Gobiernos locales y recursos forestales
Rafael Robles de Benito || La Jornada Maya || Martes 27 de agosto, 2024
Grupos como el CGF nacieron para consolidar la conservación de los bosques tropicales en México
Si bien es cierto que en nuestro país los recursos forestales han estado sujetos tradicionalmente a la jurisdicción del gobierno central, en buena parte de las entidades de la federación resultan tener una enorme importancia por la proporción del territorio estatal que cubren, la relevancia que significa su manejo sustentable para los pueblos originarios y comunidades rurales que los habitan, la riqueza misma de los recursos forestales que alojan, o por el hecho de que su conservación es el instrumento más poderoso con que cuentan los estados para contribuir a capturar carbono atmosférico y contribuir así a abatir las emisiones de gases de efecto invernadero, en un escenario de emergencia climática.
Hace ya más de una década que varios estados de la república se han ido incorporando a un colectivo de corte internacional, empeñado en lograr que los gobiernos subnacionales de países tropicales se apropien de la conducción de los procesos de conservación y manejo de sus bosques, a partir de la formulación de estrategias estatales de reducción de emisiones por degradación y deforestación, en un esfuerzo de coordinación con la estrategia nacional correspondiente. El colectivo al que hago referencia es el Grupo de Trabajo de Gobernadores por los Bosques y el Clima, usualmente designado por su nombre en inglés como el CGF-Task Force. Actualmente reúne estados de 10 países del mundo con bosques tropicales, y en el caso de México, incluye los estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Pero los gobiernos estatales, acostumbrados como están a que los bosques exceden los límites de su jurisdicción, y su participación en su administración y manejo acontece de manera concurrente, y sujeta a recibir la contribución financiera del gobierno federal, no parecen ver a cabalidad el potencial social, económico, político, y ambiental, que tiene apropiarse de esta riqueza de manera soberana. Antes que incorporar este potencial al entramado de sus planes estatales de desarrollo, prefieren apostar a vías más convencionales y probadas de desarrollo, como el turismo, la industria manufacturera, o la producción de cultivos comerciales, por ejemplo, sin importar las consecuencias que esto pueda tener en términos de la sustentabilidad. Al fin y al cabo, los sexenios duran solo seis años. Impera una visión cortoplacista.
Los gobernadores no han visto en su pertenencia al GCF más que el acceso a financiamiento para atender un tema al que usualmente no dedican recursos, a menos que los obtengan de una Conafor cada vez más débil y con menos presupuesto. Y la Comisión, entretanto, se debate en discusiones vagamente bizantinas acerca de cómo podrá ejecutar la estrategia nacional REDD+ en coordinación con los gobiernos locales, pero no parecen encontrar una fórmula satisfactoria, a pesar del hecho de que al menos los estados pertenecientes al GCF ya cuentan con estrategias estatales que permiten poner en el territorio los objetivos nacionales, traducidos a las circunstancias locales.
Así, el manejo de los bosques tropicales de la nación se encuentra entrampado en una maraña de paradojas: todos reconocen su riqueza en términos de biodiversidad, y su potencial como porción del paisaje capaz de contribuir a la generación de riqueza social, pero ni las instancias federales ni los gobiernos locales parecen dispuestos a invertir los recursos públicos suficientes como para alimentar programas eficaces de conservación y manejo. Si los gobiernos locales encuentran una fuente de financiamiento que no repercuta en sus presupuestos (usualmente escuálidos) ni afecte las contribuciones que les aporte la federación, se llenan la boca de la necesidad y las bondades de cuidar y explotar la riqueza forestal en su territorio, pero en el momento en que esas fuentes de dinero se cierran o se reducen, los bosques vuelven a caer en el abandono y el olvido.
Ninguno de los siete gobernadores miembros del GCF ha encontrado la manera de hacer uso de ese colectivo como una plataforma que le permite consolidar su capacidad para formular y ejecutar una política forestal coherente y eficaz. Y ninguno de ellos ha visto en el grupo una fortaleza política, capaz de otorgar a las jurisdicciones locales que lo constituyen, una suerte de músculo negociador ante las instancias federales, y ante organismos no gubernamentales y organizaciones multilaterales, que les permitiría fijar una agenda robusta de acción forestal, a pesar de las debilidades y titubeos de la autoridad nacional correspondiente.
Porque hay que decirlo, la comisión Nacional Forestal es una agencia desconcentrada cada vez más débil y con menor presupuesto, que se debate todavía en la incertidumbre acerca de cuál tendría que ser su papel ante los gobiernos locales y las comunidades dueñas de los bosques, de modo que no logra emprender con franqueza la puesta en marcha de la estrategia nacional de reducción de emisiones por degradación y deforestación (REDD+), ni enfrentar con una postura clara y contundente a los emergentes comercializadores de carbono.
Hoy aparece una doble y tentadora oportunidad, al calor del cambio de administración: por una parte, los gobernadores miembros del GCF deberían asumir su participación en el grupo de manera proactiva, y demandar de comité directivo una lucha común hacia la búsqueda de recursos que les permita funcionar, más allá de los que aportó el gobierno de Noruega, y que cada vez resultan ser de más difícil acceso; y por otra, la nueva autoridad ambiental deberá fortalecer a la Conafor, sin restarle la capacidad de maniobra que le otorga su carácter de desconcentrada, de modo que ofrezca a los estados GCF una recompensa clara por pertenecer a ese grupo, con el fin de que vean un interés más claro en alcanzar el cumplimiento de los objetivos que plantea. Esta es una sugerencia adicional, para engrosar los retos presentados a la Doctora Bárcena.
Fuente: https://www.lajornadamaya.mx/opinion/235891/gobiernos-locales-y-recursos-forestales-grupo-de-trabajo-de-gobernadores-por-los-bosques-y-el-clima-cgf-task-force-mexico-yucatan-campeche-quintana-roo
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