Ley de biodiversidad, a la luz de la mezquindad

Ley de biodiversidad, a la luz de la mezquindad

Rafael Robles de Benito || La Jornada Maya || Miércoles 12 de abril, 2017

La iniciativa de marras

Mediante un oficio girado el pasado 3 de abril, y curiosamente difundido por la asociación ecologista Greenpeace, se anuncia que queda pospuesta hasta nueva fecha la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República, que debió llevarse a cabo el día 5, en la que entiendo se sometería a discusión la iniciativa de ley general de biodiversidad formulada por la senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La iniciativa de marras ha generado una intensa discusión entre expertos, organizaciones conservacionistas, abogados, y demás actores interesados, que no ha estado exenta de violentas diatribas, acusaciones infundadas y calumniosas, y posiciones confusas, lanzadas sin fundamento a sumarse al enredo de las redes sociales. Como las leyes no están grabadas en piedra, y siempre pueden someterse al ácido de la crítica y adaptarse a una realidad cambiante, es bueno y sano que se generen iniciativas, que se discutan y se promueva su promulgación.

Pero las iniciativas no deberían responder a un solipsismo obcecado, que no parece oír voz alguna que no provenga de los aliados del promovente. En un régimen genuinamente democrático, deberían ser formuladas a raíz de la realización de consultas eficaces con los actores sociales legítimamente interesados en la materia de que se trate, en un esfuerzo verdaderamente colaborativo. Las cosas, sin embargo, parecen suceder al revés: la senadora genera su propuesta, y después se encuentra de frente con el hecho de que no satisface a nadie que sepa del tema, y que pueda juzgar el contenido del documento con conocimiento de causa.

Quizá parezca una buena noticia (así lo consideran los colegas de Greenpeace, al menos) que se posponga la discusión de la iniciativa. Por lo menos, esto parecería indicar que se abre un intervalo durante el cual se podrán multiplicar las propuestas de modificación, analizar las consecuencias de la promulgación de un nuevo instrumento jurídico, confrontar puntos de vista y, en fin, generar una ley que cuente con los aportes de conocimientos y experiencias de quienes hemos dedicado nuestras vidas a la conservación del patrimonio natural de la nación.

De las propuestas que andan por ahí, suscribo, por afinidad, por historia, y por la confianza que merecen sus autores, la que ha presentado Ceiba, A. C. En la construcción de esta propuesta han colaborado, entre otras, personalidades tan destacadas como Antonio Azuela de la Cueva y Alejandra Rabasa, ambos destacados abogados ambientales (y ambientalistas), Julia Carabias Lillo, quien es la fuerza creadora de los momentos más vitales de la política ambiental de México, Roberto de la Maza Elvira, uno de los más sagaces conservacionistas y destacado biogeógrafo, y Luis Fueyo MacDonald, quien estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas antes de que comenzara su actual debacle. Ojalá se escuche su voz.

La mala noticia que hay detrás de todo este debate es que, en lugar de provocar una respuesta generosamente solidaria, en busca de generar la mejor propuesta para mejorar el marco jurídico que regule la apropiación de la biodiversidad nacional, lo que la iniciativa ha logrado sacar a la luz ha sido una retahíla de mezquindades, intereses particulares, y maliciosos rumores. Somos muy pocos quienes nos empeñamos en la conservación del patrimonio natural mexicano, y se podría decir que somos políticamente frágiles. Pobre favor le hacemos a nuestra causa común al mostrarnos incapaces de confrontar nuestros dispares puntos de vista de una manera positiva, propositiva, lúcida y robusta.

Chetumal, Quintana Roo
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