Aprovechamiento de fuentes renovables de energía
A diez años de la Ley General de Cambio Climático
Este 6 de junio 2022 se cumplen diez años de la Ley General de Cambio Climático (LGCC). Promovida por el Senador Alberto Cárdenas, esta LGCC representó un punto clímax en el desarrollo de las políticas públicas climáticas de México que siguieron a la formulación de una estrategia nacional y de un programa nacional de combate al cambio climático.
La formulación de una estrategia nacional fue propuesta por el presidente Vicente Fox el 16 de febrero 2005, en ocasión de la entrada en vigor (muy tardíamente) del Protocolo de Kioto. Este mismo año se creó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC). Esta estrategia se publicó poco antes de concluir esta administración sexenal, pero no tuvo difusión. La siguiente administración, presidida por Felipe Calderón, continuó los trabajos de la CICC y fortaleció la atención al problema del cambio climático, con el apoyo de un Consejo Consultivo de Cambio Climático (C4), presidido por Mario Molina. Así, la primera Estrategia Nacional de Cambio Climático se hizo pública en 2007 y, dos años después, se publicó el primer Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012 (PECC).
La LGCC consta de nueve Títulos con 23 capítulos, relacionados con la distribución de competencias, los principios de la política nacional de cambio climático, la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático (SNCC), la evaluación de políticas climáticas, el derecho a la transparencia y acceso a la información, la participación social, la inspección y vigilancia, las medidas de seguridad y las sanciones.
Especial mención merece el que esta ley establece que en 2050 las emisiones nacionales deberán ser 50% de las de 1990 (línea base); y que para 2020 debiera haberse logrado ya una reducción de 30%, cosa que no sucedió.
También merece recordarse que la LGCC transformó al Instituto Nacional de Ecología (INE) como Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Entre sus múltiples funciones, el INECC (y antes el INE) tiene a cargo la especializada tarea de realizar el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI), así como de coordinar la evaluación periódica de la política nacional para combatir el cambio climático.
Desde su aparición, la LGCC ha sufrido diversas reformas. Muchas de ellas, en 2018, relacionadas con el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de París, en particular en lo relativo a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (conocidas como NDC, por sus siglas en inglés). Otra de las reformas, del 6 de noviembre 2020, está relacionada con la desaparición del Fondo para el Cambio Climático y de la gestión de fondos estatales —lo cual constituye una medida regresiva.
Considerando la gran diversidad de fuentes emisoras de gases y compuestos de efecto invernadero (GyCEI), así como de la vulnerabilidad de todas las regiones y áreas de actividad económica ante los impactos adversos del cambio climático, muchas otras leyes están relacionadas, o debieran estarlo en debida sinergia, con la LGCC, para que ésta pueda cumplirse realmente.
Las fuentes emisoras de GyCEI se agrupan en cuatro sectores, las cuales aparecen en la siguiente Tabla, indicando el porcentaje de contribución en las emisiones.
| Sector de emisión | Contribución |
| [1] Generación y uso de energía | 64% |
| [2] Procesos industriales y otros usos de productos (IPPU) | 10% |
| [3] Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU) | 19% |
| [4] Residuos (residuos sólidos y aguas residuales) | 7% |
| Fuente: INECC 2021 |
Habida cuenta que el sector de generación y uso de energía es el mayor contribuyente y que el uso intensivo de combustibles fósiles es la principal fuente de emisiones, resulta ser el sector en el que deben concentrarse los mayores esfuerzos de reducción. En ello reside la inmensa importancia de una transición energética que crecientemente utilice fuentes renovables de energías y paulatina, pero decididamente, abandone el uso de fuentes fósiles.
De 2016 en adelante, no puede afirmarse que México hubiera logrado grandes avances para cumplir las metas de reducción de emisiones que presentó en su primera NDC, en el marco del Acuerdo de París, pero sí se venían dando pasos importantes en la dirección correcta. Ahora, a partir de la Administración Pública Federal iniciada en diciembre 2018, se dan pasos hacia atrás, porque además de intensificar la tendencia a la reducción del presupuesto federal para el sector ambiental —con el consiguiente debilitamiento profundo de las capacidades de intervención de sus instituciones—, la actual APF no cumplió el compromiso de presentar, cinco años después de su primera NDC, metas más ambiciosas de reducción de emisiones; simplemente dejó las mismas que había presentado en 2015. Lo que pareció una mala broma del Día de los Inocentes, pues las presentó el 28 de diciembre 2020.
A escala mundial, 156 países ya presentaron una nueva NDC, de los cuales sólo 93 mejoraron sus niveles de esfuerzo, presentando mayores compromisos de reducción de emisiones. Para evitar rebasar el límite de +1.5 Centígrados, se requiere reducir 50% el nivel actual de las emisiones globales en 2030 y 100% en 2050. México no está poniendo su parte del esfuerzo global requerido y es el único país G20 sin metas al respecto.
El último Reporte de Evaluación del Grupo de Trabajo III del IPCC, publicado en abril 2022, informa que las tecnologías para aprovechar fuentes renovables de energía en la producción de electricidad ya son las de menor costo (en su Figura SPM.3). Durante la última década los costos de la fotovoltaica se redujeron 85% y de la eólica 55%; ahora resulta más caro producir cada kWh con base en tecnologías que utilizan combustibles fósiles.
Mientras tanto, en México, la APF insiste en fortalecer la producción de energía con base en combustibles fósiles. Construir una refinería es asegurar una inversión perdida, un activo varado en un futuro muy próximo.
Las metas que México se planteó en su NDC son ambiciosas y se ve muy lejano e impracticable su cumplimiento. Actualmente nuestra huella de carbono es de alrededor de 6 toneladas de bióxido de carbono equivalente, por habitante, por año (tCO2e/h/a); tendríamos que reducirla a sólo 2 tCO2e/h/a en 2050 para lograrlo.
Por lo pronto, México podría lograr cumplir su meta condicionada al 2030 con tecnologías ya existentes y ajustes aplicables en patrones de consumo y producción. De acuerdo con estudios del WRI-México, esto es posible con una combinación de 21 estrategias de política en todos los sectores de actividad económica. La mayor transformación debe centrarse en tres sectores, que contribuyen con dos terceras partes de la meta: generación de electricidad, transporte y procesos industriales.
Las inversiones necesarias ascienden a 100 mil millones de dólares (USD) de ahora al 2030. Pero no todo es gasto público, además (y a reserva de cuantificar los beneficios asociados), se obtendrían beneficios por valor de 105 mil millones USD por mejoras en eficiencia económica y salud (al reducir las emisiones contaminantes en cuencas urbanas), siendo sólo 12 USD el costo promedio de reducción por cada tonelada de CO2e (mucho menor que los 50 USD que estima el Banco Mundial o que el costo social del carbono). Además, ¡el 62% de la meta se lograría con costos negativos! Por ahora, en 2021 solamente 7.5% de la electricidad era producida con energía eólica y 4.3% con energía solar (fotovoltaica) (WRI-México).
Desde la sociedad civil, múltiples y diversas organizaciones, así como academias, especialistas y ciudadanos insistimos que las políticas deben fundarse en el mejor conocimiento científico disponible, en evidencias científicas (no en “otros datos”). Pero el debate en el sector energético ha girado en torno a la política, se ha ideologizado, es indispensable regresarlo a lo técnico.
¿Presentará México metas más ambiciosas en su NDC de 2022? Se sabe que así se desea hacer, pero todavía no se sabe cómo.
Aunque perfectible, la LGCC ofrece un marco jurídico adecuado para dar soporte a las transformaciones que tenemos que realizar ante este fenómeno planetario del cambio climático antropogénico. Utilicémosla para hacerle frente, de manera constructiva y con la responsabilidad que toca a todos los sectores y actores ciudadanos de México.
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