Recursos pesqueros en México
Recursos pesqueros en México
Julia Carabias Lillo || Reforma || 4 de septiembre 2010
México, rodeado de océanos y mares, está considerado dentro de los 20 países mejor dotados de recursos marinos en el mundo. El área marina no es homogénea, sino que existen distintos ecosistemas dependiendo de las condiciones de temperatura, de la circulación de las corrientes y de las masas marinas. En México se reconocen ocho grandes ecorregiones marinas: dos en el Golfo de México (norte y sur); cuatro en el Pacífico (de aguas más cálidas en el sur a más frías en el norte); la del Golfo de California y la del Mar Caribe.
La variedad de condiciones ambientales marinas permite que nuestro país posea una enorme cantidad de especies distintas. Sin embargo, esta gran biodiversidad de especies no significa que exista abundancia de todas ellas; lo cual no ha sido considerado en las políticas pesqueras. Administrar la biodiversidad requiere un esfuerzo mucho mayor de gestión (muchas especies y poca cantidad de cada una) que administrar la abundancia (pocas especies y mucha cantidad de cada una). El potencial pesquero de México radica en la primera situación.
Entre 1940 y 1980 la pesca nacional tuvo un periodo de crecimiento muy acelerado. Una primera etapa se caracterizó por la pesca de camarón y túnidos para exportación realizada por embarcaciones extranjeras. La llamada Marcha al Mar, del presidente Ruiz Cortines, impulsó las inversiones en las costas, las cuales no fueron acompañadas de la regulación necesaria, sentando las bases de la sobreexplotación pesquera. Fue en los años setenta, tras el reconocimiento de la zona económica exclusiva, cuando se desarrolló la flota pesquera nacional. Su objetivo fue incrementar el volumen de captura pero no se consideró la capacidad de renovabilidad del recurso pesquero.
Además, una típica salida fácil a la presión política campesina por demanda de tierras o por falta de oportunidades económicas consistía en dotar de lanchas a los demandantes para pescar en las riberas. Así, entre 1970 y 2003 se incrementaron las embarcaciones pequeñas y medianas de los litorales del país de 17 mil a más de 100 mil.
Ante esta situación, entre 1994 y 2000, el Instituto Nacional de la Pesca, dirigido entonces por Antonio Díaz de León, se abocó a generar la información científica necesaria para el manejo pesquero sustentable. Ésa era, entre muchas otras, una de las grandes ventajas de que en aquella administración la gestión del sector pesquero estuviera junto a la del sector ambiental. El INP condujo numerosos estudios sobre el estado de salud de las pesquerías; el inventario pesquero; el esfuerzo pesquero máximo aplicable; y las medidas de manejo, regulación, aprovechamiento y conservación de los recursos marinos y su hábitat. Dicha información fue la base científica para la elaboración de la Carta Nacional Pesquera (CNP), instrumento regulatorio pesquero-ambiental, de cumplimiento obligatorio y reconocimiento mundial, que indica el estado de salud de los recursos pesqueros en México y plantea restricciones y límites a la pesca.
La CNP registró en el año 2000 que 82% de las unidades pesqueras de manejo (UPM) se encontraban totalmente explotadas y que, de éstas, cerca de 25% requerían intervención inmediata para su recuperación. Sólo 18.5% de las UPM tenían posibilidades de crecimiento por encontrarse subexplotadas.
Esta información fue determinante para iniciar el ordenamiento de la actividad pesquera, lo cual implicaba el control del acceso al recurso, la disminución de embarcaciones, el retiro de permisos en algunas pesquerías sobreexplotadas, la limitación del volumen de captura bajo el criterio del óptimo sostenible de las pesquerías, la exclusión de áreas de pesca para la protección del hábitat y la aplicación del principio precautorio cuando se careciera de información científica.
Desafortunadamente no fue posible consolidar este ordenamiento. La industria pesquera reaccionó ante las medidas de regulación para la sustentabilidad ambiental y, tras un cabildeo intenso, convenció a Fox, siendo presidente electo, de separar al sector pesquero del ambiental bajo el argumento de que se estaba frenando la producción.
Así se creó la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura ubicándola en el sector agropecuario y se perdió la prioridad de detener el deterioro de las pesquerías y lograr su recuperación. La demanda del sector industrial de subsidiar el diesel y la electricidad para la acuacultura se concedió y el esfuerzo pesquero aumentó. En 2004, la Carta Nacional Pesquera reportó que las pesquerías con potencial de desarrollo disminuyeron de 18.5% a 9%, en tanto que el número de pesquerías en estado crítico de explotación aumentó. Los recursos pesqueros continúan en deterioro y se carece de una política para su recuperación.
Si no se ejecutan acciones de remediación inmediata, los conflictos sociales, económicos y políticos en torno a la pesca se incrementarán y perderemos más de nuestro capital natural marino. Mientras que en otros sectores se camina hacia la sustentabilidad ambiental, en el sector pesquero hemos retrocedido.
Fuente: Hemeroteca