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Foro materiales, químicos y residuos

Foro 2018

 

 

120500_Propuesta.PND.2013-2018_ceiba

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Planteamiento previo, para el PND 2013 – 2018

CeIBA, 2012. Fortalecer el desarrollo sustentable: una prioridad nacional.
Propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, A. C.  México
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3.3 Prevención y gestión integral de residuos sólidos a nivel municipal

La capacidad de gran parte de los municipios del país en materia de residuos sólidos es por demás precaria. No responde a los retos que plantea el volumen creciente de generación de los mismos, ni a los cambios en su composición derivados del desarrollo tecnológico –que ha introducido materiales no biodegradables que tardan en descomponerse cuando se desechan–, creando problemas en los sitios de disposición final, cuyo tiempo de vida se acorta, y dando lugar a considerables pasivos ambientales.

La disposición de residuos sólidos en los ríos, utilizando el flujo del agua como transporte, sigue siendo una práctica que, aunque prohibida, es todavía común.

Para fortalecer las capacidades municipales en la gestión y manejo integral de los residuos sólidos, en 1999 se introdujeron reformas en la fracción III del artículo 115 constitucional, que permiten a los municipios asociarse entre sí para lograr este fin, así como ceder temporalmente a las autoridades estatales la operación de los servicios correspondientes, particularmente en lo que se refiere a las instalaciones de disposición final. Aunado a ello, en 2004 entró en vigor una Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que dio pauta para la publicación de leyes similares en las entidades federativas y que, en un marco de responsabilidad compartida, imponen la obligación de todos los sectores sociales en dicha gestión.

La legislación vigente en la materia está orientada hacia la reducción de la generación de residuos, mediante cambios en los procesos de producción y consumo, así como hacia la maximización de su aprovechamiento o valorización material o energética, evitando así su desperdicio; y establece que la disposición final sea la última opción para su manejo. Esta nueva visión paradigmática acerca de la gestión de los residuos, incluye como factor indispensable para lograr los cambios previstos, el cobro directo por la prestación de los servicios para su manejo, tanto para inducir la minimización de su generación, como para fortalecer financieramente a los servicios municipales correspondientes.

Aún cuando se prevé seguir contando con instalaciones para la disposición final de residuos, éstas deberán concebirse de una nueva manera; por un lado, para asegurar su sustentabilidad ambiental, económica y tecnológica; y por el otro, para que no compitan con la reincorporación de los residuos en los procesos productivos en forma de insumos o de energía. Por ello, es preciso que los rellenos sanitarios sean regionales y satisfagan las necesidades de varios municipios a la vez; que se aproveche en ellos el biogás como fuente de energía; que estén operados por organismos públicos descentralizados intermunicipales con patrimonio propio; y que en el desarrollo de los mercados del reciclaje y valorización energética de los residuos, intervengan las áreas de desarrollo económico municipales y no sólo las de servicios urbanos.

Nuevamente en este caso, es preciso vincular las acciones señaladas con las políticas de cambio climático, de energía, de combate a la pobreza y de seguridad alimentaria. Lo anterior tomando en cuenta que el sector residuos contribuye de manera importante a la generación de gases de efecto invernadero; que este problema se puede convertir en una oportunidad para aprovechar los gases generados como fuente de energía; que la valorización de los residuos a través de las cadenas del reciclaje son fuente de empleo y que los residuos orgánicos pueden aprovecharse como mejoradores de suelos para la producción de alimentos bajo esquemas de “agricultura urbana”

5. Industria limpia, gestión sustentable de sustancias químicas y competitividad

Prácticamente en todo proceso productivo industrial interviene el uso de sustancias químicas para producir bienes de consumo, ya sea como insumos o como fuentes de energía, las cuales terminan desechándose en forma de emisiones al aire, descargas al agua y de residuos sólidos tanto de manejo especial como peligroso.

Las propuestas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para, respectivamente, una estrategia de crecimiento verde y una economía verde, adoptan como eje ordenador el desarrollo bajo en carbono. ¿Cómo lograr imprimir esta orientación al desarrollo industrial mexicano? Es una cuestión cuyas respuestas incluyen como condición indispensable restablecer la iniciativa del Estado en la formulación de lineamientos generales de política industrial, algo que se abandonó desde los años ochenta. Las ramas industriales y los vínculos entre investigación y desarrollo tecnológico que deben privilegiarse, en el México del siglo XXI, tienen que ver con la identificación y concertación de prioridades nacionales de adaptación ante el cambio climático y de ocupación de nichos comerciales en los mercados internacionales, considerando las vocaciones productivas de nuestro país.

Desde la primera mitad del siglo pasado se empezaron a desarrollar nuevas moléculas en la producción de bienes de consumo que no son reconocidas por la naturaleza, por lo tanto no son biodegradables; y al desecharse como residuos sólidos plantean problemas y costos considerables para su manejo. Hacia finales de siglo se descubrió que diversas de estas moléculas podían tener efectos adversos en la salud humana y en el medio ambiente, por lo que fue indispensable regular el comercio de las sustancias químicas, particularmente de las peligrosas (corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables) con el propósito de sujetar a toda sustancia a pruebas de peligrosidad, para evaluar sus riesgos potenciales antes de su comercialización.

En el presente, han sido adoptados por la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas, incluyendo México, un número considerable de convenios relacionados con sustancias químicas que ofrecen las orientaciones para su buen uso y producción, su manejo seguro y ambientalmente adecuado, su comercio internacional, y el control de los movimientos transfronterizos de los de alta peligrosidad (incluidos los precursores de drogas y de armas químicas, así como de los residuos peligrosos). Estos convenios han sido propiciados por el desarrollo de una normatividad basada en la prevención de riesgos en los países que contribuyen de manera más significativa a la producción de estas sustancias, como Estados Unidos y diversos países de la Unión Europea, con los cuales México ha establecido convenios comerciales y de cooperación ambiental.

Estas regulaciones, particularmente la europea –que es la más avanzada en el mundo en términos de protección de los seres humanos y los hábitats respecto de los riesgos que conlleva el manejo y liberación al ambiente de sustancias y residuos peligrosos–, se están constituyendo en barreras técnicas al comercio de productos que contengan sustancias químicas de esta índole, por lo que los países que comercian con Europa están homologando sus regulaciones teniendo dicha regulación como modelo.

Por su parte, Estados Unidos cuenta con una legislación de las sustancias químicas que no le prohíbe producir y exportar sustancias peligrosas prohibidas en su territorio, lo cual sucede también en otros países de los que México importa productos comerciales.

Lo anterior, lleva a reconocer la importancia de que nuestro país cuente con una legislación general para la gestión de las sustancias químicas, que adopte un enfoque similar al de la Unión Europea y que haga efectiva la prevención de la importación de sustancias prohibidas en otros países; así como que promueva su producción y consumo sustentables; la seguridad y manejo ambientalmente adecuado de las sustancias químicas peligrosas a lo largo de su ciclo de vida completo; y eleve la competitividad del sector industrial productor y/o consumidor de las mismas. Esta meta está prevista como parte del Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, presentado por México en 2007, en el cual se comprometió a establecer una ley general para la gestión integral de las sustancias químicas en el país.

Principales vertientes de cambio industria limpia, gestión sustentable de sustancias químicas y competitividad:

1. Restablecer las facultades del Estado para, en el marco de la planeación nacional del desarrollo sustentable, orientar un desarrollo industrial bajo en carbono de alta productividad y competitivo en los mercados internacionales.

2.Establecer una política nacional en materia de sustancias químicas peligrosas, a lo largo de su ciclo de vida integral, incluyendo la fase en la que se convierten en residuos peligrosos.

3.Promulgar una ley general en materia de sustancias químicas de carácter intersectorial, aprovechando los mecanismos de coordinación que ya existen entre las secretarías que emiten actos de autoridad al respecto.

4.Poner en práctica el Enfoque Estratégico para el Manejo Internacional de Sustancias Químicas (SAICM por sus siglas en inglés), de los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas, a través del cual se aprovechará la experiencia mundial para reducir sus riesgos y la ocurrencia de accidentes mayores en la industria que les involucren.

5. Impulsar los programas de autoregulación industrial orientados a elevar la ecoeficiencia y competitividad de este sector, en un marco de responsabilidad social corporativa, poniendo énfasis en la producción y consumo sustentables de sustancias químicas.

6.Desarrollar programas efectivos de información, educación y comunicación para el manejo seguro y ambientalmente adecuado de las sustancias químicas peligrosas en todas las fases de su ciclo de vida, para reducir los riesgos que dicho manejo puede conllevar.

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