividad forestal, maderable y no maderable, sea competitiva y se convierta en una verdadera opción productiva para los dueños de las selvas y los bosques. Entre ellos, se pueden mencionar la incertidumbre en la tenencia de la tierra y en la delimitación entre núcleos agrarios, la sobrerregulación y burocracia administrativa para la obtención de permisos, lo cual deriva en altos costos económicos y largos tiempos de espera, la baja competitividad frente a otros países, la escasa integración de cadenas de valor, los limitados incentivos económicos, la debilidad de las estructuras locales de gobierno y la falta de organización. Todo ello complica el uso de los bosques y selvas y facilita la tala ilegal (se estima que cerca de 3 mil millones de metros cúbicos de madera son ilegales) e incluso, en varias regiones, la presencia de bandas criminales.

Cuando los dueños de las selvas y bosques, mediante la conservación, el uso sustentable y la restauración, encuentran en sus ecosistemas una opción de vida digna y los ingresos necesarios para su desarrollo y bienestar son los primeros en defender sus ecosistemas evitando el cambio de uso de suelo, la tala ilegal, los incendios, las plagas y la proliferación de prácticas ilícitas que generan inseguridad.

Por ello, la política forestal nacional debe impulsar, de manera mucho más decidida, una estrategia dirigida a revitalizar la economía rural de las comunidades poseedoras de los bosques y selvas, priorizando el manejo forestal sustentable, maderable y no maderable, con apoyo directo a sus dueños. Dichos apoyos, además de económicos -los cuales necesitan ser incrementados sustantivamente-, deben incluir el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y organizaciones de productores. Esto requiere de capacitación para aplicar las mejores prácticas de manejo que detengan la deforestación y degradación de los bosques y la erosión del suelo, y de fortalecimiento de la organización interna que promueva la construcción de nuevos y sólidos mecanismos de gobernanza para la toma de decisiones y la rendición de cuentas y para el control de su territorio. Además, es necesario armonizar las políticas públicas, simplificar los trámites y verificar la aplicación correcta de los permisos y disposiciones legales.

Si bien la organización de las comunidades y el fortalecimiento de sus capacidades son indispensables para el control de la tala ilegal, no son suficientes para erradicar este cáncer. Es imprescindible la aplicación del Estado de derecho y, por tanto, la actuación decidida de la autoridad. Para enfrentar este reto, la capacidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resulta muy limitada por lo que debe ser fortalecida con recursos económicos, humanos y materiales. La Profepa podría ser más eficaz si complementa sus esfuerzos de vigilancia y control en los centros de almacenamiento, transformación y comercialización, así como en las carreteras y en las industrias.

Estas acciones se verían reforzadas con la implementación de un sistema de certificación de la legal procedencia de madera, obligatorio para todo establecimiento que la venda o consuma. Con ello, las empresas tendrían que transparentar el origen de sus productos y serían las mejores aliadas para combatir el mercado ilegal de madera.

Las acciones de apoyo a la producción legal combinadas con la verificación de la cadena comercial son una opción para acabar con el mercado de madera ilegal y, de esa manera, con los impactos económicos, ecológicos y sociales que acarrean la destrucción de los ecosistemas forestales nacionales.

En síntesis, se requiere reforzar la política forestal con la prioridad de conservar el capital natural nacional y, al hacerlo, sacar de la pobreza a millones de campesinos e indígenas dueños de las áreas forestales.

Fuente: Hemeroteca