Prioridades ambientales 09

 

Prioridades ambientales 09

Julia Carabias Lillo  ||  Reforma  ||  08 de enero 2009

Aprovechando el ímpetu de la reflexión y balance del año que cerró y los buenos propósitos del nuevo año, no quiero dejar pasar la oportunidad de apuntar 10 prioridades en materia ambiental que, a mi juicio, deben impulsarse profundamente, formar parte de la agenda al más alto nivel gubernamental, e involucrar a los distintos órdenes de gobierno, al Congreso de la Unión, a los empresarios, a la academia, a la ciudadanía y a las organizaciones sociales.

Se trata del tercer año de la presente administración, clave para concretar los planteamientos del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ajustar rumbos o incluir omisiones. Las tareas planteadas en dicho programa son múltiples y sobre todas ellas la Semarnat deberá seguir trabajando y avanzando, pero algunas, por tratarse de la gestión del capital natural nacional, base del desarrollo sustentable, por su importancia en el futuro del país y por su impacto en la calidad de vida de la población, deben ser consideradas con mayor atención.

Desde mi punto de vista, la definición de prioridades deberá surgir de un profundo proceso de análisis al interior de la institución, ya que la solución de problemas requiere un entendimiento común, el convencimiento y compromiso de los responsables y una estrecha coordinación y trabajo armónico entre todas las áreas del sector. Las instrucciones verticales no suelen prosperar ni trascender. Puede ser un camino más complejo pero, sin duda, más seguro.

Aunque algunas reflexiones que a continuación planteo corresponden al ámbito global, enfatizo los temas vinculados con la conservación, uso y restauración de los ecosistemas naturales, es decir, la llamada agenda "verde". No incluyo los asuntos relacionados con la agenda "gris", los de contaminación, por estar fuera de mi especialidad.

1. Concluir el Programa Especial de Cambio Climático con los compromisos y metas específicas en mitigación y adaptación de cada sector y preparar una posición contundente, consensuada y ejemplar por parte de México que influya en las decisiones de la XV Conferencia de las Partes (COP) que se realizará en Copenhague en diciembre de 2009. Esta COP será crucial porque en ella deberán tomarse nuevas decisiones globales para el periodo 2012-2020.

2. Incrementar la superficie protegida de ecosistemas terrestres y marinos que están escasamente representados en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como es el caso de las selvas tropicales secas de Oaxaca y Guerrero y los bosques mesófilos de montaña de Chiapas y Oaxaca.

3. Fortalecer la gestión de las áreas naturales protegidas existentes y dar seguimiento cotidiano, al más alto nivel, a aquellas que están sometidas a fuertes presiones por proyectos de desarrollo o urbanización, por conflictos jurídicos y por ilícitos como son las invasiones, la tala clandestina y la caza y pesca furtivas.

4. Incrementar sustantivamente la superficie bajo uso sustentable que evite la deforestación y contribuya al desarrollo económico de sus dueños mediante el manejo forestal sustentable y las Unidades para la Conservación y Manejo de la Vida Silvestre, conocidas como UMA. Particular énfasis requiere la región del trópico húmedo, que sigue sometida a presiones de cambio de uso de suelo por la ganadería y, recientemente, por las plantaciones agroindustriales y de biocombustibles.

5. Dirigir el Programa de Pago por Servicios Ambientales a áreas amenazadas de alto valor ecológico que no cuentan con otro instrumento de gestión que evite la deforestación.

6. Dar un giro a las metas de reforestación que realiza el ProÁrbol, cambiando la meta referente al número de plantas producidas y sembradas, por una meta de superficie recuperada, concentrándose en las áreas degradadas de valor ecológico y económico y en las riberas de los ríos y arroyos del país.

7. Avanzar sustantivamente en el ordenamiento ecológico del territorio como un instrumento clave de planeación del desarrollo sustentable, no sólo a nivel nacional sino, sobre todo, a nivel local, en regiones prioritarias, incluyendo los ordenamientos comunitarios. Es indispensable articular el ordenamiento ecológico, responsabilidad de Semarnat, con el ordenamiento territorial que realiza Sedesol.

8. Revisar, junto con Sagarpa, los criterios de sustentabilidad ambiental de la política pesquera para detener y revertir la sobreexplotación de las pesquerías e impulsar los ordenamientos pesqueros, incluyendo los de agua dulce.

9. Establecer una agenda legislativa con el nuevo Congreso que permita, en los próximos tres años, fortalecer el marco jurídico de áreas aún frágiles como es el de las ANP, de la zona federal marítimo-terrestre y del ordenamiento ecológico del territorio.

10. Fortalecer la coordinación intersecretarial para aprovechar plenamente la riqueza natural, disminuir la degradación de los ecosistemas y sus servicios ambientales y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Es urgente definir las regiones prioritarias de acción por su alto valor ecológico y por sus condiciones de marginación.

Espero que estas reflexiones constituyan un aporte a la discusión para fortalecer la política ambiental nacional.