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Nuevas áreas protegidas

Nuevas áreas protegidas

Rafael Robles de Benito || La Jornada Maya || Jueves 11 de noviembre, 2022

En su conferencia mañanera del 18 de octubre, el Gran Timonel nos hizo un obsequio singular: Nos informó – y aquí me permito una paráfrasis, aunque cualquiera puede consultar la versión estenográfica – que estos dos años que le restan al frente del Ejecutivo se dedicará a establecer como áreas naturales protegidas a todos los terrenos que sean propiedad del gobierno o del Fonatur y que no son de utilidad pública para evitar que se los puedan robar si regresaran los corruptos… No puedo evitar la tentación de seguir con la analogía Orwelliana, y recuerdo que el régimen que gobernaba aquella distopía de 1984, sostenía entre sus consignas que “la ignorancia es fuerza”.

El presidente no sabe lo que es un área natural protegida, ni tiene por qué saberlo. Pero no habría estado de más que consultara su ocurrencia con los expertos en conservación que aún resisten (heroicamente, a mi juicio), en el seno de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya que las ONG conservacionistas, y los científicos, no parecen ser santos de su devoción. Esto debió suceder antes de que lo compartiera en los medios. Pero, orwellianamente, su ignorancia le da la fuerza para hacer pública, una vez más, una propuesta sin pies ni cabeza. No se trata, hay que decirlo, del primer presidente de nuestro país que intente utilizar las áreas protegidas para propósitos distintos de los que pueden satisfacer. Se les ha utilizado como fórmulas para “resolver” conflictos de tenencia de la tierra, o de límites territoriales municipales, o estatales. Si revisamos la historia de las áreas protegidas mexicanas, nos encontraremos con la conclusión de que esto nunca ha sido una idea del todo buena, o eficaz. Es como utilizar un sacacorchos cuando requerimos un destornillador.

Las áreas protegidas son de interés público, de manera que no entiendo qué sentido tiene destinar “terrenos que no son del interés público” a la conservación, al parecer sin que medie antes un proceso formal, un estudio técnico justificativo, que permita verificar que en efecto esos terrenos alojan algún objeto digno de conservación. Utilizar el argumento de protección al medio ambiente y sus recursos para respaldar un interés distinto del ambiental, según nos ha explicado en repetidas ocasiones el señor presidente, es ser un pseudoambientalista.

Un ejemplo más del pseudoambientalismo presidencial – y de la fuerza que le brinda la ignorancia – fue la creación, el 27 de julio de este año, de un área natural protegida en unas 2,250 hectáreas del municipio de Tulum, en Quintana Roo, a la que se denominó Jaguar, con categoría de zona de protección de flora y fauna. Como se trató de un esfuerzo por acallar las protestas de diversos colectivos ambientalistas ante los impactos generados por las obras del tren maya en la región, los estudios previos fueron llevados a cabo a toda prisa, en los escritorios de la Conanp. A pesar de las prisas, este paso por la comisión responsable logró generar un área con un objeto de conservación más o menos difuso (se dice que es hábitat de más de 900 especies), aunque permanece el énfasis que satisface al imaginario presidencial: entre las especies que aloja el área figura en primerísimo lugar el jaguar, que es la especie que animó el espíritu “conservacionista” del jefe del ejecutivo.

Lo cierto es que la zona de protección de flora y fauna “jaguar” no aporta un ápice a la conservación de la población de este felino, sobre todo si llega a hacerse realidad la propuesta presidencial de cercar el área, lo que sería una insensatez más desde el punto de vista de la conservación. Si se tomase en serio la conservación de los grandes gatos, estaríamos hablando de la construcción de corredores para conectar entre sí las áreas protegidas ya establecidas, y estaríamos hablando, sobre todo, de asignar recursos financieros suficientes y oportunos para garantizar el funcionamiento eficaz de las áreas protegidas ya establecidas, para construir con relevancia social y económica corredores a la manera de paisajes productivos sustentables. Pero sobre todo, estaríamos hablando de ordenar el uso del suelo, y de emprender obras públicas, como trenes y aeropuertos, únicamente a partir de contar con dictámenes favorables y serios en materia de impacto ambiental y no, como se hace ahora, emprender obras sin proyecto y la formulación previa y preventiva de estudios veraces de impacto ambiental. Más sobre esto último en otras colaboraciones. contacto@lajornadamaya.mx

Fuente: https://www.lajornadamaya.mx/opinion/205685/nuevas-areas-protegidas