El juez segundo de Distrito en Quintana Roo, Gerardo Vázquez Morales, concedió la suspensión definitiva de obras en el malecón de Tajamar, por lo que toda acción de chapeo, desmonte, relleno, entre otras, deberán ser canceladas.

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Con esta nueva medida cautelar, se detienen todos los trabajos en ese lugar, hasta que el juez Vázquez Morales resuelva a fondo el amparo, con número de expediente 086/2016, promovido por la ciudadana Silvia Fuentes Calleja, en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún).

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Horas antes del dictamen, Fonatur sufrió otro revés por parte del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en su pretensión de continuar con las obras de infraestructura en Tajamar.

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El delegado regional de Mantenimiento Turístico del organismo, Luis Fernández Cervantes Mondragón, había presentado un recurso para dejar sin efecto la suspensión provisional de las obras, otorgada por el juez segundo de distrito.

Sin embargo, los tres magistrados del Primer Tribunal juzgaron “infundado” el recurso de inconformidad de Fonatur.

Reacciones de ambientalistas

Mediante un comunicado de prensa, organizaciones no gubernamentales señalaron su beneplácito ante la resolución que el juez les otorgó esta mañana, recalcando que se trata de una victoria de la sociedad civil y el medio ambiente que lo coloca por encima de los intereses privados.

“Es una excelente noticia que el Poder Judicial en México reconozca el medio ambiente como un derecho que prevalece sobre los intereses privados y los beneficios del manglar para miles de personas. La suspensión definitiva en Tajamar sienta un precedente para que evitar que cientos de proyectos similares avancen en todo el país y es un revés para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que han insistido en la legalidad del proyecto”, añadieron.

La suspensión definitiva concedida por el juez cesa cualquier tipo de obra dentro del polígono de 57 hectáreas de manglar que albergarían el desarrollo turístico e inmobiliario Malecón Tajamar, que fueron taladas la madrugada del 16 de enero sin contar con un plan de reubicación de flora y fauna, bajo el amparo de un permiso otorgado ilegalmente hace una década.

“Este logro se consiguió gracias al apoyo de millones de personas que se han sumado en la defensa de Tajamar como un claro ejemplo de lo que no queremos que suceda en el país. Sin embargo, el camino aún es largo, pues con esto iniciará el juicio de amparo que podría terminar en la cancelación de la totalidad del proyecto”, explicaron.

Hasta el momento, lo sociedad civil ha presentado 14 amparos en contra del proyecto Malecón Tajamar de los cuales, se han obtenido dos suspensiones definitivas por parte de un juez y una provisional, lo que imposibilita a las autoridades a ejecutar cualquier obra en manglar Tajamar en tanto continúa la vía legal, que podría extenderse durante un largo periodo.

“El gobierno mexicano tiene en sus manos la posibilidad de cancelar definitivamente el proyecto. Esperamos que Semarnat, Profepa y Fonatur, como autoridades que representan los intereses de los mexicanos sean congruentes con el principio del bien colectivo que aplicó el juez en lugar de velar por los intereses de los empresarios”.

“La administración federal debería optar por recuperar el manglar y los beneficios ecosistémicos que otorga, cediendo los terrenos a universidades o centros de investigación para proyectos de reforestación de manglar que puedan replicarse en todo el país. Además de liberar los cauces de flujo hidrológico en Tajamar y añadiendo la zona al Área Natural Protegida (ANP) Manglares de Nichupté y Sitio Ramsar para que quede protegida de futuros proyectos de construcción”.

Las organizaciones señalaron también que Tajamar ha evidenciado la necesidad de que se actualicen los procedimientos de autorización y fiscalización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental y se fortalezca la política pública de desarrollo sustentable en México, para evitar proyectos depredadores del medio ambiente, tarea que tocará resolver a los legisladores.

evn