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Desmantelan a la CONANP

¿Es el principio del fin?
Barruntes del desmantelamiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

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MC Rafael Robles de Benito

Haber puesto en manos del Partido Verde Ecologista de México la política ambiental nacional quizá no haya sido tan buena idea. Más allá de las evidentes carencias conceptuales de los funcionarios emanados de o vinculados con ese instituto político, las decisiones que han tomado recientemente alrededor de temas centrales para la gestión ambiental nacional deben resultar motivo de profunda preocupación para quienes hemos empeñado nuestra vida profesional, personal, afectiva, política y moral a la búsqueda de relaciones sustentables entre la sociedad y el entorno natural.

Lo que está sucediendo de unos meses a la fecha con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es quizá el ejemplo más doloroso de la veracidad de este aserto: incluso antes de que terminara la gestión de Luis Fueyo al frente de la CONANP, se empezaban a ver señales de que el panorama no pintaba muy bien para el futuro de la conservación en nuestro país. Pero ahora las cosas toman un cariz mucho más preocupante.

Hace poco, el Presidente Peña anunció a los cuatro vientos que, en cumplimento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano, había decretado el establecimiento de una nueva área natural protegida marina, incrementando considerablemente la superficie sujeta a algún tipo de protección legal en México. Muchos colegas recibieron con beneplácito la noticia. No obstante, creo que vale la pena preguntarse si en efecto el anuncio convoca al optimismo:

Las áreas protegidas existentes suelen tener vacíos importantes para garantizar una gestión efectiva: carecen de personal capacitado y suficiente, no cuentan con infraestructura apropiada, o con equipos esenciales, sus presupuestos para inversión y subsidios son magros – en el mejor de los casos – y sus programas de manejo, o no se han publicado, o no se han actualizado y son obsoletos (salvo, desde luego, algunas excepciones).

Así las cosas, ufanarse de cumplir compromisos que no pasan de ser de papel, a la vez que se recortan presupuestos, y se suprimen plazas, a una Comisión que nunca ha logrado tener la fuerza (financiera, sí, pero sobre todo política) para encarar con eficacia los retos de la tarea que le corresponde, es por decir lo menos, un tanto cínico, por no decir que francamente irresponsable.

Lo cierto es que para el gobierno mexicano siempre “viste” tener un discurso conservacionista, pero no se ve, ni se entiende en toda su envergadura, la importancia real que la conservación del patrimonio natural tiene para el desarrollo del país, y para construir además un entorno donde pueda genuinamente imperar algo parecido a la justicia social.

Así, mientras el ejecutivo se llena la boca de “combate al cambio climático” (sea lo que sea que esto quera decir), de la riqueza natural de México, y del compromiso con el medio ambiente, va recortando el gasto destinado a estos propósitos, y de paso deshaciéndose de los recursos humanos con mayor capacidad y experiencia involucrados den la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios ambientales.

Pareciera entonces que la conservación solamente se puede llevar a cabo desde los prados de academia, y así quienes presentan ante el Congreso las propuestas para la conservación de los jaguares, se ven encabezados no por la autoridad responsable en la materia, sino por personal de la UNAM, y se propone el establecimiento de un Corredor Biológico para conservar jaguares, que parece hacer caso omiso de los esfuerzos realizados para la construcción del Corredor Biológico Mesoamericano en México, e incluso – si me apuran – parece poner por delante, como moneda de cambio para obtener financiamiento, la marcha atrás en los esfuerzos realizados, con éxito por cierto, para consolidar la protección de un área de la importancia (simbólica, pero vital) del Parque Nacional Tulum.

Para hablar un poco más acerca de la construcción de corredores biológicos, lo que alguna vez se pensó como un complemento a los esfuerzos de creación de áreas naturales protegidas en el sur y sureste de México, que contribuía dotándolas de un instrumento para la restauración de la conectividad ecológica, ocasionada por la fragmentación generada por los procesos del desarrollo convencional en el medio rural nacional, también se ha ido desdibujando.

Al terminarse el financiamiento del CBMM, proveniente del Global Environment Fund (GEF) del Banco Mundial, el Estado Mexicano toma una posición que hasta cierto punto le permite permanecer con un pie en cada lado de la cerca: no renuncia al corredor (de hecho, lo mantiene, vinculado a la CONABIO), pero tampoco lo asume como un programa sustantivo de instrumentación de políticas públicas de corte ambiental, orientadas a la conservación del patrimonio natural del trópico mexicano, ya que nunca decide otorgarle los recursos financieros necesarios para operar con eficacia. Más bien, lo “cuelga” de diversos programas de subsidio, vinculados a actividades productivas o al gasto social, y lo liga a las reglas de operación y a las directrices políticas de organismos como la SAGARPA, la CONAFOR, o la CDI.

Vistos “los toros desde la barrera”, pareciera entonces que el corredor biológico, más que uno de los tres pies del banco de la conservación en México (junto ocn las áreas naturales protegidas y las unidades para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, mejor conocidas como UMA), se ha convertido en una suerte de maga-agencia de desarrollo rural; o peor aún, en un intermediario entre las dependencias del ejecutivo y las agencias no gubernamentales (o para-gubernamentales) de desarrollo rural.

Quizá debiera haber planteado estos puntos de vista como simples preguntas, dudas de quienes no estamos involucrados directamente en el diseño de la política ambiental nacional. Pero lo cierto es que el panorama resulta tan poco alentador que se antoja más bien provocar alguna reacción, ya sea una andanada de argumentos y evidencias que me convenzan de que no hay por qué preocuparse (dudo mucho que esto suceda), o bien una respuesta que sume inconformidades y preocupaciones, y que contribuya a emprender un camino de organización y propuesta que nos permita retomar el camino de la conservación y robustecer las acciones que se llevan a cabo para lograrla, en escenarios que hoy no parecen favorecerla.

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