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Nueva agencia ambiental

Por Julia Carabias

La reciente y apresurada reforma constitucional en materia energética “cambia elementos centrales del diseño económico del Estado mexicano y en especial, de la manera en que se exploran, se extraen, se procesan y se comercializan los recursos energéticos fósiles que se encuentran en el territorio y que son propiedad de la nación” como bien señala el Instituto de Estudios para la Transición Democrática en un documento titulado “Petróleo y Energía: las preguntas que exigen respuestas en leyes secundarias” cuyo objetivo es enriquecer el debate que iniciará el Congreso de la Unión y que deberá terminar, según señala el transitorio constitucional, antes del 21 de abril.

Entre los diversos temas que abarca la reforma energética quiero señalar uno que ha pasado, como tantos otros, inadvertido -la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos-, y que puede poner en riesgo avances esenciales en las instituciones ambientales logrados, con mucho esfuerzo, a lo largo de más de dos décadas.

La necesidad de esta nueva Agencia me parece injustificada. No se argumentó en las iniciativas de reforma constitucional y aún no se conoce una propuesta de cómo se va a establecer, qué funciones va a tener y cómo se va a coordinar con las demás instituciones del sector ambiental; o bien se está planeando de manera muy silenciosa, y nos sorprenderemos al final del proceso, o no se le está dando la debida importancia. Ambas situaciones resultan muy preocupantes.

Bajo una mirada superficial e incluso ingenua, parecería que esta Agencia se crea para fortalecer el tema ambiental frente al nuevo escenario del sector de los hidrocarburos. Sin embargo, puede provocar un resquebrajamiento de la institucionalidad ambiental que hace veinte años logró integrar en una sola institución las políticas de manejo y conservación de los recursos naturales en la lógica del desarrollo sustentable. Lo que supuestamente realizará esta Agencia lo hacen ya las distintas dependencias de la Semarnat, por ejemplo, la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre otras.

Ningún bien se le hace a la política ambiental quitándole funciones sustantivas a la Semarnat y atomizando, poco a poco, la planeación, normatividad, gestión, vigilancia y aplicación de la ley de distintos sectores como era antes de los noventa. La primera ruptura, que nada bueno ha dejado, fue la separación del sector pesquero del ambiental a finales del año 2000.

Si lo que preocupa es que la Semarnat no esté logrando cabalmente sus funciones, entonces, lo que corresponde es fortalecer sus áreas y no desmantelarla quitándole responsabilidades sustantivas.

Más preocupante resulta que el trasfondo de esta Agencia no sea el de reforzar el tema ambiental en el sector de los hidrocarburos, sino más bien facilitar la tarea de las futuras empresas potenciales flexibilizando la normatividad y la política ambiental.

Los riesgos son, por un lado, crear una súper Agencia que debilitará a la Semarnat (aunque la Agencia esté sectorizada en esta Secretaría) y, por el otro, que sea una Agencia débil, que sirva de coladera y quede secuestrada por los intereses petroleros, de la energía eléctrica y del gas. Nada fácil será encontrar el justo balance para dar cumplimiento al mandato constitucional y simultáneamente reforzar la política ambiental de manera integral.

Además, es un pésimo antecedente. Otros sectores podrán reclamar el mismo tratamiento y, en un futuro cercano, tener agencias para cada sector, como por ejemplo, el minero, el ganadero o el turístico, olvidándonos así de la gestión integrada y del desarrollo sustentable.

Es indispensable que, en ocasión del debate de las reformas a las leyes secundarias, éstos y muchos otros temas se discutan a fondo y de manera incluyente, escuchando a quienes tengan que opinar, para construir un nuevo marco regulatorio robusto que fortalezca las finanzas públicas, reactive al sector energético con una empresa pública sólida, garantice la sustentabilidad ambiental de este sector y evite los riesgos ambientales en las zonas ecológicas del país en donde se encuentran las reservas. Un marco regulatorio débil va a regalar las entradas a las empresas privadas favoreciéndolas y pondrá en desventaja a su principal competidora: la empresa nacional.

Leer más: http://www.reforma.com/editoriales/nacional/731/1460624/#ixzz2taJzrOpy

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2014

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