Posicionamiento ante la iniciativa para regular donaciones a las organizaciones de la sociedad civil
Rafael Robles de Benito || La Jornada Maya || Martes 20 de agosto, 2024
De convertirse en ley, la propuesta sería detrimental para el gobierno y los ciudadanos
La propuesta del jefe del Ejecutivo, lanzada durante la conferencia mañanera del 14 de agosto, para regular las donaciones a organizaciones de la sociedad civil, me genera una honda preocupación, no tanto por el hecho de que podría tener el efecto inmediato de limitar el acceso a fuentes de financiamiento, ya sean nacionales, de países extranjeros, o de organismos multinacionales, sino porque parte de una serie de prejuicios, suposiciones infundadas, sobre simplificaciones y concepciones erróneas que pueden ocasionar que, de transformarse en ley, esta iniciativa generará consecuencias sumamente negativas para las organizaciones de la sociedad civil, las obras y acciones de beneficio social que llevan a cabo, las comunidades que reciben esos beneficios, y para los propios gobiernos locales, e incluso para el Estado mexicano. Para decirlo coloquialmente, es “un balazo en el pie”.
Se parte de la idea de que las donaciones, al ser deducibles de impuestos, dejan fuera del erario recursos que el ejecutivo podría utilizar para robustecer sus obras, o sus programas sociales y de subsidio; y se asume que al menos una parte de esas donaciones se utiliza con fines políticos, para respaldar campañas que se oponen al gobierno en turno. Dos observaciones de mi parte: 1) la deducibilidad no implica 100 por ciento del recurso recibido, de manera que incluso cuando se otorga un recibo deducible de impuestos, parte del recurso ingresa en las arcas del SAT, además de que los donatarios no siempre demandan que se emita a su favor un recibo deducible; y 2) no hay donatarios que condicionen la entrega de recursos a posiciones políticas. Los donatarios financian proyectos y acciones concretas, que responden a objetivos que claramente aporten algún beneficio social, de carácter humanitario, ambiental, educativo o cultural, entre otros.
Merece la pena dejar sentado que buena parte de los mayores donatarios extranjeros y multinacionales, como el Banco Mundial, USAID, JICA (del gobierno japonés), GIZ (del gobierno alemán), OXFAM, PNUD o el GCF (Green Climate Fund), para mencionar solamente algunos de los más conocidos, otorgan recursos no solamente a organizaciones de la sociedad civil, sino también al gobierno federal y gobiernos estatales. Es absurdo considerar que por una parte respaldan las propuestas de acción oficiales, y a la vez pugnan de una manera “injerencista” por que las OSC lleven a cabo acciones dirigidas a entorpecer o desestabilizar a las instituciones gubernamentales.
Sostener que los recursos que reciben las organizaciones de la sociedad civil resultarían mejor aprovechados si ingresaran a las arcas del tesoro público es con la finalidad de complementar la acción del gobierno, alcanzando porciones del territorio a las que los organismos oficiales difícilmente acceden, o líneas de acción que, aunque responden a necesidades sentidas por pueblos y comunidades, no forman parte de las agendas de los diferentes niveles de gobierno. Así, si logran obtener apoyos financieros de agencias donatarias diversas, será para realizar obras y acciones que benefician a diferentes grupos sociales; de hecho, estarán quitando a las dependencias de gobierno una carga financiera, o el riesgo de no resultar capaces de atender necesidades reales de sus gobernados. Hay cierto hubris al considerar que es mejor centralizar todo uso de recursos y toda acción de atención a las necesidades sociales en el gobierno. El poder Ejecutivo debería ver en las OSC un conjunto ricamente diverso de aliados capaces de potenciar su acción, atendiendo complementariamente lo que los diferentes niveles de gobierno no logran atender ante la permanente escasez de recursos, o robusteciendo las acciones que considera prioritarias, de manera coordinada y colaborativa.
Uno no puede sino preguntarse cuál es la finalidad de pretender regular lo ya regulado, como no sea únicamente con el propósito de dificultar la existencia de organizaciones que no responden necesariamente con obediencia inmediata a las demandas de quienes detentan el poder, o que no renuncian a su capacidad de pensamiento crítico, considerándola una herramienta que incrementa su capacidad de acción eficaz. Las organizaciones no gubernamentales, o de la sociedad civil, que tienen la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público están obligadas a demostrar escrupulosamente y con transparencia una conducta fiscal impecable. Esto lo exige la propia autoridad hacendaria federal, lo vigila la Unidad de Inteligencia Financiera, y lo demandan sin cortapisas las agencias donatarias, antes de autorizar que se respalde algún proyecto. Conservar la autorización de deducibilidad implica además someterse a auditorías periódicas, que dan cuenta de los dineros recibidos y los asuntos en que hayan sido empleados.
Generar una iniciativa de reforma de ley con base en un análisis superficial de las operaciones de una organización no gubernamental, porque se percibe en su conformación una intención política que parece imposible probar, y pretender convertir esa visión en una caracterización generalizada a todo el diverso espectro de organismos de la sociedad civil es contraproducente, en la medida en que se dificulte a las OSC acceder a las fuentes de financiamiento existentes en el mundo (sean gubernamentales, no gubernamentales, o multilaterales) significa reducir significativamente la disposición de recursos que, sin costo al erario, contribuyen a aliviar una parte importante de las acciones de interés público (que afectan sobre todo a los sectores más vulnerables de la población). Dicho de otra manera, pareciera que el gobierno federal estaría dispuesto a asumir el costo de todas las obras o acciones que hoy se llevan a cabo con el apoyo de organizaciones filantrópicas, empresas responsables, ciudadanas y ciudadanos interesados, gobiernos de otras naciones, OSC de envergadura global, y organismos multilaterales. No alcanzo a ver el efecto positivo de una medida como la que ha propuesto el Presidente; y esto no es una posición de corte ideológico, o de estar a favor o en contra de la cuarta transformación de la vida nacional. Es una cuestión de sentido común.
Fuente: https://www.lajornadamaya.mx/opinion/235560/posicionamiento-ante-la-iniciativa-para-regular-donaciones-a-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil
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