Llamado de la sociedad comprometida por un México ambientalmente sostenible
ANTECEDENTES
27 de agosto, 2019
|
A pesar de los esfuerzos globales por frenar el deterioro del medio ambiente, las tendencias en la pérdida de la biodiversidad, cambio climático, degradación de la tierra, contaminación atmosférica, acumulación y mal manejo de residuos sólidos y peligrosos, sobreexplotación de especies y mayor presencia de especies invasoras, no sólo no han disminuido sino que en algunos casos se han incrementado [1]. Tampoco decrecen los niveles de pobreza y desigualdad. Aunque en la conciencia colectiva se ha aceptado que el bienestar de la sociedad depende de un medio ambiente sano, las políticas públicas no están cumpliendo la función de armonizar el desarrollo con la conservación de la naturaleza y el respeto al funcionamiento de los sistemas biogeoquímicos planetarios. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son el marco de referencia para dar atención a las crisis sociales, económicas y ambientales de manera integral, lo cual implica grandes retos de cambio en las agendas nacionales, entre los que destaca la transversalidad del tema ambiental en la agenda nacional de desarrollo. |
||||
|
México ha avanzado de manera sustantiva en la construcción de una política ambiental, incorporando la visión social y económica y construyendo, en los últimos 25 años, instituciones ambientales, un marco normativo sólido y políticas e instrumentos para enfrentar y superar los retos en este ámbito. Como ejemplo de estas instituciones tenemos la Comisión para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el Instituto de Ecología y Cambio Climático (Inecc), entre otras.
2. BOSQUESEs indispensable detener el avance del cambio de uso de suelo sobre la frontera forestal y alcanzar la deforestación cero con el control de actividades ilícitas, la incorporación de territorios al manejo sustentable, la certificación de buen manejo y cadena de custodia, el incremento a la productividad del recurso forestal y la conversión de actividades agropecuarias que tienen lugar en paisajes forestales a modelos regenerativos que recuperen condiciones naturales —el suelo, el agua, la vegetación y la biodiversidad— y la mejora de la rentabilidad de los productores. Asimismo, es necesario desplegar una estrategia integral contra la ilegalidad forestal, con vigilancia efectiva, y establecer un sistema de trazabilidad de los productos forestales desde el bosque hasta el consumidor final. En este contexto, es urgente avanzar en la protección y conservación de los recursos forestales con una visión de cuencas hidrográficas y acuíferos, a fin de dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de agua para la población y los ecosistemas. Los bosques de nuestro país deben manejarse con una visión de paisaje y el manejo forestal comunitario tendrá que ser el eje de la política forestal, junto con el impulso de cadenas locales de valor. Es también clave establecer un régimen fiscal con trato preferente a las empresas forestales comunitarias y orientar los subsidios de manera que den prioridad al manejo forestal, a la producción sostenible, la concurrencia con créditos específicos y la mejora de las capacidades de los cuadros técnicos de los negocios forestales. A fin de mantener y ampliar la oferta de los servicios ambientales de paisajes forestales, planteamos una serie de sugerencias específicas:
3. COSTAS, MARES E ISLASPese a la importancia de nuestras costas, mares e islas, aún carecemos como país de una política integral que garantice la protección y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en estos ecosistemas —vitales para el progreso del país— incluyendo el mantenerlos libres de contaminación. Es indispensable que la Carta Nacional Pesquera se revise y actualice de tal manera que se convierta efectivamente en el instrumento rector de una política pesquera con visión de largo plazo y justicia social, además de fomentarse una acuacultura verdaderamente sostenible. Asimismo, es urgente establecer medidas de protección y manejo específicas para los manglares y las lagunas costeras de todos los litorales del país, de tal manera que estos valiosos ecosistemas contribuyan al progreso y la calidad de vida de las poblaciones humanas costeras de México. En relación con las islas, además de reforzar su conservación y desarrollo sustentable con programas de manejo actualizados —la gran mayoría de las islas son ya áreas naturales protegidas de carácter federal—, se impone continuar con el exitoso programa de erradicación de especies invasoras, fortalecer el desarrollo sustentable con las comunidades pesqueras insulares y fortalecer la soberanía con la presencia y equipamiento de la Secretaría de Marina en las islas del país, en particular en islas remotas como el archipiélago de Revillagigedo y la isla Guadalupe. Para asegurar el buen estado y uso de nuestras costas y mares, es necesario crear un Sistema Nacional de Monitoreo de Costas y Mares, con la participación de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales. Este sistema habrá de sentar las bases para insertar a México en el marco de la así llamada economía azul. [2] Finalmente, como un tema transversal, el desarrollo y la investigación sobre energías alternativas renovables vinculadas a costas y mares —olas, corrientes marinas, gradiente térmico del océano y vientos— son de importancia vital para la soberanía nacional y estratégicos para el futuro energético del país.
4. AGUA Y CUENCAS HÍDRICASLa política hídrica debe garantizar los derechos humanos al agua y a un ambiente sano, además de la permanencia de este recurso en el largo plazo. Las políticas públicas actuales no incorporan el agua como un elemento transversal de la vida, del desarrollo nacional y el bienestar. Es urgente establecer una política hídrica de Estado que le permita garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento de todos los mexicanos y que responda a los requerimientos del desarrollo nacional, la permanencia, conservación e incremento de las fuentes de agua, la regulación y el cumplimiento eficiente de los usos de agua, la reducción radical de la contaminación y la observancia de los derechos al agua. No debe perderse de vista que, por mandato constitucional, el Congreso de la Unión debe expedir una Ley General de Aguas que garantice el acceso y uso de los recursos hídricos de forma equitativa y sostenible. Es prioritario limitar la extracción del recurso hídrico a las capacidades de renovación de los cuerpos de agua, en particular nuestros acuíferos. En México, el concepto de acuífero, que se utiliza en las leyes y reglamentos correspondientes, no toma en cuenta la comunicación lateral subterránea entre acuíferos y cuencas o subcuencas vecinas, y no permite comprender la dinámica ambiental del agua subterránea desde una visión regional. El deterioro creciente de los cuerpos de agua superficiales, por degradación de los ecosistemas y contaminación del agua, subraya la urgencia de una acción gubernamental efectiva que regule, restrinja y elimine las fuentes de contaminación. Asimismo, ha de fortalecer los instrumentos de planeación territorial vinculados con la protección de recursos hídricos y el manejo de cuencas hidrológicas, y fortalecer la vinculación de la adaptación al cambio climático en la gestión del agua. Es imperativo auxiliar en temas de vulnerabilidad frente a eventos hidrometeorológicos extremos, con una perspectiva de gestión integral de riesgos. Debe revisarse el régimen de concesiones —planeación, otorgamiento, uso y aprovechamiento, tratamiento y disposición— y de los subsidios perversos que han facilitado la sobreexplotación de los acuíferos a favor de una agricultura industrial, y proteger los ecosistemas naturales vinculados con el ciclo hidrológico, fortaleciendo los instrumentos orientados a la conservación de los acuíferos, como es el caso de las zonas de reserva de aguas. Requerimos avanzar en la interiorización de los costos de provisión de agua con la cual sea posible la recuperación de los costos mínimos de operación, de acuerdo con el principio de “el agua paga el agua”; lograr mayores inversiones en la conservación de cuencas hidrológicas yecosistemas, además de lograr la dotación necesaria y continua de agua, a precios accesibles, a la población que carece del servicio.
5. ENERGÍALa energía debe producirse de manera eficiente, evitando costos sociales y ambientales. Es necesario acelerar la descarbonización y la transición energética; centrar el desarrollo energético del país en las fuentes renovables de energía; racionalizar la administración de reservas e instalaciones de hidrocarburos y elevar la eficiencia de los patrones de consumo de la energía. Debemos corregir e incrementar gradualmente el impuesto al carbono para combustibles fósiles, incluyendo el gas natural. Los recursos captados deben usarse para financiar la transición energética hacia fuentes renovables de energía, otorgando apoyos directos a grupos de menores ingresos y promoviendo la descarbonización de la economía. Es urgente reducir las emisiones de metano en el sector de petróleo y gas, para dirigirnos a un aprovechamiento de este hidrocarburo que hoy se desperdicia. Asimismo, requerimos que el potencial térmico de los residuos sólidos se aproveche para generar energía eléctrica. Finalmente, la política energética debe estar alineada a la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
6. MEGAPROYECTOSEl desarrollo de proyectos de gran envergadura y de posibles impactos ambientales significativos, por importantes que pudieran resultar en términos de desarrollo económico, no pueden realizarse bajo ninguna justificación sin aplicarse todos y cada uno de los procedimientos e instrumentos legales en materia del medio ambiente. Éstos deben regularse con atención al bien público, considerando la protección del patrimonio natural, de los derechos humanos y de comunidades indígenas y equivalentes, y garantizando el acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones. Para ello, es necesario fortalecer los instrumentos de política de planeación, sobre todo el ordenamiento ecológico del territorio, la evaluación del impacto ambiental, la regulación de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la evaluación ambiental estratégica, a efecto de aplicar el principio de la prevención del deterioro ambiental como el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos. Además, es urgente establecer, regular e implementar el principio de consentimiento previo libre e informado de las comunidades (licencia social) y ciudadanía potencialmente afectada por el establecimiento de megaproyectos.
7. RESIDUOSLos residuos deben manejarse con un enfoque de economía circular. El modelo de economía circular en México es la respuesta al cambio de paradigma necesario para cumplir la rectoría económica constitucional del Estado. Su implementación en México y en cualquier otro Estado u organización debe comenzar por el reconocimiento de que las prácticas de la economía lineal comprometen la suficiencia de los recursos finitos, que sostienen la vida humana y, por lo tanto, es un modelo económico violatorio de derechos humanos. La economía circular podría proporcionar los mecanismos que se desacoplan del consumo de recursos finitos, para dar pauta al impulso de uso de recursos renovables, evitando el consumo desmedido y asumiendo justamente su naturaleza finita. Es necesario regular, reconocer y aplicar el principio preventivo que en materia de residuos implica la adopción de medidas antes de que una sustancia, material o el producto se haya convertido en residuo. Esto permite reducir su cantidad, los impactos adversos de los residuos en la salud humana y en el medio ambiente, o el contenido de sustancias nocivas en los materiales y productos. Sugerimos considerar el ciclo de vida de los residuos y los materiales de los centros de producción, el diseño de productos de bajo desperdicio, la reutilización de productos o la extensión de la vida útil de los productos, así como un patrón de consumo dirigido a la adquisición de productos poco contaminantes que minimicen residuos y empaques reutilizables Es tiempo de asumir el compromiso y obligación legal que tiene el Estado mexicano desde 1988, de regular las sustancias químicas en nuestro país, que actualmente representan la pandemia silenciosa de mujeres y niños condenados a vivir contaminados y expuestos. Cumplir los tratados internacionales en la materia. Y, finalmente, impulsar y consolidar los organismos públicos intermunicipales para hacer eficiente y efectivo el uso de recursos materiales y humanos, los servicios públicos, la economía circular en el ámbito local y la generación de residuos domésticos e industriales.
8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALLa capacidad de gestión y regulación debe mejorarse e incluir la visión y los mecanismos necesarios de transversalidad entre diferentes dependencias, con participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y búsqueda de equidad. Por ello, es necesario: – Fortalecer a la Semarnat mediante el incremento de sus capacidades institucionales, recursos presupuestales y humanos. Recuperar los niveles reales de gasto ambiental perdidos en los años recientes (entre 2015 y 2019 se redujo en 60%). – Expandir la capacidad presupuestal ambiental y diversificar las fuentes de financiamiento. – Impulsar y fortalecer la participación ciudadana libre e informada. – Fortalecer las capacidades de generar información ambiental sobre las condiciones de los ecosistemas y recursos, así como sobre los impactos de distintas actividades productivas. – Lograr que toda la información ambiental sea de acceso público y facilitar su consulta, particularmente de los estudios y manifestaciones de impacto ambiental. – Fortalecer a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con la finalidad de dirigirnos hacia un verdadero Estado de derecho en materia ambiental, haciendo valer las leyes y regulaciones ambientales a lo largo y ancho del territorio nacional. Asimismo, debe eliminarse la fragmentación de atribuciones de inspección, vigilancia e imposición de sanciones en materia ambiental y de recursos naturales entre diferentes autoridades, como es el caso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Profepa, a efecto de que esta última concentre el ejercicio de sus funciones.
9. CAMBIO CLIMÁTICOEl Acuerdo de París es uno de los mayores logros de la comunidad internacional en la dirección correcta para que todos los países contribuyan a mitigar los efectos adversos del cambio climático antropogénico. Sin embargo, el esfuerzo es insuficiente, pues el planeta está inserto en una trayectoria de +3.5 a +4oC de incremento promedio de la temperatura global. Una adecuada estrategia al cambio climático debe desarrollar capacidades de adaptación en servicios ecosistémicos, seguridad hídrica, alimentaria, energética, urbana y de las infraestructuras sectoriales claves para la continuidad del desarrollo humano. También debe impulsar la mitigación a través de la infraestructura verde y proyectos de carbono azul. El combate al cambio climático continuará siendo insuficiente mientras no se logre una verdadera integración transversal de las políticas públicas. Es indispensable que el gobierno asuma que el cambio climático es un problema no sólo ambiental, sino esencialmente de desarrollo, y que para cumplir nuestras metas es insoslayable que el Plan Nacional de Desarrollo integre políticas realmente transversales, que los programas sectoriales incorporen metas de reducción de emisiones contaminantes y que los responsables de las diferentes secretarías de Estado rindan cuentas por el cumplimiento de sus respectivas metas de descarbonización. Finalmente, es un imperativo que se impulse la Estrategia Nacional de Cambio Climático, con especial atención a estudios sectoriales de vulnerabilidad y estrategias sectoriales de adaptación.
LLAMADO FINALExigimos como parte de una Nación pluricultural y poseedora de mega diversidad biológica, que el Estado mexicano cumpla con los compromisos adquiridos para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, armonizando el eje rector del sector ambiental con la actividad económica. Para ello, han de seguirse iniciativas y acciones efectivas que orienten la planeación de nuestro desarrollo hacia un nuevo paradigma basado en una economía circular y regenerativa. Demandamos el cumplimiento del derecho humano a un ambiente sano y otros derechos que se relacionan con éste. Es imprescindible fortalecer el acceso a la justicia, a la inspección, el control y el cumplimiento de las normas ambientales, en beneficio del interés público. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – [1] Díaz, S., Settele, J., Brondízio, E., et.al., Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), Bonn, Alemania, IPBES, 2019. [2] Este concepto se refiere a «la promoción del crecimiento económico, la inclusión social y la preservación o mejora de la calidad de vida, a la vez de asegurar la sostenibilidad ambiental de los océanos y áreas costeras», según la definición del Banco Mundial.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ORGANIZACIONES FIRMANTESAgroproductores Forestales de Zacualpan, SPR de RL |
CeIBA | Por un México ambientalmente sostenible
[…] [https://ceiba.org.mx/llamado-de-la-sociedad-comprometida-por-un-mexico-ambientalmente-sostenible/] […]