El impacto ambiental de un Dios
Rafael Robles de Benito || La Jornada Maya || Martes 16 de julio, 2024
Poseidón, la Profepa y la política ambiental mexicana: en el ojo del huracán
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha “clausurado” la estatua de Poseidón que la autoridad local había colocado en la playa de Progreso, frente al malecón, por carecer de un dictamen en materia de impacto ambiental. Pocos actos de autoridad me han resultado tan divertidos como éste. Quizá lo que pasa es que no lo he entendido, y que también el mal gusto –el kitsch, diríamos los pedantes– tiene un impacto severo e irreversible en los ecosistemas. De ser así, la misma Profepa debería también clausurar, por ejemplo, la réplica del David de Miguel Ángel que se erigió hace tiempo en Monterrey. O quizá se considera que el material con que fue construido el ídolo puede resultar altamente contaminante. En el mismo supuesto, habría que retirar y prohibir todas las embarcaciones de la flota pesquera ribereña, hechas también con fibra de vidrio. Como sea, la medida resulta desproporcionada e incongruente.
La proliferación de memes que enfrentan a Poseidón con Chaac, y los chistoretes acerca del poder de uno y otro para evitar huracanes, o abatir su impacto, además de desencadenar algunas sesudas reflexiones acerca del respeto a los valores culturales de los pueblos originarios, y la sumisión de las autoridades convencionales al colonialismo eurocéntrico, han dejado fuera de la discusión a lo que creo que habría que colocar en el preciso centro: la política ambiental y la institucionalidad que el país requiere para ponerla cabalmente en práctica.
La tentación inmediata es comparar la actuación expedita y fulminante de la Profepa en el caso de la estatua del dios griego, en oposición a la aquiescencia con que esa autoridad ha aceptado sin cortapisas la exención de procedimientos de impacto ambiental previos al inicio de las obras emprendidas por el ejecutivo en turno. Pero no cederé a esa tentación. El tema ya ha sido puesto sobre la mesa en múltiples ocasiones, y se han hecho evidentes los subterfugios y pretextos que ha enarbolado el gobierno federal, aduciendo que sus obras son “de seguridad nacional”, de modo que no tienen porqué dar a nadie cuenta de nada.
Creo que la crítica a la actuación de la autoridad ambiental federal debe ir un poco más lejos. Además de la disminución progresiva de sus actuaciones, que han pasado de 6 mil 437 actos de inspección en 2006, a 3 mil 794 en 2012, 2 mil 968 en 2018 y 2 mil 630 en 2022; hay que considerar que existe cierta opacidad en su actuación, dado que los denunciantes no suelen ser informados acerca de la respuesta que desencadena su denuncia; y no se cuenta con información acerca de las causas que llevan a dejar fuera de la inspección y vigilancia obras y acciones que deberían ameritar de oficio. De hecho, a menos que se solicite la información relevante a través del INAI, no solemos enterarnos de qué obras han seguido los procedimientos de impacto ambiental que marca la ley, cómo se les ha dictaminado y qué acciones de compensación o restauración se les han exigido.
Por cierto el gran timonel considera oneroso e innecesario contar con un organismo autónomo de acceso a la información y protección de datos personales, y quisiera eliminarlo, para que no hubiera más organismo encargado de salvaguardar el derecho humano a la información y la protección de la identidad de los individuos, que la misma autoridad federal que decide qué informar, cuándo y a quiénes, y que dispone concierto desenfado de los datos personales de los ciudadanos que pueden resultar incómodos. Pero esto es una digresión, y vuelvo al tema.
Aunque la Comisión Nacional del Agua parece no tenerlo en consideración, dado que la escala a la que maneja sus decisiones abarca la totalidad de la cuenca peninsular, y no tiene en consideración los impactos locales, o las diferencias de vulnerabilidad de las áreas en función de su demografía, las características de su desarrollo o las particularidades del karst a nivel municipal, o incluso en áreas menores a esa circunscripción administrativa del territorio, lo cierto es que muchas áreas urbanas, o de desarrollo de infraestructura turística en la península de Yucatán, están cada vez más expuestas a una crisis hídrica, en términos de acceso al agua de calidad, en la cantidad y oportunidad que requiere el bienestar humano, una disposición inadecuada y creciente de aguas servidas sin tratamiento alguno, y una demanda creciente del recurso, desencadenada por la construcción de torres de viviendas cada vez mayores, que no responden a consideración ambiental alguna, no muestran el más mínimo respeto a los rasgos paisajísticos propios de la región, y no parten de ningún criterio de capacidad de carga, ni responden a algún análisis remotamente serio de tasas admisibles de cambio.
Esto no es más que un breve esbozo, en materia de agua, de lo que la Profepa tendría que atender y no atiende. También arrastra pendientes crecientes en materia de aprovechamiento de recursos naturales, tráfico de especies, violaciones a la ley en materia de áreas naturales protegidas, emisiones a la atmósfera, manejo y disposición final de residuos sólidos, y un largo etcétera de asuntos que merecerían actos de inspección, vigilancia y sanción, si se pretende a aspirar a una sociedad sustentable ambientalmente. Pero al parecer todo esto palidece ante la urgencia de evitar el impacto ambiental de un dios griego en mares yucatecos, promovido además por una autoridad que seguramente responde a intereses de “los conservadores”. Esperemos que la próxima administración considere con seriedad la necesidad de contar con una procuraduría ambiental robusta, con dientes y presupuesto suficientes para encarar los retos de garantizar el cabal cumplimiento de la legalidad ambiental. Si no fuera así, que Chaac nos agarre confesados.
Fuente: https://www.lajornadamaya.mx/opinion/234010/el-impacto-ambiental-de-un-dios-profepa-poseidon-chaac-medioambiente-progreso-yucatan
No Comment