Planteamientos estratégicos para la política ambiental y el desarrollo sustentable 2019 – 2025
Propuestas de CeIBA para el gobierno 2019 – 2024
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SÍNTESIS EJECUTIVA
Presentación
EL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE, A.C. (CeIBA) presenta el documento Planteamientos estratégicos para la política ambiental y el desarrollo sustentable 2019-2025. Ponemos a consideración un conjunto de propuestas alrededor de los siguientes grandes temas, cuyos enunciados generales perfilan los propios planteamientos estratégicos:
I. Fortalecer la conservación de la biodiversidad y su aprovechamiento sustentable.
II. Impulsar el manejo integrado del paisaje rural.
III. Proteger y asegurar la disponibilidad y la calidad del agua como derecho humano.
IV. Fomentar la economía circular en los municipios, incluida la gestión integral de residuos.
V. Asumir en todas sus implicaciones la adaptación y la mitigación del cambio climático.
VI. Acelerar la descarbonización y la transición energética.
VII. Elevar la prioridad de las políticas ambientales y reforzar su institucionalidad y gestión.
Los planeamientos estratégicos en los que nos centramos articulan medidas de reorientación, innovación, fortalecimiento y consolidación, ante la necesidad de guiar las políticas con un horizonte de más largo plazo y un alcance más profundo y hacer valer una acción ambiental ambiciosa, que contribuya más al desarrollo sustentable.
La estrategia mexicana de desarrollo sustentable durante la próxima docena de años debe tomar como re- ferente mínimo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que nuestro país adoptó ante Naciones Unidas. Su ejecución demanda pasos adicionales para la integración orgánica de los criterios ambientales en todas las políticas, con un seguimiento preciso de indicadores de sustentabilidad para orientar los programas.
Por ello planteamos la necesidad de fortalecer la jerarquía y el liderazgo de la estrategia ambiental en la agenda gubernamental, de reforzar sus instituciones y espacios de gestión y de potenciar sus capacidades y medios para la aplicación de políticas. Nuestras propuestas fueron desarrolladas para contribuir al debate no sólo en el actual proceso electoral, sino también en la formulación de la próxima generación de programas de política y del Plan Nacional de Desarrollo.
I
FORTALECER LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SU APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE
A partir de las experiencias acumuladas en las últimas décadas y del contexto global en materia de desarrollo sustentable, queda claro que existen limitantes estructurales en las instituciones y en las políticas públicas del país para atender uno de los cambios globales prioritarios: la pérdida de la biodiversidad. Frenar el deterioro, revertirlo en la medida de las posibilidades y diversificar la producción a partir del uso sustentable de los recursos naturales nacionales para el desarrollo y el bienestar social y la generación de nuevos empleos e ingresos, requiere cambios profundos en las políticas sociales, ambientales, culturales y económicas, en los que vale la pena invertir tiempo y recursos en su construcción. Lo primero a superar es el falso dilema de que el desarrollo y la conservación de la biodiversidad están en contradicción y, sin duda alguna, cuando hay voluntad política, este dilema desaparece.
1. Reforzar e innovar las instituciones para la conservación, uso y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.
Constituir la Comisión Intersecretarial para la Estrategia de Biodiversidad para implementar y dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Biodiversidad y los programas derivados.
Incorporar el sector pesquero, y la agenda de océanos, costas y pesca a la Semarnat, junto con indicadores de biodiversidad y agrobiodiversidad en todos los sectores productivos.
Fortalecer los instrumentos de política, sobre todo el ordenamiento, el impacto ambiental y la regulación de cambio de uso de suelo, incluida la evaluación de megaproyectos.
Impulsar más la cultura de la conservación y la parti- cipación social, la transparencia, la rendición de cuentas y una lucha contra la corrupción.
Orientar mejor la política internacional ambiental al interés nacional.
2. Fortalecer las políticas de conservación del patrimonio natural
Fortalecer la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con mayor presupuesto y personal especializado, como institución eminentemente técnica y administrada, en todos los niveles, por personal calificado.
Abatir las brechas financieras de las áreas naturales protegidas para tener presencia en el territorio y asegurar la conservación de los sitios más biodiversos del país.
Incrementar la superficie bajo protección con criterios de representatividad ecológica y con efectividad en el manejo.
Consolidar el manejo de las Áreas Naturales Protegidas y establecer una estrategia productiva y social con las comunidades para lograr una vida digna y con bienestar de sus pobladores.
3. Enfrentar coordinadamente los factores de presión de la pérdida de biodiversidad con programas públicos y privados más efectivos, y emprender la restauración en sitios estratégicos con visión de largo plazo
Prohibir la actividad minera en todas las áreas naturales protegidas, como ya se hizo con la exploración y explotación de los hidrocarburos.
Desarrollar corredores biológicos específicos con modelos de producción sustentable en coordinación con los sectores productivos, con una estrategia de manejo que integre los enfoques de paisaje y conectividad.
Fortalecer los mecanismos de vigilancia y aplicación de la ley en estos territorios estratégicos con la participación de las comunidades y sin que esto signifique transferir y eludir la responsabilidad del Estado.
Revisar los programas de pago por servicios ambienta- les, ampliar su presupuesto para conservar la biodiversidad y articularlos al fomento de actividades productivas de largo plazo, al tiempo que se simplifican sus reglas de operación.
Establecer planes y un fondo financiero exclusivo de largo plazo para la restauración en sitios con valor estratégico, como riberas, corredores biológicos, zonas degradadas en áreas naturales protegidas, que habría que reforestar con especies nativas.
4. Reorientar las políticas productivas para disminuir los daños ambientales
Aplicar instrumentos de política territorial y repensar los arreglos institucionales para la integración y la armonización de los instrumentos de planeación territorial.
Establecer zonas de desarrollo rural sustentable en regiones prioritarias y elaborar sus programas especiales.
Acotar la expansión de la frontera agrícola y hacer más eficientes las superficies actuales bajo cultivo, e impulsar el aprovechamiento de la diversidad genética para maximizar rendimientos.
Replicar las experiencias piloto de manejo sustentable de recursos e impulsar las prácticas sustentables desde los programas públicos, al estimular mercados regionales y cadenas de valor integradas.
II
IMPULSAR UN MANEJO INTEGRADO DEL PAISAJE RURAL
Cada vez es más clara e intensa la interdependencia entre las ciudades y el campo, así como la importancia de la categoría de periurbano y la producción agropecuaria urbana. La gestión de estos territorios requiere rebasar el enfoque sectorial parcelado, tanto en las definiciones de política pública como en la cultura de los agentes del desarrollo rural en todos los niveles. Varios Objetivos de Desarrollo Sostenible implican el desarrollo sustentable del campo y de los territorios rurales de manera más directa para poner fin al hambre, y fomentar una vida sana, la producción sustentable y el uso sustentable de los ecosistemas terrestres. En las siguientes propuestas se abordan los aspectos de seguridad alimentaria y manejo sustentable de tierras y forestal.
1. Líneas transversales del manejo integrado del paisaje rural
Atender la nueva demografía rural y hacerse cargo de sus implicaciones, ante la marginación de la población joven del acceso a los medios de producción y de muchos aspectos de la vida comunitaria.
Alcanzar la seguridad en la propiedad de la tierra para que sus dueños jueguen el papel de guardianes por su interés de largo plazo en el capital natural.
Racionalizar el presupuesto y emprender una re- visión integral de los programas y de sus reglas de operación, buscando su simplificación.
Revisar cuidadosamente las políticas y el marco legal de los megaproyectos, y proteger los derechos de las comunidades frente al extractivismo minero, turístico, urbano, hidroeléctrico y de hidrocarburos.
Rescatar el asociacionismo, mejorar las capacidades de negociación y de inserción en el mercado.
Mejorar el gasto en su distribución e impacto pro- ductivo y social.
Implantar un enfoque integral y territorial en las ins- tituciones, las políticas y las acciones.
2. Manejar sustentablemente los ecosistemas y los recursos naturales
Manejar sustentablemente las tierras y extender la lucha contra la desertificación.
Promover la producción rural sustentable como forma fundamental de resguardo del capital natural.
Estimular y mejorar la gestión de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre para aprovechar sustentablemente la flora y la fauna sil- vestre.
Detener el avance sobre la frontera forestal y alcanzar la deforestación cero.
Incorporar a las políticas ambientales y de desarrollo rural las medidas de control de los organismos invasores.
3. Alcanzar la seguridad alimentaria basada en la soberanía y la sustentabilidad
Identificar y adoptar las mejores prácticas productivas a partir del acervo de conocimientos y soluciones sustentables a los problemas de la producción.
Asegurar el germoplasma como base de la producción sustentable al mantener el proceso de evolución bajo domesticación y la siembra de variedades nativas.
Aplicar el principio de precaución contra agroquímicos y transgénicos, al menos con una política de exclusión del uso de tóxicos prohibidos en otros países y en los tratados.
Abatir el desperdicio de alimentos con una estrategia nacional con objetivos específicos para la atención de todas las causas del desperdicio.
Fomentar la producción en espacios periurbanos y urbanos para contribuir al abasto alimentario.
4. Implantar un modelo de desarrollo forestal sustentable basado en el manejo comunitario
Implantar un paradigma basado en el manejo forestal comunitario y de pequeños dueños de tierras.
Incluir los derechos humanos en la normatividad y la gestión, y tomar en cuenta la prevalencia de comunidades indígenas y equiparables en los territorios forestales
Estimular y multiplicar las redes locales de valor que capturen beneficios económicos y oportunidades de empleo y sean factor de desarrollo de los territorios.
Mejorar integralmente la regulación forestal que reduzca significativamente costos e incertidumbres.
Desplegar una estrategia integral contra la ilegalidad forestal con vigilancia efectiva, y la mejora regula- toria y de la trazabilidad.
Mejorar, diversificar y reorientar los servicios técnicos y diversificarlos para la protección sanitaria, genética forestal, manejo del fuego, mejora y mantenimiento de caminos, industrialización, acceso al financiamiento, capacidades gerenciales y la inserción en el mercado.
Revisar el fomento a plantaciones para detonar su crecimiento y superar las barreras que han limitado su expansión, procurando la utilización de especies nativas.
Realizar desarrollos tecnológicos orientados a la conservación de carbono en ecosistemas naturales.
III
PROTEGER Y ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA, COMO DERECHO HUMANO
Las políticas públicas actuales no incorporan al agua como un elemento transversal de la vida, del desarrollo y del bienestar; es decir, no consideran el agua en todas sus dimensiones: como un recurso ambiental, económico y social, ni tampoco como un derecho humano. En las políticas macroeconómicas se tiende más a proteger las inversiones hidráulicas que la conservación del recurso hídrico y su uso equitativo. México, como signatario de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, está obligado a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo número seis (ODS 6) establece el compromiso de «garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos». Otros objetivos incorporan el agua de manera transversal. Alcanzar estas metas va a implicar esfuerzos mayúsculos en el país, empezando por integrar la política hídrica dentro de la misma agenda ambiental de todos los órdenes de gobierno. Como lo ha establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la tutela del derecho humano al agua requiere garantizar la sustentabilidad y la conservación de los recursos hídricos del país en calidad y cantidad. El acceso al agua puede lograrse diversificando estrategias.
1. Asegurar una política de Estado alineada con el derecho humano al agua y los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Convertir la gestión del agua y de las cuencas hidrológicas en política de Estado y no sólo de gobierno.
Invertir recursos financieros sustantivos y suficien- tes para cumplir los retos de los ODS.
Fortalecer los instrumento de planeación territorial vinculados a la protección de recursos hídricos, y fortalecer la vinculación de la adaptación al cambio climático en la gestión del agua.
Establecer formas alternas de distribución y almacenamiento a nivel domiciliar, para asegurar un volumen fijo por habitante por día de agua de calidad destinada a consumo humano, sin importar la ubicación geográfica o la situación económica, cultural, social o de género de los habitantes.
Desarrollar infraestructuras e incentivos que estimulen no utilizar agua potable para usos que no lo requieren (servicios sanitarios, riego de jardines), y una cultura de conciencia sobre el uso, utilización y manejo del agua a nivel urbano y rural.
2. Lograr el manejo integral y sustentable de cuencas
Limitar la extracción del recurso hídrico a las capacidades de renovación de los cuerpos de agua.
Fortalecer la regulación de las descargas de aguas residuales incorporando criterios sobre las capacidades de asimilación de los ecosistemas receptores.
Proteger los ecosistemas naturales vinculados al ciclo hidrológico y fortalecer los instrumentos actuales orientados a la reserva de aguas.
Realizar mediciones sistemáticas del volumen necesario para la reserva del líquido destinada a la conservación de ecosistemas terrestres y acuáticos y de la dinámica natural.
Atender temas de vulnerabilidad frente a eventos hidrometeorológicos extremos, bajo un enfoque de gestión integral de riesgos.
3. Proteger y asegurar la disponibilidad y calidad del agua
Prohibir que las infraestructuras de saneamiento des- agüen en barrancas o cuerpos de agua.
Promover tratamiento en fosas sépticas, o equipar con biodigestores domésticos para aprovechar el biogás.
Desarrollar infraestructuras para capturar y volver a usar el agua y establecer esta condicionante en las autorizaciones de construcción en las grandes ciudades.
Separar la red de drenaje de aguas negras domésticas de las que contienen hidrocarburos, aceites, metales pesados y otros desechos industriales.
Fomentar tecnologías alternas para la captación, provisión, ahorro, infiltración y uso eficiente del agua.
Generalizar las tecnologías agronómicas más eficientes en el uso del agua para riego.
Generar un fuerte impulso a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en materia de monitoreo de recursos hídricos. Implantar nuevos métodos de monitoreo que permitan rastrear extracción, uso y tráfico ilegales de agua.
Estimar la huella hídrica de productos y servicios básicos y etiquetarlos para información pública y al consumidor.
4. Gobernanza efectiva para la gestión del agua
Fortalecer el funcionamiento y el carácter de la estructura de gobernabilidad del agua que parte de los consejos de cuenca, evitando la generación de órganos paralelos para la gestión local del agua.
Mejorar los diseños institucionales y fortalecer las capacidades de los organismos operadores y rescatar las experiencias exitosas de gestión.
Transparentar plenamente la información de las instancias de gestión del agua.
Fortalecer observatorios ciudadanos y mecanismos e iniciativas para la gestión comunitaria del agua.
Promover la revisión de iniciativas legales en la materia, así como del marco normativo y la actualización de instrumentos, bajo esquemas de gobernabilidad democrática.
Promover y apoyar a las redes e instituciones dedicadas al tema del agua, tanto académicas como de organizaciones de la sociedad civil.
IV
FOMENTAR LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS MUNICIPIOS, INCLUIDA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Los residuos están constituidos de materiales susceptibles de aprovechamiento o valorización y, en el último de los casos, de tratamiento y disposición final. La meta “cero residuos” sustituye a la forma tradicional de regular los residuos sólidos, que hizo necesario, en un primer tiempo, el establecimiento de los servicios urbanos municipales de limpia encargados de su manejo y envío a disposición final. Los fines que persigue la legislación son totalmente compatibles con la economía circular, en la que los recursos se conviertan en productos, los productos en residuos y los residuos en recursos, con lo cual se cierra su ciclo de vida. Con ello se puede maximizar la utilización de los bienes de consumo y la reintegración a la naturaleza de los que se descarten como residuos o su reincorporación a los procesos productivos. Esto abre la oportunidad de establecer a nivel doméstico, de pequeñas empresas y a nivel comunitario, esquemas que mejoren la economía familiar y empresarial, incrementen las fuentes inclu- yentes de empleo e ingresos asociadas al reciclaje de residuos y minimicen los problemas de contaminación ambiental asociados a su mal manejo y disposición final, comprendidos los asociados al cambio climático.
1. Fomentar la economía circular para el desarrollo urbano sostenible
Establecer en los municipios de México de manera participativa modelos de desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente.
Potenciar las alianzas público-privadas para la formulación y la implementación de las estrategias de economía circular comunitarias.
Adoptar esquemas de promoción, reconocimiento y premiación de iniciativas ciudadanas innovadoras compatibles con los fines que persigue la economía circular comunitaria.
2. Generalizar la gestión integral de residuos a todas las ciudades y localidades
Desarrollar estrategias locales a favor de la economía circular.
Contribuir desde la comunidad científica a la investigación y el desarrollo de programas de economía circular.
Contribuir con las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil a la difusión de información y conocimientos.
Mejorar y ampliar la información y la comunicación en los medios para lograr una economía circular desde hogares, instituciones, empresas y comunidades.
Multiplicar los planes de manejo de residuos colecti- vos, mixtos, locales o regionales para la recuperación y el aprovechamiento de residuos prioritarios.
Asegurar el cumplimiento de la ley en materia de separación primaria.
3. Impulsar la racionalización del consumo
Establecer programas municipales para la recuperación y la donación de alimentos antes de que se conviertan en residuos.
Difundir y multiplicar los esquemas de consumo colaborativo en los que se recurre a la renta de productos y servicios.
4. Consolidar una gobernanza territorial multinivel
Consolidar los esquemas de gobernanza multinivel del territorio y mejorar la concienciación, sensibilización y participación ciudadana informada en las acciones locales de impulso de una economía circular.
Multiplicar y/o fortalecer las asociaciones intermunici- pales involucradas en la prevención y la gestión integral, incluyente y de carácter regional de los residuos, orienta- das hacia una economía circular.
V
ASUMIR EN TODA SU MAGNITUD LA ADAPTACIÓN Y LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El Acuerdo de París es uno de los mayores logros de la comunidad internacional en la dirección correcta para que todos los países contribuyan a mitigar los efectos adversos del cambio climático antropogénico. Sin embargo, el esfuerzo es insuficiente, pues el planeta va en una trayectoria de +3.5 a +4ºC de incremento promedio de la temperatura global.
Una adecuada estrategia de adaptación al cambio climático debe desarrollar capacidades de adaptación en servicios ecosistémicos, seguridad hídrica, alimentaria, energética, urbana y de las infraestructuras sectoriales claves para la continuidad del desarrollo humano. El combate al cambio climático continuará siendo insuficiente mientras no se logre una verdadera integración transversal de las políticas públicas. Es indispensable que quienes tomen decisiones en el próximo gobierno asuman que el cambio climático es un problema no sólo ambiental sino esencialmente de desarrollo y que para cumplir nuestras metas es indispensable que el Plan Nacional de Desarrollo integre políticas realmente transversales, que los programas sectoriales incorporen metas de reducción de emisiones y que los responsables de las diferentes secretarías rindan cuentas por el cumplimiento de sus respectivas metas de descarbonización.
1. Desarrollar con mayor rapidez las capacidades de adaptación
Alcanzar la tasa cero de deforestación a más tardar en 2030.
Completar y publicar el Atlas Nacional de Vulnerabilidad e incluir escenarios generales.
Incorporar escenarios sectoriales de vulnerabilidad en todas las políticas.
Introducir metas de adaptación en todos los sectores.
Formular un programa intersectorial de adaptación con alcance nacional y fortalecer la dimensión de la adaptación en el Plan Nacional de Desarrollo y en el propio Programa Especial de Cambio Climático
Intensificar la diseminación de información y las tareas de sensibilización.
Reportar emisiones y establecer y difundir metas de mitigación de México.
2. Incorporar integralmente los objetivos y los compromisos de cambio climático en todas las políticas, las estrategias y los programas nacionales
Incorporar la atención al cambio climático en todos los programas nacionales.
Concluir la formulación de planes estatales y sobre todo apoyar su implementación y revisión.
Evaluar la vulnerabilidad climática.
Apoyar al Observatorio Ciudadano de Cambio Climático, para que desarrolle una plataforma abierta que se actualice permanentemente, realice evaluaciones de avances y a la cual la ciudadanía tenga acceso para revisar el avance de cada una de las medidas contenidas en el nuevo Programa Especial de Cambio Climático 2019–2024.
3. Corregir distorsiones económicas que inhiben la reducción de emisiones e introducir más incentivos para favorecer la mitigación
Eliminar los subsidios perversos que van en sentido contrario a la descarbonización.
Corregir el actual esquema de impuesto al carbono para incrementarlo gradualmente.
Desarrollar nuevos mecanismos y esquemas de financiamiento.
Incrementar el apoyo financiero a la movilidad sustentable bajo modalidades más transparentes y mejor rendición de cuentas.
VI
ACELERAR LA DESCARBONIZACIÓN Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
México confronta una profunda crisis de sustentabiliad, igualdad y seguridad en materia energética. Desde hace décadas se despliegan esfuerzos para mitigar los impactos que ocasionan las actividades de transformación y uso de la energía en el ambiente y el equilibrio ecológico, pero los resultados son insuficientes ante el desafío de revertir el significativo peso específico de los combustibles fósiles en la conformacion de la oferta y demanda de energía. Mitigar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero reclama reforzar aún más las acciones de reemplazo por las fuentes renovables para suplir el deterioro secular que observa la oferta interna de hidrocarburos. En el horizonte de largo plazo, se torna cada vez más urgente modificar los patrones de consumo y de producción de la economía arraigados al desperdicio y la ineficiencia en el uso de la energía. A pesar de su crecimiento, las fuentes renovables de energía mantienen una participacion que sigue siendo marginal y accesoria. Están creadas las con- diciones para tomar una acción decidida de Estado en materia de regulación, promoción y financiamiento y entrar de lleno a las fuentes renovables, con la participación concurrente de la iniciativa y las inversiones privadas.
1. Centrar el desarrollo energético del país en las fuentes renovables de energía
Fomentar las fuentes renovables de energía en hogares y pequeños comercios.
Generar electricidad solar y eólica a gran escala para evitar la instalación de nuevas centrales que operen con base en combustibles fósiles.
Adoptar programas de energía con residuos orgánicos para las ciudades.
Impulsar iniciativas para generar energía con fuentes renovables para el transporte público y privado.
2. Racionalizar la administración de reservas e instalaciones de hidrocarburos
Desplegar una política nacional de exploración, de contratos y asignaciones con medidas preventivas y de mitigación ambiental precisas y diferenciadas.
Declarar una moratoria a la exploración no convencional en formaciones de lutitas hasta que se evalúen las externalidades ambientales y sociales.
Administrar la extracción de petróleo y gas con criterios de sustentabilidad y seguridad energética.
Implementar un sistema nacional de refinación que cubra una proporción significativa del consumo nacional de gasolinas y diesel.
Controlar y reducir de las emisiones fugitivas con el estricto cumplimento de regulaciones, normas y buenas prácticas ambientales.
3. Elevar la eficiencia de los patrones de consumo de la energía
Acelerar la mudanza a la movilidad sustentable, reducir la intensidad energética en el transporte y movilizar mecanismos de financiamiento y fomento.
Adecuar la organización institucional del gobierno para facilitar el tránsito energético.
VII
ELEVAR LA PRIORIDAD DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES Y REFORZAR SU INSTITUCIONALIDAD Y GESTIÓN
La intensificación de las presiones ambientales es más rápida que las capacidades de respuesta. La política ambiental mexicana está próxima a cumplir medio siglo de vida, con logros innegables en muchos sentidos. Se trata de una historia que valoramos en toda su significación al tiempo que observamos que las instituciones, las políticas y los programas ambientales están sometidos a nuevos retos por las crecientes amenazas derivadas de la explotación de los recursos naturales, los impactos de la creciente urbanización, el cambio climático, los proyectos de infraestructura, la expansión de la frontera agrícola y muchas otras. La acumulación de la degradación y el agotamiento de ecosistemas y recursos pone al límite a las organizaciones públicas, las políticas y sus instrumentos de gestión, sobre todo en las condiciones de debilidad institucional como las que venimos presenciando en nuestro país en los últimos años. La protección ambiental afronta nuevos y más complejos retos, ante lo cual sus enfoques, instituciones y prácticas requieren fortalecimiento y renovación. Es necesario revalorar la jerarquía de la política ambiental, su apoyo político y peso institucional. Para los próximos años, se requiere que el medio ambiente tenga más presencia en el discurso público, a todos los niveles, y que su prioridad se exprese con claridad en los instrumentos de la acción gubernamental.
1. Reformar la planeación ambiental en clave de derechos, con mayor prioridad en la agenda nacional de desarrollo, visión y programa de largo plazo y compromisos ambientales en todas las instituciones y sectores
Asegurar un nuevo y más destacado lugar para el desarrollo sustentable en el Plan Nacional de Desarrollo, no condicionado al crecimiento económico.
Anidar el medio ambiente en todas las políticas, los programas, las dependencias, los organismos y las empresas paraestatales, con indicadores de seguimiento y presupuestos suficientes.
Aprovechar el modelo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para promover nuevas generaciones de políticas más integradas.
Generar una visión ambiental de largo alcance como marco de los próximos programas sexenales, con horizonte y escenarios hacia mediados del siglo XXI.
Revisar exhaustivamente el último programa ambiental para asimilar adecuadamente las experiencias recientes, evitar malas prácticas y no desechar lecciones exitosas.
Impulsar una planeación en clave de derechos ambientales para que las políticas se estructuren y ejecuten de acuerdo con los principios que rigen los derechos humanos.
2. Reafirmar el papel de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como cabeza de la política ambiental y potenciar los espacios institucionales de integración, coordinación y ejecución de programas y proyectos
Reintegrar la pesca y la agenda de océanos y mares a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Crear un Gabinete Federal de Desarrollo Sustentable y potenciar los espacios de integración, coordinación y ejecución de programas y proyectos, no sólo entre dependencias federales sino también con otros órdenes de gobierno.
Desarrollar e innovar en la evaluación de políticas ambientales.
3. Recuperar y expandir la capacidad presupuestal ambiental y diversificar las fuentes de financiamiento
Recuperar como primer paso los niveles reales de gasto ambiental perdidos en los años recientes.
Alcanzar niveles presupuestales compatibles con ubicar el desarrollo sustentable como una prioridad nacional, y garantizar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
4. Dar más aliento a la política económico – ambiental para patrones sustentables de producción y consumo y para ampliar los alcances y los enfoques ambientales
Adoptar, como orientación de conjunto, criterios y metas explícitas de calidad ambiental en todas las estrategias y medidas de fomento al crecimiento económico, tanto en la política macro económica como en las sectoriales.
Concebir las disposiciones tributarias con fines ambientales de manera articulada, ampliarlas a temas críticos para la protección ambiental, y fortalecer y co- rregir el impuesto al carbono.
Impulsar políticas más eficaces y de alta intensidad para el desarrollo regional sustentable.
5. Reforzar el marco jurídico para la protección del medio ambiente y el acceso a la justicia para la tutela de derechos ambientales, desde un enfoque de derechos humanos, precaución, integralidad y responsabilidad por daño y deterioro ambiental, así como garantizar su aplicación y cumplimiento eficaz por todos los sectores y órdenes de gobierno
Realizar acciones concretas y deliberadas para la aplicación del enfoque de derechos humanos.
Desarrollar de una agenda legislativa estratégica, coherente y transversal, no improvisada, para el desarrollo sustentable.
Contar con principios rectores como el estándar de la mejor información disponible y de precaución para la regulación ambiental y construir una agenda clara para la actualización y expedición de los instrumentos regulatorios a través de los cuáles se aplican las leyes en el sector.
Priorizar las estrategias y acciones para la aplicación eficaz de la legislación ambiental y el fortalecimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
F I R M A N T E S
Rocío, Aguilar Fernández
Susana, Alejandre
Porfirio, Álvarez Torres
Salvador, Anta Fonseca
José Antonio, Arjona Iglesias
Jorge Francisco, Arriaga
Vicente, Arriaga Martínez
Sophie, Ávila Foucat
Antonio, Azuela de la Cueva
Juan Roberto, Báez Montoya
Martha, Bañuelos Cárdenas
Bernardo, Baranda Sepúlveda
Alicia, Barceinas Cruz
Gabriela, Becerra Enríquez
Mariana, Bellot
Leticia, Bonifaz
Fausto Efrén, Burgoa
Jorge, Bustillos Roqueñi
Roberto, Cabral Bowling
Elsa, Cadena González
Rosaura, Cadena González
Tomás, Camarena Luhrs
Miguel Ángel, Cancino Aguilar
Julia, Carabias Lillo
Éric, Castañares Maddox
Elisa, Castro Tovar
Rocío Luz, Cedillo Álvarez
Virginia, Cervantes Gutiérrez
Gonzalo, Chapela y Mendoza
Margarita, Collazo Ortega
Ameris Ixchel, Contreras Silva
Cristina, Cortinas de Nava
Jorge, del Valle
María, del Valle Castillo
Antonio, Díaz de León Corral
Daniela Alejandra, Díaz García
Erica, Domínguez
Froilán, Esquinca Cano
Kelly Leslie, Estrada Martínez
Adrián, Fernández Bremauntz
Juan Manuel, Frausto Leyva
Luis, Fueyo MacDonald
Claudia Lorena, Galindo A.
Regina, Garci-Crespo Rama
Isabel, García Coll
Rodrigo, García Galindo
Esteban, García-Peña V.
Ricardo María, Garibay
Francisco, Giner de los Ríos
Germán, González Dávila
Édgar, González Gaudiano
Óscar, González Rodríguez
Sergio, Graf Montero
Margarita E., Gutiérrez Ruíz
Gilberto, Hernández Cárdenas
Mario G., Huacuja Rountree
Rosalva, Landa Ordaz
Rodrigo, León Pérez
Gabriela, López Aguilar
Raúl, López López
Jorge E., López Paniagua
Eduardo Luis, López Sánchez
Alejandra, López Valenzuela
Pablo E., López-Vázquez
Sergio, Madrid
Ernesto, Marcos Giacomán
Susana R., Martínez B.
Rafael, Martínez Blanco
Alicia, Mastretta Yanes
Paula, Meli
María Elena, Mesta
Marina, Mohar Acedo
Alejandro, Mohar Ponce
Rosa Elena, Montes de Oca
Paloma, Mora Arjona
María, Nájera Coronado
Juan M., Núñez Hernández
Rafael, Obregón Viloria
Rosalba, Obregón Viloria
Roberto, Ortiz Martínez y Flores
Ana, Ortiz Monasterio
Fiorella, Ortiz Rosas
Emma, Prieto Muñoz
Enrique, Provencio Durazo
Alejandra, Rabasa
Felipe, Ramírez
Óscar, Ramírez Flores
Juan José, Ramírez Lerma
Carlos, Ramírez Martínez
Xóchitl, Ramírez Reivich
Rafael, Robles de Benito
Amaya, Rodríguez Aldabe
Yosu, Rodríguez Aldabe
Ma. del Carmen, Rodríguez H.
Carmen, Rodríguez Juárez
Martha I., Rosas Hernández
Izarelly, Rosillo Pantoja
Lucía, Ruiz Bustos
Carlos, Sánchez Bretón
Susana, Sánchez González
Hortensia, Santiago
Carlos, Toledo Manzur
Ramón Carlos, Torres Flores
Valeria, Towns Alonso
Fernando, Tudela Abad
Francisco E., Ursúa Guerrero
Violeta, Valadez Rocha
Gustavo, Varela
Araceli, Vargas Mena y Amezcua
Javier, Warman Diamant
Alejandra, Zenzes Cordera
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE, A.C.
CIUDAD DE MÉXICO, MAYO 2018
Plaza San Jacinto 23-D, San Ángel 01000, Ciudad de México
+52(55)56163633
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