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Langostas, guerra y pandemia

Rafael Robles de Benito || La Jornada Maya || Martes 01 de agosto, 2023

José Luis Carrillo Galaz, actual presidente de la Confederación de Pescadores Ribereños y del Consejo de Administración de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop) es un experimentado líder del sector pesquero yucateco, lúcido, inteligente, comprometido y serio. Lo conocí hace ya más de dos décadas, y hemos coincidido en reuniones de trabajo, talleres, y eventos de carácter político. Siempre he visto en él un interlocutor franco, que además ostenta la rara virtud de ser un buen escucha. Por eso creo que estará de acuerdo en que el breve análisis que hace acerca de lo mal que está resultando la temporada de langosta de este año, y que aparece en la nota de este diario con fecha de 11 de julio, es insuficiente, y parece incluso algo corto de memoria.

Antes que considerar como factores determinantes los años de pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, creo que haríamos bien en voltear la mirada a la historia reciente de esta pesquería, y a los problemas estructurales – y ancestrales – del llamado sector social pesquero. No quiero decir con esto que las condiciones destacadas por José Luis no tengan que ver con la situación por la que actualmente atraviesan los pescadores de langosta. Más bien, si se enfoca el asunto con una perspectiva de análisis de sistemas complejos, las condiciones económicas que explica Carrillo: un mercado deprimido y controlado por los compradores, las circunstancias impuestas por el Covid-19, y las consecuencias de las actuales tormentas geopolíticas y bélicas, son condiciones de segundo nivel, y de contorno.

Hay que buscar las condicionantes de primer nivel más cerca de casa, por decirlo de alguna manera. Así, habrá que considerar la persistente costumbre de ofrecer al mercado únicamente colas de langosta, y no el organismo entero, y mucho menos vivo. Esta práctica ha contribuido a la sobrepesca (se requiere capturar más individuos para alcanzar volúmenes razonables de captura), y además ha generado que suelan capturarse individuos de tallas menores a lo que dicta la norma, e incluso individuos que aún no alcanzan la edad reproductiva. No puedo menos que recordar las bizarras discusiones entre la autoridad ambiental y pesquera, y los pescadores cooperativados, sostenidas hace ya cerca de treinta años, en términos de si debían medirse las colas de las langostas “abiertas, o cerradas”. Una u otra opción hacía una diferencia de un centímetro en la talla.

Tampoco hay que olvidar que las organizaciones del sector, particularmente la Federación de Cooperativas Pesqueras del Oriente de Yucatán, opusieron una tozuda resistencia al establecimiento de refugios pesqueros, quizá por desconfianza ante la autoridad y las organizaciones de la sociedad civil que los promovían, o quizá porque se pensaba que los refugios pesqueros no podrían servir como recursos para la administración del recurso, y solamente contribuirían a dificultar la realización de una actividad que no veían por qué modificar. Como quiera que sea, este recurso de administración de recursos pesqueros no se ha podido instaurar con eficacia entre los pescadores ribereños de Yucatán, que siguen aproximándose a las pesquerías como recursos en propiedad común, con conductas que responden a la postura de “primero lo aprovecho yo, antes de que llegue otro y se lo lleve” Este esquema, dicho así, de manera simplificada, es lo que conduce a lo que se ha dado en llamar “la tragedia de los comunes”.

Algo muy parecido puede decirse acerca de la reacción de los pescadores de langosta yucatecos frente a los esfuerzos para que conocieran y reprodujeran los modelos de captura y comercialización de langosta viva que ya se aplicaban con éxito en Quintana Roo, o al uso de trampas de langostas a la manera de las “casitas cubanas”. “Aquí no funciona”, se decía siempre, sin intentar siquiera experimentarlos, o adaptarlos.

A esto hay que añadir que la estructura de las cooperativas pesqueras sigue teniendo mucho de simulación. Las cooperativas son formas de organización para la actividad productiva en las que un colectivo acuerda nombrar, de entre sus miembros, una estructura representativa responsable de la administración de los bienes comunes, la comercialización de los productos generados por la actividad de los miembros, y las relaciones con las autoridades pertinentes y el resto de los actores sociales.

Los miembros de la cooperativa son considerados pares entre sí, y en principio cualquiera de ellos tienen el derecho de formar parte de esa estructura directiva, usualmente constituida pro un presidente, secretario, y tesorero, y que incluye eventualmente diversas comisiones creadas con propósitos específicos. Aunque esto pinta muy bien en el papel, la verdad es que las cooperativas suelen ocultar relaciones oscuras con los industriales propietarios de las redes de frío y agencias comercializadoras de productos pesqueros y las directivas suelen corromperse muy rápidamente, y hacer uso de los recursos de la organización para satisfacer necesidades individuales y ambiciones políticas. Claro, hay excepciones a esta regla, y cooperativas que funcionan de manera congruente con su marco normativo.

El punto es que mientras la pesquería de langosta no incorpore con seriedad instrumentos modernos de administración del recurso, respete vedas y tallas, y migre a la comercialización de langosta entera y viva; y mientras las cooperativas no depuren su estructura, y logren operar realmente como empresas del sector social pesquero, con un manejo honesto de permisos y concesiones, y un reparto honrado de utilidades, la pesquería será cada vez menos sustentable, aunque no haya nuevas pandemias, y se logre la anhelada paz en Ucrania.